Plan de Subdesarrollo: un atentado al derecho a la paz

Imagen tomada de dernegocios.uexternado.edu.co

La pregunta es: ¿el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que presentó este Gobierno ofrece los respaldos necesarios para  garantizar el derecho a la paz de los y las colombianas?

Por Ana María Amado Correa. Directora Área de Defensa de Derechos.  ENS

El Gobierno Iván Duque tiene grandes retos en materia de garantía, protección y promoción de los derechos humanos, con especial atención en las personas que son perseguidas y asesinadas por defender derechos laborales, del medio ambiente, de poblaciones y del territorio; por exigir la restitución de tierras, apoyar la paz, denunciar la corrupción y liderar protestas y movilizaciones sociales.

En este contexto la pregunta es: ¿el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que presentó este Gobierno ofrece las garantías necesarias para afrontar estos retos y continuar con el proceso de construcción de paz en Colombia?

Creemos que no, que el PND del Gobierno de Iván Duque adolece de falta de enfoque de derechos. En la lectura de sus bases y en el capítulo “Pacto por la construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas”, se encuentran premisas regresivas en materia de paz: como la negación del conflicto armado en Colombia, simplificando el fenómeno con la teoría del enemigo interno y la amenaza del terrorismo; la supuesta satisfacción de derechos a partir de la promoción del emprendimiento; y la suposición de que la paz estable depende del aumento en la fuerza pública en los territorios.

Esto último lo ratificó la directora del Departamento Nacional de Planeación, Gloria Alonso, cuando dijo que el Pacto por la Construcción de Paz contenido en el PND “contribuirá a que los ciudadanos cuenten con la presencia efectiva del Estado en sus territorios promoviendo la convivencia pacífica y mitigando el riesgo de reaparición de la violencia”.

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El PND puntualiza que las obligaciones asumidas por el Gobierno para cumplir con el Acuerdo de Paz serán de medio y no de resultado, por tanto realizará los “mayores esfuerzos”, indicando que en todo caso el cumplimiento se supedita a la  condicionalidad e integralidad, gozando el gobierno de un margen de apreciación  para elegir los medios más apropiados. Aspecto éste que deja que pensar ya que el Acuerdo de Paz debe cumplirse a cabalidad, sin márgenes de apreciación.

Esa actitud regresiva del Gobierno Duque frente al Acuerdo de paz con las FARC, se plasma en el PND de la siguiente manera:

Se recorta el presupuesto

El Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno y las FARC estableció la creación del Plan Plurianual de Inversiones, con base en el cual se planteó la obligación, en cabeza del Gobierno, de incluir rubros específicos para la implementación de los acuerdos de paz, dineros adicionales a los establecidos para los demás sectores. Pese a ello, en el artículo 4 del Plan de Desarrollo se lee lo siguiente:

“El Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019-2022 se estima en un valor de $1.096 billones, a pesos de 2018, el cual incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz de forma transversal, estimado en $37,1 billones”.

Es decir, una suma insuficiente si se tiene en cuenta que el Plan Marco de Implementación el Acuerdo de Paz costaría unos $129.5 billones, como quedó inscrito en el documento Conpes (3932 de 2018) elaborado por el gobierno de Santos, que Iván Duque ignora en su Plan de Desarrollo al destinar solo el 29% de este rubro en la construcción de paz, lo cual es un aspecto grave.

No incluye temas claves para garantizar el derecho a la paz

Como lo ha destacado la Representante a la Cámara Juanita Goebertus, el Plan de Desarrollo no tiene en cuenta las zonas más afectadas por el conflicto, consagradas en  el Acuerdo de Paz. Por el contrario, habla de “intervención y consolidación” en zonas que han sido altamente afectadas por la pobreza y tienen presencia de economías ilegales, mediante la figura de Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), priorizando la presencia de la fuerza pública en los territorios, y no la atención integral con garantía de derechos, que resulta fundamental para la construcción de paz.

Frente a la sustitución de cultivos ilícitos, el PND no inserta metas claras. Plantea avanzar en 64.000 hectáreas, cifra que contrasta ampliamente con las 280.000 hectáreas meta para la erradicación forzada. Adicionalmente, ignora que el Plan Marco de Implementación para la Paz legado por Juan Manuel Santos estableció que serían necesarios 2.5 billones para cumplir con el acuerdo de sustitución de cultivos ilícitos.

En relación con el capítulo “Campo con promesa”, el PND centra su enfoque en el desarrollo y la productividad, ignorando la economía campesina, la pequeña economía agraria y la democratización de la propiedad de la tierra. Prioriza la línea de crédito y subsidio a cadenas de valor agroindustrial.

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También en el Plan de Desarrollo brilla por su ausencia la creación del Ministerio para el Posconflicto, aspecto que evidencia la insistencia del Centro Democrático de negar la existencia del conflicto armado interno en Colombia, simplificando el fenómeno a través de la amenaza del terrorismo y la teoría del enemigo interno.

Ignora al Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR) lo conforman la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Sistema que resulta fundamental para la reconstrucción del tejido social en Colombia, y para que la triste historia del conflicto armado interno no vuelva a repetirse, o lo que sería peor aún: transmute en una espiral incontrolable.

A pesar de lo anterior, el gobierno de Iván Duque de forma sistemática le ha puesto palos en la rueda al funcionamiento del SIVJRNR. Tras las fallidas objeciones a la JEP la nueva arremetida se oculta en el Plan Nacional de Desarrollo, que exclusivamente destina recursos al componente de reparación de las víctimas, para lo cual dispone de un Fondo de 1.213,6 miles de millones de pesos. Pero ligado a la obtención de recursos derivados de los bienes extintos que no hayan sido entregados por la Farc. ¿Y que hay de la reparación por parte de los demás actores vinculados al conflicto armado interno? Nada.

Por otra parte, el componente reparación carece de criterios claros de priorización o focalización. Hace referencia exclusiva a la Ley 1448 de 2011 y no al Acto Legislativo 01 de 2017, en virtud del cual se crea el SIVJRNR. Y parte de la noción de víctimas como personas en condiciones de vulnerabilidad, y no como sujetos de derechos, piedra angular del Acuerdo de Paz y cuya dignificación constituye una prioridad.

Adicionalmente, el concepto de reparación inscrito en el PND hace énfasis en la reparación económica por parte de los victimarios, y que las víctimas “nunca serán agredidas por la impunidad”, (Páginas 695-695 del Plan de Desarrollo) evidenciando una ausencia absoluta de la garantía del derecho a la verdad y a la justicia restaurativa como fundamentos de la no repetición, enfoque que claramente se encuentra inscrito en la reparación propuesta por el SIVJRNR.

En conclusión, puede afirmarse que el PND del Gobierno Duque desconoce la ruta trazada en el Acuerdo de Paz suscrito por el Estado colombiano y las FARC, insertando elementos que desafían las disposiciones constitucionales, ignoran al SIVJRNR y vulneran flagrantemente el derecho a la paz, condenándonos a entrar en un círculo vicioso sin fin.

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