Salarios, inflación, empleo y productividad

109.104 empresas de manufactura, comercio y servicios están autorizadas para reiniciar actividades

Por estos días uno de los temas más frecuentes son los salarios que se pagarán el año entrante. Este es un análisis sobre el tema.

Por: Carlos Julio Díaz Lotero

En el marco de las negociaciones del salario mínimo, han resurgido las desgastadas teorías neoliberales que por más de 30 años se han venido implementado en nuestro país para, supuestamente, crear empleo y formalizar el trabajo. Estos argumentos parten del supuesto de que el desempleo y la informalidad laboral son causados por los salarios que se presumen demasiado elevados, y por las excesivas regulaciones laborales.

Debe rechazarse enérgicamente el punto de vista de funcionarios del gobierno y académicos neoliberales, que enuncian que la causa primaria de la inflación, el desempleo y la informalidad laboral son los aumentos en los salarios. La propuesta de un salario mínimo equivalente al 80% del actual es, por demás, absurda en un contexto deflacionario por falta de demanda. Si bien es cierto que los aumentos en los salarios mayores que la tasa de inflación y el crecimiento de la productividad tienen el efecto de aumentar el costo de producción, que trasladado a los precios puede causar más inflación, no puede argumentarse seriamente que esto es lo que viene ocurriendo en Colombia.

En los últimos 5 años hemos tenido incrementos del salario mínimo por encima de la tasa de inflación, y ésta ha sido inferior al aumento de los salarios en el año subsiguiente. Esto se debe a que los costos laborales participan con menos del 30% de los costos de producción, por tanto, su impacto es muy bajo en la estructura de costos de las empresas. A manera de ejemplo, el 6% de incremento del salario mínimo en el año 2019 solo impacta en el incremento de los costos en un 1,8% en empresas en que los costos laborales son el 30% de los costos totales.

En cambio, debido a la debilidad de la demanda interna por causa del alto desempleo e informalidad laboral debido a la destrucción de parte del tejido empresarial a causa del COVID 19, los aumentos en los salarios y las transferencias monetarias a las familias con bajos o ningún ingreso son esenciales para el correcto funcionamiento de la economía. Y si se acoplan con inversiones de capital físico, son un factor antiinflacionario. Además, lo único que puede proporcionarles a las empresas colombianas un mercado interno creciente para sus productos y servicios, es el aumento de la capacidad adquisitiva real de los trabajadores.

El desarrollo económico no es posible sin el desarrollo de la productividad de la fuerza de trabajo, que, aparte de la infraestructura, requiere de una robusta política en ciencia y tecnología, fuerza laboral calificada, promoción de una cultura de respeto a la libertad sindical, al diálogo social y a la negociación colectiva, a fin de desarrollar mecanismos distributivos de la riqueza y de participación de los trabajadores en la gestión de las empresas.

La infraestructura de transporte es la correa de transmisión de una economía moderna. Sin su desarrollo suficiente el aumento de la inversión en manufacturas y la producción de alimentos tendrá limitaciones. Entre 1965 y 1990 Corea del Sur gastó más del 50% de su presupuesto total de inversión en infraestructura de transporte, lo cual fue clave para el extraordinario crecimiento industrial que ha tenido.

Esto se debe a que, si bien la infraestructura no produce bienes tangibles, produce algo más importante: productividad. La capacidad de movilizar productos en forma rápida y barata disminuye los costos de producción,lo cual fomenta la instalación de nuevas industrias con menores costos y, por tanto, con la posibilidad de generar mayores ganancias pagando mejores salarios.

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Sin infraestructura suficiente se vuelven excesivos los costos de producción de muchos productos manufactureros y agrícolas. Mientras más modernas, diversificadas e integradas sean las empresas manufactureras de una nación, más dependen de la red de transporte para movilizar de una unidad de producción a otra las materias primas y productos semimafacturados en las diferentes etapas de la cadena de producción.

