El Covid 19 ha puesto en una situación muy difícil a la economía del país. Este análisis muestra las razones para afirmar lo anterior.
Por Ricardo Bonilla González / Profesor pensionado UN
Las bonanzas han servido en Colombia para encuadrar el ciclo económico, durante buena parte del siglo XX con el café y, desde hace 40 años, con el petróleo. Las bonanzas se manifiestan de manera similar, buenos precios internacionales y efecto expansivo sobre la demanda interna, en el caso del café llegaba a más de un millón de hogares y se irrigaba popularmente, en el caso del petróleo le llega al Estado quien lo difumina a su acomodo. La dependencia de un producto no se ha superado y sus buenos momentos se reflejan en crecimientos excepcionales, mientras la baja en las cotizaciones internacionales pone en riesgo la estabilidad de la economía colombiana.
El año 2020 pasará a la historia como un año perdido, gracias a la combinación de un choque petrolero y la pandemia del Covid 19. Para el caso colombiano es la consecuencia de poner en evidencia todas las debilidades de la estructura productiva y su impacto en los tejidos social y económico:
- Dependencia internacional de pocos productos, especialmente mineros, carbón y petróleo.
- Desestimulo de la economía productiva en beneficio de una estructura de rentas.
- Informalidad laboral reflejada en magnitud trabajadores por cuenta propia y limitada participación en los sistemas de seguridad social.
- Persistencia en los déficits gemelos, fiscal y en cuenta corriente.
- Estructura tributaria inequitativa y erosionada por exceso de beneficios individualizables.
- Dispersión de subsidios con problemas de focalización.
- Descuido de la salud pública y asignación errada de recursos hacia EPS.
El choque petrolero, generado por la reducción en la demanda de China, vuelve a evidenciar la inestabilidad de los precios del petróleo y su dependencia en el comercio internacional y los ingresos fiscales, alargando la penuria iniciada en el 2014. En los grandes mercados hay tres decisiones que se van ajustando en el tiempo con las respectivas consecuencias para los vendedores:
- La sustitución de combustibles fósiles por nuevos energéticos, en horizonte al 2040.
- La eliminación del consumo del carbón.
- La transformación de las estructuras productivas hacia las tecnologías de la cuarta revolución industrial, automatización e información.
Lo que se prevé es una transición hacia estos objetivos con el mensaje a los proveedores de que vayan transformando sus propias estructuras productivas, sustituyendo la producción y venta de esos minero energéticos.
Los gobiernos colombianos de este siglo han recibido de diversas maneras mensajes similares y han desoído tales advertencias, como consecuencia se sigue persistiendo en la estrategia minero exportadora, con el consecuente desestimulo a los sectores agrícola e industrial y la incapacidad de construir una oferta exportadora alterna y de mayor contenido tecnológico. La caída en la demanda China y el posterior impacto por extensión de la pandemia generó disminución en exportaciones e ingresos fiscales derivados de la renta petrolera, y sin sustitutos a la vista, se redujo la perspectiva de crecimiento bajo la mirada impávida del gobierno.
Las previsiones macroeconómicas antes del primer choque, situaban la economía colombiana entre las que mejores posibilidades tenían y se proyectaba un crecimiento del 3.5% del PIB, sustentado en la continuidad de las exportaciones de petróleo y carbón, cotizados en condiciones de demanda estable. La llegada del Covid-19 a China bajó esas proyecciones en un punto, al 2.5%, como consecuencia de la caída de las cotizaciones y la demanda de combustibles en ese país, afectando directamente los ingresos de exportaciones y devaluando la tasa de cambio. A ese momento, el contagio del virus apenas estaba asomando por los aeropuertos.
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La llegada del Covid-19 empeoró las cosas
El 6 de marzo se confirmó el primer caso aterrizado de Covid-19, en paciente joven llegada de Milán, el nuevo centro del contagio en la Lombardía italiana. Bajo el argumento de que eso era una “gripita” las primeras decisiones fueron negativas, a nombre de no perjudicar la economía se sugirió lavarse las manos, mientras los focos del contagio quedaron abiertos y sin medidas sanitarias. Trece días después, el 18 de marzo, se identificó el paciente 100 y se supo que el contagio ya estaba en 19 ciudades, 70% en viajeros que lo importaron y lo dispersaron.
