Los salarios son la fuente principal de la demanda, sin demanda no hay consumo y sin consumo no hay producción ni empleo.
Por Héctor Vásquez Fernández
Desde una perspectiva neoliberal y patronal de corto plazo, el trabajo es un costo que supone que mientras más bajo sea, más competitivas son las empresas y más empleo generan. Esta forma de concebir el trabajo deshumaniza y cosifica al trabajador, lo vuelve mercancía, y al despersonalizarlo, deja de ser sujeto de derechos. Además de esta perversión, esta concepción no tiene en cuenta que la remuneración del trabajo es la fuente principal de la demanda, y que sin demanda no hay consumo, ni producción, ni empleo.
Esta forma de pensar ha sido la dominante en las élites económicas y políticas colombianas, y ha conducido a que tengamos una economía que, en materia de producción de riqueza, medida a través del indicador Producto Interno Bruto, (PIB), sea una de las economías más pobres del planeta, como por ejemplo lo muestra el PIB per cápita, que en Colombia en 2019 fue de 5.792 euros, mientras que en el promedio de los países de la OCDE fue de 36.358 euros, es decir, 6,3 veces más que el PIB per cápita colombiano.
Tal como lo ilustra la tabla anterior, la principal razón que explica este pobre resultado son los bajos salarios y las malas remuneraciones de los trabajadores y trabajadores colombianos: según el DANE, el ingreso per cápita promedio a nivel nacional representa apenas el 80.3% del salario mínimo legal, y no es porque el salario mínimo sea muy alto, como lo alegan la patronal, Fedesarrollo, Anif, la ANDI y el Ministerio de Hacienda, sino porque en Colombia la mayoría de la gente trabaja en la economía informal, (trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares sin remuneración, trabajadores asalariados en empresas de 10 o menos trabajadores), y porque en Colombia tenemos muy poco sindicalismo y muy poca negociación colectiva, lo que hace que en la mayoría de las empresas los trabajadores no tengan ninguna capacidad de incidencia en la determinación de sus remuneraciones.
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En Colombia la tasa de sindicalización es apenas del 5% de la población ocupada y sólo el 5.5% de los trabajadores se beneficia de alguna convención o acuerdo colectivo de trabajo, en la mayoría de los países de la OCDE la tasa promedio de sindicalización es del 25.2%, -la lista va desde Islandia con un 90,4%, hasta Estonia con un 4,5%-, y la cobertura de la negociación colectiva beneficia en promedio al 47.3% de la población trabajadora asalariada, -la lista la encabeza Francia con el 98.5% de cobertura, y la cierran Turquía y Lituania con el 7%. Lo anterior según datos de la OCDE en 2017.
Lo que no tiene en cuenta, o no le importa, a esta concepción neoliberal de la economía, es que los salarios de los trabajadores representan la mitad del consumo de los hogares, (la otra mitad está constituida por las remesas y principalmente por la ganancia del capital); que este consumo es la variable que más incidencia tiene en el crecimiento de la economía en tanto representa el 69% del PIB. Por tanto, si el consumo de los hogares es la variable más incidente en el crecimiento de la economía, si la mitad de este consumo está representado por la salarios de los trabajadores, y si gran parte de la política laboral de empresarios y gobierno es reducir el costo del factor trabajo, este círculo perverso nos va a conducir siempre a una economía muy pequeña, que excluye de los derechos a la mayor parte de la población trabajadora, y a la mayor parte también del universo empresarial, constituido mayoritariamente por las mypimes.
Son pues los bajos salarios y las malas remuneraciones de los trabajadores, lo que explica que el principal problema que tienen las empresas para ser competitivas sea la demanda de sus bienes y servicios, no los costos laborales: el mercado interno es tan pequeño que unas pocas empresas lo cubren sobradamente en todas las actividades, empresas que están controladas por compañías transnacionales, o que pertenecen a los grupos económicos más poderosos del país, que tienen tal poder, que han subordinado completamente la política pública a sus intereses.
El resto de empresas, principalmente las mypimes, apenas sobreviven en ese mercado controlado por grandes empresas, por lo que, para la gran mayoría de ellas, operar al margen de la economía formal constituye una estrategia de sobrevivencia, pues sus resultados y su posición en el mercado no les permiten asumir los costos de la formalización, (registrarse, llevar contabilidad, pagar impuestos), ni reconocerles a sus trabajadores los derechos establecidos en la legislación laboral, (como el pago de un salario mínimo, cesantías, dotación, prima legal y afiliación al sistema de protección social).
Y es esta la razón que explica la alta prevalencia del trabajo por cuenta propia, el 42.4% de la población ocupada. Para el 80% de las personas que trabajan bajo esta categoría constituye también una estrategia de mera sobrevivencia ante la falta de oportunidades laborales y ante la precariedad de nuestro “Estado Social”. Y es también la razón de la alta prevalencia de población inactiva, 14.5 millones de personas, de las cuales 5.778.882 son mujeres dedicadas a los “oficios del hogar”, inactividad que en la mayoría de estas mujeres encubre la falta de oportunidades para encontrar un empleo en condiciones de trabajo decente, es decir, con derechos.
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En Colombia todas las reformas laborales que se han hecho, -desde la ley 50 de 1990, pasando por la 789 de 2002, hasta llegar al decreto 1174 de este año-, lo que han buscado es reducir costos salariales, precarizar condiciones de contratación y hacer más barato y flexible la contratación y salida de trabajadores, y se han impuesto con el argumento de que así se estimula la creación de empleos y se formalizan las de empresas.
El resultado de esta política salta a la vista: pobre desempeño económico, (el PIB per cápita de Colombia representa apenas el 16% del PIB per cápita de los países de la OCDE); altas tasas de desempleo, (Colombia mantiene una tasa de desempleo que en los últimos 20 años ha sido del 11.4% en promedio, superior en 4 puntos a la tasa promedio de América latina); alta tasa de informalidad laboral, (el 56% de la población ocupada no cuenta con protección social); una alta tasa de población inactiva, mayoritariamente constituida por mujeres, condición que es resultado de la incapacidad de nuestra economía para ofrecerle a esas personas un empleo en condiciones dignas y decentes; altos niveles de pobreza, e indigencia, (35.7% y 3.6% a nivel nacional, según el DANE); y una alta tasa de informalidad empresarial, (48% promedio en los últimos 13 años, según el DANE).
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Alfonso Santacruz:
03/12/2020,Gracias. Excelente reflexion. La discusion no debe aer sobre el SML si no sobre las condiciones del trabajo, sobre la renta minima sustentable, las formas de contratacion, las importaciones de bienes en contra de la produccion nacional industrial y campesina, entre otros aspectos
Idelfonso Coronel:
03/12/2020,Excelente análisis, necesitamos masificar estas reflexiones. Adelante compañeros