Resumen del XIV Informe de Trabajo Decente 2020-2021 de la Escuela Nacional Sindical
El impacto del COVID 19 en la economía y el trabajo ha sido de tal magnitud que todavía no retornamos a los niveles de crecimiento y ocupación que se tenía antes de la pandemia; con el agravante de que esta aún se encuentra lejos de desaparecer y las expectativas de recuperación son bastante inciertas, en escenarios muy optimistas se prevé que, si se controla la pandemia, pasaran varios años para recuperar los pocos avances de la última década.
La pandemia sigue siendo una amenaza planetaria a la que se suman otras que se derivan de los impactos negativos que esta ha tenido en el empleo, la economía y las finanzas públicas. El hambre, la inseguridad, la violencia, el incremento de problemas de salud mental y los suicidios, marcan un periodo doloroso de la historia mundial, donde el malestar social se viene expresando en Colombia y el mundo por medio de protestas y explosiones sociales sin precedentes.
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Contexto Nacional
En el segundo trimestre de 2021 el Producto Interno Bruto creció 17,6% respecto al mismo periodo de 2020. Las actividades que más contribuyeron fueron:
- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 40,3% (contribuye 6,1 puntos porcentuales a la variación anual).
- Industrias manufactureras crece 32,5% (contribuye 3,5 puntos porcentuales a la variación anual).
- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crece 83,8% (contribuye 1,9 puntos porcentuales a la variación anual).
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El empleo y los ingresos afectados por la recesión y la informalidad
El proceso de recuperación del empleo en el país es más lento que la recuperación de la economía, esto en razón a que la adaptación de la demanda de trabajo posterior a la crisis encuentra un entorno en el cual más personas están dispuestas a vincularse en peores condiciones laborales, en comparación con la situación pre-pandémica, principalmente por la contracción del aparato productivo generador de empleo. Tal fenómeno convive con el de la ampliación del trabajo informal, que, si bien no es nuevo en Colombia, llama la atención ante la ausencia de programas o políticas que lo atiendan desde una mirada no punitiva o no asistencialista.
Desde el punto de vista del trabajo y los ingresos son las mujeres y los jóvenes los principales afectados por la situación de recesión, sobre quienes además pesan, por una parte, una mirada mediada por patrones culturales asociados al género y por otro, imaginarios de estigmatización asociados a la edad.
Antes de la pandemia la tasa global de participación es decir las personas que buscaron trabajo o tenían empleo o ingresos era de entre 62% y 65% de la población económicamente activa – PEA -, el efecto de la pandemia llevó a que esta cifra cayera en abril de 2020 a 51,8% unos 12 puntos porcentuales. Es decir, que de 22 millones de personas que conforman la población económicamente activa, buscando o con trabajo, dejaron de participar 2,6 millones de personas.
A julio de 2021 la tasa global de participación alcanzó la cifra de 60,4 de la PEA, aún por debajo de los niveles previos a la pandemia, su correlato es que incrementó el porcentaje de la población económicamente inactiva – PEI – constituida por 14,6 millones de personas previo a la pandemia y que a julio de 2021 fue de 16 millones de personas. Son las mujeres quienes explican en mayor medida el incremento de la población inactiva con 940 mil mujeres, realizando principalmente actividades de oficios del hogar. Mientras que los hombres inactivos nuevos llegan a 510 mil y se dedican principalmente al estudio y a otras tareas.
A julio de 2021 se tiene que el 51,8% del total de la PEA se encuentra ocupada cuando en diciembre de 2019 la tasa de ocupación era de 57,5% esto significa que aún hay un margen de 6 puntos de empleo que no se recuperan.
De acuerdo con la Encuestas de Micro negocios del DANE, en 2019 había un total de 5.874.177 micro negocios que cayeron a la cifra de 5.030.411 en 2000 de los cuales 988.722 permanecían cerrados en el III trimestre del año. Significa que hubo una pérdida del sector real de 843.766 micro negocios en un año, generadores de empleo y un cierre de casi el 20% de los negocios existentes. Entonces a pesar de que en el IV trimestre de 2020 esta cifra mejora ampliándose a los 5.676.043 de micro negocios, 406.443 de los cuales permanecían cerrados, era necesaria una decisión activa del gobierno nacional de apoyo financiero y financiación de las nóminas como políticas contra cíclicas, decisiones que no llegaron con la efectividad necesaria.
