Este es el resumen del Informe Nacional de Coyuntura Laboral de la ENS que fue presentado este 30 de abril. El texto contiene dos anexos llamados «Los retos de hoy: promover trabajo decente y trabajo saludable” y “El trabajo por cuenta propia en América Latina”. Los y las invitamos a que disfruten de la lectura.
Aquí puedes leer y descargar el informe completo
“Ya no se trata sólo de una crisis sanitaria mundial, sino también de una importante crisis económica y del mercado laboral que está teniendo un enorme impacto en las personas”, dijo el director general de la OIT, Guy Ryder, refiriéndose a la pandemia del Covid-19.
Y advirtió: “Los trabajadores y las empresas enfrentan una catástrofe, tanto en las economías desarrolladas como en las que están en desarrollo, y tenemos que actuar con rapidez, decisión y coordinación. Las medidas correctas podrían hacer la diferencia entre la supervivencia y el colapso«.
El Covid-19 y su enorme impacto nacional y mundial sobre las personas y el mundo del trabajo, es pues el marco en el que en esta ocasión se inscribe el Informe Nacional de Coyuntura Laboral que anualmente la ENS presenta en la antesala de la celebración del 1° de Mayo, Día Internacional del Trabajo.*
Y no podía ser otro el tema. Estamos ante una crisis de enormes proporciones y destrucción masiva de empleos. Desde ya sabemos que superada la emergencia sanitaria deberemos enfrentar la reconstrucción de nuestros mercados de trabajo, que quedarán arrasados. Pronósticos del BID estiman que en América Latina y el Caribe la pandemia puede causar la pérdida de 17 millones de empleos formales y la informalidad podría llegar a 62% en la región, con lo cual se perderían todos los avances logrados durante el periodo 2000-2013.
Y en Colombia, sus 22 millones de trabajadores (formales e informales) de una o de otra manera están afectados por el aislamiento obligatorio que decretó el gobierno desde el 24 de marzo, y por los impactos en los procesos productivos, los ingresos y el funcionamiento de las empresas. La menor demanda agregada tendrá efectos importantes sobre los sectores manufactureros y de servicios, pues las restricciones sanitarias interrumpen las cadenas de suministros. Los sectores más afectados son, por ahora, comercio, restaurantes y hoteles, y el transporte.
Si bien no existe consenso sobre la magnitud ni la duración de la pandemia ni sus efectos sobre la economía, en Colombia se proyecta una pérdida de empleo entre 4,2% en el corto plazo y 7,7% en el largo plazo; y de mantenerse una recesión prolongada la pérdida llegaría al 14,4%. Unos 15 millones de trabajadores informales y cuenta propia (la mayor fuerza laboral del país) ya han perdido total o parcialmente sus ingresos debido a la crisis, lo que conduciría a su empobrecimiento si no recibe los subsidios de la emergencia económica y sanitaria.
Este Informe de Coyuntura aborda distintos aspectos de la crisis generada por el Coronavirus. Empezando por las medidas del Gobierno Duque para enfrentarla;la situación de vulneración laboral en el sector salud, tanto antes como ahora en la pandemia; los protocolos de bioseguridad en las instituciones hospitalarias, y algo importante: una serie de recomendaciones que, según la ENS, se deben plasmar en una agenda pública para enfrentar la crisis en lo sanitario y en lo económico.
Aquí puedes ver la presentación del informe
Medidas del gobierno de Duque frente a la crisis
Con base en la declaratorio de emergencia económica, social y ecológica por 30 días (Decreto 417 del 17 de marzo 2020), el Presidente Duque expidió decretos con fuerza de ley para enfrentar la pandemia y sus efectos. Más de 215 normas en total. Muchas de ellas impactan la actividad y los derechos laborales de los colombianos. Resaltamos las siguientes:
Decreto 457: Ordena cuarentena nacional hasta el 13 de abril (posteriormente se amplió hasta el 27 y después hasta el 11 de mayo, con excepción de 34 casos en los que se podía salir de casa. El Decreto 418 por su parte restringe reuniones de más de 50 personas.