Ante la indecisión del gobierno nacional, fueron los gobernantes locales quienes tomaron la iniciativa y ordenaron formas de aislamiento en su jurisdicción, toques de queda, simulacro preventivo, etc., hasta que presidencia declaró la primera cuarentena, a partir del 24 de marzo, día en que ya habían sido confirmados 378 casos, 63% importados, y los primeros 3 muertos. La indecisión y el retraso en el cierre de aeropuertos, a nombre del daño económico, permitió que el virus se expandiera y se perdiera la posibilidad de controlar en la fuente. La segunda mejor alternativa tampoco se aplicó, el establecer un cerco sanitario alrededor de aeropuertos y puertos, con cuarentena obligatoria en algún sitio próximo y exclusivo, los hoteles de proximidad, por ejemplo.
Ante la contundencia del virus, ¿qué debe hacer el gobierno?
Lo que tiene que hacer el gobierno es crear condiciones para que los fundamentos de la economía funcionen y son estas 5.
- Garantizar el curso de la moneda y los flujos de dinero, capacidad de compra, entre la población.
- Activar al máximo el sistema de salud bajo condiciones de emergencia, pruebas, áreas de atención, medicamentos, saneamiento básico, etc.
- Fortalecer las redes de aprovisionamiento de artículos de primera necesidad, alimentos, artículos de aseo, servicios públicos, comunicaciones y medicamentos.
- Proporcionar medios de vida a los habitantes que deben aislarse y no disponen de poder de compra.
- Fomentar el que otras actividades se adapten a otras formas de trabajo en casa.
En términos de política monetaria es al Banco de la Republica a quien le corresponde dar liquidez a la economía y comenzó a hacerlo, poniendo a disposición de las entidades financieras hasta $17 billones. Ante la magnitud de las pérdidas y el nuevo papel de USA, cercano a la recesión, la junta redujo en 50 pbs, a 3.75%, la tasa de intervención, en un mensaje de apoyo al proceso de recuperación posterior. En materia cambiaria, dispuso de US$2.000 millones para afrontar la creciente devaluación y el riesgo del mayor precio del dólar, con la agudización de la crisis en USA, el comportamiento del dólar es incierto y no necesariamente habrá más devaluación, por lo tanto, la medida puede ser suficiente, hasta nueva evaluación.
El problema colombiano es fiscal, con espacio limitado y pocos recursos. El presupuesto del 2020 no está adecuadamente financiado y no hay margen para recomponer la estructura tributaria colombiana. Los recursos que se necesitan no estaban previstos y solamente quedan dos alternativas, de muy corto plazo: a) trasladar recursos del presupuesto hacia las prioridades inmediatas, salud pública y capacidad de compra a hogares vulnerables, y b) extraer recursos de otras fuentes de ahorro, administradas por la Nación, que no están incorporadas en presupuestos nacional o territorial y usarlos. Con la extensión de la crisis, será necesario optar por medidas de mayor calado, deuda e impuestos.
Con la declaratoria de emergencia, el gobierno concentró las decisiones sin citar al Congreso. En uso de las facultades otorgadas, expidió el Decreto 444/20, creando el Fondo de Mitigación de Emergencias FOME y dotándolo de recursos de origen extraordinario, los ahorros en el Fondo de Ahorro y Estabilización FAE y en el Fondo de Pensiones Territoriales FONPET. Ambos Fondos están previstos para resolver problemas territoriales, sin embargo, en el corto plazo, no estaban incorporados en ningún presupuesto, por tanto, es un ahorro disponible en calidad de préstamo al gobierno nacional. Los recursos se tomaron sin consultar a los gobiernos territoriales, sus destinatarios finales, en otra actuación centralizadora.