En mayo de 2020, el desempleo alcanzó la cifra de 21,4% luego de ubicarse en 9,3% en diciembre de 2019, actualmente a agosto de 2021 la cifra llega a niveles de 12,3%, cifra que es desalentadora, si como se dijo arriba, considera que la población inactiva creció y que en términos absolutos no expresa aún recuperación de los niveles de empleo e ingresos, previos a la pandemia.
La informalidad laboral según tamaño de la empresa, representa el 47% de los ocupados para un total de 4,7 millones de trabajadores.
Desde el punto de vista de la cobertura en seguridad social el panorama es más grave aún, si se revisan los datos de la superintendencia financiera sobre afiliados a los fondos privados de pensiones, se tiene que los afiliados inactivos es decir los que llevan 6 o más meses sin cotizar a pensión son más que los cotizantes, esto es que de un total de 17.551.460 trabajadores el 56% esto es 9,8 millones de personas son inactivos es decir que están desempleados o vinculados con formas de contratación no formales.
Hasta julio de 2021, de cada 100 trabajadoras, 57,8 en promedio se encontraba afiliada a alguno de los subsistemas que componen el sistema de protección social: 90,0% al régimen de salud, una cobertura que incluye a los afiliados al sistema subsidiado, (el 40,1%), a los afiliados aportantes (el 42,1%) y a los trabajadores que figuran como “beneficiarios” (el 7,1%); 46,1% estaban afiliados y cotizando al régimen pensional; 51,5% al sistema de riesgos laborales; y 43,4% al régimen de cesantías. Por su parte, de cada 100 adultos mayores, únicamente 24 recibían pensión y se encontraban sin ningún ingreso 3.5 millones de trabajadores desempleados y cesantes, (el 14.3% de la PEA), y 7.1 millones de personas dedicadas a la economía del cuidado, u “oficios del hogar”, como se le llama en la jerga de las Cuentas Nacionales, equivalente al 44,1% de la población inactiva, el 92% mujeres.
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Políticas pobres para pobres
Colombia ha sido siempre un país caracterizado por altísimos niveles de pobreza, pobreza extrema y desigualdad en la distribución del ingreso. Según el DANE, la pobreza pasó de 35,7% en 2019 a 42,5% en 2020, lo que representa un incremento de 6,8 puntos porcentuales y la pobreza extrema pasó de 9,6% a 15,1%, un incremento de 5,5 puntos porcentuales. El DANE agregaba, que, en 2020, el 42,5% de la población del país se encontraba en condición de pobreza, el 30,4% en situación de vulnerabilidad, el 25,4% pertenecía a la clase media, y el 1,7% se ubicó en la clase alta. A estos datos hay que agregar la exclusión del sistema de protección social en que se encuentra casi la mitad de la población ocupada.
La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes y servicios (alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada. Según el DANE, para 2020 esta línea era de $331.668 para todo el país, por persona, $369.748 en las cabeceras y $199.828 en los centros poblados y rural disperso. Por su parte, la línea de pobreza extrema o indigencia es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir únicamente una canasta de bienes alimentarios, y su valor era de $145.004 a nivel nacional, $154.417 en las cabeceras, y $112.394 en los centros poblados y rural disperso por persona. Finalmente, el Índice de GINI, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, se encuentra en 0,544, indicando una alta concentración del ingreso, muy lejos de la que tienen aquellos países con una fuerte implantación del sindicalismo y la negociación colectiva, que coinciden con ser países con un Estado Social fuerte, como los que tienen la mayoría de los países de la OCDE, en los que este indicador oscila entre 0,25 y 0,3.
Desde finales de los años 90 se empezaron a implementar una serie de programas de carácter asistencial, que tenían como propósito mitigar los efectos de la crisis económica de esos años y paliar en parte la precaria y excluyente protección social. Así surgió, en primer lugar, el programa Familias en Acción, que hoy tiene una cobertura de 2.1 millones de hogares; luego apareció el programa “Colombia Mayor”, con una cobertura actual de 1.650.374 personas; y más recientemente el programa “Ingreso solidario”, con una cobertura de 3 millones de hogares. La página del Departamento de la Prosperidad Social informa sobre cupos y recursos asignados en estos programas, de donde se puede identificar cuanto es realmente lo que reciben por persona los beneficiarios de estos programas y que tanto cubren los valores de las líneas de pobreza y de indigencia:
- Familias en acción, $40.000 promedio por cada integrante del hogar y por mes, equivalente al 12,1% del valor de la línea de pobreza y al 27,6% del valor de la línea de indigencia.
