En el marco del día internacional de trabajo decente, la Escuela Nacional Sindical presenta su XII Informe Nacional de Trabajo Decente.
Se cumplieron 8 años de la firma del Plan de Acción Laboral (PAL) Obama-Santos dentro del marco del TLC con Estados Unidos. Fue el primero de una serie de acuerdos de libre comercio que se firmaron después bajo la premisa de que, con más inversión extranjera y menos restricciones al comercio internacional, crecería la economía colombiana y el empleo.
Es la razón para que este XII Informe Nacional de Trabajo Decente la Escuela Nacional Sindical lo dedique a evaluar si estos acuerdos comerciales y planes laborales mejoraron o no las condiciones de trabajo decente, o sea si tuvieron impacto en los 4 pilares que lo fundamentan: oportunidades de empleo e ingresos, protección social, inspección laboral y libertades sindicales.
Empecemos indicando que Colombia es uno de los países de la región más integrado al mercado mundial mediante el fomento de la inversión extranjera y los tratados de libre comercio. Pero en el PIB la participación de las exportaciones de bienes y servicios sigue siendo inferior a la de las importaciones. En 2010 las primeras fueron el 16,3% del PIB, las segundas el 17,9%. Ya en 2018 las exportaciones representaron el 15,9% y las importaciones el 20,9%.
El PIB creció 5% en promedio anual entre 2006 y 2011 (antes de la vigencia del TLC con Estados Unidos). En los años siguientes rebajó a 3,2%, como consecuencia de la dependencia de la economía nacional a la extracción de bienes minero-energéticos. Entre 2011 y 2018 la participación del petróleo y derivados en las exportaciones fue 45% en promedio, el sector minero 15,7%, mientras sectores llamados a reactivarse en entorno de libre comercio, como la industria y la agricultura, sólo participaron con el 19,3% y 15,7% respectivamente. Además la competitividad del país cayó 9 puestos: del 51 al 60.
Todo lo anterior lo que indica es que en el caso colombiano los acuerdos comerciales no han cumplido su promesa de crecer la economía y el empleo.
Entre 2012-2018 los nuevos ocupados fueron 1.761.000,1.210.000 empleos menos que en el período 2005-2011, antes del TLC, cuando fueron 2.971.000.
En cuanto a ingresos, entre 2012 y 2018 éste presentó una variación promedio anual de sólo 0,9%. Terminó en 2018 en un promedio de $1´070.340. Pero en el sector agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (3´760.000 de ocupados) el ingreso promedio es de sólo $535.754, esto es, el 68,6% del salario mínimo. El sector de explotación de minas y canteras, con solo 211.000 ocupados, reportó ingreso promedio de $2´065.468.
Al firmar los TLC, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Unión Europea aceptan la regulación laboral colombiana y esperan que los bienes y servicios que reciben de nuestro país provengan de empresas que contraten trabajadores bajo las normas colombianas y están reguladas. Sin embargo, en Colombia persisten prácticas de tercerización y relaciones laborales ilegales que afectan el cumplimiento de estándares internacionales. Veamos:
El flagelo de la informalidad laboral
En 2018 Colombia tuvo 22´457.000 personas ocupadas, 14,5 millones de ellas excluidas de la seguridad social básica. La informalidad laboral, medida por afiliación a salud, pensión y riesgos laborales, en el país es de 65,7%, que si bien ha mermado respecto a 2011, permanece alta. Y el 47,1% de los ocupados no tiene contrato de trabajo.
Los Acuerdos de Formalización Laboral (AFL) es una estrategia por la cual uno o varios empleadores, con el fin de condonar multas y sanciones del Ministerio de Trabajo, se comprometen a formalizar sus trabajadores tercerizados ilegalmente, mediante contratos directos. Esta estrategia tuvo alto despliegue mediático pero no el impacto deseado. Entre 2012-2018 el Ministerio firmó 299 acuerdos de formalización, que solo beneficiaron a 38.121 trabajadores. Además, no todos los AFL terminan en contratación directa, muchos fueron “reubicados” mediante SAS que prestaban servicios a la empresa matriz.
Cuenta propismo y relaciones laborales ilegales
Al 9,7% de los ocupados en Colombia (2´184.318 personas) sus empleadores no les garantizan derechos laborales ni protección social. Lo que indica que la problemática de la tercerización ilegal persiste y lejos está de erradicarse, pese a la presión internacional y a los compromisos del país en el marco de los TLC.
