El pasado 9 de junio, los trabajadores y extrabajadores enfermos de General Motors Colmotores S.A., agrupados en una organización sindical y dos asociaciones civiles denominadas UTEDINAL, UNECOL y ASOTRECOL respectivamente, realizaron una manifestación pacífica en la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá para denunciar lo que consideran una serie de irregularidades y falta de garantías que han afectado sus derechos y el acceso a la justicia.
Durante la jornada, los manifestantes señalaron que el conjuez de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Juan Pablo López Moreno, representa una amenaza para la imparcialidad en sus procesos. Según denunciaron esta situación ha derivado en decisiones adversas para los trabajadores y en la ratificación de fallos en su contra.
Asimismo, afirmaron que López Moreno se desempeña como director de posgrados de Derecho Laboral en dicha universidad y, paralelamente, como director de López Asociados, firma jurídica que representa a GM Colmotores y a otras grandes empresas del país.
De acuerdo con la información suministrada, desde el pasado 8 de mayo se encuentra radicada una acción de tutela contra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, en la que ordenó la Disolución, Liquidación y cancelación del registro sindical de UTEDINAL en la que se debate la presunta violación de los derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad sindical y a la administración de justicia. Sin embargo, aseguran que a la fecha de la manifestación esta no ha sido admitida y que tampoco se han decretado las medidas cautelares solicitadas. Igualmente, afirmaron que al haber sido “exterminada” su organización por orden judicial, se vulneraron sus derechos de asociación y representación
Los trabajadores y extrabajadores enfermos destacaron que su lucha contra esta compañía transnacional ha sido de más de una década. Además, indicaron que los hechos han sido puestos en conocimiento del Ministerio del Trabajo, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
Según lo expresado en su comunicado de prensa, este caso también ha despertado interés internacional en entes como el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, ONGs de derechos humanos y organizaciones civiles.
“No pedimos privilegios; exigimos una justicia imparcial, respeto por la libertad sindical y protección efectiva para quienes somos sujetos de especial protección por razones de salud”, señalan José Manuel Torres Castellanos, presidente de UTEDINAL, y Fernando Augusto Castro Sierra, presidente de UNECOL.
En nombre de todos los trabajadores y extrabajadores, exigen el estudio de fondo con plenas garantías constitucionales a la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, exigen la intervención y la vigilancia de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Trabajo.
“Cualquier circunstancia que pueda generar dudas razonables sobre la transparencia de las decisiones debe ser examinada con rigor institucional, porque cuando la vida, la salud y la representación de trabajadores enfermos están en juego, la justicia no solo debe ser imparcial: también debe parecerlo”, añaden.
