El sistema de salud de Colombia tiene grandes fallas y así lo evidenció una encuesta realizada a profesionales del sector en todo el país.
Por Catalina Suárez (Investigadora de Estándares Laborales CAL) y Yesly Lemos (Profesional de Base de Datos CAL)
Con la población en aislamiento obligatorio, pero con atención generalizada en los hospitales del país, surgen desde los profesionales de la salud denuncias y recomendaciones frente al manejo de la crisis de salud asociada al COVID-19. Este es el caso de la “Encuesta de Bioseguridad del Personal de la Salud y Ruta de Atención de la Pandemia Sars Cov2 – Covid-19” presentada el 8 de abril de 2020 por la Federación Médica Colombiana (FMC) y el Colegio Médico Colombiano (CMC) con el apoyo de diversas organizaciones médicas y de la sociedad civil. La encuesta recoge y documenta – en una muestra nacional de 939 encuestados, con énfasis en el personal médico – múltiples críticas y comentarios respecto de las condiciones laborales, la dotación hospitalaria y los protocolos de atención y detección de casos de COVID-19.
Información de este tipo es relevante conocer para conducir adecuadamente la situación de la emergencia sanitaria, dado que como expresa la encuesta, este personal es la primera línea para proteger la vida de la población y el derecho fundamental a la salud.
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Las fallas estructurales del sistema de salud
Es importante volver a hacer eco en la información sobre la dotación médica y sobre las condiciones laborales de los profesionales de la salud ya que son aspectos que señalan las grietas estructurales del sistema de salud en Colombia cuyo servicio está sustentado en la ley de privatización del Sistema de Seguridad Social (la Ley 100 de 1993) y en las leyes de flexibilización laboral (la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002).
En este sentido la encuesta señala que solo el 25% de los encuestados corresponde a personal con contrato de planta con todas las garantías laborales, el resto cuenta con otro tipo de contrato entre los que están: el contrato por obra o labor, el de orden por prestaciones de servicios (OPS), el de residente/estudiantes, entre otros. Aunque esta no es una encuesta que, estadísticamente, cubre toda la población de trabajadores del sistema de salud, sí recoge una realidad laboral médica que evidencia consecuencias negativas para el funcionamiento de la labor, pues afecta la permanencia y el poder de negociación y acción de los trabajadores en las instituciones de salud.
En esta dirección, la encuesta que nos ocupa documenta que muchos profesionales del sistema de salud dicen que se ven amenazados por la facilidad de terminación de sus contratos, así como que se presentan atrasos en los pagos hasta de 4 meses asociados en su mayoría a la contratación por OPS (esto relacionado con los problemas financieros perversos entre las cuentas de las EPS y las IPS). Se observó que esto puede dejar totalmente desprotegido al trabajador, además de las referencias en cuanto a la carencia de elementos de protección personal adecuados y angustia emocional que esto conlleva. Así mismo, se documenta malestar de personal estudiantil que también expresa que se siente desprotegido, dado que sus relaciones laborales no expresan con claridad las responsabilidades ante la coyuntura.
Lo profesionales encuestados refieren además que, en cuanto a “disponibilidad de camas de UCI, de suministros básicos, de disponibilidad del talento humano, áreas de aislamiento y dotación para manejo de enfermedades respiratorias” no se cuenta con infraestructura suficiente para tratar la crisis. Del total de los encuestados el 58% expresa que la dotación en su centro de atención es pésima o mala, y solo el 13% que es buena o excelente. Así mismo la puntación promedio de la dotación del centro de salud de todo los encuestados fue de 2,3, en una escala de 1 a 5, donde 1 es pésimo, 2 es mala, 3 regular, 4 buena y 5 excelente. Así mismo, se manifiesta la falta de camas de Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) por estar llenas con otras patologías y se encontró que algunas UCI son tercerizadas, por lo que su uso es determinado por la administración que la subcontrata.
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Atención a la pandemia
Ahora bien, bajo el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la última reforma en materia de salud (Ley 1751 de 2015) y la declaración por parte del gobierno de Emergencia Sanitaria y luego Económica, Social y Ecológica (Decreto 417 de marzo de 2020) se han estipulado diversas medidas sanitarias, laborales y económicas con el objeto de controlar y prevenir la propagación del virus COVID -19. Sobre estos lineamientos en materia de salud la encuesta revela importantes comentarios del personal médico en relación con los elementos de protección personal (EPP), la violación de sus derechos laborales en el marco de la crisis y la gestión de los protocolos de atención.
Elementos de protección personal (EPP)
Se señala que se ha decretado una reorganización de un mínimo del 18% de la destinación de las cotizaciones laborales de las Administradoras Riesgos Laborales (ARL) –con la disposición de adicionar recursos directos del Estado- para garantizar actividades de prevención, chequeos médicos, acciones de intervención directa y compra elementos de protección personal (EPP), y que tanto las EPS como las IPS tienen en el marco legal actual (independiente de la gestión de la ARL) el deber de garantizar los elementos de protección personal a todos sus trabajadores como a todos sus pacientes. No obstante, la encuesta revela una falta importante de estos artículos y una preocupación del personal médico ante la situación.