Decreto 444: Creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) con el fin de financiar el funcionamiento del sistema público de salud, inyectar liquidez a la economía y al sistema financiero. Para este Fondo destinó $2,7 billones del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales y $12,1 billones del Fondo de Ahorro y Estabilización de Regalías para atender la emergencia.
Decreto 458: Establece transferencia monetaria a los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción. Y el Decreto 518 creó el Programa Ingreso Solidario para atender hogares pobres y vulnerables que no están en estos tres programas. Sin embargo, la entrega de estos subsidios está contaminado del virus de la corrupción. Aparecen como beneficiarias muchas personas suplantadas o vinculadas a redes clientelares.
Decreto 488: Autoriza el retiro parcial de las cesantías en fondos privados para usar en gastos del hogar; adopta medidas para otorgar vacaciones y autoriza a las Cajas de Compensación Familiar a brindar el subsidio de dos salarios mínimos a las personas que queden cesantes, siempre que haya sido trabajador formal con más de un año de afiliación a la Caja.
Decreto 538. Bastante polémico. Adoptan medidas en el sector salud para contener y mitigar la pandemia y garantizar la prestación de los servicios. El artículo 9 obliga a las y los trabajadores de la salud a estar disponibles para trabajar mientras la emergencia sanitaria siga en pie, con algunas excepciones, sin que ello signifique una mejora en sus condiciones laborales. Abre la puerta para que empleadores tomen medidas en su contra, pues en la obligatoriedad del trabajo no se señala si existen condiciones mínimas de bioseguridad adecuadas para desarrollar labores.
Decreto 491: Establece medidas para proteger el empleo y fortalecer la atención de los funcionarios públicos y contratistas. Se suspendieron los concursos de méritos y procesos de selección de empleos públicos, se adoptaron medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas.
Decreto 558: Medidas en materia pensional para brindar liquidez a empleadores y trabajadores. Además, establece medidas que favorecen a las administradoras privadas de pensiones ante una posible descapitalización de los ahorros de afiliados de bajos ingresos. Obliga el traslado de cerca de 20 mil pensionados de los fondos privados a Colpensiones.
Decreto 470: Autoriza al Programa de Alimentación Escolar brindar los alimentos a los niños, niñas y adolescentes de la educación pública para el consumo en sus casas durante la cuarentena.
Decreto 486. Otorga incentivo económico a trabajadores y productores del campo mayores 70 años en aislamiento obligatorio, no cubiertos por algún beneficio del Gobierno.
Decreto 471. Protección para el sector agropecuario mediante la fijación de precios de los insumos agropecuarios por parte del Min-Agricultura.
Decreto 475. Establece mecanismo de apoyo a las actividades artísticas y de gestión cultural.
Decreto 491. Permitan a los docentes ocasionales o de hora cátedra de las universidades hacer trabajo en casa con el uso de tecnologías virtuales. Las universidades públicas no pueden dejar de pagar los honorarios a los docentes. Indica que no se suspenden los contratos de prestación de servicios en el Estado, y se amplía por 30 días el periodo de los gerentes de hospitales para atender la contingencia.
Decreto 500: Obliga a la Administradora de Riesgos Laborales de carácter público a hacer labores de promoción y prevención, destinando recursos de las cotizaciones en riesgos laborales. Aplica a las ARL del régimen privado, lo que implica un favorecimiento a éstas.
Por su parte, el Ministerio del Trabajo expidió dos circulares. La circular 022 del 19 de marzo, por la cual se establece vigilancia y control a las solicitudes de suspensión de contratos y despidos colectivos que presenten los empleadores. No da vía libre para que éstos hagan despidos alegando fuerza mayor, situación que le corresponde determinar al juez laboral. Pero si bien unos empleadores cumplen adecuadamente, otros abusan de los trabajadores; y otros, especialmente de las MiPymes, claman ayudas del gobierno.
