La crisis carcelaria en Colombia se ha agudizado por estos días con la pandemia del Covid – 19
Por Giancarlos Delgado H.*
El pasado 21 de marzo en el marco de un ejercicio de protesta convocado por el “Movimiento Nacional Carcelario” en varios centros penitenciarios, para exigir la declaración del estado de emergencia carcelaria a causa del COVID – 19, se dieron enfrentamientos en la cárcel Modelo, entre funcionarios del INPEC y las personas privadas de la libertad que resultó en 23 muertos y 83 heridos.
Lo anterior, sucedió en el contexto de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud el 12 de marzo, sumado a la declaración de cuarentena en Medellín y Bogotá el 20 de marzo, lo que a escala nacional prendió las alarmas sobre la propagación del virus y los cuidados necesarios para evitar el contagio, siendo la medida más pertinente el lavado de manos constante y evitar el contacto físico cercano; ambas, medidas imposibles de llevar a cabo en las actuales condiciones de las cárceles colombianas.
Ahora bien, este lamentable hecho es la expresión de una crisis que data de hace más de 20 años en Colombia. Las precarias condiciones de los centros penitenciarios del país y la ineficacia del Estado para hacerle frente a un tratamiento digno a las personas que hacen parte del sistema carcelario, ha sido el rasgo característico, que en tiempos del COVID – 19, logra manifestarse de forma excepcionalmente violenta. (Ver Sentencia T-53 de 1998 )
A propósito de lo sucedido el 21 de marzo en la Cárcel la Modelo, presentamos una “radiografía” del estado de la crisis y sus impactos en la vida de trabajadores, pero también de las personas privadas de la libertad de frente al riesgo que implica el COVID – 19.
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¿Por qué hablar de una crisis carcelaria en Colombia?
Antes de que entráramos a la coyuntura del coronavirus, en Colombia la situación de las cárceles se hacía insostenible, desde asuntos asociados a la infraestructura física e institucional, hasta problemáticas como la corrupción, hacen de los centros penitenciarios un espacio tortuoso para todas las personas que hacen presencia en ellos (personas privadas de la libertad y sus familiares, trabajadores del INPEC, personal administrativo, entre otros).
No obstante, el tema más recurrente ha sido el hacinamiento, que según el diario El Espectador, supera en un 48% por sobrepoblación, cifra que dependiendo de la cárcel puede aumentar, como sostiene en una carta dirigida a la ONU en el 2012, a través de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los D.D.H.H., por parte del Movimiento Nacional Carcelario: “es tan la dramática situación que se vive dentro de los penales en Colombia, que el hacinamiento en algunos pabellones de cárceles como la Modelo, la Picota, el Buen Pastor (para mujeres) en Bogotá, o Bellavista en Medellín y Villanueva en Cali, superan el 400%”.
Al hacinamiento, habría que agregar que las condiciones de salubridad, acceso a agua potable, alimentación y atención en salud no son las adecuadas. Siendo este último asunto un aspecto de suma importancia, pues se trata de una población vulnerable dadas las condiciones de precarización a las que son reclusos. El estado mismo de las cárceles hace que las personas que se integran al sistema carcelario, sea como presos, trabajadores o familiares, se hagan inmediatamente vulnerables a las condiciones inhumanas de sostenimiento de la vida en estos espacios.
A su vez, si adentramos en la raíz del asunto, se hace evidente que la crisis no se resuelve construyendo más cárceles o con adecuaciones arquitectónicas, pues el tratamiento que se da a las personas al interior de las mismas corresponde a un modelo punitivo que enfoca sus acciones en el castigo y no apunta a la resocialización, como señala Leider Perdomo, representante de la seccional Antioquia del Comité de Solidaridad con los presos políticos.
Según Perdomo, “Hay que ir al origen del asunto, y esto tiene que ver con la política criminal que se desarrolla en Colombia y todo su sistema político, que ve las cárceles como la única solución a cualquier problema social que se manifieste, y eso lo que genera es un incremento de penas, una disminución de garantías y lo que considero más grave, una criminalización constante de conductas, en este país todo da cárcel, pero el sistema penitenciario es insuficiente, así cualquier cárcel colapsa. Mientras ese sistema continúe, las cárceles seguirán siendo lugares de tortura y horror que no cumplen ninguna labor de resocialización”.
De ahí que la crisis carcelaria, no se limita estrictamente al hacinamiento, sino que remonta sus orígenes en la manera en que el Estado y la sociedad lee a las personas privadas de la libertad, y de la forma en que las rejas se postulan como una práctica de castigo que deriva en la violación de Derechos Humanos.
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¿Cómo es trabajar en el INPEC en medio de la crisis por el COVID – 19?
Antes que se declarara la crisis sanitaria en Colombia, la Asociación Sindical Unitaria de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano, UTP, envío a Norberto Mujica James, Director General del INPEC, una misiva solicitando medidas preventivas frente a la pandemia, pues en las condiciones expuestas anteriormente, es obvio suponer que el contagio escalaría a consecuencias letales. La carta también expresaba una preocupación por la poca diligencia, respecto a las medidas necesarias para evitar que derivara en un problema mayor, como se expresa en su párrafo de cierre:
“Con ocasión a las consecuencias alarmantes que se pueden dar con la presencia del COVID – 19 al interior de los ERON [Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional] los riesgos son inminentes y ponemos toda nuestra organización y su campo de acción para que actuemos por un mismo objetivo, el de salvaguardar la salud e inclusive la vida de las personas de las Personas Privadas de la Libertad, sus visitantes, todos los Servidores Públicos Penitenciarios en Colombia”.
