Un análisis al mundo del trabajo en medio de la crisis que vive el planeta de cuenta del Coronavirus Covid-19
Por Alberto Orgulloso. Director ENS
El COVID-19 está matando a las personas de todas las condiciones sociales y económicas. Las cifras son aterradoras y sorprendentes en estos tiempos: 2 millones de infectados y más de 120 mil muertos en todo el mundo. En Colombia son cerca de 3.000 casos y al menos 112 fallecidos, cifras que se reciben con beneficio de inventario por el sub registro. La virulencia del contagio es más veloz que las pruebas, y el poder de contención del sistema de salud es muy limitado.
En tales circunstancias, predomina la incertidumbre y el miedo entre los seres humanos; en la economía, el empleo, los ingresos familiares y en lo más importante: la vida misma. Este episodio catastrófico quedará marcado en la historia como el antes de y después de la pandemia del COVID-19, inclusive por los cambios estructurales que habrán de venir.
Cómo una enfermedad degenerativa se expande por todas partes y entre todos los habitantes, hasta infectarlos y matarlos, especialmente a los más ancianos y a personas con preexistencias de enfermedades. En la obra de Albert Camus, La peste, el personaje Tarrou los expresa con una retórica sombría: “Esa porquería de enfermedad… Hasta los que no la tienen parecen llevarla en el corazón”.
La conciencia social sobre las medidas de prevención tomó tiempo en muchos países y grupos sociales, pero está claro que solo el aislamiento social, las medidas de sanidad e higiene, y el fortalecimiento del sistema de salud, son la clave para contener la catástrofe que padecen muchas personas en Europa, en los Estados Unidos y América Latina.
Países como China y Corea aprendieron rápidamente a controlar la situación y muestran mejores resultados en medio de la tragedia. De la misma manera Cuba da lecciones de solidaridad y fraternidad entre los pueblos, con el apoyo de su sistema de salud.
Los efectos son devastadores en todos lados, en especial en Italia, España, Estados Unidos, países que no fueron oportunos en tomar medidas de aislamiento social y restricciones a los intercambios económicos y la movilidad de las personas. Se pone en evidencia de manera incontrovertible la crisis del sistema de salud pública, del modelo de desarrollo y las políticas neoliberales que privatizaron la salud y la protección social, al tiempo que mantienen en la vulnerabilidad socioeconómica a millones de personas, que no tienen ingresos para subsistir porque sobreviven en la informalidad, en la precariedad laboral y la pobreza.
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Agenda pública para enfrentar la crisis
Respaldar las medidas de aislamiento social obligatorio para controlar la epidemia, adoptadas por gobiernos territoriales y el Gobierno Nacional, dar atención prioritaria a personas infectadas, y un plan especial de emergencia social para atender a las poblaciones más vulnerables, como los trabajadores informales, cuentapropistas, trabajadoras del hogar y la economía del cuidado, del servicio de plataformas, personas en condición de discapacidad, población migrante y trabajadores con contratos laborales ad portas de sus pensiones. Y especialmente a los trabajadores del sector salud, que se juegan la vida en la primera línea del contagio sin la debida protección.
Medidas del Banco de la República: bajar la tasa de interés y hacer préstamos directos al gobierno central, no sólo a los bancos. Exigir de éstos apoyo efectivo con bajas tasas de interés a las Mipymes, para la protección del empleo, los salarios y los niveles de producción. Las actuales tasas de interés hacen muy costoso el crédito, así haya garantías del Estado.
Hacer uso de las reservas internacionales y utilizar otros mecanismos como emisión de bonos y crédito contingente para generar liquidez a la economía y fuentes de recursos para el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, con destinación exclusiva a la financiación productiva, la red pública de salud y los programas de asistencia social.
