Este texto es un resumen del documento presentado por la ENS en el reciente informe: “La paz confinada: situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Antioquia 2020”
Por Viviana Colorado López, Ana María Amado Correa y Luisa Parra Rodríguez
Durante el último año, la crisis mundial desatada por la pandemia generó una tragedia social, política, económica, humana y sanitaria que también impactó la agenda y la situación de derechos humanos. Para el caso colombiano hemos visto cómo se han profundizado algunos problemas estructurales, entre ellos la pobreza, la inequidad, la desigualdad, la precarización laboral, la discriminación, la violencia y el autoritarismo; tal como quedó plasmado en el informe “El desgobierno del aprendiz: Autoritarismo, guerra y pandemia.Balance del segundo año de gobierno de Iván Duque Márquez”, presentado por más de quinientas organizaciones sociales y no gubernamentales.
En medio de este contexto, la violencia antisindical sigue siendo un grave obstáculo para la consolidación de la paz, el ejercicio de las libertades sindicales, la defensa de los derechos humanos y las garantías democráticas. Este tipo de violencia sistemática y selectiva persiste, tal como lo dejan ver algunos indicadores de Sinderh, (la base de datos de la ENS), pese a la existencia de recomendaciones internacionales al Estado colombiano y a la implementación de medidas por parte de la institucionalidad, las cuales, desde el año 2011, trazaron como meta la eliminación de la violencia antisindical, la superación de la impunidad y el fortalecimiento del programa de protección a sindicalistas. Entre tales medidas se encuentran las contempladas en: i) la Misión de Alto Nivel de la Organización Internacional del trabajo (OIT, 2011); ii) los compromisos ratificados por parte del Gobierno en el Plan de Acción Laboral (PAL) (Obama-Santos, 2011); iii) el informe del PNUD “Reconstruir el pasado, construir el futuro. Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados, 1984-2011” (PNUD, 2011); iv) la Resolución 2628 del 13 de junio de 2012, “Hoja de Ruta en derechos humanos y laborales” (Parlamento Europeo, 2012); y v) las recomendaciones del Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales (OCDE, 2016), entre otras.
Al respecto, se puede afirmar que, pasada una década en la cual se identifican esfuerzos en la puesta en marcha de algunas acciones, y, aunque se identifica una tendencia decreciente en la violencia antisindical en comparación con periodos anteriores, los avances e impactos de tales medidas son parciales, pues no se han logrado transformar los problemas de fondo relacionadas con la persistencia de la violencia antisindical, la ausencia de garantías, el acceso a la justicia por parte de las víctimas y la reparación colectiva e integral al movimiento sindical más perseguido en el mundo.
Según el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y Somos Defensores, entre el 1 de enero y el 3 de noviembre de 2020 fueron asesinados 251 líderes y lideresas sociales. Incluso, la pasiva reacción del gobierno colombiano ante lo altos índices de victimización contra personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos ha encendido alertas internacionales, por ejemplo, en marzo de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una condena por el asesinato de líderes sociales (CIDH, 2020) y, por su parte, Michel Forst, relator especial de la ONU, calificó este tipo de violencia como crímenes políticos. A su vez, la ONG Human Rights Watch publicó, en febrero del 2021, el informe “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas. Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia” En medio de este contexto adverso, la violencia antisindical sigue al día, y peor aún, es hoy un obstáculo para que los sindicatos ejerzan la libertad sindical y la defensa de derechos. Así fue ratificado en el informe de Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional , para el año 2020, en el cual Colombia ocupa el tercer lugar entre los peores países para trabajadores y trabajadoras en el mundo. Dice el informe:
Colombia sigue siendo uno de los peores países en cuanto a la violación de los derechos sindicales, con un tremendo historial de impunidad frente a los asesinatos de sindicalistas. Entre enero de 2019 y marzo de 2020 fueron asesinados 14 líderes sindicales. Se registraron asimismo cuatro intentos de homicidio, un caso de desaparición forzosa y 198 casos de amenazas de muerte. La mayoría de los casos no han sido resueltos y el Gobierno sigue sin combatir eficazmente la cultura de impunidad presente en el país, mientras que el sistema judicial continúa siendo deficiente y carece de los recursos necesarios. Los sectores más afectados por esta violencia y total menosprecio de la vida humana son la educación, el transporte, la minería y el sector energético.