Asimismo, en los últimos 8 años la participación promedio anual de los cuenta-propia en el empleo del país, fue del 43%, la principal categoría de empleo. 8´735.000 personas trabajaron por cuenta propia en 2011. En 2018 ya eran 9´791.000, un incremento en más de un millón.
En virtud del Plan de Acción Laboral Colombia se comprometió a “poner en cintura” a las cooperativas de trabajo asociado y otras formas de intermediación laboral ilegal. En 2011 estas cooperativas era la forma más utilizada, en muchos casos de manera “falsa”, pues actuaban simplemente como intermediarias de mano de obra. Tras su prohibición, en 2017 apenas se registraron 624 cooperativas, con 65.000 asociados.
Pero la intermediación laboral ilegal no desapareció. Sufrió una metamorfosis y aparecen nuevas formas de contratación para fomentar condiciones laborales precarias, como las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), los Contratos Sindicales y los contratos de prestación de servicios. Todas formas utilizadas para minimizar costos laborales y restringir derechos a las y los trabajadores.
Entre 2011-2017 se constituyeron más de 496.000 SAS, dado los múltiples beneficios y flexibilidades que tienen en materia tributaria y laboral. Además no requieren autorización de la SuperSociedades para disolverse y a sus accionistas apenas les obliga responder por el capital invertido, están libres de responder por incumplimiento de pagos laborales, por ejemplo.
También los contratos sindicales, que se admiten como convenios colectivos, han crecido vertiginosamente. En 2010 existían 50 contratos sindicales, en 2011 fueron 164 y en 2018 se registraron 1.635, es decir, entre 2011 y 2018 se dio un incremento de más del 800%. Y el 98% de estos contratos se firmaron en el sector salud. Funcionan como una forma de flexibilización, para que los empresarios tercericen actividades comerciales, porque entre los trabajadores participes del contrato sindical y el sindicato no existe ningún vínculo laboral.
Bajos salarios y desigualdad
No es cierto que Colombia sea un país de ingresos medios, como reiterativamente han querido hacerlo creer. Esto porque la clasificación del DANE es irreal, al considerar que una persona de clase media es la que gana entre $450.000 y $2,25 millones, y que el 31% de la población del país se ubica en este rango.
La realidad es que los ingresos promedios de la población ocupada en Colombia son bajos. En 2017 sólo el 25,4% recibió más de 1,5 salarios mínimos mensuales legales, porcentaje menor al de 2010, cuando fue el 26,7%. Lo más preocupante es que el 70,2% de los ocupados tuvo como ingresos promedios menos de 1,5 salario mínimo, población que creció con respecto a 2010, cuando fue el 68% de los ocupados.
Por eso Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de la región, con un coeficiente Gini de 0.517 en 2018. Según la OCDE, Colombia necesita 11 generaciones para salir de la pobreza, mientras que Brasil necesita 9, Chile y Argentina 6.
El estado de la inspección laboral
Pese a los acuerdos internacionales, Colombia aún carece de una arquitectura institucional para fortalecer un sistema de Inspección, Vigilancia y Control del trabajo, no existen suficientes insumos y medios humanos para el funcionamiento del sistema. Como tampoco logra hacer efectivo el artículo 200 del Código Penal, que penaliza la violación el derecho de asociación sindical.
Dado que Colombia ha querido venderse ante el mundo como país que cumple condiciones para ingresar a la OCDE y estándares de OIT, para su nivel de desarrollo debería tener un inspector por cada 10 mil trabajadores, o sea 2.229 inspectores. Pero según el propio Ministerio del Trabajo, en 2019 solo tiene 853. El déficit es pues de 1.376 inspectores, con el agravante de que de los 853 apenas 218 tienen funciones específicas de vigilancia y control.
Tampoco cuenta el Ministerio con un Sistema de Inspección para el sector agrícola. Las medidas implementadas en este campo se han derivado del Acuerdo de Paz, y se han tratado de concretar en un Plan de Inspección Móvil para sectores rurales y priorizados para el postconflicto. Pero que no es suficiente, ya que los retos generados para la construcción de paz en Colombia requieren de la presencia permanente, estructural y sistemática del Estado. En ese sentido, la situación es preocupante en Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño y el Vaupés.
Si bien el actual gobierno hace esfuerzos para implementar la Política Pública de Inspección, Vigilancia y Control del Trabajo (2019-2030), es incoherente en con la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que establece que el Ministerio del Trabajo puede suspender o terminar por mutuo acuerdo con el empleador, un procedimiento sancionatorio por violación de normas laborales. Es una paradoja, que podría mal formar los loables esfuerzos en la transformación del sistema de inspección y control.