Solicitar la condonación parcial y reprogramación del pago de la deuda externa pública, para liberar recursos que se destinen a la atención de la emergencia sanitaria, con acciones como reforzar la red pública de salud, adecuación de unidades de cuidados intensivos, ampliación del número de camas, contratación laboral del personal de salud, dotación de elementos esenciales para el adecuado servicio, compra de medicamentos para afrontar la virosis, pruebas diagnósticas, campañas de prevención, entre otras.
Hacer uso, mediante crédito directo, de parte de los recursos ahorrados por los colombianos a través de los fondos privados de pensiones, a fin de apalancar el financiamiento de los procesos productivos del país y de las economías populares e informales (capital de trabajo, pago de nómina), para evitar que sean devorados por las prácticas especulativas del capital financiero legal e ilegal (paga diario o gota a gota).
Adoptar la renta básica universal, o ingreso mínimo vital, por una cuantía de al menos medio salario mínimo, dirigido a los informales, trabajadoras domésticas, autónomos, población en discapacidad sin ingresos, beneficiarios de Colombia Mayor, y demás personas en condición de pobreza. Esto se logra integrando los actuales fondos en un solo programa, financiado con los actuales recursos, y nuevas fuentes del Fondo de Ahorro y Estabilización de Regalías, recursos liberados por el no pago de los servicios de la deuda externa, recursos de las Cajas de Compensación Familiar y suspensión de las exenciones tributarias a los grandes capitales. La ENS ha insistido en la adopción de esta medida, que va más allá del actual ingreso solidario.
Crear la tasa Tobin a las transacciones financieras de los agentes económicos del sector financiero, y a los excedentes del sistema bancario y las inversiones especulativas.
Reasignar el gasto militar del presupuesto 2020 y 2021, para destinarlo a las medidas de emergencia económica, social y de salud pública.
La Centra Unitaria de Trabajadores remitió sendas cartas al Presidente Duque para solicitar medidas urgentes de protección de los derechos laborales, especialmente de las y los trabajadores más vulnerables, así como a los del sector salud.
Realizar un control fiscal preferente por parte de la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, y mediante una veeduría ciudadana que vigile los recursos girados por el gobierno nacional en uso de la emergencia económica.
Mantener en funcionamiento el Congreso de la República para realizar los controles constitucionales a las decisiones del gobierno, e impulsar una agenda legislativa de emergencia social.
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Escenarios de análisis: catástrofe a la vista
El Director General de la OIT, Guy Ryder sostiene que ya no se trata sólo de una crisis sanitaria mundial, sino de una importante crisis económica y del mercado laboral que está teniendo un enorme impacto en las personas. “Los trabajadores y las empresas se enfrentan a una catástrofe, tanto en las economías desarrolladas como en las que están en desarrollo… Tenemos que actuar con rapidez, decisión y coordinación. Las medidas correctas y urgentes podrían hacer la diferencia entre la supervivencia y el colapso».
El COVID-19 tendrá una amplia repercusión en el mercado laboral. Más allá de la inquietud y preocupación por la salud de los trabajadores y sus familias, según la OIT el virus y la consiguiente crisis económica repercutirán adversamente en el mundo del trabajo, en tres aspectos fundamentales:
1) la cantidad de empleo, tanto en materia de desempleo como de subempleo.
2) la calidad del trabajo con respecto a los salarios y el acceso a protección social. 3) los efectos en los grupos específicos más vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral, como los informales.
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Recesión y desempleo: lo peor está por venir
Si bien faltan estudios de los impactos, sin lugar a dudas los efectos de la pandemia son y serán devastadores en el corto plazo, con efecto de transmisión general de mediano y largo plazo en la economía, en el trabajo y la vida cotidiana. Esto sucederá así el virus pueda ser controlado y los sistemas de salud se preparen para lo peor.
Aplicando el modelo metodológico de la OIT, por efecto de la crisis en Colombia más de un millón 200 mil trabajadores perderían su empleo. Y al menos 15.5 millones de trabajadores en condiciones de precariedad laboral (informales, cuenta propia, domésticas, jornaleros) han perdido total o parcialmente sus ingresos laborales, lo que conduciría a un mayor empobrecimiento de la población si no recibe los subsidios de la emergencia económica y sanitaria.