Las expresiones más importantes de cuán desarrolladas están las manufacturas y las actividades agropecuarias de un país, son la diversidad de productos manufacturados y el grado de especialización de la producción. Es decir, cuán extensa es la división del trabajo. Sin transporte adecuado y sin energía barata y suficiente, tal diversificación es imposible.

Pero la infraestructura de transporte en Colombia está en un estado lamentable a causa de la corrupción y las limitaciones presupuestales debido a la subordinación del gasto público a lógicas especulativas. En Colombia los sobrecostos y la mala calidad de los proyectos son excesivos. Los casos de Hidroituango y las obras de infraestructura desarrolladas por Odebretch, que implicaron sobrecostos y mala calidad por los sobornos son entre otros la Ruta del Sol II, el otrosí para Ocaña-Gamarra, la Central Hidroeléctrica la Miel, las plantas de tratamiento de aguas residuales de Salitre y Cañaveralejo, el gasoducto Sebastopol en Medellín, la termoeléctrica Termoemcali y la Transversal de Boyacá, entre otras.

El atraso de la industria de bienes de capital, así como la mala distribución geográfica de las pocas manufacturas que tenemos, son el resultado de la inadecuada red de transporte del país. La mayor parte de la raquítica industria manufacturera son industrias ligeras de “sustitución de importaciones” para el consumo de los mercados locales de unas cuantas ciudades.

La incapacidad de la infraestructura de transporte limita el intercambio de bienes intermedios y equipos entre los pocos centros de bajo desarrollo industrial que tenemos. Nuestra red de carreteras rurales y caminos vecinales por los que llevan los productos agrícolas a los mercados, es aún peor. La mayoría de nuestras carreteras están sin pavimentar, o en mal estado las pavimentadas. Y en los caminos vecinales la velocidad promedio es muy baja.

La incapacidad de la red de transporte de llevar insumos al campo y traer sus productos a la ciudad, limita el desarrollo de la agricultura y hace casi imposible iniciar industrias en los centros urbanos. El consecuente aislamiento de la mayoría de nuestros pueblos y veredas solo ayuda al desarrollo de los cultivos ilícitos, el tráfico de drogas, y el desarrollo de estructuras criminales como los Caparrapos, los Rastrojos, el Clan del Golfo, los Pachelly, entre otros.

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Para promover el desarrollo económico y social se requieren unas medidas de corto y otras de largo plazo como las siguientes:

1- Medidas de corto plazo

El propósito de la política monetaria y económica a corto plazo es facilitar la distribución de crédito a bajo costo, dar subsidios, estimular las ventas, y crear fuertes incentivos para la reinversión productiva en la economía nacional. Dentro de esta tenemos las siguientes:

