Este texto habla sobre el salario mínimo, la mezquindad de los empresarios para incrementarlo y sobre la agenda alternativa para salir de la crisis.
Por Alberto Orgulloso Martínez
El salario mínimo es una institución del Estado social de derecho que protege el principio constitucional del ingreso mínimo vital inherente a la dignidad de los trabajadores. Sin embargo, para la teoría económica neoliberal (marginalistas) el salario es sólo un costo de las empresas que determina las ganancias y la acumulación del capital, por lo que siempre buscan controlar el crecimiento regular de los salarios producto de la negociación de los sindicatos, de políticas públicas y por aplicación de factores técnicos como el crecimiento de la productividad y del Producto Interno Bruto-PIB, como ocurre con la negociación anual del salario mínimo.
En contraste, otros enfoques (clásicos, keynesianos y marxistas), desde la perspectiva de la demanda, definen los salarios como expresión de la distribución del ingreso, de la riqueza y de la lucha de clases por el reparto de la riqueza generada entre el trabajo y capital, lo que constituye una puja distributiva (distribución primaria del ingreso), un asunto de justicia social y equidad (OIT) y un reconociendo que el salario es el componente más importante en la demanda agregada por el consumo.
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El resultado de las negociaciones en la Comisión de Concertación Salarial y Laboral, nuevamente fue de no acuerdo por las posiciones mezquinas de los gremios empresariales de negarse a un incremento justo y razonable en las actuales circunstancias de crisis del empleo y de la pobreza. La posición del gobierno debió ser más decidida a contribuir a la reactivación económica adoptando un incremento del salario mínimo del 10%, siguiendo el ejemplo de México que incrementó el salario en 15% pasando de 6,17 dólares diarios en 2020 a 7,08 dólares para 2021.
El salario mínimo por hora en Colombia comparado con otros países de la OCDE en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA) que compara niveles de vida, es de los más bajos del mundo, apenas 2,7 dólares hora. El salario de Francia es 4,5 veces más que el de Colombia, el EE.UU es 2,7 veces, el de España 3,2 veces y el de Costa Rica 1,3 veces.
Cambiar el cálculo de la productividad para fijar el salario mínimo
Los sindicatos propusieron un incremento del salario mínimo en cerca del 14%, motivados por la crítica situación de pérdida de ingresos de los trabajadores en la pandemia, mientras los empresarios sólo ofrecieron un pírico 2%, apenas la inflación causada. Con un ajuste limitado a la inflación no habrá incremento real del salario, por el contrario, pierde poder compra e incide en una mayor pobreza de la población.
El gobierno a través del Ministro de Hacienda atizó el debate al plegarse a la propuesta de los empresarios con base en una medición de la productividad total de los factores (PTF) negativa (-0,60%) y una productividad laboral negativa de (-8,38%), calculada por el DANE, sin considerar la situación atípica del mercado laboral en este periodo de crisis donde los trabajadores dejaron de trabajar porque fueron despedidos, le suspendieron el contrato, fueron enviados a vacaciones anticipadas y les fue imposible desempeñar alguna actividad laboral por efecto de la pandemia. Las cifras incluso indican que muchos no pasaron al desempleo, sino a la inactividad, especialmente las mujeres. Obvio que cayó la ocupación y disminuyeron las horas trabajadas a nivel nacional, muy a pesar de la intensificación del tiempo de trabajo por el teletrabajo. Por lo tanto, la medida de la productividad debió tener una corrección técnica, como lo sugirieron algunos expertos como Diego Otero de la Academia de Ciencias Económicas y Oscar Murillo del Grupo Socioeconomía de la Universidad Nacional.
La mejor medida de productividad para la fijación del salario es la productividad promedio del trabajo, que no es más que la división del Producto Interno Bruto (PIB) por el insumo trabajo. El asunto está en cuál es la medición del trabajo: horas-hombre o número de empleados (Otero, 2017). La productividad total factorial es una medida errónea y sin sustento teórico, razón por la cual se debe utilizar la productividad media laboral como el resultado del cociente entre el nivel de producto y el número de ocupados (Morillo, Oscar, 2020. Sobre la Medición de la Productividad.)
