«La política laboral y sindical en el PDN: entre la demagogia y el retroceso» hace parte del libro «El aprendiz de embrujo», un balance del primer año del gobierno Duque. Este documento fue presentado hace un par de meses por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia- Estados Unidos-Europa y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, de su construcción hicieron parte más de 70 autores entre personas y organizaciones.
Por Carlos Julio Díaz Lotero. Analista ENS
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” del Gobierno del presidente Duque diseña en el tercer pacto estructural bautizado “Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados”, la propuesta de una política pública de Trabajo Decente que se titula “Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva” en la cual “se propone que Colombia se constituya en 2022 en una sociedad caracterizada por el trabajo decente, donde se garantice el empleo productivo, la protección social, el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo[i] y el diálogo social entre trabajadores, empresarios y Gobierno”.
Puedes leer:
La parte diagnóstica sobre la situación del
Trabajo Decente plantea los siguientes
problemas[ii]:
- Bajos ingresos, desempleo, emprendimientos insostenibles y baja protección social de trabajadores con amplias brechas urbano-rurales. “A nivel nacional las tasas de pobreza monetaria y multidimensional se ubican en 26,9% y 17,0% respectivamente,… Un 36% de sus pobladores no dispone de ingresos suficientes para acceder a la canasta básica de consumo de alimentos y otros bienes. Por su parte, el desempleo nacional (9,4%) sigue siendo uno de los más altos en América Latina y afecta a 2’300.000 personas”.
- Alta informalidad y bajos niveles de protección social de trabajadores. “La informalidad entendida como la proporción de ocupados que no cotiza a pensiones afecta al 63% del total de ocupados del país (13.700.000 personas) y al 85,5% (4´100.000 trabajadores) en los territorios rurales.”
- Bajo cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo y el diálogo social. “Hay poca garantía de los derechos en el trabajo y poca efectividad en espacios de diálogo social como la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y sus subcomisiones territoriales y temáticas[iii]”
- Adicionalmente se reconoce que la formación del talento humano está poco articulada, que existen fallas operativas y de diseño en la gestión y colocación del empleo, y finalmente que los emprendimientos son poco sostenibles porque la mayoría se generan por necesidad ante la falta de ingresos y el alto desempleo
A partir de las cuatro dimensiones del trabajo decente definidos por la OIT que
se recogen en el PND como son creación de empleo, garantizar los derechos
de los trabajadores, la protección social, y el diálogo social, se pueden analizar
las estrategias propuestas.
En cuanto a la creación de empleo, la economía necesita una política de inversiones para el desarrollo empresarial en sectores estratégicos que dinamicen el tema.
En cuanto a la creación de empleo, la economía necesita una política de inversiones para el desarrollo empresarial en sectores estratégicos que dinamicen el tema. A pesar de ello, resulta despectiva la reciente declaración del Ministro de Hacienda sobre la ignorancia del gobierno respecto de las causas del aumento
del desempleo, registrado incluso en las cifras oficiales del DANE. En dicho contexto institucional, el PND le da continuidad al modelo de desarrollo neoliberal al señalar que su crecimiento de 4,1%, promedio en los cuatro años, será acelerado por las exportaciones del sector de minas y canteras que proyecta un crecimiento promedio de 3,7%, en el mismo periodo, gracias a la recuperación de la inversión en el sector de hidrocarburos por los mejores precios del petróleo, y por la dinámica del sector financiero que tiene una proyección de crecimiento de 5,4% durante el periodo señalado[iv].
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Del 1.62 millones de empleos que se proyectan crear en el
cuatrienio los sectores
con mayor generación son el de comercio (443.000); Servicios
(354.000), Agropecuario (275.000), industria (193.000) y vivienda (165.000).
Los sectores comercio y servicios que aportan casi la mitad del empleo
proyectado se caracterizan por tasas de informalidad del 74% y el 40%
respectivamente.