Artículo 200 del Código Penal: fallido
El TLC con E.U. incorporó una norma penal para proteger los derechos de reunión y asociación sindical, pero como quedó redactada no articula una definición del bien jurídico protegido, lo que obliga a remitirse a otras normas (CST, la Constitución Política, tratados internacionales) para poder comprender qué son libertad sindical y el derecho de asociación.
De ahí que la Fiscalía General continúe sin dar los resultados, pese a que han transcurrido 8 años. Ha abierto 2.428 procesos, de ellos 2.107 (86,8%) terminados, y los restantes 321 (13,2%) figuran como activos. Solo hay una sentencia, absolutoria, en proceso de apelación por parte de la Fiscalía.
Los más afortunados han logrado dudosas “conciliaciones”, por las cuales el empleador denunciado se compromete a dejar de hacerlo, pero los trabajadores afectados siguen expuestos a las acciones del empleador. De modo que la conciliación solo sirvió para que algunos empleadores salvaran su compromiso penal.
Es de aclarar que el derecho penal en Colombia solo se aplica a personas naturales, por tanto las jurídicas, que son la mayoría de empleadores, no responden penalmente.
La protección social en Colombia
El Sistema de Seguridad Social Integral lo conforman 4 partes: Sistema General de Pensiones; Sistema General de Seguridad Social en Salud, Sistema General de Riesgos Profesionales y Servicios Sociales Complementarios. La tabla siguiente muestra la cobertura de estos subsistemas y su evolución en los años de implementación de los tratados de libre comercio:
Cobertura de los sistemas de protección social en Colombia
| AFILIADOS | PENSIONADOS >= 60 AÑOS | ||||
| PENSIONES | 2018 | 2011 | 2018 | 2011 | |
| AFP | 6.130.515 | 4.254.624 | AFP | 153.701 | 51.357 |
| RPM | 2.282.128 | 1.903.645 | RPM | 1.334.980 | 1.003.509 |
| FOMAG | 328.665 | 331.753 | FOMAG | 203.669 | 131.928 |
| FFAA | 236.960 | 214.080 | FFAA | 155.348 | 98.903 |
| Total | 8.978.268 | 6.704.102 | Total pensionados: | 1.847.698 | 1.285.697 |
| Cobertura | 40,0% | 33,5% | Pensionados >= 60 años | 1.637.064 | 1.139.127 |
| RIESGOS LABORALES (Aportantes) | 10.487.602 | 7.499.493 | Población adulta >= 60 años | 5.979.956 | 4.628.394 |
| Asalariados | 9.627.739 | 7.291.825 | Cobertura | 27,4% | 24,6% |
| Independientes | 859.863 | 207.668 | |||
| Cobertura | 46,7% | 37,5% | |||
| SALUD NACIONAL (Aportantes) | 9.464.959 | 7.510.311 | |||
| Cobertura | 42,2% | 37,5% | |||
| CESANTÍAS | 9.403.443 | 6.320.399 | |||
| Fondos privados | 7.648.993 | 5.785.223 | |||
| FNA | 1.754.450 | 535.143 | |||
| Cobertura | 41,9% | 31,6% | |||
| Población Ocupada | 22.457.154 | 20.019.511 | |||
| Trab. Asalariados | 10.838.265 | 9.178.456 | |||
| Trab. cuenta propia | 9.790.538 | 8.735.228 | |||
Fuente: DANE, SUPERFINANCIERA, FOMAG, FNA, Ministerios de Hacienda y del Trabajo.
La protección social en la vejez
En 2018 este sistema pensional afiliaba como cotizantes 8´978.268 personas (cobertura 40%), 6,5 puntos porcentuales más que en 2011. De ese total, a los fondos privados cotiza el 68,3%, a Colpensiones el 25,4%, al FOMAG (magisterio público) el 3,7%, y el 2,6% restante pertenece a las fuerzas armadas y policía.
La cobertura de trabajadores asalariados cotizantes es del 82,8%, lo que indica que las relaciones laborales ilegales alcanzan el 17,2% de esta población.
El hecho concreto es que de cada 100 adultos mayores, apenas 27 están pensionados, lo que significa que el 72,6% restante, sino cuentan con una renta, está condenado a vivir en la indigencia, o con ninguna o muy poca autonomía. En los fondos privados, de cada 4 personas que cumplen edad de pensión sólo una se pensiona. En Colpensiones sólo a una de cada 3 se pensiona. A los demás les devolverán sus aportes.