De acuerdo con la OIT (2020), “la pandemia COVID-19 está teniendo un efecto catastrófico en el tiempo de trabajo y en los ingresos, a nivel mundial”. Las estimaciones de la OIT indican un aumento del desempleo mundial de entre 5,3 millones (hipótesis “prudente”) y 24,7 millones (hipótesis “extrema”). Mientras la crisis financiera mundial de 2008-2009 aumentó el desempleo en 22 millones”. Se estima, además, que entre 8,8 y 35 millones de personas estarán en situación de pobreza laboral en todo el mundo, frente a la estimación original para 2020.
“Todas las empresas, con independencia de su tamaño, deben afrontar graves problemas, en particular en los sectores de la aviación, el turismo y la hostelería, así como un grave riesgo de disminución de ingresos, aumento de la insolvencia y pérdida de puestos de trabajo en determinadas esferas. El mantenimiento de la actividad empresarial será especialmente difícil para las PYMES”, señala OIT.
El trabajo es el eslabón más débil en la relación laboral. En ese sentido son previsibles efectos adversos: reducción en la demanda de mano de obra, reducción salarial y de horas de trabajo, con una consecuencia directa en el aumento del desempleo, el subempleo, la informalidad y la pérdida de ingresos para el conjunto de la población que sólo vive de su trabajo.
Los subsidios del Estado serán insuficientes, lo que conllevará al empobrecimiento y mayor vulnerabilidad socio-económica de un amplio segmento de los trabajadores, especialmente de las mujeres y los adultos mayores.
El informe de la OIT establece que, a nivel mundial, se prevé que la crisis del COVID-19 destruirá el 6,7% de las horas de trabajo en el segundo trimestre de 2020, lo que equivale a 195 millones de trabajadores a tiempo completo, tomando una jornada de 48 horas semanales.
Se pronostican recortes a gran escala en los Estados Árabes: 8,1%, equivalente a millones de trabajadores a tiempo completo); en Europa: 7,8%, o sea 12 millones de trabajadores a tiempo completo; y en Asia y el Pacífico: 7,2%, equivalente a 125 millones de trabajadores. En América Latina ha causado la pérdida del 5.7% de las horas laborales, o sea 14 millones de trabajadores a tiempo completo, según OIT.
“El impacto sobre pérdida de ingresos es especialmente duro para los empleados no protegidos y los grupos de trabajadores más vulnerables de la economía informal”, sostiene el organismo multilateral. El mayor número de estos grupos está en economías de ingreso medio o bajo, como los países de América Latina, Asia y África, donde no tienen acceso a los servicios de salud, ni a la protección social ni a los riesgos laborales.
Se prevé además un aumento exponencial del subempleo, ya que las consecuencias económicas del brote del virus se traducen en reducciones de las horas de trabajo y de salarios. En los países en desarrollo es posible que las restricciones al movimiento de personas (por ejemplo, de los proveedores de servicios y mercancías) anulen en esta ocasión el efecto amortiguador que allí suele tener el empleo por cuenta propia.
Según la OIT (2020), “todas las empresas, con independencia de su tamaño, deben afrontar graves problemas, en particular en los sectores de la aviación, el turismo y la hostelería, así como un grave riesgo de disminución de ingresos, aumento de la insolvencia y pérdida de puestos de trabajo en determinadas esferas. El mantenimiento de la actividad empresarial será especialmente difícil para las PYMES”.
Las perspectivas económicas y en lo concerniente a la cantidad y calidad del empleo empeoran a un ritmo muy rápido. Si bien los valores actualizados de las previsiones fluctúan sustancialmente, y en gran medida infravaloran ampliamente la situación real, en todos los casos ponen de manifiesto efectos muy adversos en la economía mundial, por lo menos durante el primer semestre de 2020. Esas previsiones inquietantes auguran cada vez más una recesión a escala mundial, sostiene el informe de la OIT.
