El trabajo decente y la libertad sindical en vilo durante el gobierno Duque

Imagen de referencia tomada de adsamericas.org

Plataformas de derechos humanos, organizaciones y académicos presentaron informe de balance sobre el gobierno Duque.

Por Carlos Julio Díaz y Viviana Colorado López

En el último año, la crisis mundial desatada por el covid-19 afectó también las agendas laborales y sindicales. En Colombia se profundizaron algunos problemas estructurales, entre ellos, la pobreza, la inequidad, la desigualdad, la precarización laboral, la discriminación, la violencia, la restricción de las libertades y el autoritarismo. Ante esta difícil situación, no se ofrecen trabajos decentes, ni se garantiza la libertad sindical; persiste, en cambio, la violencia antisindical. La vulneración a los derechos de la población trabajadora es crítica, hasta tal punto que después de 12 años, en mayo de 2021, Colombia volvió a la lista de países llamados ante la Comisión de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para rendir cuentas por la violación del Convenio 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación (El Espectador, 2021).

Según la Confederación Sindical Internacional (CSI), Colombia está entre los diez países con peores condiciones para las trabajadoras y los trabajadores:

Colombia sigue siendo el país más mortífero para trabajadores y sindicalistas, habiéndose registrado 22 asesinatos en 2020-2021. La mayor parte de los crímenes siguen sin resolver, ya que el Gobierno sigue sin asignar los medios necesarios para efectuar una investigación oportuna y el procesamiento de los responsables. Al no otorgarles la protección adecuada, las vidas de los sindicalistas y sus familias continúan permanentemente amenazadas. Dice el informe de la CSI.

A los hechos anteriores se suma el manejo inadecuado e ineficaz de esta crisis sistémica por parte del gobierno, que fue el detonante del estallido social iniciado el 28 de abril con la convocatoria al paro nacional. En las grandes movilizaciones y protestas que ha habido en el país han participado activamente no sólo jóvenes y estudiantes, sino también una gran parte de la población trabajadora y el movimiento sindical. La respuesta de las autoridades ante dichas manifestaciones ha sido predominantemente restrictiva, punitiva, represiva y transgresora de los derechos humanos.

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La precariedad laboral se agravó con la pandemia

La pandemia del covid-19 dejó en evidencia la extremada fragilidad de la estructura empresarial colombiana, y la política sanitaria de confinamiento para contener la expansión del virus puso de manifiesto la enorme precariedad del empleo en el país.

Los sectores económicos más afectados, muchos de los cuales aún no se recuperan, han sido: comercio, servicios, turismo, hotelería y restaurantes, entretenimiento y transporte. Es decir, los sectores que se caracterizan por una alta informalidad, entre los que se destacan el comercio con casi un 80 % de empleo informal y los servicios con un 48 %.

Los indicadores laborales venían en deterioro desde el gobierno de Juan Manuel Santos, esa tendencia continuó en el mandato del presidente Duque y llegó a niveles más que preocupantes durante la pandemia. En el agregado nacional, la tasa de desocupación fue del 9,7 % en 2018, del 10,5 % en 2019, y en 2020 llegó al 15,9 %. Por su parte, la tasa de ocupación descendió del 57,8 % en 2018 al 49,8% en 2020. Estas cifras se representan en la gráfica 1, que muestra el comportamiento de las tasas de ocupación y desocupación durante los últimos cinco años.

Gráfica 1

Tasa de ocupación y desocupación en Colombia, 2015-2020


Fuente: GEIH del DANE.

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa global de participación se redujo del 64 % en 2018 al 58,6 % en 2020 porque hay menos población económicamente activa. No obstante, la tasa de desocupación sigue aumentando. La gráfica 2 muestra la tendencia de la tasa de inactividad, explicada en parte por la creciente participación de la llamada población desalentada, es decir, la que desiste de buscar trabajo por cansancio después de cierto tiempo. La participación de las mujeres es mucho más alta que la de los hombres: a finales de 2020 la tasa de inactividad de las mujeres ascendió al 64,8 % mientras que la de los hombres era del 35,2 % (DANE, 2021).

Gráfica 2

Tendencia de inactividad por sexo, 2010-2020


Nota: el eje izquierdo corresponde a la inactividad de mujeres y hombres en miles (leer en millones). El eje derecho corresponde al porcentaje población inactiva total con respecto a la población en edad de trabajar.
Fuente: GEIH del DANE.

El subempleo, un indicador de precariedad laboral, se ubicó en el 37,4 % en 2020. La gráfica 3 indica que las tendencias del subempleo objetivo y subjetivo presentaron una leve mejoría en la primera mitad de la década, pero se deterioraron durante el gobierno del presidente Duque: la tasa de subempleo subjetivo pasó del 25,8 % en 2018 al 26,6 % en 2020. Por su parte, la tasa de subempleo objetivo aumentó del 9,8 % al 10,8 %.