- Ingreso Solidario, $160.000 por mes y por hogar, $40.000 por persona, equivalente al 12,1% del valor de la línea de pobreza y al 27,6% del valor de la línea de indigencia.
- Colombia Mayor, $80.000 por mes y por persona, equivalentes al 24,1% del valor de la línea de pobreza y al 55,2% del valor de la línea de indigencia.
Según Prosperidad Social, en conjunto, estos programas representaron una inversión superior a 12,3 billones de pesos (12.389.032.337.746 pesos) en giros en 2020, para apoyar a más de 8 millones de hogares beneficiarios, unos 28 millones de colombianos. Contando todos los meses de pandemia, la inversión ya supera los 15 billones de pesos”.
Si no se trata de un falso positivo y le creemos a esta entidad lo que informa, esta suma equivale apenas a un promedio de $36.872 por persona y por mes, equivalentes al 11,1% del valor de la línea de pobreza y al 25,4% del valor de la línea de indigencia, ¡una miserabilidad! Lo más grave es que la asignación de estos cupos se hace a través de los directorios políticos que sustentan el régimen, principalmente a través de los partidos “Centro Democrático”, Cambio Radical y el Partido Conservador, los que los utilizan para hacer demagogia, llenar discursos, y lo más grave, corromper la democracia a través de la captura de votos que logran mediante el control de estos programas.
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La falsificación del Piso de Protección Social
En esta misma línea fue concebido el sistema de Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, que empezó a funcionar desde el gobierno anterior y que el gobierno de Duque incorporó al Plan nacional de Desarrollo 2018-2022 como parte de su propuesta de “piso de protección social”. “Se trata de integrar en un solo paquete el régimen subsidiado de salud (que ya existe), los BEPS «para proteger la vejez”, (que ya están funcionando), y el “seguro inclusivo” (nombre encubierto de un seguro de vida, de pago único, que ofrece “gratuitamente” el programa BEPS. Estos artículos encubren una reforma pensional, que, como es de esperarse de un gobierno direccionado por la tecnocracia, de un lado, va a beneficiar a los accionistas de las compañías de seguros, a los capitalistas dueños de fondos privados de pensiones y, obviamente, a la tecnocracia que los administra. De otro lado, los perjudicados serán los trabajadores formales e informales confinados a rentas de subsistencia en el piso mínimo de protección social sin posibilidades de ingresos estables y suficientes para acceder en la vejez o ante eventos fortuitos de invalidez a una pensión de al menos un salario mínimo mensual”.
Según la información del Ministerio del Trabajo, a 2020 se encontraban afiliados a los BEPS 1.453.819 personas, de los cuales eran ahorradores activos 555.110, el 38,2%, y se habían emitido 26.298 anualidades vitalicias de un valor promedio de $184.106, o de $92.053 por mes.
Los BEPS no garantizan siquiera que sus ahorradores accedan como mínimo a un ingreso que cubra el valor de la línea de pobreza, y al final, a la mayoría les devuelven sus ahorros sin el 20% del subsidio que otorga el Estado, pues este se reconoce únicamente cuando lo ahorrado permite financiar una anualidad vitalicia de por lo menos $40.000 mensuales. Y es que el programa está dirigido a un sector de la población que por sus ingresos prácticamente no tiene ninguna capacidad de ahorro. En este sentido, es tan precario el beneficio que ofrece el programa BEPS a la mayoría de sus ahorradores, que la estrategia del gobierno para mejorarlo, ha sido la de incluir a muchas de las personas que ya tienen asignada una anualidad vitalicia en el programa Colombia Mayor.
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La salud laboral la más afectada durante y post pandemia
Otro aspecto importante a destacar y con deplorables consecuencias, es el gran impacto que sobre el sector salud y más específicamente sobre la salud laboral ha tenido la pandemia. Desde hace 26 años que se inició la cobertura del Sistema de Riesgos Laborales en el país, (1994) los indicadores de enfermedad y accidentalidad laboral no se han detenido en su crecimiento, dando muestra de la incapacidad del sistema y de los programas de prevención para detener este desgaste en la vida y salud de sus afiliados y afiliadas, es decir, la población trabajadora del país.