Y la Circular 21 del 17 de marzo, que da lineamientos a los empleadores a fin de proteger el empleo y la actividad productiva durante la emergencia. Recuerda las diversas modalidades legales que se pueden acordar entre las partes para garantizar derechos laborales y la operación de empresas, como el teletrabajo y el trabajo en casa. Esta última es una modalidad ocasional de trabajo que no exige los requisitos del teletrabajo que trae la ley 1221 de 2008.
Pero a pesar de estos decretos se presentan muchos casos de violación de derechos laborales, libertad sindical y afectación de los ingresos de las y los trabajadores. Entre el 12 de marzo y 17 de abril Min-Trabajo recibió 1.151 solicitudes de empresas para suspender contratos. 583 invocaron la aplicación del artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo, relativo a causa de fuerza mayor. Asimismo, 9 empresas solicitaron despidos colectivos. Min-Trabajo negó esas solicitudes. La Escuela Nacional Sindical y las centrales sindicales ha recibido reportes y denuncias de trabajadores y trabajadoras sobre violaciones a los derechos laborales. Los principales casos reportes entre 19 de marzo y el 27 de abril de 2020, por parte de los Centros de Atención Laboral, superan las 60 denuncias y se concentran en el sector flores, comercio, servicios, textil, industrias, financiero, salud, transporte, vigilancia, comunicaciones, energía y servicios de belleza.
Situación laboral sector salud antes de la pandemia
De la noche a la mañana, al ritmo de la difusión del Covid-19, los trabajadores del sector de la salud se convirtieron en protagonistas de las noticias diarias. Aplaudidos como héroes a comienzos de la cuarentena, en las siguientes semanas han sido objeto de discriminación por, paradójicamente, ser los más expuestos en la primera línea de infección del virus.
Pero lo que realmente ha dejado al descubierto la crudeza de la pandemia, es la precaria condición laboral del personal médico y paramédico colombiano, resultado de casi 30 años de vigencia de la Ley 100, que en 1993 creó el sistema de seguridad social integral. Reemplazó el modelo que regía (Ley 90 de 1946), inspirado en el modelo el aseguramiento en salud de Bismark en Alemania. Era administrado por una entidad privada en la que los empleadores tenían el 50%, y la nación y los trabajadores de a 25%, y aportes a la salud del 6% del salario. Alcanzaba a atender el 31% de la población. En 1975 se convirtió en entidad pública: Instituto de los Seguros Sociales. Quienes no estaban afiliados al sistema contaban con los hospitales públicos, y el sistema privado atendía a la población de ingresos altos.
La ley 100 estableció dos regímenes: uno contributivo, financiado por el trabajador y el empleador, y el otro subsidiado vía SISBEN, financiado con el Estado. Y un sistema de competencia de empresas aseguradoras (EPS), y competencia entre las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), para así supuestamente acabar con la ineficiencia de la salud bajo el monopolio del Estado, y mejorar en la tasa de cotización y cobertura.
Sin embargo, el hecho es que casi tres décadas después el modelo Ley 100 no respondió satisfactoriamente a ninguno de esos retos. Se presenta como de cobertura universal, pero es teórico porque la atención a la gente es muy deficiente. Y lo más grave es que se sostiene en una estructura malsana en su funcionamiento fiscal y deficiencia en el servicio, sustentado todo en la lógica de lucro privado y mercantilización de la salud.
En 2019 el total de los ingresos anuales del régimen contributivo fue $29 billones, mientras del régimen subsidiado fue $19 billones. Es decir, se reproducen los problemas de segmentación y desigualad en el acceso a la salud. A pesar de que la ley 100 preveía que para el 2002 los seguros deben ser iguales para ambos regímenes. Y eso nunca sucedió.
Hoy el país tiene 48.572 IPS, el 97.4% de ellas son privadas, 2,4% públicas y 0.7% mixtas. Porque eso también generó la Ley 100: el ahogamiento y desaparición de la red pública hospitalaria, lo que nos deja en grave desventaja frente al coronavirus y la atención de los sectores más pobres y desfavorecidos.