Gráfica 3

Subempleo subjetivo y subempleo objetivo, 2010-2020

Fuente: GEIH del DANE

Los trabajadores por cuenta propia –casi un 90 % en empleos informales– representaron al rededor del 43 % del total de ocupados entre 2018 y 2020. Mientras que los asalariados, que tuvieron una leve mejora en 2019 con respecto a 2018, vieron caer levemente su participación en 2020, a causa de la crisis ocasionada por la pandemia.

Cuadro 1

Nivel de ocupación en Colombia, 2018-2012

Indicadores201820192020
Total ocupados por cuenta propia9.7919.4508.630
Participación del trabajo por cuenta propia en el empleo (%)43,642,443,5
Total ocupados asalariados10.83811.1799.535
Participación de los asalariados en el empleo (%)48,350,248,1
Fuente: GEIH del DANE

Según las cifras del DANE la pobreza monetaria en el país alcanzaba a 17,5 millones de personas a finales de 2019, que representan el 35,7 % de la población, casi un 5 % superior al promedio de América Latina y el Caribe; en las cabeceras urbanas era del 32,3 % y en las zonas rurales ascendía al 47,5 %. Pero la pobreza de los jóvenes era del 43 %, la de las mujeres del 38,2 % y la de los hombres del 34,4 %. El hecho de ser mujer, ser joven o ser joven y a la vez mujer agrava la precariedad laboral y social, como indican los análisis de las estadísticas socio-laborales.

La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) calcula que el crecimiento de la pobreza a causa de la pandemia fue de más de diez puntos, es decir, que llegó a más del 45 % a finales de 2020. Por su parte, Garay y Espitia calculan que la tasa de pobreza y vulnerabilidad promedio del país, era mayor del 60 % a finales de 2020, y superior al 80 % en las zonas rurales. De acuerdo con estos investigadores la pandemia ha dejado en una situación de vulnerabilidad no sólo a quienes habían logrado salir de la pobreza sino a quienes conforman la llamada clase media, que al perder sus empleos o al disminuir sus ingresos quedaron en condiciones difíciles y sin mayores recursos para adquirir la canasta básica de alimentos y otros servicios esenciales. Citado por Garay y Espitia en la exposición de motivos del proyecto de ley de renta básica.

Este deterioro de la calidad de vida de los hogares colombianos es ratificado por la encuesta Pulso Social del DANE, según la cual en enero de 2021 el 65,7 % de la población consideraba que la situación económica de su hogar era peor o mucho peor si se compara con lo que había 12 meses antes. El 69,7 % respondió a que tuvo menos posibilidades que el año anterior de cubrir el consumo básico. En enero de 2021, el 67,3 % de los hogares consumía tres comidas al día, en comparación con el 90,1 % de un año atrás; el 29,7 % consumía dos comidas al día, el 2,4 % una sola comida y el 0,5 % (42.237 personas) respondió a que consumía menos de una comida al día (DANE, 2021).

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De una seguridad social marginal, a un piso de protección antisocial

El modelo económico que ha imperado en Colombia en los últimos 30 años ha configurado un sistema de protección social altamente excluyente. A este respecto, es ilustrativo observar que, en la última década, la afiliación promedio al sistema de pensiones ha sido apenas del 34,1 %, al de riesgos laborales del 42 % y al de salud del 47,6 %, básicamente la misma proporción de personas que no perdieron el empleo durante la pandemia.

Como se observa en el cuadro 2, durante los primeros meses del gobierno del presidente Duque no mejoró la cobertura de los ocupados inscritos en el régimen contributivo de seguridad social, mientras que esta cobertura ha retrocedido durante la pandemia.

Cuadro 2

Cobertura de los principales componentes del sistema de protección social, 2018-2020

 2018%2019%2020%Variación % 2018-2020
Población ocupada22.502.245100,022.287.280100,019.843.475100,0-11,8
Cotizantes salud10.902.54948,510.734.95548,29.297.41246,9-14,7
Cotizantes pensiones8.343.84737,19.553.27242,99.426.87247,513
Riesgos laborales10.488.00046,610.432.00046,810.123.00051-3,5
Población adulta mayor5.649.256100,06.704.073100,07.202.550100,027,5
Pensionados1.412.314251.619.79624,21.704.55423,720,7
Fuente: DANE, Superfinanciera, Fomag, Cremil, Casur.

Pero el mayor golpe al poco avance de la seguridad social contributiva lo dio el gobierno del presidente Duque cuando el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo estableció el mal llamado Piso de Protección Social, reglamentado por el Decreto 1174 de 2020.