Los enfoques desde la demanda indican que el volumen del empleo depende más del nivel de producción y su crecimiento, y a su vez éste depende de la demanda, y ésta del ingreso y el consumo. Resulta obvio que, si la población está empleada y tiene mayores ingresos de sus salarios, podrán consumir mucho más y ese mayor consumo, hará crecer la demanda agregada y por lo tanto también crecería la economía y de esa manera se expande el número de personas empleadas. Es decir, mayores niveles de salarios, en contexto de inflación baja y de recesión económica como es el caso colombiano, tendría un efecto positivo en la economía, con un incremento significativo del salario, así provoque un poco de inflación. Según datos del Dane, si bien el consumo de los hogares representa cerca del 69% del PIB (2019), en el último año su tasa de crecimiento ha caído más de 7,3% debido a la pérdida de ingresos de los hogares durante la pandemia. Son los hogares de bajos ingresos los que dedican todo su ingreso al consumo y muy poco al ahorro.
¿Por qué tanta mezquindad de los empresarios y del gobierno de no querer aumentar el salario mínimo de manera significativa y extraordinaria? Se sabe que, con un aumento de salarios, programas de empleo de emergencia y mayor inversión pública y privada se puede contribuir a la reactivación de la economía y del empleo, en medio de una crisis económica inédita debido a la pandemia del Covid19. Se requieren medidas urgentes, de choque y heterodoxas, por fuera del manual neoliberal monetarista, de lo contrario se tardará mucho en recuperar una nueva senda de crecimiento y de bienestar para todos o seguirá el empobrecimiento de la población con las implicaciones de una mayor conflictividad social. ¿Cómo entender el sentido común de Fenalco cuando dicen que a los comerciantes les va mejor con salarios bajos. Prefieren la miseria de sus trabajadores y de la población en general que mejorar la distribución del ingreso y sus ventas a una mayor escala. ¿Miopía o mezquindad?
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Paradójicamente el empresario Christian Daes de Tecnoglass y accionista de varias empresas de Barranquilla, criticó la propuesta de incrementar en un 2% el salario mínimo en 2021: “Mi respuesta al aumento del 2% al salario mínimo: MANDAN HUEVO”.
La distribución del ingreso (respecto del PIB) entre 2010 y 2018, muestra una tendencia casi inalterada en la distribución entre capital, trabajo e impuestos, muy favorable a la ganancia de los empresarios. En el 2010 la ganancia del capital (excedente de explotación) participaba con un 55,5% del PIB mientras que la participación de las remuneraciones al trabajo sólo llegaba al 33%, y en el 2018 ascendió levemente a 34% y volvió a caer en el 2019 a 33,8%, el restante corresponde a los impuestos. La cuestión central vuelve a la puja distributiva entre los trabajadores y los dueños de las empresas, quienes se llevan la mayor parte de la distribución de la riqueza y mantiene en la precariedad del empleo y en la pobreza a la mayoría de la población, que se mantiene en la informalidad (entre 50% y 60%, según la medición). Es decir, trabajadores en condiciones de precariedad laboral con déficit de trabajo decente.
Según el Dane, la distribución de los ocupados asalariados por rangos de salarios mínimos, en el total de ocupados para el 2008 los que devengaban hasta un salario mínimo correspondían al 39,7 por ciento de los ocupados, mientras que para el año 2019 esta proporción se ubicó en 33,9 porciento, y los ocupados asalariados que devengan más de un salario mínimo y hasta uno y medio, pasó de 29,4% a 37,6% entre 2008 y 2019.
Del total de los salarios pagados a los trabajadores en 2019, el 46,2% es percibido por los ocupados asalariados con salarios de más de 2 smmlv, que corresponde al 17,4% de la población ocupada. Es decir, de cada 100 ocupados, 17,4 trabajadores reciben 46% del valor total de los salarios con ingresos superiores a 2 salarios mínimos, mientras los que ganan igual o menos de un salario mínimo, el equivalente a 34 trabajadores, reciben apenas el 13,9% de los salarios pagados en el 2019, lo que refleja la alta desigualdad en cuanto a la distribución del ingreso.
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A su vez, la brecha del salario mínimo real frente al salario medio real ha aumentado en cerca de 10 puntos entre 2005 y 2018. Para este último año, la diferencia del mínimo representaba el 48,8% respecto al salario medio. La relación salario mínimo respecto al salario medio ha disminuido de 61% al 51,2% en el mismo periodo, siendo mucho más bajo el salario mínimo. (Gráfico 1).