Sólo el 42,32% de la Población Ocupada (PO) están cubiertos por la seguridad social en riesgos laborales, o mejor de cada 100 trabajadores y trabajadoras colombianas casi 58 de ellas o ellos, no se encuentran afiliados al actual sistema de seguridad social en riesgos laborales (SGRL) que rige en el país y por lo tanto todavía se encuentra excluida de dicha protección social. Pero preocupa además la situación de los independientes, ya que sólo el 2,8% de ellos se encontraba cubierto en riesgos laborales. Los afiliados al SGRL en el 2019 fueron 10.528.465 y en contraste con el 2020 cuya totalidad fue de 10.123.385, cuya tasa de variación fue del 3,84%, es decir, casi medio millón de trabajadores (406.000) que estaban afiliados en el 2019 ahora no cuentan con dicha protección
Pero dicha cobertura también visibiliza la gran desigualdad que impera en los territorios de la periferia y en el sector rural colombiano, porque aún continúa una muy baja o casi ausente cobertura tanto en algunos departamentos o regiones del país como de sectores de la economía. La cobertura se encuentra totalmente concentrada mayoritariamente en tres departamentos (Antioquia, Valle y Atlántico) y Bogotá con un 71% del total de las y los afiliados y en los sectores manufacturero, financiero, comercio, construcción, y servicios inmobiliarios que concentra el grueso de la afiliación con un 60% en contraste con coberturas de 0% menos del 0.1% en departamentos como Amazonas, Guaviare, Guainía y Vaupés y en sectores como pesca, agrario, de organizaciones y órganos extraterritoriales y de suministro de gas, energía y agua, que prácticamente no tienen afiliados o afiliadas.
Es evidente que la ineficiencia del Sistema General de Riesgos Laborales, no ha logrado dinamizar la oportunidad en la calificación de la enfermedad laboral, información necesaria para activar la prevención, además que el desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológicos que deben ser asumidos por los empleadores y las ARL, no han cumplido el deber ser. El subregistro tanto para enfermedad laboral y accidente de trabajo, es la variable común en todo el país, además los sistemas de información no registran los accidentes laborales y la enfermedad laboral del sector informal.
Los accidentes de trabajo continúan lesionando e incapacitando sin que se creen mecanismos claros de prevención. A pesar que estadísticamente se disminuyeron los accidentes laborales al compararlos con los ocurridos en el 2019 al pasar de ocurrencia de 619.086 accidentes a 450.805 en el 2020, cuya tasa fue de 4,4 por casa 100 trabajadores o trabajadoras, explicado evidentemente por la disminución de la tasa de ocupación y el aumento del desempleo ocurrido el año pasado, el confinamiento y el trabajo en casa, que paralizó por varios meses a sectores como construcción y transporte en donde se encuentran los trabajos más peligros y que producen altas tasas de accidentalidad, o trasladó/desplazó a la casa los riesgos y los accidentes favoreciendo la invisibilidad de estos eventos y dando una falsa tranquilidad de no ocurrencia de accidentes en este tipo de ambiente privado. Sin embargo, se presentaron 1.233 accidentes calificados como de origen laboral cada día, es decir cerca de un accidente cada minuto, muchos de ellos mortales. Esta estadística no incluye las y los trabajadores informales ni de la economía de los sectores populares.
En el 2020 a pesar del confinamiento y la disminución de los ocupados en la construcción y transporte sectores tradicionalmente peligros y los que registran la mayor tasa de mortalidad laboral, presentándose una tasa de mortalidad del 4,57% por cada 100.000 trabajadores y trabajadoras afiliadas, con 1,3 muertes ocurridas diariamente. Minas y canteras (48%), pesca (18%%), sector eléctrico, gas y agua (12%) sector salud (8%) y el transporte (7%). Se observa la baja mortalidad del sector que tradicionalmente ponía los mayores índices de mortalidad como la construcción y la aparición del sector salud en el cuarto lugar con más muertos por el trabajo peligroso.
Otro rasgo o evento que impactan directamente sobre la salud laboral en Colombia, es el aumento de la jornada de trabajo, la intensificación de la jornada de trabajo bajo una sobrecarga cuantitativa en número de tareas como de tipo cualitativo en aumento de la responsabilidad, el trabajo aislado y sin apoyo social. Según la encuesta de Conciliación de Vida Laboral y Personal, realizada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y el Ministerio del Trabajo, “el 57,7% de las y los encuestados, dijeron que sus jornadas laborales en el marco de la pandemia han sido en promedio mayores a 8 horas diarias. En términos de género, 61% de las mujeres y 53,2% de los hombres han visto aumentadas sus horas de trabajo, respectivamente en unas 2,5 horas diarias en promedio”. Los medios digitales se consolidaron como la principal herramienta laboral, la cual fue utilizada por más de 8 horas al día por el 51,8% de los encuestados (57,5% mujeres y 45% hombres).