Con la población adulta mayor que no recibe pensión, el Estado tiene el compromiso de asegurarle un mínimo vital. Sin embargo, los programas existentes no aseguran este mínimo. Uno es “Colombia Mayor”, que tiene 1´500.000 cupos y en 2018 entregó subsidios de $62.000 mensuales, en promedio.
El otro es un programa de ahorro individual, los BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), para personas que trabajan en la informalidad y no pueden cotizar sobre la base de un salario mínimo. Según Colpensiones, entidad que administra este programa, en 2018 estaban afiliadas 1´270.050 personas, pero sólo 439.089 ahorraban, y de éstos apenas 293.289 hicieron ahorros BEPS. Esto porque la población a la que va dirigido el programa no tiene capacidad de ahorro. El monto promedio por ahorrador es de $202.410.
Protección en riesgos laborales
En 2018 el sistema de protección en riesgos laborales, (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) afiliaba 10´487.602 trabajadores, o sea el 46,7% de la población ocupada. Entre ellos 859.863 trabajadores independientes o por cuenta propia.
Con respecto a 2011, la afiliación a este sistema se incrementó de 9,24 puntos porcentuales, y así su cobertura en trabajadores asalariados o dependientes es del 88,8%.
La mayoría de los trabajadores, que son informales o cuenta propia, están desprotegidos de riesgos de accidentes de trabajo, enfermedades de origen laboral e invalidez. Solo el 8,8% está protegido. El resto debe asumir ellos mismos los riesgos de su actividad laboral, con excepción de la atención en salud, que la tienen mediante el régimen subsidiado.
Según Fasecolda, la desprotección más grave se presenta entre los trabajadores agrícolas y pesca (solo el 13,8% está cubierto). La mayor proporción de afiliados está las flores, el banano, la caña, actividades que tienen una importante presencia sindical. Le siguen las trabajadoras domésticas, con apenas el 18,8% de cobertura; comercio, hoteles y restaurantes (24,3%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (48,1%).
La protección social en salud
Con todas sus deficiencias, el sistema de salud es el que ofrece mayor cobertura. En 2018 afilió 20´756.706 personas aportantes, beneficiarios y del régimen subsidiado, o sea el 92,4% de la población ocupada. Sin embargo, los aportantes al régimen contributivo eran apenas 9´464.959, el 42,2% de esta población, con un incremento de 4,6 puntos porcentuales en 7 años.
Pero estamos hablando de un sistema de salud en crisis, y en la base de ésta está el hecho de que el Estado le haya entregado al sector privado los enormes recursos de la salud ($37 billones en 2019). Algunas EPS han aprovechado para expandir sus negocios mientras mantienen en crisis el sistema.
Protección ante desempleo (cesantías)
El régimen de cesantías cubre el 41,9% de la población ocupada: 9´403.443 personas afiliadas, el 81,3% de ellas en los fondos privados que las administran, cuyo monto en 2018 ascendía a $10.7 billones. Y el 18,7% restante lo administra el Estado mediante el Fondo Nacional del Ahorro, entidad que el gobierno Duque propone entregársela al sector financiero.
Respecto de los trabajadores asalariados afiliados al sistema de cesantías, la cobertura es del 91,2%, por lo que la proporción de condiciones de trabajo ilegal en esta materia es del 8,8%.
En conclusión, y contrario de lo que decían los promotores de los TLC, el acceso a la protección social universal y eficaz empeoró con estos tratados. Demuestra que la senda más eficaz para el desarrollo económico y la inclusión social es otra muy distinta a la del libre comercio en poder de las empresas transnacionales.
Libertad sindical y diálogo social
Colombia suscribió compromisos de respeto a derechos laborales en tratados internacionales como el Plan de Acción Laboral Obama–Santos, la “Hoja de Ruta en derechos humanos y laborales” de la Unión Europea, la Misión de Alto Nivel de la OIT, el estudio de la OCDE sobre el mercado laboral y las políticas sociales en Colombia, y el acuerdo laboral del TLC con Canadá, del año pasado.
En su conjunto, estos tratados comprometen al Estado en 5 políticas: fortalecimiento de la institucionalidad del Estado (Ministerio del Trabajo y Fiscalía); disminución de la informalidad e ilegalidad laboral; protección y garantías a la libertad sindical; superación de la violencia e impunidad, y ampliación del diálogo social.
Pero pese a estos compromisos, la tasa de sindicalización sigue siendo extremadamente baja en comparación con los estándares internacionales. En los años 70 esta tasa promediaba el 13%, pero la acción combinada de la violencia antisindical, las reformas neoliberales que debilitaron el contrato de trabajo, y la proliferación de pactos colectivos y los contratos sindicales, han dado al traste con la afiliación sindical, que en 2017 fue solo 4,6%.