La sostenibilidad fiscal y la gestión de los recursos es la gran falla estructural del modelo. La competencia entre EPS privadas no ha sido de manejo transparente y no logra la sostenibilidad financiera del sistema. Todo lo contrario. Según la Contraloría, hay al menos 40 modalidades de corrupción y malas prácticas por parte de las EPS e IPS, que van desde grandes desfalcos (Saludcoop, Cafesalud y Medimás), operaciones fraudulentas, carteles para aumentar precios, millonarios recobros al Fosyga por duplicidad de medicamentos o de servicios médicos injustificados, integración vertical entre EPS e IPS.
En este modelo los recursos de la salud son públicos, pero manejados por empresas privadas con ánimo de lucro, y su auditoría es privada. Y no son claras las cuentas entre EPS e IPS. En 2017, las EPS tenían deudas con las IPS por cerca de $5 billones.
En el aspecto sindical y defensa de derechos laborales, las organizaciones sindicales en el sector de la salud tienen una larga y reconocida historia de luchas y logros. Muchos dirigentes y activistas sindicales han padecido actos de violencia y persecución. Después de los sindicatos de la educación y el sector agrario, los del sector salud han sido los más victimizados, según el Sistema de Información de la ENS.
Sin embargo, no ha parado la actividad sindical en este sector. En la última década ha crecido el 36,5%, cifras sorprendentes para el contexto colombiano. Pero ojo, ese crecimiento tiene que ver con la expansión de la controvertida y espuria figura de los contratos sindicales, potenciados desde el 2010 por el Gobierno Uribe. Entre 2011 y 2018 se crearon 426 sindicatos de la salud, cerca de 300 de ellos bajo la figura del contrato sindical.
Condiciones de trabajo en sector salud en la pandemia
La crisis del sector salud, como lo hemos visto, no es nueva en Colombia. Desde finales del siglo pasado diversos gremios médicos vienen denunciando las falencias en la administración y gestión de los centros hospitalarios y la salud en general. Lo que el Covid-19 ha hecho es poner en primer plano esta problemática preexistente en el sistema de salud y la condición laboral precaria de sus trabajadores, hoy en la primera línea de combate y riesgo frente al contagio del virus.
Para enfrentar la crisis sanitaria del coronavirus el sector salud cuenta con 673 mil trabajadores, el 3,2% de la fuerza laboral del país. Según el DANE, 495 mil son asalariados, y por cuenta propia hay 164 mil, el 27% de éstos sin contrato laboral y 25% sin afiliación a salud y pensión, lo cual resulta tristemente paradójico. 12 mil son empleadores y mil laboran sin remuneración. Es pues alta la formalidad laboral en este sector comparada con otros altamente informales, como el comercio y la agricultura, donde los cuentapropistas superan ampliamente a los asalariados.
En cuanto a ingresos, a primera vista es un sector privilegiado frente a la mayoría de la fuerza laboral del país. Su ingreso promedio es $1´869.409, cuando el ingreso del 55% de la población ocupada es apenas el salario mínimo legal. Pero comparado con el ingreso de los trabajadores del sector público y defensa, y del sector financiero, los médicos están por debajo. Equivale al 62% de los primeros y al 75% de los segundos.
El otro grave flagelo que enfrentan los trabajadores de la salud es que no les pagan los salarios integrales y hay retrasos en los pagos a lo largo y ancho del país. Y sus cargos son inestables, fruto de la generalizada flexibilización y tercerización laboral en el sector.
Resultado: hoy los hechos señalan que la organización del sistema de salud no cuenta con la dotación médica ni la gestión organizacional adecuadas para hacer frente a los riegos sanitarios del coronavirus. No tiene la infraestructura física y de personal necesarios. Pero, además, carece de condiciones propicias para garantizar a las y los trabajadores de las diversas escalas de atención en salud (administrativos, personal médico, de oficios varios, entre otros) las mínimas condiciones de protección para el ejercicio de sus labores.
Hasta ayer 29 de abril, ya eran 6 personas del servicio médico fallecidas por contagio del virus, y hay decenas de contagiados.
La “Encuesta de Bioseguridad del Personal de la Salud y Ruta de Atención de la Pandemia Covid-19”, presentada el 8 de abril por la Federación Médica Colombiana y el Colegio Médico Colombiano, documenta esta preocupante realidad.