Los regímenes contributivos de salud, pensiones y riesgos laborales, que garantizan unas prestaciones mínimas por enfermedad o accidentes laborales y una pensión que no puede ser inferior al salario mínimo, van a desaparecer para dar paso a un sistema de salud subsidiada, sin prestaciones sociales, “pensiones” inferiores al salario mínimo llamadas Beneficios Económicos Periódicos y un seguro inclusivo que no cubre pensiones de invalidez como el de riesgos laborales. Además, con el Decreto 1174 de 2020 establece el trabajo por horas, que deja sin sentido las negociaciones del salario mínimo y precariza al extremo la relación laboral.

Estas políticas del gobierno contradicen los principios constitucionales y los tratados internacionales que el Estado ha ratificado, como la progresividad y la no regresividad en materia social y laboral.

Relaciones laborales sin diálogo social

La tasa de afiliación sindical, que en Colombia no supera el 5 % de las personas ocupadas, es decir, es muy baja, tiene como consecuencia una escasa cobertura de la negociación colectiva, que hoy bordea el 7 %.

En el país existen cuatro modalidades de negociación colectiva: convenciones colectivas, pactos colectivos, contratos sindicales y acuerdos colectivos del sector público. De estas modalidades, solo en dos de ellas hay cierto grado de autonomía: en las convenciones colectivas y en los acuerdos colectivos. Los pactos colectivos y los contratos sindicales son figuras que simulan procesos de negociación, pero la iniciativa y las decisiones dependen en su totalidad de la parte empleadora.

Como se observa en el cuadro 3, desde 2011 el mayor crecimiento ha sido el de los contratos sindicales, una forma de intermediación laboral que ha reemplazado a las Cooperativas de Trabajo Asociado por un mayor control gubernamental. Lo único rescatable a partir de 2013 es el protagonismo que ha venido adquiriendo la negociación colectiva de los sindicatos de empleados de la administración pública.

Cuadro 3

Número de contratos y acuerdos colectivos de trabajo 2011-2020

AñoConvención colectivaPacto colectivoContrato sindicalAcuerdo colectivo
2011353170164
2012329216708
2013459210964266
20143592551908608
20155002252040306
20163872241933
20175812582011349
20183922031780
20195682221567448
2020158*567**31
* A corte de 31 de agosto. ** A 30 de junio. Fuente: Ministerio de Trabajo y Protección Social.

No obstante, durante la pandemia se han registrado grandes retrocesos en las negociaciones de convenciones colectivas y en acuerdos colectivos de sindicatos de empleados de la administración pública, mientras que los pactos colectivos y los contratos sindicales conservan su dinámica.

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El gobierno debe rendir cuentas por la violencia antisindical y la violación de la libertad sindical

Mientras se agrava la crisis en materia laboral y sindical, el panorama de los derechos humanos no es más alentador: la respuesta y del Estado con respecto a la protección y las garantías ha sido insuficiente y no toca los problemas estructurales y las situaciones de riesgo que hoy enfrentan las personas que ejercen un liderazgo social y la defensa de derechos, entre ellas las y los sindicalistas. La violencia antisindical persiste pese a las recomendaciones internacionales al Estado colombiano y a la implementación parcial de medidas para superar este grave problema. Incluso, después de más de una década, el Gobierno colombiano vuelve a ser llamado ante la Comisión de Normas de la OIT para rendir cuentas por violación de la libertad sindical y violencia antisindical.

Según el Sistema de información de derechos humanos de la Escuela Nacional Sindical (Sinderh), durante más de tres décadas el movimiento sindical colombiano ha sido víctima de distintas formas de violencia. Desde el 1 de enero de 1971 hasta el 28 de junio de 2021 se han registrado al menos 15.380 violaciones a la vida, la libertad y la integridad contra sindicalistas. Entre ellas 3.283 homicidios, 429 atentados contra la vida, 253 desapariciones forzadas, 7.571 amenazas de muerte y 1.952 desplazamientos forzados; 11.966 contra hombres y 3.414 contra mujeres. Y se ha asesinado a 959 dirigentes.

Según el Sinderh, en el último periodo, entre el 7 de agosto de 2018 y el 28 de junio de 2021 se han registrado al menos 495 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física de sindicalistas, entre ellas 63 homicidios, 24 atentados contra la vida y 312 amenazas; 435 casos de violencia contra hombres y 60 contra mujeres.