Cabe mencionar que, mientras se agrava la situación de derechos humanos, la respuesta y el deber del Estado frente a protección y garantías sigue siendo insuficiente y no logra responder a los problemas estructurales y situaciones de riesgo que enfrentan hoy personas que ejercen el liderazgo social y la defensa de derechos, entre ellas sindicalistas. Asimismo, un riesgo adicional en el marco de la pandemia ha sido la marginación del debate público y las agendas relacionadas con la defensa de derechos humanos, las libertades y la democracia, la exigibilidad en la implementación de los acuerdos de paz, y la lucha por la satisfacción de los derechos de las víctimas.
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Durante la pandemia persiste la violencia antisindical en Colombia
Según el Sistema de Información de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical (Sinderh), en Colombia, por más de tres décadas, sindicalistas y sindicatos han sido víctimas de distintas formas de violencia, siendo este fenómeno una de las formas más graves de exclusión padecida por el movimiento sindical. Desde el 1 de enero de 1971 hasta el 31 de diciembre de 2020 se han registrado al menos 15.317 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas. Entre éstas, 3.277 homicidios, 428 atentados contra la vida, 253 desapariciones forzadas, 7.541 amenazas de muerte y 1.952 desplazamientos forzados. Del total de violaciones, 11.916 han sido contra hombres y 3.401 cometidas contra mujeres. A 955 dirigentes sindicales les ha sido arrebatada su vida.
La violencia antisindical aún no es tema del pasado. Según Sinderh, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 se registraron al menos 130 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física cometidas contra sindicalistas en Colombia, entre ellas: 18 homicidios, 2 desapariciones forzadas, 10 atentados contra la vida, 82 amenazas y 4 detenciones arbitrarias. Del total de casos de violencia, 120 fueron contra hombres y 10 fueron contra mujeres. Sara Yaneth Fernández Moreno, secretaria de la junta directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (Asoprudea), fue herida de gravedad mientras se encontraba en su residencia. Las primeras versiones de las autoridades indicaron que se trató de un intento de robo, sin embargo, los hechos siguen siendo confusos, teniendo en cuenta el contexto y la amenaza recibida días antes contra diferentes organizaciones, entre ellas Asoprudea.
Tabla 1. Violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas en Colombia, 2020 (diciembre 31)*
| Tipo de violación | Mujeres | Hombres | Total general |
| Amenazas | 7 | 75 | 82 |
| Homicidios | – | 18 | 18 |
| Hostigamiento | 1 | 13 | 14 |
| Atentado con o sin lesiones | 1 | 9 | 10 |
| Detención arbitraria | 1 | 3 | 4 |
| Desaparición forzada | – | 2 | 2 |
| Total general | 10 | 120 | 130 |
Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, Sinderh, ENS. * Las cifras correspondientes al año 2020 son provisionales ya que se encuentran en proceso de recolección, contrastación y validación. Reporte realizado con corte a abril 7 de 2021.
Como se observa en la Tabla 1, el contexto reciente de violencia antisindical se caracteriza por un entramado de prácticas de persecución y de exterminio, cuyas víctimas han sido hombres y mujeres sindicalistas. Aunque prevalecen las amenazas, reviste suma gravedad la ocurrencia de 18 homicidios de sindicalistas, 2 desapariciones forzadas y 10 atentados contra la vida, gran parte de ellos líderes e integrantes de organizaciones sindicales rurales y docentes sindicalizados. A continuación, se enuncian algunos de los casos que fueron documentados durante el último año:
Durante el año 2020 la ENS identifica una continuidad en las hipótesis explicativas de la violencia antisindical, que ha venido planteando en los últimos años, entre las cuales se encuentran: i) la tendencia decreciente en el registro de casos, ii) la violencia antisindical focalizada en activistas y dirigentes sindicales y iii) la reactivación de la violencia antisindical en el sector rural. Ahora, aunque la violencia antisindical muestra una disminución en los casos documentados, es preciso llamar la atención sobre el incremento de la persecución contra la dirigencia, el liderazgo y el activismo sindical, que para el año 2020 representa el 88,46% del total de casos documentados, pues esto indicaría la existencia latente del riesgo, que podría incidir en el incremento de vulnerabilidad para las y los sindicalistas.