Como se ha constatado en crisis anteriores, es probable que los efectos adversos en la demanda de mano de obra conlleven amplios ajustes en materia de reducción salarial y de los horarios de trabajo. Esta situación plantea el debate sobre la reducción de la jornada laboral y las formas flexibles de contratación por horas.
De acuerdo con la Cepal (2020), el Estado debe asumir actividades de planificación que generen las condiciones para sostener y después estimular la oferta y la demanda. Esto requiere capacidades y recursos públicos, e instrumentos de política que deben diseñarse en línea con las capacidades productivas de cada país, buscando preservar las capacidades instaladas.
Hacia una crisis global: pronóstico reservado
La OCDE ha señalado que el crecimiento de la economía se verá muy afectado, bajando las previsiones a 2,4 del PIB mundial, pero que un brote «más duradero e intenso» podría reducir a la mitad el crecimiento: 1,5% en 2020.
América Latina y el Caribe creció a una tasa estimada de apenas 0,1% en 2019, y los últimos pronósticos de la CEPAL preveían un crecimiento de 1,3% para 2020. Sin embargo, las proyecciones «han sido revisadas a la baja significativamente en el actual escenario».
Se registran caídas en los mercados bursátiles que afectan las expectativas de las inversiones y los rendimientos de los fondos de pensiones, las cuentas de ahorro individuales y de las inversiones financieras. Las principales bolsas de Londres (FTSE 100), Wall Street (Dow Jones) y el Nikkei en Japón han visto grandes caídas desde que se confirmó el brote del virus en enero de 2020.
El informe de Naciones Unidas revela que se espera que el crecimiento económico, ya tibio, se desacelere marcadamente en 2020, con un alto riesgo de una recesión global. Los shocks económicos y financieros asociados con COVID-19, incluidas las interrupciones en la producción industrial, el aumento de la inseguridad, la pérdida de empleos y la volatilidad del mercado financiero, agravan los riesgos existentes y descarrilan la implementación de los ODS. La crisis social causada por la pandemia de COVID-19 podría estimular aún más la desigualdad, la discriminación y el desempleo en todo el mundo.
Hoy se evidencian 5 tendencias de cambio que inciden en la expansión y persistencia de la crisis global, además de la pandemia del COVID-19 y la crisis en el sistema de salud. La Cepa observa las siguientes tendencias en América Latina y el Caribe:
- Disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales y sus efectos en la caída de sus exportaciones, cuyo volumen y valor caerá por lo menos el 10,7% en 2020. La magnitud del impacto final dependerá de la estructura sectorial de cada país.
- Caída de los precios de los productos primarios, especialmente del petróleo. Las caídas marcadas de los precios y el deterioro de los términos de intercambio tendrán fuertes efectos negativos en los ingresos de las economías latinoamericanas. Contracción de la demanda mundial, en particular la de China, uno de los mayores consumidores e importadores de productos primarios. A principios de marzo la crisis geopolítica en el mercado del petróleo llevó a una reducción del 24% de los precios en menos de una semana, por la disputa entre Arabia Saudita, Rusia y EE.UU. Los precios llegaron a los niveles de 2001-2002: menos de 27 dólares el barril, lo que afectará los ingresos fiscales de los países petroleros como Colombia, Venezuela, México, entre otros.
- Interrupción de las cadenas globales de valor. La disrupción de las cadenas de suministro, comenzando por los proveedores chinos y la producción europea y estadounidense, afectan principalmente a México y Brasil, cuyos sectores manufactureros son los más grandes de la región.
- Menor demanda de servicios de turismo. La actividad turística en el Caribe se contraería un 25%.
- Empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, con una menor demanda de activos financieros de la región y una importante depreciación de las monedas de sus países, como está ocurriendo con el peso colombiano, que superó la barrera de los 4 mil pesos por dólar.
Casi el 99% de las empresas de América Latina son micro, pequeñas o medianas (mipyme), y constituyen la mayor parte de las empresas en casi todos los sectores de la actividad económica. Las personas empleadas en Mipyme son muy vulnerables a la crisis de la pandemia. El cierre temporal de sus actividades económicas y las medidas de cuarentena preventiva implicarán una importante reducción de los ingresos, por lo que no podrían pagar los salarios, las contribuciones de los empleados y los aportes a la seguridad social. Podrían incluso quebrar.
En América Latina las Mipyme aportan más del 61% del empleo total. En Colombia constituyen el 90% del tejido empresarial, generan el 80% del empleo formal y el 35% del Producto Interno Bruto. Los sectores más representativos son los servicios y establecimientos comerciales y la industria.
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El Estado. ¿al servicio de quiénes?
El mercado neoliberal está en crisis porque no hay suficiente producción, ni consumo, ni empleos, ni ingresos. La crisis de salud está afectando sensiblemente la oferta de bienes y servicios, así como la demanda de los hogares y de las empresas, y las decisiones de inversión.
Lo anterior exige la reorientación de las políticas fiscales y monetarias para atender y reforzar los sistemas de salud y las demandas sociales por medios de subsistencia como alimentación, salud y servicios domiciliarios de la población, e inyección financiera a bajo costo a la economía. Para los neoliberales, que tanto desprecian el papel interventor del gasto público, la esperanza de alivio en medio de la pandemia es el Estado Benefactor como salva vidas de la economía, de las empresas y de los derechos de los ciudadanos, en ese orden.
Frente a la crisis económica, los bancos centrales han reducido las tasas de interés, entre ellos la Reserva Federal de EE.UU., el Banco de Inglaterra y muy tardíamente en Colombia, con el fin de abaratar el costo del dinero, apalancar el crédito de consumo y financiar la economía en su conjunto.
Las medidas de los gobiernos no han sido suficientes y no parecen tener el impacto positivo deseado. Si no salvan vidas y empleos, si no generan un ingreso mínimo vital, no habrá reactivación de la actividad económica en el mediano plazo.
Para la Cepal, el nuevo coronavirus tendrá efectos «devastadores» sobre la economía mundial. La enfermedad pone en riesgo un bien público global esencial: la salud humana, e impactará a una ya debilitada economía mundial. También afectará tanto por el lado de la oferta como de la demanda, ya sea a través de la interrupción de las cadenas de producción como por la pérdida de ingresos y de ganancias debido a un alza del desempleo y mayores dificultades para cumplir con las obligaciones de deuda.
La crisis va a provocar una mayor concentración del ingreso y un mayor empobrecimiento de la población. Jeffrey Sachs, uno de los principales economistas de EE.UU., argumentó que “el PIB mundial estimado en 100 billones de dólares, de los cuales 10 billones (10% del PIB mundial) están en manos de 2.000 personas: los billonarios del planeta”. Frente a esa intolerable concentración del ingreso y la riqueza es necesario imponer un impuesto a la riqueza y a las transiciones financieras (Tasa Tobin).
Las políticas económicas y las medidas para contrarrestar esta crisis, originada por el mismo capitalismo financierista o rentístico, requiere reforzar la solidaridad y cooperación internacional, tanto en atención sanitaria como acciones de mitigación del riesgo. Y modificar las políticas de endeudamiento de las naciones, condonar la deuda externa a los países pobres, y una reducción sustancial con renegociación con los países de desarrollo medio.
El modelo rentístico de acumulación y las políticas neoliberales está llegando más lejos que en la crisis de 2008-2009, cuyos efectos derivaron en la destrucción de 25 millones de empleos y el salvamento del sistema financiero con los impuestos de los ciudadanos. Desde entonces vienen exigiendo que los trabajadores renuncien a los derechos, ahora piden que ofrenden la propia vida para no sacrificar la economía ni la acumulación, y que sean los trabajadores los que paguen el costo de la crisis.