Al comparar el salario mínimo real con el ingreso promedio de la economía se puede observar que la brecha año a año es cada vez mayor en contra de los trabajadores de salario mínimo. Una de las razones es que el salario es cada vez mayor para ciertos grupos poblacionales con mayor educación y para sectores de la economía (petróleo y minas y altos ejecutivos), quienes acceden a un aumento mayor en el valor promedio del salario frente al aumento del salario mínimo, lo que también indica un crecimiento de inequidad en la distribución del ingreso, en contra de los que ganan el salario mínimo.
Gráfico 1: Brecha entre salario real y salario medio
A pesar de ello, los grandes empresarios replican siempre que no se debe incrementar el salario mínimo por encima de la inflación ni de la productividad, porque es inflacionario, supuestamente genera desempleo o mantiene en la informalidad a los trabajadores. Sin embargo, las reformas tributarias de los últimos años que les rebajó impuestos a las empresas no se tradujeron en un aumento del empleo formal. Esos empresarios y neoliberales creen y quieren hacerle creer a la gente que deben estar agradecidos que al menos les puedan pagar el 80% del valor del mínimo, como si el empleo o el salario fueran una dádiva. ¿Por qué no proponen reducir los altos salarios a los altos funcionarios públicos y a los ejecutivos de las empresas y los gremios? ¿Cuántos salarios mínimos se podrían pagar si estos algos funcionarios y ejecutivos aportaran el 10% de sus salarios?
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Las alternativas a la vista deben ser más heterodoxas, innovadoras, diferentes a las recetas neoliberales que imponen más de lo mismo. Ante la gravedad de la crisis del empleo y la pérdida de ingresos un grupo de organizaciones sociales, incluida la ENS y varios académicos venimos promoviendo la agenda alternativa de empleo e ingresos (misión alternativa), coordinada por el economista Ricardo Bonilla, con el fin de aportar ideas y propuestas al debate democrático respecto a las recetas de la misión de empleo del gobierno. Entre las propuestas se recomienda cambiar la metodología y los criterios de medición de la productividad para definir el incremento del mínimo, tomando la productividad media laboral y no la productividad total de los factores como lo está haciendo el Dane.
Se propone un plan de empleo de emergencia, la renta básica, cambios en las políticas macroeconómicas y en el modelo de desarrollo. Sostiene el economista Jorge Iván González que “un análisis comprehensivo del empleo debe tener en cuenta el tipo de desarrollo. Y esta caracterización se puede realizar examinando tres aspectos de carácter estructural: i) la composición de las exportaciones, ii) la transformación de la matriz energética, y las posibilidades del empleo sectorial, iii) el déficit en cuenta corriente durante la bonanza”. Una de las propuestas se basa en “la economía verde”, la cual puede lograr tres propósitos: crecimiento, sostenibilidad ambiental y reducción de la pobreza. Pero para alcanzar estos objetivos es necesario modificar de manera sustantiva el patrón de crecimiento y las funciones de los bancos centrales; que en nuestro caso se limitó al control de la inflación y a darle liquidez a la banca privada para que siga el modelo especulativo.
Esta agenda alternativa de empleo e ingreso, se basa en estudios y análisis sectoriales, donde se demuestra que la crisis del empleo y del trabajo asalariado venía antes de la pandemia y se agravó con ella, dicha crisis es producto de un modelo económico extractivista y rentista que no genera empleo, mientras los sectores potenciales y las Mipymes que pueden contribuir al crecimiento del empleo no cuentan con políticas ni estímulos suficientes por parte del Estado. El gobierno tiene que cambiar su papel y su política para responder al clamor de la población, activando el diálogo social efectivo, incluyendo acuerdos con los sindicatos. Se requieren políticas distributivas y de gasto público como la renta básica de emergencia, a la vez dar un paso hacia la economía verde y un modelo que promueva la reconversión productiva con especial énfasis en el sector agropecuario y los demás sectores intensivos en empleo, con enfoques diferenciales y territoriales, teniendo muy en cuenta la importancia de la economía del cuidado, de la educación y la innovación, generando mayores oportunidades para las mujeres y los jóvenes. Es tiempo de cambiar el curso de la historia y de la tragedia social, con medidas de política económica y laboral alternativas.
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