Por otra parte, resultan muy graves las amenazas y otros hechos de violencia de los que han venido siendo objeto sindicalistas y sindicatos. El 1 de mayo de 2020 fue publicada una investigación en la revista Semana que revelaba carpetas secretas, producto de interceptaciones ilegales a líderes sociales, políticos, periodistas y sindicalistas. Entre ellos, Humberto Correa, secretario de derechos humanos de la CGT. Como consecuencia, el líder sindical se vio forzado a salir del país junto con su familia.
Otro fenómeno que reviste gravedad son los permanentes señalamientos contra Fecode por parte del partido de gobierno, Centro Democrático, los cuales generan un ambiente de riesgo y un factor de persistencia de la violencia antisindical contra maestros y maestras sindicalistas.
Asimismo, en el último año, se registraron hechos de violencia contra 23 organizaciones sindicales ubicadas en 22 departamentos del país, sin embargo, en seis de ellos se concentra el 73,07% de los casos: Bogotá (25), Cauca (23), Meta (17), Nariño (12), Huila (11), y Atlántico (7). En cuanto a la concentración por sectores económicos, encontramos un primer foco de violencia contra sindicatos del sector educación (43), seguido de minas y canteras (31), rural (28) y otros servicios comunales (15). La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), fueron algunas de las organizaciones foco de la violencia antisindical.
Para el caso de Antioquia, en Sinderh se documentaron 3 casos, un asesinato, un atentado y una amenaza. Sin embargo, adicionalmente Adida reporta 36 casos de amenazas contra maestras y maestros sindicalizados.
Por otra parte, y siguiendo la tendencia histórica, predominan los casos sin información sobre presuntos responsables (80). Sin embargo, de los casos que se tiene algún indicio, son los grupos paramilitares los principales presuntos victimarios (28), entre ellos las Águilas Negras y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Se han registrado 12 casos en los cuales el presunto responsable son organismos estatales, en 4 casos se presume la responsabilidad de la guerrilla y 2 casos por parte del empleador.
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Impunidad crónica frente a crímenes contra sindicalistas
Desde el año 2011, en el marco de las medidas del PAL, se implementaron medidas para el fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación frente a la investigación de crímenes y hechos de violencia cometidos contra sindicalistas, dicha capacidad instalada da cuenta de avances muy limitados en relación con los resultados y cambios esperados. En general, frente a delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, “se tiene que la impunidad sigue superando el 90,0% en los casos de sindicalistas” . En el periodo reciente, a partir del análisis de las sentencias que fueron emitidas entre los años 2011 y 2019, se evidencia que la superación de la impunidad, aún no se ha logrado debido a factores como: i) la identificación de los autores materiales del crimen, pero no los determinadores, beneficiarios y/o autores intelectuales; ii) no se realiza un análisis de contexto que permita dilucidar la existencia de patrones y metodología criminal; iii) se ha avanzado en la identificación de los móviles del crimen, pero esto no repercute en la construcción de medidas de reparación que garanticen la no repetición, y iv) ha disminuido la capacidad de la rama judicial para evitar la impunidad sin que exista una política consistente de fortalecimiento institucional.