Se hicieron 939 encuestas, con énfasis en el personal médico. Se recogió información sobre diversos aspectos: procesos de contratación, dotación para el personal médico y condiciones de bioseguridad, casos de retrasos en los pagos, problemas de infraestructura física y de dotación en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), entre otros. Estos son los datos más reveladores de la encuesta:
Solo el 25% del personal médico tiene contrato laboral de planta con todas las garantías legales. El resto está por contrato por obra o labor, orden por prestaciones de servicios (OPS), residente/estudiantes, entre otros.
Un alto número dijo sentirse preocupado porque fácilmente se terminen sus contratos, y denunció continuos atrasos en los pagos de hasta de 4 meses, sobre todo en contratos por OPS. Eso aparte de la carencia de elementos de protección adecuados y la angustia emocional que esto conlleva. Quizás este asunto ha sido el más preocupante: el mal trato que las empresas del sistema de salud dan a su personal. La encuesta revela carencia de elementos de protección personal (EPP), violación de derechos laborales y falla en la gestión de los protocolos de atención.
Según los decretos presidenciales, tanto las EPS como las IPS, independiente de la gestión de la ARL, deben garantizar los EPP a todos sus trabajadores y sus pacientes. No obstante, revela fallas importantes, como se aprecia en el siguiente cuadro:
Encuesta sobre dotación de EPP para la atención de pacientes Covid-19
Como se ve, malo y pésimo son los calificativos más recurrentes. El 58% expresa que la dotación en su centro de atención es pésima o mala, y solo el 13% que es buena o excelente. Así mismo, manifiestan falta de camas de cuidado intensivo (UCI) por estar llenas con otras patologías. Algunas UCI son tercerizadas, por lo que su uso lo determina la administración que la subcontrata.
La poca disponibilidad de máscaras N95, cruciales para los equipos médicos y de enfermería en la primera línea de atención de pacientes con coronavirus, pone de presente el trato degradante que reciben estos profesionales. La falta de estas máscaras es vergonzosa e irrespectuosa, teniendo en cuenta el tiempo que tuvo el sistema de salud para preparase ante la difusión del virus. Se ven obligados a trabajar con alta vulnerabilidad, tanto ellos como sus familias.
Adicionalmente, se presentan múltiples y ambiguas respuestas de las ARL. No hay rutas claras sobre actos administrativos para movilizar recursos “adicionales, oportunos y suficientes” a las IPS.
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Vulneraciones laborales al personal médico
Las vulneraciones se agudizan con la pandemia, se hacen más precarias las condiciones laborales: inestabilidad contractual, demoras en los pagos, sobrecargas de jornadas, limitación del poder de negociación.
Los profesionales de la salud sienten temor de ser despidos o que les cambien las condiciones de trabajo, como represalias por protestar contra el empleador por no cumplir las determinaciones en cuanto a la asignación de los EPP o los protocolos de detección y manejo del Covid-19. Hay despidos sistemáticos de profesionales que alzan su voz para denunciar la falta de los EPP para sobrellevar la pandemia y el abandono en que se encuentran.
Así mismo, sienten vulnerada su autonomía profesional. No se les permite expresar sus puntos de vista sobre aspectos como identificación de los casos, protocolos y directrices establecidos por la OMS, o los que se manejan en cada institución. Los estudiantes de carreras médicas y el personal residente no son tenidos en cuenta en la entrega de EPP, por no ser profesionales. Pero tampoco se les ordena cuarentena como a los demás universitarios, algunos dicen que reciben amenazas de cancelación del internado.
En cuanto a los protocolos frente al Covid-19 en las instituciones hospitalarias, es mala o mínima la coordinación entre instituciones públicas, privadas y rectoras del sistema de salud. No hay una guía clara de detección, atención y aislamiento de casos sospechosos y confirmados. Solo el 45.4% del personal médico encuestado considera el protocolo bien estructurado. El 59% respondió que no existen protocolos con los trabajadores que resulten contagiados.