Evolución de la sindicalización en Colombia, 2012-2017
| Indicador | 2012 | 2014 | 2016 | 2017 |
| Afiliados | 821.957 | 956.004 | 1.025.754 | 1.028.764 |
| Tasa de sindicalización | 4,0% | 4,4% | 4,6% | 4,6% |
| Ocupados | 20.696.00 | 21.503.000 | 22.156.000 | 22.383.000 |
Fuente: Sistema de Información Laboral y Sindical. Subsistema Censo Sindical. ENS.
La baja densidad sindical mengua a su vez la cobertura de la negociación colectiva, razón de ser de una organización sindical. Todas las convenciones colectivas vigentes en Colombia a 2018 suman 1.344, en 1.313 empresas. Benefician a 393.723 trabajadores, el 4,6% del total.
La negociación colectiva en el sector público viene en crecimiento desde el 2013, gracias a los avances legislativos en esta materia, que en medio de grandes movilizaciones del sindicalismo estatal ha permitido la firma de 4 Acuerdos Marcos Nacionales, varios sectoriales en educación, salud, justicia, universidades, y más de 1.000 acuerdos colectivos en las entidades públicas nacionales y territoriales de todo el país. La tasa de afiliación sindical en el sector público es 42%, mientras en el sector privado es apenas 2,2%.
Violencia contra sindicalistas
Durante la última década la situación de derechos humanos para el sindicalismo colombiano ofrece un panorama claroscuro. En el 2010 se pasó de la negación al reconocimiento de la violencia antisindical como un fenómeno histórico y sistemático. Entonces se inició un proceso de reparación colectiva y se dispusieron medidas para superar la violencia antisindical y la impunidad, lo que se ha expresado en una tendencia decreciente en las violaciones a los derechos humanos contra sindicalistas.
Entre 2011-2018 se registraron al menos 3.199 violaciones a la vida, libertad e integridad, así: 211 homicidios, 126 atentados contra la vida, 15 desapariciones forzadas, 2.210 amenazas, 346 hostigamientos, 150 desplazamientos forzados y 98 detenciones arbitrarias.
Del total de violaciones 2.589 fueron contra hombres y 613 casos contra mujeres sindicalistas (23 asesinatos, 11 atentados, 452 amenazas, 70 desplazamientos forzados, 39 hostigamientos y 8 detenciones arbitrarias). Además, 212 casos fueron contra lideresas y directivas sindicales.
La violencia antisindical se ha focalizado en activistas y dirigentes sindicales, y contra sindicatos como colectivo. En los últimos ocho años el 67,4% de las violaciones fueron contra líderes, activistas y directivos sindicales. Así como se señala una tendencia descendente en la violencia, también se identifica una tendencia creciente en la vulneración de los derechos humanos de los dirigentes sindicales.
El 64% de los casos de violencia se concentraron en 3sectores: educación, agricultura y minería. Esto en un contexto de violencia en general contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Discriminada por regiones, el panorama de la violencia antisindical entre 2011 y 2018 indica que en 8 departamentos y Bogotá se concentró el 75,4% del total: Valle (20,4%), Antioquia (14,9%), Cauca (8,4%), Santander (8,1%), Bolívar (5,4%), Caldas (4,8%), Atlántico (4,4%), Cesar (4,4%) y Bogotá (4,2%). Lo que denota situaciones diferenciales en la violación a los derechos humanos de los sindicalistas de acuerdo con los territorios.
Garantías de protección a sindicalistas
En este frente el balance es insatisfactorio, pese a que el Gobierno ha mostrado como avances la creación de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que ha implicado la ampliación de la cobertura del número de sindicalistas protegidos, el aumento de estudios de riesgo; la agilización de respuestas a las solicitudes de protección, y el incremento de recursos económicos y humanos. Cambios que si bien mitigaron falencias del programa de protección a sindicalistas, éste tiene carencias en su enfoque y funcionamiento.
Pese a los recursos económicos asignados para la protección a sindicalistas (desde el 2012 hasta el 2017 fueron $335 mil millones) la violencia antisindical persiste. En el mismo periodo hubo 2.234 violaciones a la vida, la libertad e integridad contra los sindicalistas en Colombia. Más aún, los reportes de la UNP dan cuenta de hoy son menos los sindicalistas protegidos y las medidas asignadas que en 2012. Por el contrario, se incrementó el retiro de medidas asignadas.