Ahora bien, entre los años 2011 y 2014, dentro del programa de la OIT, los Juzgados 10º y 11º Penales del Circuito Especializado de Bogotá y el 56 Penal del Circuito Ordinario de Bogotá tenían competencia para investigar los casos de los sindicatos y sindicalistas. Sin embargo, el 27 de junio de 2014 se le quitó dicha competencia al segundo de ellos (11º) y el 7 de julio de 2016 la del tercero Al incluirse de nuevo la competencia del Juzgado 11º, el 1 de noviembre de 2017 tercero (Consejo Superior de la Judicatura, 2017), solo serán estos los dos únicos despachos que tramitan y fallan los crímenes contra sindicalistas. Peor aún, su competencia solo tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2021.
Faltan garantías para la protección integral y colectiva de sindicalistas
Pese a los esfuerzos realizados por mejorar su operatividad, el programa de la Unidad Nacional de Protección (UNP) sigue presentando falencias en su estructura, enfoque, eficacia y seguimiento debido a que las medidas y los esquemas establecidos siguen siendo insuficientes e ineficaces para cumplir los objetivos de protección a sindicalistas trazados en el PAL. Por ejemplo, desde el 2018 se destinaron recursos para la implementación de la ruta de protección colectiva a nivel nacional (UNP, 2018), sin embargo, para el 2020 el balance de gestión había sido apenas del 4% (UNP, 2020).
De manera que, después de una década de creada la entidad, sigue presente la falta de efectividad de las medidas implementadas por esta. La tardanza en los trámites de evaluación del riesgo y de asignación de medidas, la falta de mecanismos de seguimiento y evaluación, desagregados por sector poblacional, y la falta de inclusión de un análisis de contexto son ejemplos de las falencias persistentes. Pero no solo eso, desde el 2014, tan solo tres años después de creada la UNP, la entidad ha estado involucrada en escándalos de corrupción y malversación de fondos. Se han conocido manejos presupuestales y administrativos deficientes ; cobros informales a escoltas para ingresar, mantener sus puestos o mejorar sus condiciones de trabajo y hasta la filtración de información a grupos criminales sobre esquemas de seguridad por parte de miembros de la entidad. Se concluye que, pese al incremento de presupuesto, las instituciones no han fortalecido de manera efectiva la protección de sindicalistas y activistas sindicales. Inclusive durante el periodo reciente, han sido sistemáticos los retiros parciales y totales de esquemas de protección a sindicalistas.
Muestra de ello, es lo sucedido durante la pandemia con dirigentes sindicales de Fecode, entre ellos, Isabel Olaya, Martha Alfonso, Domingo Ayala, a quienes se le retiraron parcialmente las medidas de seguridad. A Luis Edgardo Salazar le fue entregado un botón de pánico. Mientras que, Juan Carlos Martínez le retiraron el esquema de protección.
A manera de recomendación
Ante la persistencia de la violencia antisindical se requieren acciones articuladas para transformar esta realidad, las cuales deberían apuntar al desmonte la cultura antisindical que legitima la violencia, al esclarecimiento y reconocimiento de la violencia antisindical como una condición necesaria para la no repetición, a la superación de los altos índices de impunidad que limitan el acceso a la verdad y a la justicia por parte de las víctimas, y a la reparación colectiva e integral del sindicalismo. Así como a la promoción de reflexiones en torno a la necesidad, la legitimidad y la importancia del libre ejercicio de la actividad sindical como una condición fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de la paz.
Aquí puedes acceder al informe completo
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CristobalMora Muñoz:
30/09/2021,Buenos días excelente labor que hace la ENS, apoyándonos en la defensa de nuestros derechos fundamentales, laborales, humanos ,colectivos , a las y los trabajadores más vulnerables de nuestro hermoso PAIS . Gracias porque consideramos qué sin su ayuda que es eficaz, nuestros derechos serían más vulnerables, para el capitalismo desmedido, que no piensa qué las y los trabajadores somos los responsables del crecimiento económico de las empresas y por ende del país.
Muchas gracias para todas y cada una de las personas que laboran para la ENS , pues sin su apoyó incondicional estaríamos peor . Feliz y bendecido día