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Medidas del gobierno de Duque
Mediante el decreto 444, en marzo el Gobierno de Duque declaró la Emergencia Económica y Sanitaria, con el fin de apoyar el funcionamiento del sistema público de salud, inyectar liquidez a la economía, especialmente del sistema financiero, para la financiación de las empresas, además de apoyar los ingresos y el consumo de los hogares más vulnerables, mediante el uso y destinación de $2,7 billones del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) y de 12,1 billones del Fondo de Ahorro y Estabilización de Regalías para atender la emergencia.
De igual forma el Gobierno autorizó el retiro de las cesantías para gastos del hogar y además dispuso que las Cajas de Compensación Familiar dispongan recursos para brindar un subsidio de dos salarios mínimos a las personas que queden cesantes, siempre que haya sido un trabajador formal con afiliación de más de un año a la Caja.
El gobierno creo el “ingreso solidario”, para el cual destina aproximadamente un billón de pesos, que incluye un aporte de $160.000 millones para tres millones de familias, $145.000 millones adicionales para 2.392.281 del programa “Familias en Acción”, y un giro por $356.000 millones para los 204.000 jóvenes inscritos en el programa “Jóvenes en Acción”. Sin embargo, el modelo de entrega de estos subsidios está contaminado por la corrupción. Aparecen como beneficiarias muchas personas suplantadas o vinculadas a redes clientelares.
El MinTrabajo expidió la Circular Externa No. 022 del 19 de marzo, por la cual establece estricta vigilancia y control a las solicitudes que los empleadores presenten para suspender contratos y hacer despidos colectivos. Y con la Resolución 0803 ratifica que “No está dando vía libre para que los empleadores procedan a suspender los contratos o a efectuar despidos colectivos”. No obstante, algunos empleadores están abusando de los trabajadores, otros cumplen adecuadamente, y otros, especialmente las MiPymes, claman ayudas del gobierno.
El presidente de la República parece inferior a los desafíos en tiempos de crisis. Ha pretendido gobernar la emergencia para tapar los líos de corrupción, la gravedad de la violencia política que asesina más líderes sociales, ante la falta de liderazgo político.
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ONU: primero la vida y el trabajo
En su informe sobre Financiación para el Desarrollo: COVID-19, las Naciones Unidas recomiendan:
- La comunidad global debe tomar medidas concertadas, contundentes y rápidas para mitigar el impacto de COVID-19, mantener la estabilidad económica y financiera, promover el comercio y estimular el crecimiento. Esto incluye ayudar a los países con sistemas de salud y fiscales débiles, incluso a través del soporte técnico
- Los donantes deben revertir inmediatamente la disminución de la Asistencia Oficial para el Desarrollo, en particular a los Países Menos Adelantados.
- La comunidad internacional debe suspender inmediatamente los pagos de la deuda de los países menos adelantados. Los Estados acreedores bilaterales deben liderar medidas similares para proporcionar nueva financiación al desarrollo, y crear un Fondo Mundial por la salud, el empleo y contra la pobreza.
- Disminuir el exceso de apalancamiento en el sector privado si las deudas contraídas no están destinadas a inversiones productivas, sino solo a rendimientos crecientes de los accionistas, como son los títulos de deuda pública adquiridos por los Fondos Privados de Pensiones.
Se requiere mantener viva la llama de la solidaridad colectiva, la ayuda mutua y los mecanismos de protección social para evitar que las consecuencias de la crisis sean peores para la población. Para ello se requiere una vivificante deliberación pública democrática, a fin de promover los cambios urgentes que pide el sistema de salud y las políticas económicas.
En medio de las crisis nace la esperanza de un mejor porvenir.
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