Como se puede ver la economía la mueven los sectores
minero-energético y
financiero que participan con menos del 2% de los ocupados del
país, y el empleo se genera en sectores de alta precariedad como el de comercio
y servicios que participan con el 45% de la ocupación total. Las metas del PND
de una tasa de desempleo del 7,9% y de informalidad laboral del 58,8% al final
del cuatrienio no solo son improbables bajo este enfoque económico, sino que
con toda certeza se mantendrá la tendencia creciente del desempleo que el DANE
ha registrado en los últimos 4 años del mes de mayo[v], y de igual manera será difícil reducir la tasa de informalidad
que por afiliación a pensiones se ubica en el 63,2%
Finalmente hay que señalar que el PND repite la fracasada estrategia de generación de empleo y de formalización laboral mediante el abaratamiento de la mano de obra; en el pacto por el emprendimiento se plantea la necesidad de seguir reduciendo los costos laborales no salariales (parafiscales y seguridad social) así como la de buscar una metodología de aumento anual del salario mínimo para que no siga creciendo por encima de la productividad.
La perspectiva de garantizar los derechos de los trabajadores, como se sabe, se refiere al derecho de libertad sindical (asociación, negociación colectiva y huelga) y a la erradicación del trabajo forzoso, infantil y todo tipo de discriminación. En la parte diagnóstica del Plan no se hace ninguna referencia a la baja tasa de sindicalización (4,6%), ni a la baja cobertura de la negociación colectiva (6%) y mucho menos de las limitaciones para el ejercicio del derecho de huelga.
El sindicalismo colombiano ha padecido persecución y violencia como ningún otro movimiento sindical en el mundo, siendo esta una de las causas de la baja densidad sindical en el país
El sindicalismo colombiano ha padecido persecución y violencia como ningún otro movimiento sindical en el mundo, siendo esta una de las causas de la baja densidad sindical en el país. Desde el 1 de enero de 1973 hasta el 31 de diciembre de 2018 han ocurrido al menos 14.842 violaciones a la vida, libertad e integridad de sindicalistas en Colombia. Entre estas, 3.186 homicidios, 409 atentados, 242 desapariciones forzadas, 7.307 amenazas de muerte y 1.900 desplazamientos forzados.[vi]
Por la razón anterior no se entiende como en el Plan no existe ningún compromiso con la reparación colectiva al sindicalismo para restablecer su tejido social, y mucho más cuando tenemos la ley 1448 del 2011 de víctimas y restitución de tierras, el Decreto 624 del 2016 que crea la mesa de reparación colectiva al sindicalismo, y el artículo 103 de la Constitución Política que crea la obligación del Estado para contribuir a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas y sindicales, entre otras.
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Sobre la protección social para superar los riesgos de vida y garantizar condiciones de trabajo seguras, que contemplen una retribución adecuada en caso de pérdida o reducción de los ingresos, y que permitan el acceso a una asistencia sanitaria apropiada, entre otras, las proposiciones del Plan resultan ajenas y más bien antagónicas a la complejidad del tema y las responsabilidades de gobierno. En Colombia la exclusión de los ocupados del sistema de seguridad social bordea el 65% por afliación a salud, pensiones y riesgos laborales. Esta elevada exclusión es consecuencia de la alta precariedad e informalidad laboral del país, y por ello una mejora en la calidad del empleo se expresaría en una mayor participación de los ocupados en la seguridad social
Al respecto, la OIT ha creado una propuesta de extensión de la seguridad
social de dos dimensiones, según la Recomendación 202. La primera establece las garantías de acceso mínimo a determinadas prestaciones y servicios esenciales en salud y de ingresos en la niñez, en la edad productiva y en la vejez de tal forma que les permita obtener unos mínimos vitales; y la segunda se refiere a una escalera de ascenso a partir de este piso de protección hacia los esquemas contributivos y de aportes
voluntarios.
El artículo 193 del PND crea un piso de protección social conformada por la salud subsidiada, los Beneficios Económicos Periódicos y un seguro inclusivo, en reemplazo de la afiliación a riesgos laborales para trabajadores con o sin relación contractual que devenguen menos de un Salario mínimo legal vigente.