Así, en relación con la disponibilidad de EPP, los encuestados comentan que carecen de máscaras N95 (87.7% no tiene), gafas de protección (77.5% no tiene), escudo facial (89.1% no tiene) y traje de bioseguridad (92.7% no tiene). Así mismo se declara que las instituciones reportadas en esta encuesta no cuentan con espacios y protocolos óptimos para el aislamiento de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19. Se expone que las razones de la falta de insumos de bioseguridad se dan en inicio por decisiones administrativas, seguida del desabastecimiento nacional o por elevados precios.
Se expresa que ante esta situación se presentan múltiples y ambiguas respuestas de las ARL, y que tampoco se presentan rutas claras sobre actos administrativos concretos que movilicen recursos “adicionales, oportunos y suficientes” a las IPS para la contingencia.
Vulneraciones laborales al personal médico
La encuesta también permitió observar las diversas vulneraciones laborales que viven los profesionales de la salud. Vulneraciones que se agudizan a raíz de la pandemia. Se manifiesta que algunos profesionales de la salud sienten miedo por posibles despidos o cambios en las condiciones de trabajo por no acceder a cumplir las determinaciones del empleador en cuanto a la asignación de los EPP o a la gestión de los protocolos de detección y manejo del COVID -19.
Así mismo, los profesionales señalan que sienten vulnerada la autonomía profesional debido a que no les es permitido expresar sus puntos de vista en relación con el manejo de la identificación de los casos y generar discusiones académicas sobre los protocolos y directrices establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o los que se manejan en la institución. Comentan:
“Dirección científica constriñe el acto médico, se presenta acoso laboral y no se permite sospecha y búsqueda activa de casos (solo los que ellos consideren y autoricen) y si se envían artículos que contradigan los pobres y básicos protocolos institucionales amenazan con despido”
Algunos encuestados manifestaron también que se han presentado despidos sistemáticos de los profesionales que alzan su voz, para resaltar el abandono que hay hacia ellos y las posibilidades de tener los EPP para sobrellevar esta pandemia. Así mismo, se expresa el malestar del personal estudiantil como del personal residente, pues plantean que no son tenidos en cuenta en la entrega de EPP por su carácter de no profesionales, pero expresan que tampoco se les ordena ir a cuarentena como a los demás universitarios, e incluso algunos dicen que reciben amenazas de cancelación del internado.
Aunado a esto, se encuentran las precarias condiciones laborales (inestabilidad contractual, demoras en los pagos, sobrecargas de jornadas, limitación del poder de negociación) que afectan tremendamente el ánimo de los trabajadores. Por tales razones, los profesionales exigen se mejoren sus condiciones laborales, debido a que en este momento son ellos los que le están poniendo directamente la cara a esta problemática sanitaria.
Implementación de Protocolo COVID-19 en las Instituciones Hospitalarias
Al indagar sobre el uso de protocolo para la atención de pacientes con COVID-19 señalan una mala o mínima coordinación entre instituciones públicas, privadas y rectoras del sistema de salud para establecer una guía clara de “detección, atención y aislamiento” de casos sospechosos y confirmados. Se identificó que solo el 45.4% del personal médico encuestado considera que el protocolo está bien estructurado.
Adicionalmente, al ser esta enfermedad altamente contagiosa y sin contar con suficientes elementos de protección para el personal del sistema de salud, el 59% de los encuestados respondió que no existen protocolos relacionados con los trabajadores que resulten contagiados.
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Las recomendaciones, lo importante y lo urgente.
Los hechos señalan que la estructura actual del sistema de salud no cuenta con la dotación médica ni con la gestión organizacional adecuadas para prestar un buen servicio de salud ni tampoco para hacer frente a los riegos sanitarios actuales, por lo que se hace inaplazable el debate público sobre un sistema que priorice la atención y la vida y no el lucro privado. Sin embargo, poniendo la atención en lo inmediato y con los ojos en la pandemia, también desde las experiencias de los profesionales de la salud se comparten una lista de recomendaciones que merecen ser tomadas en cuenta para un manejo más adecuado y efectivo de la coyuntura.
Entre estas recomendaciones se encuentran propuestas económicas con miras en todo el territorio para hacerle frente a la escasez de elementos de protección personal (EPP) y de equipo y de personal médico. También exigencias administrativas para la defensa de los derechos laborales y medidas pertinentes para la defensa de la autonomía médica y su participación en los diagnósticos, solicitudes de urgencia del saneamiento fiscal del sistema de salud con prioridad en las deudas al personal contratista. Por otro lado, se recomienda que durante la emergencia el Ministerio de Salud asuma el control total de todo el sistema público y privado para la atención unificada y coordinada de la pandemia, y la necesidad de hacer un testeo masivo del virus al personal de salud, con seguimiento para ser incluido en las estadísticas oficiales sobre la pandemia. Necesitamos que estas voces sean oídas y no se pierdan entre los aplausos.
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Isabel tellez:
14/04/2020,En mi caso soy auxiliar de enfermeria actualmente desempleada por que hay vacantes pero piden muchas cosas y actualizaciones que si se esta desempleada no hay recursos para asumir estos costos vacunas cursos laboratorios