Superación de la impunidad: aún tarea pendiente
Preocupa la violencia antisindical, pero más grave es que el aparato judicial no haga los esfuerzos que se requieren para dar cumplimiento a los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia. Si bien hubo un importante fortalecimiento en la capacidad de la Fiscalía General para investigar los crímenes cometidos contra sindicalistas, los resultados no son significativos. La tasa de impunidad pasó de 98% en 2010, a 95% en 2015.
La Fiscalía General informa que entre enero de 2011 y marzo de 2019 recibió la denuncia de 206 casos de homicidios contra sindicalistas y 964 casos de denuncias sobre otras violaciones (amenazas, desaparición forzada, desplazamiento forzado, secuestro). Pero estos casos reportados en la Fiscalía siguen siendo inferiores en relación con los casos que se presentan, principalmente en lo que se refiere a violaciones distintas al homicidio.
También genera una alerta que, de los casos que se logra instaurar una denuncia ante la fiscalía, los avances en términos de la investigación, la indagación y la sanción no son suficientes. El número de sentencias sigue siendo ínfimo con relación al número de violaciones que han sufrido los trabajadores y trabajadoras sindicalizadas en el país.
Balance de los 5 sectores priorizados en el PAL
El Plan de Acción Laboral (PAL)suscrito en el marco del TLC entre Colombia y Estados Unidos, incluye medidas generales y especificas relacionadas con la protección por parte del Estado colombiano de los derechos laborales de los trabajadores de 5 sectores priorizados: aceite de palma, azúcar, minas, puertos y flores.
Ahora, ocho años después, ¿qué balance hacemos de la generación de empleo y condiciones laborales en estos sectores priorizados? Veámoslos uno por uno:
Palma de aceite
Colombia es el 4º productor de palma de aceite en el mundo, solo por debajo de Indonesia, Malasia y Tailandia. Hoy el país posee más de 500 mil hectáreas sembradas en palma africana. Y según datos de Fedepalma en 2016 se generaron 140.000 empleos directos e indirectos en este sector. Por departamentos sobresalen en ocupación Meta (44.085 empleos), Cesar (25.000), Santander (23.288) y Magdalena (17.882).
En un estudio reciente de la ENS se analizan las transformaciones que ha habido en la tecnificación productiva y las responsabilidades que los trabajadores del sector palmicultor han asumido como una manera de adaptarse a las reestructuraciones de la economía global y a la alta competitividad del mercado. Estos cambios han traído una mayor exposición a riesgos por parte de los trabajadores que realizan actividades operativas, más intensas ahora puesto que en el proceso de tecnificación de la producción los trabajadores asumen mayores responsabilidades.
Las nuevas formas de organización del trabajo conducen al aumento de los movimientos repetitivos, la disminución del tiempo disponible para hacerlos y el desgaste físico. En una frase, la velocidad de deterioro es mayor, pues las tareas por jornada son año a año más altas. En algunos casos se pasó del requisito de cosechar 350 kilos diarios a 1.400 kilos, y en otros de 802 a 1.040 kilos.
También en las plantas procesadoras hay riesgos asociados a altas temperaturas, por la cercanía a las calderas; y en el trabajo de campo el riesgo es por la exposición al sol, lo que genera estrés térmico. Asimismo hay riesgos por el uso de plaguicidas, soda caustica, y bencina; riesgos fisiológicos relacionados con las posturas prolongadas y mantenidas, o la actividad de agacharse para recoger el fruto pesado.
El sector palmicultor configura un conjunto de riesgos laborales, que sería necesario analizar a la luz de las afiliaciones a riesgos laborales contemplados en el sistema de seguridad social colombiano, así desde 2011 se ha dado un incremento en el número de trabajadores afiliados en este sistema (a excepción del año 2016),
En el sector palmero para 2018 se encontraron 9.821 personas afiliadas al sistema de riesgos laborales, un poco más, 2.9%, de las registradas un año atrás. Pero es una cifra que solo corresponde al 7,5% de los trabajadores y trabajadores del sector. En promedio, entre 2011 y 2018, el número de trabajadores afiliados a riesgos laborales fue de 8.003.
Flores
Colombia es el segundo productor mundial de flores, superado por Holanda.
El mayor socio comercial de su producción floricultora es Estados Unidos, con el 78,1% del total de las exportaciones. La particularidad del sector es que el grueso de su producción se dirige a sólo tres días del año: 24 y 25 de diciembre, Día de la Madre, y el Día de San Valentín.