La movilización del personal de la salud para denunciar este estado de cosa ha sido posible gracias a los medios masivos y las redes sociales. Por estas vías los médicos y enfermeras han podido difundir sus problemáticas y puntos de vista. Cuando se registró la primera muerte de un médico por coronavirus, Carlos Nieto, el 11 de abril, las protestas fueron harto visibles. Cacerolazos, plantones y formas tradiciones de protesta adaptadas al aislamiento social.
Este ejercicio de protesta ha sido liderado por el sindicato Anthoc, que ha convocado plantones de grupos de no más de 10 personas, con pancartas y carteles denunciando vulneraciones a sus condiciones laborales. La jornada de protesta del 21 de abril fue nacional.
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Recomendaciones: lo importante y lo urgente
Para afrontar la crisis y sus impactos económicos, sociales, laborales y de ingresos, es imperioso adoptar un conjunto de políticas e instrumentos financieros, fiscales y tributarios, para proteger la vida y el bienestar de la población, los derechos de las personas y evitar que la economía caiga en una recisión de larga duración.
Entre las medidas a tomar, la ENS propone:
- Mantener el aislamiento social obligatorio adoptado por gobiernos territoriales y el gobierno nacional, y atención prioritaria a las personas afectadas en su salud. Un plan especial de emergencia para atender las poblaciones más vulnerables, como los informales, cuentapropistas, trabajadores del sector salud, trabajadoras del hogar y la economía del cuidado, personas en condición de discapacidad, población migrante y trabajadores con contratos laborales ad portas de suspensión.
- Ingreso Mínimo Vital de al menos un salario mínimo para trabajadores informales, domésticas, autónomos, población en discapacidad sin ingresos, entre otros de estratos 1, 2 y 3. Los recursos saldrían de la unificación, en un solo programa, de Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, el Ingreso Solidario y demás programas de atención a poblaciones vulnerables. Y adicionalmente recursos de nuevas fuentes, como el Fondo de Ahorro y Estabilización de Regalías, los recursos liberados por el no pago del servicio de la deuda externa, recursos de las Cajas de Compensación Familiar, y los recursos que se logren captar por la suspensión de las exenciones tributarias a los grandes capitales. El valor de Mínimo Vital no puede ser menor a medio salario mínimo legal, con un diseño institucional que unifique todos los programas de transferencias. Recursos hay para financiarlo.
Respaldamos la propuesta de la Bancada Alternativa de adoptar un Mínimo Vital como programa temporal, que beneficie a cerca de 32 millones de personas que están en situación de vulnerabilidad socio-económica afectadas por los efectos del Covid_19 y para ello la creación de una comisión de alto nivel que concerté el diseño de este programa de ingreso.
- Plan de emergencia social integral con enfoque del cuidado, que atienda oportunamente a los distintos grupos poblacionales más vulnerables afectados por la crisis del Covid_19, con enfoques diferenciales de género y étnico, incluyendo a los trabajadores informales, cuentapropistas; trabajadoras del hogar y de la economía del cuidado no remuneradas; trabajadores al servicio de plataformas; los trabajadores rurales y jornaleros, personas en condición de discapacidad, los adultos mayores sin pensión, población migrante regularizada, entre otros. Debe incluir una oferta articulada de los servicios del Estado y de los programas sociales de ingresos, transferencias, canasta de alimentos, subsidios en servicios, atención en salud y asistencia psicosocial, con un diseño institucional coordinado y mecanismos de control en los sistemas de información para evitar prácticas de corrupción, ineficiencias y las demoras en la entrega de las ayudas y la atención de las personas.
- Que el Banco de la República rebaje la tasa de interés y realice préstamos directos al gobierno central, no sólo a los bancos. Exigirles a éstos aplicar los alivios financieros con bajas tasas de interés a las Mipymes, para proteger el empleo. Las actuales tasas de interés encarecen el crédito, así haya garantías del Estado.
- Condonación parcial y reprogramación del pago de la deuda externa pública. Liberaría recursos para atender la emergencia y reforzar la red pública de salud en todos los sentidos, dotar al personal de los elementos esenciales de bioseguridad y comprar medicamentos para afrontar la virosis, pruebas diagnósticas, campañas de prevención, y el plan de emergencia social y de reactivación económica.