Cuadro 4

Violaciones a la vida, la libertad y la integridad física cometidas contra sindicalistas en Colombia, 07 de agosto de 2018 a 28 de junio de 2021

Tipo de violenciaPeriodo de Gobierno Iván DuqueTotal general
Año 1Año 2Año 3
Amenazas1469670312
Homicidios30231063
Hostigamiento17173064
Atentado con o sin lesiones614424
Secuestro1427
Desaparición forzada4116
Detención arbitraria21315
Tortura2 2
Desplazamiento forzado112
Total general206158131495
Nota metodológica: las cifras correspondientes al intervalo entre enero y junio de 2021 son provisionales ya que están en proceso de recolección, contrastación y validación. Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos (Sinderh), ENS.

Como se observa en el cuadro 4, durante el último año del gobierno Duque se registra una cifra preliminar de 131 casos de violencia contra sindicalistas, más de la mitad ocurrido en contextos de movilización, principalmente, en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021. En este periodo, la violencia antisindical se ha caracterizado por un entramado de prácticas de persecución y de exterminio, cuyas víctimas han sido en su mayoría integrantes de juntas directivas de nivel nacional, organizaciones sindicales rurales, educativas y mineras. Aunque prevalecen las amenazas, los hostigamientos y las detenciones arbitrarias, es muy grave que hayan ocurrido diez homicidios, una desaparición forzada y cuatro atentados contra la vida de sindicalistas.

En el contexto de persecución y violencia generalizada contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, y de criminalización de la protesta social, la violencia antisindical ha seguido focalizada en la dirigencia y el activismo sindical, como indica el hecho de que durante el último año del gobierno de Duque, el 88,70 % de las víctimas desempeñaban cargos de liderazgo en sus sindicatos. Además, en el último año, el partido de gobierno, el Centro Democrático ha hecho permanentes señalamientos contra la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), lo que genera un ambiente de riesgo contra maestros y maestras sindicalistas. Es también un obstáculo para la democracia y la libertad sindical la persecución contra sindicatos activos en las jornadas de movilización nacional, entre ellos, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fecode, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol). Asimismo, en el último año de gobierno de Duque se registraron hechos de violencia contra 25 organizaciones sindicales ubicadas en 19 departamentos del país. El 54,9 % de los casos se concentraron en Bogotá (23), Valle (20), Meta (18) y Cauca (11).

Siguiendo la tendencia histórica, predominan los casos en los que no hay información sobre los presuntos responsables (89 casos). En los casos en los que se tiene algún indicio, los presuntos victimarios pertenecen a organismos estatales (20 casos), principalmente a la policía. En nueve casos, los presuntos responsables son grupos paramilitares. Esto muestra que persisten la impunidad frente a crímenes contra sindicalistas y la falta de garantías para la protección integral y colectiva de las y los sindicalistas; además, son muy pocos los avances en el proceso de reparación colectiva al movimiento sindical.

¿Qué hacer ante este colapso económico, laboral y social?

La extensión del hambre y la continuación de la pandemia de covid-19 muestran la urgencia de que el gobierno adopte alguna de las diferentes iniciativas de Renta Básica que se propuesto para romper con la perversa política social asistencialista, de subsidios condicionados, baja cobertura y montos de miseria, e implementar en cambio una política social de transferencias monetarias incondicionales que superen al umbral de pobreza por persona.

El gobierno debe replantear la política macroeconómica para que las políticas monetaria, crediticia y cambiaria a cargo del Banco de la República, y la política fiscal a cargo del gobierno, promuevan la economía productiva, reactiven el sector agropecuario y apoyen, con crédito de fomento, incentivos fiscales y comerciales, el desarrollo de otros sectores productivos, como las manufacturas, el transporte, la energía y una minería social y ambientalmente responsable.

El presupuesto público debe fortalecer el gasto social y la inversión en infraestructura de transporte para crear condiciones favorables al desarrollo empresarial que agregue valor y mejore la productividad y la rentabilidad. En la discusión pública sobre el presupuesto se han hecho diversas propuestas, desde la solicitud de condonaciones, pasando por la renegociación hasta la moratoria.

Y una prioridad social es adoptar medidas para poner fin a la violencia antisindical y la impunidad. Así como dar garantías reales para el ejercicio de la libertad sindical, sin que implique riesgos y vulneraciones a los derechos humanos.

Puedes descargar el libro completo aquí

Carlos Julio Díaz Lotero

Carlos Julio Díaz Lotero es Contador Público de la Universidad de Medellín. Especialista en Planeación urbano regional de la Universidad Nacional. Ex – presidente de la CUT Antioquia. Actualmente es Director Encargado de la Escuela Nacional Sindical

Viviana Colorado López

Viviana Colorado López es socióloga egresada de la Universidad de Antioquia, Coordinadora de derechos humanos e investigadora de la Escuela Nacional Sindical

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