En 2018 las flores generaron en Colombia 130.000 empleos directos y 600.000 indirectos, lo que supone en promedio 15 empleos por hectárea, 5 veces más empleos que otros sectores, como el banano, que opera con 3 empleos por hectárea. Sin embargo el sector ha perdido participación en la generación de empleo, considerando que en 2002 generó 163.300. Las cifras de empleo en el sector no muestran un desarrollo comparable con el crecimiento ascendente en las exportaciones de flores colombianas,
En cuanto a riesgos laborales, en 2018 había en el sector 85.367 personas afiliadas a aseguradoras de riesgos, un incremento del 19% con respecto a 2017, año en que se registraron 71.721 personas. El porcentaje de afiliación a riesgos laborales es del 65,6%.
Es de señalar que las condiciones en que se realiza la producción de las flores es riesgosa desde lo ergonómico, por las posturas que deben mantener las y los trabajadores durante largas jornadas, repetición de movimientos que puede llevar a cortaduras y lesiones, y contacto que pueden tener con plaguicidas y pesticidas.
A lo que se suma que dada la especialidad temporal de la producción de flores, prevalecen los contratos a término fijo, con posibilidades de renovación en el cumplimiento de altísimos estándares de producción. Y en las temporadas pico se intensifica la exigencia de producción, lo que se traduce en extenuantes jornadas que superan las 12 horas diarias.
Caña de Azúcar
La caña de azúcar es el 5º producto de mayor relevancia en el mercado exportador del país. En 2017 Colombia exportó 702.764 toneladas de azúcar, 35,6% más que en 2016. Y la industria azucarera generó 290.000 empleos entre directos e indirectos. Según un estudio realizado por la ENS, citando a Procaña, los empleos indirectos representan el 69,2% del total del empleo en el sector azucarero.
En cuando a afiliación a riesgos laborales, en 2011 se registraron 4.813 afiliados, mientras en 2018 fueron 21.085
Pero si bien las cifras de afiliación aumentaron notablemente desde el 2011, el porcentaje de afiliación, tomando las cifras de generación de empleo de 2018 (290.000 aproximadamente), es apenas del 7,3%. Es decir, en este año menos de 1 de cada 10 trabajadores de la industria azucarera recibe atención adecuada respecto a situaciones de riesgo asociados al trabajo.
Minería
Si algo caracteriza la estructura productiva colombiana de la última década, es el énfasis en las actividades extractivas como “motores de desarrollo”. Lo que guarda estrecha relación con la firma de los TLC, pues con la puesta en marcha de éstos se pronosticaba un crecimiento económico para el país a partir de la explotación minera y petrolera, pronóstico que hoy hay que revaluar.
Los sectores minero y petrolero están entre los que menos empleo generan. De 2011 a 2018 el promedio de personas ocupadas en el subsector de minas y canteras fue de 212.340, menos del 1% de todos los puestos del trabajo del país.
Los trabajadores del sector minero tienen un panorama altísimo de riesgos laborales, que comprometen la vida de las personas que en él trabajan. Entre 2011 y 2018 los trabajadores del subsector minero afiliados a riesgos laborales fueron en promedio 150.480, que representa el 70,8% de trabajadores del sector.
De los sectores priorizados, es el que presenta un porcentaje de afiliados a riesgos más alto en relación al número de trabajadores ocupados.
Puertos
Según la Superintendencia de Industria y Comercio, el tráfico portuario en Colombia creció un 15,5% entre 2011 y 2015.
El sector portuario en Colombia tiene una fuerte inversión privada, entre 2010 y 2017 supera los 2.496 millones de dólares. En este mismo periodo se adjudicaron 12 concesiones portuarias, se renovaron 15 permisos y se invirtieron cerca de 158 millones de dólares en canales de acceso.
En 2015 el porcentaje de tercerización laboral en el sector portuario se acercaba al 70%, efecto de la privatización de la actividad. Esta falta de vinculación directa, sumada al panorama de riesgos laborales que se da en el sector portuario, el trabajo móvil en el desplazamiento entre puertos, el aislamiento familiar, y las condiciones sanitarias, marcan la precarización de los trabajadores del sector.
El promedio de personas afiliadas a riesgos laborales entre 2011 y 2018 fue de 27.718.
Desafíos y recomendaciones para que Colombia cumpla los compromisos laborales internacionales derivados de los TLC
En el marco de los Tratados de Libre Comercio – TLC-, el Estado colombiano y en particular el gobierno de Iván Duque, se está caracterizando por incumplir los acuerdos y compromisos en materia laboral y de derechos humanos tanto a nivel internacional, como en el ámbito nacional. Pero lo más grave es que alienta el dumping social y provoca una desmejora en las condiciones laborales, mayor precariedad del empleo y la falta de garantías a la libertad sindical para los trabajadores.