- Hacer uso parcial de las reservas internacionales y utilizar mecanismos como emisión de bonos y crédito contingente, a fin de generar liquidez a la economía y recursos al Gobierno Nacional y gobiernos locales, con destinación exclusiva al fortalecimiento de la red pública de salud y los programas de asistencia a los más vulnerables.
- Usar, mediante crédito directo, parte de los ahorros de los fondos privados de pensiones, para financiar procesos productivos y de las economías populares e informales (capital de trabajo, pago de nómina), para evitar que sean devorados por las prácticas especulativas del capital financiero legal e ilegal (paga diario o gota a gota).
- Reorientar recursos del gasto militar al gasto social, que alimente el fondo para el Ingreso Mínimo Vital y apalanque financieramente la operación productiva de las Mipymes.
- Aplicar la tasa Tobin a las transacciones del sector financiero (no de los usuarios) y a los excedentes del sistema bancario, inversiones especulativas y grandes patrimonios, herencias y ganancias ocasionales. Para ello se requiere una reforma tributaria progresiva que le otorgue al Estado nuevas fuentes de recursos, desmontando las exenciones tributarias otorgadas al gran capital, y que no contribuyen a la generación de empleo y aplicar tributos sobre la concentración de la tierra, para un sistema tributario progresivo.
- Respaldar las propuestas de las Centrales Sindicales relativas a las medidas urgentes para la protección de los derechos laborales, el apoyo a las Mipymes, la renta básica y la defensa de los derechos laborales a los trabajadores de la salud.
- Control fiscal preferente de la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía para actuar contra la corrupción en los recursos públicos destinados a la atención de la emergencia.
- Que el Congreso de la República haga los debidos controles constitucionales a las decisiones del gobierno en el marco de la emergencia, e impulse una agenda legislativa especial que responda a la situación de emergencia social y económica.
- Realizar estudios sobre los efectos e impactos de la crisis por sectores económicos y en el empleo, los ingresos de las familias y la situación de empobrecimiento, así como en la salud laboral de las y los trabajadores.
- Concertar una reforma estructural de la ley 100 de 1993 y normas complementarias, en los tres subsistemas básicos: pensiones, salud y riesgos laborales, con el fin de fortalecer el sistema público de pensiones y recuperar el ahorro pensional; así como el sistema público de salud, la red hospitalaria, la ampliación de la cobertura, la calidad de los servicios, condiciones de bioseguridad y garantías para las y los trabajadores de la salud; autonomía médica y su participación en los diagnósticos. Y reformar el sistema de las ARL para garantizar la protección real en salud laboral. Se requiere la adopción del estatuto del trabajo para proteger a las y los trabajadores de la salud.
- Promover la inclusión en los planes de desarrollo municipales y departamentales medidas de promoción y protección al empleo y trabajo, apoyo a las Mipymes y programas de ingresos y apoyo alimentario a la población más vulnerables de manera articulada con la oferta de servicios.
- Realizar cambios estructurales al modelo de desarrollo, a las políticas públicas neoliberales que han conducido al país a la crisis y a un estado de inequidad y alta concentración de la riqueza y del ingreso, ha puesto en riesgo a la población por la precariedad del sistema de salud y la precaria asistencia social. Se requiere un cambio institucional que refuerce el papel del Estado y del sistema público de salud.
- Se requiere un nuevo contrato social multipartito por una sociedad decente, tanto en el ámbito de las relaciones laborales (gobierno, empleadores y sindicatos), y a instancia del Congreso de la República, con los partidos y movimientos políticos, movimientos y organizaciones sociales y el gobierno para recuperar el rumbo del país, que incluya el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
* Los autores de este informe Nacional de Coyuntura fueron: Alberto Orgulloso, director de la ENS; Daniel Hawkins, director del Área de Investigación, y los investigadores Giancarlos Delgado Huertas, Francis Corrales, Yesly Lemos y Catalina Suárez.
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