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Los derechos humanos y la libertad sindical: agendas en crisis
Durante el último año persiste una situación de graves violaciones a los derechos humanos, personas dedicadas al liderazgo social y la defensa de derechos siguen siendo perseguidas y asesinadas, entre ellas sindicalistas. A esto se suma la respuesta violenta, autoritaria y represiva frente al estallido social contra políticas sociales y económicas del gobierno, que tuvo auge entre el 28 de abril y el 10 de junio de 2021. En este periodo, el movimiento sindical no fue ajeno a esta escalada de violencia, máxime cuando varios de sus dirigentes hicieron parte del denominado Comité Nacional del Paro. Así, de acuerdo con la información disponible por la Escuela Nacional Sindical, a través del Sistema de Información de Derechos Humanos, Sinderh, desde el inicio del paro se reportaron al menos 32 hechos de violencia cometidos contra líderes/as sindicales. De ese total reportado, y más allá del sub-registro existente, 1 hecho se cometió en el departamento de Antioquia, 1 en Pereira, 3 en Bogotá, 2 en Caldas, 2 en Casanare, 6 en Arauca, 14 en Cali, además de otros tres donde no hay mayor claridad sobre el lugar donde se realizaron.
Durante el 2021 persiste la violencia antisindical en Colombia
La violencia antisindical aún no es tema del pasado. Según Sinderh, entre el 1 de enero y el 01 de octubre de 2021 se han registrado al menos 107 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física cometidas contra sindicalistas en Colombia, entre ellas: 9 homicidios, 4 atentados contra la vida, 52 amenazas y 11 detenciones arbitrarias. Del total de casos de violencia, 88 fueron contra hombres y 19 fueron contra mujeres.
La violencia antisindical contra las mujeres
La violencia antisindical no ha sido un fenómeno homogéneo, y particularmente, la violencia enfrentada por las mujeres sindicalistas ha tenido unas características y afectaciones diferenciales. En el horizonte más amplio de las violaciones a los derechos de las mujeres, la categoría de violencia antisindical termina siendo fusionada, amalgamada, se le hace invisible y se interpreta como una violación que se inflige por la condición de mujer y no por la de mujer sindicalizada. Hay que entender que la mujer sindicalista asesinada termina siendo víctima de dos discriminaciones históricas: de un lado, a causa de su realidad de mujer, y de otro, por su condición de sindicalista (Correa G; Malagón L, 2012).
De acuerdo al informe entregado por mujeres sindicalistas a la Comisión de la verdad, algunas de las lógicas que explican la violencia contra las mujeres sindicalistas en el marco del conflicto armado son: i) como forma de violencia antisindical; ii) como forma de atacar directamente a las reproductoras de la vida, a quienes cuestionan el modelo económico, y a las constructoras de paz territorial; iii) como forma de mantener el sistema social que sostiene las desigualdades, la explotación y la discriminación contra las mujeres, o continuum de violencias (Trujillo, 2020).
Diálogo social
La tasa de afiliación sindical, que en Colombia no supera el 5 % de las personas ocupadas, sigue siendo muy baja en relación con el contexto regional, y dada la estructura de negociación que se basa en negociaciones laborales en el marco de las empresas, la cobertura de los convenios colectivos no supera el 7% de la población ocupada.
En el país existen cuatro modalidades de negociación colectiva: convenciones colectivas, pactos colectivos, contratos sindicales y los acuerdos colectivos del sector público. De estas modalidades, solo en dos de ellas hay cierto grado de autonomía: en las convenciones colectivas y en los acuerdos colectivos. Los pactos colectivos y los contratos sindicales son figuras que simulan procesos de negociación, pero la iniciativa y las decisiones dependen en su totalidad de la parte empleadora.
Lo anterior hace que la negociación colectiva siga siendo marginal para el país, pero con una gran dinámica y cobertura en el sector público en especial desde el año 2013 cuando se reglamentó la ley 411 de 1997.
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