En el contexto presentado, se hace necesario poner en marcha una serie de medidas urgentes de política pública y acciones decididas del gobierno nacional y el control político a cargo del Congreso de la República.
Teniendo en cuenta los incumplimientos de los compromisos laborales internacionales derivados de los Acuerdos Comerciales, y ante la grave situación de violaciones a los derechos humanos que comprometen al gobierno colombiano y de los graves riesgos por el incumplimiento del Acuerdo de Paz, el sindicalismo nacional e internacional viene haciendo un vehemente llamado al gobierno nacional de Colombia para que cumpla el Acuerdo de Paz, y cumpla los compromisos laborales y de derechos humanos. En este sentido es necesario, entre otras:
a) Armonizar las políticas económicas, comerciales y de empleo. Especialmente un plan de estímulos efectivos para alentar el crecimiento sostenido de los sectores priorizados en los TLC, especialmente el fortalecimiento del sector agrícola, que faciliten la generación de empleo decente y digno, con las garantías laborales y sindicales. Más comercio justo con garantía de derechos laborales
b) Quejas Internacionales contra el Estado. Apoyar a las organizaciones sindicales para formular y presentar una queja por desmejora laboral ante la Unión Europea, actualizar otra ante los Estados Unidos, y ante la OIT para que el gobierno de Iván Duque sea requerido internacionalmente a fin que responda por los incumplimientos en materia laboral y derechos humanos y tome las medidas necesarias para que no se sigan desmejorando los estándares laborales y los derechos sindicales de las y los trabajadores colombianos.
c) Consolidar la Paz para el desarrollo. La implementación del Acuerdo de Paz es una condición necesaria para alcanzar el desarrollo humano sostenible, y que se puedan aprovechar las ventajas que se puedan derivar de los TLC, respecto a la inversión extranjera en sectores productivos como la agricultura y la industria, y sectores con vocación exportadora, y de esa manera se pueda generar nuevos empleos de calidad que garantice los derechos laborales y contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población
d) Impedir los asesinatos a líderes sociales y sancionar a los responsables. Urge que el gobierno nacional tome medidas eficaces para detener los asesinatos de líderes sociales, sindicales, defensores de derechos humanos y excombatientes, así como brindar las garantías necesarias para el ejercicio del liderazgo social, la defensa de los derechos de ciudadanía y del ambiente. Se deben adoptar medidas de protección colectivas y en los territorios.
e) Acciones de Control Político. Se requiere que el Congreso de la República continúe con las acciones de control político a los compromisos internacionales del Estado en materias laborales, de derechos humanos y ambientales derivados de los TLC y de la OIT, así como de las políticas del gobierno al respecto, y hacer seguimiento a las recomendaciones, evaluaciones y propuestas de las centrales sindicales, y demás actores del mundo del trabajo.
f) Inspección, Vigilancia y Control Laboral (IVC). Se requiere un Sistema de Inspección Nacional, que incluya al sector agrícola según lo consagrado en el Convenio 129 de la OIT, en la ley y en el Acuerdo de Paz. Se propone la creación de un equivalente a una Superintendencia de Inspección y Vigilancia Laboral, que incluya un sistema especial para el sector agrícola y la inspección móvil.
g) Promoción de la Libertad Sindical. Se requiere un programa de promoción del derecho de sindicalización para todas las y los trabajadores de cada uno de los sectores de la economía, incluyendo la ruralidad. Adicionalmente, campañas contra la estigmatización de la acción sindical y del derecho de sindicalización, que facilite el ejercicio efectivo del mismo. Asimismo, se deben promover buenas prácticas para el desarrollo y respeto de la negociación colectiva.
h) Control efectivo a las formas ilegales de contratación. Medidas eficaces para controlar y sancionar por el uso ilegal de los pactos colectivos, los contratos sindicales, y las prácticas de tercerización. Algunas empresas siguen haciendo uso de éstas figuras contractuales para impedir la sindicalización y limitar la negociación colectiva, lo que vulnera las libertades de los trabajadores, especialmente la libertad sindical.
i) Política Pública de Trabajo Decente. El gobierno nacional debe promover la adopción de una política de trabajo decente que incluya los compromisos laborales internacionales y los compromisos laborales del Acuerdo de Paz, especialmente, para la ruralidad. No se puede alentar formas de contratación atípicas, como el contrato por horas, porque ello no resuelve los problemas de la informalidad y de desempleo, por el contrario, aumenta el riesgo de mayor precarización laboral y menores posibilidades de acceder efectivamente a la protección social.
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