De esta manera legaliza los ingresos laborales por debajo del Salario Mínimo y aparece como un incentivo para que los empleadores que hoy tienen trabajadores por encima del Salario Mínimo los desmejoren para disminuir sus aportes a la seguridad social. Los BEPS tienen un enfoque neoliberal, pues se busca el desmonte del Programa de Subsidios al Adulto Mayor en donde el Estado asume el 100% de éste, así sea una miseria de $75.000 mensuales, y los reemplaza por la misma miseria pero en ésta oportunidad el trabajador pobre aporta el 80% y el Estado solo asume el 20%.
En las bases del Plan se plantea para promover la afiliación a la seguridad social el trabajo por días y horas, que está por reglamentarse. “De esta manera, podrán hacer parte del piso mínimo diversos tipos de trabajadores: dependientes, contratistas, independientes, aquellos con esquemas de vinculación no tradicionales, aquellos con trabajos temporales u ocasionales como los del sector agropecuario y, en general aquellos que laboren por lapsos inferiores a un mes, por días o por horas”[vii].
El artículo 198 golpea el régimen contributivo en pensiones al permitir que la
devolución de saldos o la indemnización sustitutiva de vejez de un afiliado que no logra pensionarse, puedan ser trasladadas al sistema asistencial de los Beneficios Económicos Periódicos. Para la OIT el Piso de protección Social tiene un sentido de ascenso; para el PND es de descenso en las condiciones laborales y de debilitamiento del sistema contributivo.
Finalmente, en cuanto a promover el diálogo social se proponen estrategias[viii], pero ninguna cuenta con indicadores y mucho menos desarrollo en el articulado del Plan, siendo más una maniobra demagógica al no existir ningún compromiso con el fortalecimiento organizativo de los trabajadores, pues la participación de organizaciones de trabajadores y de empleadores, sólidas e independientes es fundamental para tramitar los conflictos en el trabajo, así como para crear sociedades cohesionadas.
Para la OIT el diálogo social supone la existencia de organizaciones sindicales fuertes y autónomas, y unas condiciones básicas que no existen o son precarias en nuestro país como garantías al ejercicio de la libertad sindical, ambientes democráticos, legitimidad y representatividad, voluntad política, aceptación social, y competencia técnica.
Por otra parte el diálogo social supone la existencia de garantías para el ejercicio
del derecho de protesta, que como sabemos el Congreso de la Republica ha venido aprobando leyes restrictivas de este derecho como la ley de Seguridad Ciudadana y el Código de Policía con el aval del partido de gobierno.
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[i] Es decir, la libertad de asociación y de sindicalización, el
derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de
trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la
eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación
[ii] Op. Cit, págs. 339 y ss.
[iii] Subcomisiones departamentales y ocho subcomisiones temáticas de
género; formalización del empleo en el sector rural; Comisión Especial de
Tratamiento de Confictos ante OIT; productividad; sector público, Mesa de
Seguimiento al Convenio 189 de la OIT
relativo al Trabajo Doméstico; política migratoria laboral y asuntos
Internacionales
[iv] Op. Cit. Págs 157 y ss.
[v] En mayo del 2016 la tasa de desempleo fue del 8,8%, en mayo del
2017 fue 9,4, en mayor del 2018 fue del 9,7% y en mayor del
2019 alcanza dos dígitos con el 10,5%
[vi] Fuente: Sinderh-Ens
[vii] Op. Cit. Pág 349.
[viii] Promover la Comisión Permanente de concertación de políticas laborales y salariales, las subcomisiones departamentales y subcomisiones temáticas, proponer un sistema de gobernanza e instrumentos para mejorar el proceso de negociación del salario mínimo, impulsar procesos formativos para fortalecer el diálogo social y el tripartismo establecer estrategias de comunicación centradas en el reconocimiento de los derechos de asociación, libertad sindical y negociación colectiva, adoptar medidas para regular la multiafiliación y la fragmentación sindical, pactos por el trabajo decente por sectores y empresas. (Pág. 352 de las Bases del PND)
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Jese Ruben Garcia:
12/11/2019,Este país día por día violenta y degrada sus ciudadanos; Un gobierno incapaz de tomar las riendas; Una corrupción que hizo metástasis en todas las instancias públicas; Un desempleo sin límites..