  • Reducir las tasas de interés. Éstas deben ser inferiores a la tasa de rentabilidad de los negocios, de lo contrario el capital financiero no cumple el rol de promotor del desarrollo sino de parásito de la economía. A pesar de que las tasas de interés del Banco República son del 1,5%, éstas no se transmiten a los consumidores y el sector empresarial.
  • Encausar el crédito al sector productivo. Orientar el crédito al sector productivo, definido éste por la agricultura, minería, manufacturas, construcción, energía y transporte, en condiciones favorables ayudará a reactivar la economía y a generar un crecimiento no inflacionario. El argumento neoliberal de que elevar las tasas de interés es una medida antiinflacionaria, es absurda, y lo desmiente la experiencia de otros países.
  • Un fondo para nuevos créditos a bajo costo, o crédito de fomento. Debe crearse con emisión primaria un fondo de $100 billones para prestarlo a las empresas que se propongan invertir en manufacturas y mejoras agrícolas (tractores, innovación, etc.) a tasas inferiores al 4% efectivo anual por medio de la banca pública y privada, o a entidades oficiales para infraestructura.
  • Condonar y/o refinanciar las deudas existentes. Las deudas actuales de empresas productivas deben ser condonadas o refinanciadas a tasas bajas.
  • Congelamiento y o reducción de precios. Debe hacerse por decreto o vía legislativa para los precios de ciertos artículos básicos de la canasta familiar: gasolina, servicios públicos domiciliarios, etc. Ello estabilizaría el nivel de vida y aliviaría la presión al alza de salarios por motivo del aumento de precios. La pérdida de ingresos de algunas empresas por esa medida se verá compensada por los ahorros en costos financieros.
  • Modificar la política arancelaria. La política de aranceles debe ponerse al servicio del desarrollo nacional. Los aranceles deben proteger la producción de los bienes y productos agrícolas nacionales. Para los insumos y equipos que se requieran en los procesos productivos del país se deben bajar los aranceles a cero.
  • Tasa de cambio ajustada y regulada.  Para favorecer las importaciones de bienes de capital y bienes intermedios que no se produzcan en el país, se debe establecer el control de cambios y una tasa de cambio según la capacidad de compra interna de las monedas. Esto favorece también el servicio de la deuda pública.
  • Reducir el servicio de la deuda en el presupuesto público. El gobierno debe hacer gestiones para solicitar condonación de parte de la deuda y para suspender y/o aplazar los pagos de la deuda, que se consume casi el 25% del presupuesto del 2021. Esto liberaría recursos para la inversión en infraestructura y para el gasto social.
  • Aumento general de salarios. Es indispensable para lograr el aumento general de vida de la población trabajadora. El ahorro en costos financieros hará que esta medida no tenga un impacto negativo en las finanzas de las empresas.
  • Renta básica de emergencia. La propuesta que la bancada alternativa ha venido promoviendo en el Congreso, de sumar en un solo fondo todas las trasferencias monetarias y pagar un salario mínimo en promedio durante tres meses a unos 9 millones de familia pobres, y medio salario por dos meses más, es una medida necesaria para crear demanda interna en un contexto de alta debilidad de ésta a causa de la pandemia.
  • Programa de capacitación y actualización de los trabajadores. Por medio del SENA se debe adelantar un programa de formación profesional para el trabajo en nuevas tecnologías y en apoyo al sector agropecuario.
  • Apoyo a nómina de MIPYMES. El estado debe apoyar con un salario mínimo por trabajador a las MIPYMES que subsisten y aportan la mayor parte del empleo del país.
  • Empleos de emergencia. Se deben adelantar programas de construcción y mantenimiento de vías terciarias y caminos vecinales en las zonas rurales, y empleos en actividades sociales y del cuidado en los centros urbanos para jóvenes y mujeres.
  • Suspender importaciones de alimentos. Se debe suspender de inmediato la importación de productos agrícolas que el país produce y/o puede empezar a producir con un apoyo de las políticas públicas.

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2- Proyectos de largo plazo

  • Renovar la red de transporte. Ello abarca la construcción de ferrocarriles, una amplia red de carreteras y una gran expansión del transporte fluvial.
  • Restructuración y reactivación del sector agropecuario. Se necesita restructurar la agricultura y la ganadería, reorientando actividades agrícolas en las grandes extensiones que hoy se usan para la ganadería, y tecnificando la producción de carne de res, porcina, pollo, etc. En este marco se debe adelantar, con producción nacional, un programa de sustitución de los 12 millones de toneladas de alimentos que importamos.
  • Reforestación. Se deben reforestar las erosionadas cordilleras andinas e impulsar el desarrollo de la silvicultura y la industria maderera.
  • Desarrollo de la industria pesquera. Debe desarrollarse una gran industria pesquera, aprovechando no solo los recursos marinos sino los de agua dulce en las cuencas del Orinoco y Amazonas.
  • Desarrollo de la industria pesada. Promover el desarrollo de la industria pesada, especialmente la industria básica de acero y del sector de máquinas y herramientas.
  • Otros proyectos de infraestructura. Se requieren a su vez distritos de riego, y un desarrollo de la energía hídrica en procesos concertados con las comunidades.

Carlos Julio Díaz Lotero

Carlos Julio Díaz Lotero es Contador Público de la Universidad de Medellín. Especialista en Planeación urbano regional de la Universidad Nacional. Ex – presidente de la CUT Antioquia. Actualmente es Director Encargado de la Escuela Nacional Sindical

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