La carta fue enviada el 11 de marzo, y a casi un mes de su publicación, las medidas que se han tomado han sido la suspensión de visitas a reclusos y el uso de tapabocas por parte del personal del INPEC, siendo la primera un motivo de descontento pues si bien contenía las posibilidades de contagio, generaba una sensación de desespero y tensión en los reclusos, y no permitía que estos accedieran a artículos de aseo que usualmente son dadas por parte de familiares en las visitas.
En medio de esta tensión, habría que resaltar que el personal del INPEC no solo se encarga de labores asociadas a la seguridad y administración en las cárceles, sino que en el relacionamiento cotidiano con los reclusos existe una carga laboral adicional que implica el tratamiento indirecto de las afectaciones emocionales y psicológicas de las personas privadas de la libertad, como señala Luis Pinzón, Secretario Nacional de Derechos Humanos de la UTP refiriéndose a las cargas laborales de los trabajadores del INPEC;
“Cuando hablan de hacinamiento se suele enfocar a la situación de las personas privadas de la libertad y nosotros sabemos que sufren por esto, pero las condiciones laborales en las cárceles son muy complejas por todos los frentes, nosotros también estamos hacinados, también nos enfrentamos a condiciones insalubres en el trabajo, y debemos estar vigilando constantemente que haya orden en personas que no se sienten bien anímicamente, ¿usted se imagina esto cómo se pone cuando los reclusos sienten que si llega el coronavirus están en alto riesgo de muerte? Eso un peso muy alto”.
Si situamos la presión existente a las condiciones laborales de los trabajadores del INPEC en el contexto de pandemia, notamos que las tensiones tienden al aumento, y las medidas tomadas desde la dirección del sistema penitenciario para mitigar el riesgo de contagio, pero también de enfrentamientos o acciones de violencia – física, psicológica, simbólica – al interior de las cárceles son insuficientes.
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Personas privadas de la libertad; ¿vidas que “no merecen ser lloradas?”
Para la redacción de este artículo se hizo un rastreo en diversos medios de comunicación con el objetivo de indagar sobre las personas que murieron y fueron heridas en el enfrentamiento del 21 de marzo, en ninguna de las notas de prensa ni programas radiales se encontró información de estas personas más allá de que eran privadas de la libertad y que el hecho sucedió en La Modelo.
Esto nos pone ante una reflexión respecto al valor de vida de las personas privadas de la libertad, que no sólo se ven afectadas al entrar en los centros penitenciarios y las condiciones precarias que hay en los mismos, sino que pierden un “status” para ser consideradas vidas de las cuáles socialmente podamos sentir empatía o reconocimiento respecto a sus riesgos de muerte o vulnerabilidad, como señala la autora Judith Butler en “Marcos de guerra, las vidas lloradas” socialmente se definen las vidas “que merecen ser lloradas”:
“Tales poblaciones son «perdibles», o pueden ser desposeídas, precisamente por estar enmarcadas como ya pérdidas o desahuciadas; están modeladas como amenazas a la vida humana tal y como nosotros la conocemos, en vez de como poblaciones vivas necesitadas de protección contra la ilegítima violencia estatal, el hambre o las pandemias. Por eso, cuando tales vidas se pierden no son objeto de duelo, pues en la retorcida lógica que racionaliza su muerte la pérdida de tales poblaciones se considera necesaria para proteger las vidas de «los vivos»” (pág. 54).
En Colombia, entrar a una cárcel implica perder los derechos humanos, y los mínimos para la garantía de la vida digna que esto implica, algunos derechos tan elementales como la vida o el acceso a agua potable se ven afectados en cuanto entras como recluso a un centro penitenciario, y como resalta la autora, socialmente aceptamos que estas vidas no son merecedoras de tales derechos, siquiera de un duelo.
La crisis carcelaria es la expresión de un modelo carcelario que deshumaniza a los sujetos que le integran, desde trabajadores del INPEC, personas privadas de la libertad y sus familias se enfrentan constantemente a prácticas que ponen en cuestión el carácter de lo “humano”. A esto se refiere Erica Prieto, Presidenta de la Corporación Jurídica Lus Humanitas, e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos:
“Dentro de las cárceles hay muchas formas de experimentar la deshumanización, desde los trabajadores hasta los reclusos viven a diario las consecuencias de un sistema punitivo que tiene como requisito de entrada la pérdida de garantías de los Derechos Humanos, ese es el “peaje” que se paga en Colombia por al entrar a una cárcel”.
El COVID – 19 no se inventó la crisis carcelaria, pero sí generó las condiciones para que las tensiones existentes llegaran a su límite, el maltrato como práctica sistemática encuentra el contexto propicio para recrudecerse, pues el cuidado de la vida tan necesario para evitar el contagio, no es un aspecto que se piense como necesario en estos espacios
Prieto dice que “Las cárceles son un caldo de cultivo para el coronavirus, pues estamos hablando de personas con deficiencias alimentarias, defensas bajas, imposibilidad de acceder al sistema de salud y hacinamiento total, a eso le sumas que la gran mayoría de las prisiones una forma de escarmiento a reclusos es córtales el agua, o a otras cárceles ni llega. El asunto es de miedo a morir, porque sienten que están cerca de ello todos los días”.
La crisis carcelaria es bomba de tiempo y hay que resolver las siguientes preguntas; ¿cuántas muertes se necesitan para reconocer las vidas de las personas privadas de la libertad?; ¿cuándo tendrán los trabajadores del INPEC condiciones dignas de trabajo?, Y por último y no menos importante, ¿qué soluciones se darán cuando el COVID – 19 se instale en las cárceles colombianas?
*Investigador de la Escuela Nacional Sindical. Coordinador proyecto de seguimiento a cadena de suministro de la Palma de Aceite en Colombia.
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