La magnitud de recursos a necesitar depende del impacto de la pandemia y la capacidad de recuperación posterior, por lo pronto, de una economía en marcha se pasó a otra donde solamente debe funcionar lo esencial, es decir, el costo de la indecisión por el prurito de no dañar la economía se transformó en cierre de las actividades social y económica en condiciones de precariedad e informalidad. El éxito de la cuarentena y su extensión depende de hasta donde se garantice el aislamiento social y se reduzca la probabilidad del contagio masivo simultaneo. En lo inmediato, el costo es garantizar el aislamiento por 2 ó 3 meses, en lo mediato será estimular la recuperación económica y la construcción del tejido social.
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¿Cuánto cuesta mantener el aislamiento reduciendo actividades a solamente lo esencial?
El impacto económico se refleja en tres instancias:
- Reducción de actividad económica, especialmente industrial, minera y de construcción, que aportan 23% al PIB.
- Reducción de recaudo fiscal derivado de actividad económica, en IVA son $6 billones mensuales.
- Mantener el empleo de 8.5 millones de personas con contrato laboral.
El resultado previsible es un costo mínimo de $50 billones, que no existen y es necesario aprovisionar. Esas reducciones representan menor crecimiento, al menos en 5 puntos del PIB, lo que arroja recesión y tasa de -2% en el PIB.
¿Qué pasa con otras actividades?
Ellas funcionan a media marcha, adaptadas a la virtualidad y el teletrabajo, mientras las cuentas financieras no se detienen y el reloj de las obligaciones marcha inexorablemente, aun cuando los usuarios no puedan pagar por falta de ingresos. Las actividades agropecuarias y de transformación, transporte y comercio de alimentos, así como todo el sistema de salud no pueden parar, de ellos depende la seguridad alimentaria y el tratamiento del virus, son lo esencial.
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¿Qué hacer con quienes no tienen contrato laboral?
El drama colombiano radica en la informalidad y precariedad de las relaciones de trabajo, 12 millones de colombianos son trabajadores por cuenta propia, familiares no remunerados, por días en el servicio doméstico ó por el jornal diario en otras actividades, para ellos la inactividad representa no tener fuente de ingresos, por tanto, mantenerlos aislados es darles medios de vida, de lo contrario, estarán en las calles buscando sobrevivir. El gobierno ha dispuesto recursos en los existentes programas Familias en Acción y Colombia Mayor, grupos focalizados mediante encuesta Sisben, no obstante, los trapos rojos y las protestas evidencian que no llega a todos los que necesitan ese apoyo.
El FOME con el auto préstamo de recursos del FAE y el FONPET aprovisionó la cuota inicial, pero no tiene previstas las reformas que se requieren para asumir los menores recursos del petróleo, el menor recaudo por actividad económica y las nuevas prioridades en gasto. El gobierno tampoco tiene previsto citar al Congreso y presentarle proyectos de urgencia que brinden recursos. Tres iniciativas se requieren:
- Reasignación de recursos del presupuesto nacional y suspensión de los contratos y convenios en trámite no esenciales.
- Suspensión de los efectos de beneficios tributarios previstos en la Ley 2010/19 ó de Financiamiento 2.0.
- Autorización de incremento en topes de crédito publico y flexibilización de la regla fiscal, acorde con la emergencia.
Ninguna de estas medidas provee recursos de corto plazo ni apoya el proceso de recuperación económica post-pandemia. Todas ellas van dirigidas a contribuir a la búsqueda de recursos de corto plazo, los que, sin embargo, solamente se obtendrán fortaleciendo mecanismos de deuda y las fuentes para soportarla. Más allá de esto, tiene que repensarse la estructura tributaria con la que se va a pagar la deuda adicional, lo que obliga a pensar en tres decisiones de Estado:
- Impuesto al patrimonio pro Covid-19, por 3 ó 4 años, con base gravable en patrimonios superiores a $1.000 millones.
- Recomponer la estructura del impuesto de renta entre personas jurídicas y naturales, separando contablemente y para efectos tributarios los recursos e ingresos de accionistas y ejecutivos, dejando como gastos exclusivamente los relacionados con el negocio.
- Una Ley de estímulo a producción agropecuaria e industrial destinada al mercado interno.
En materia de gasto, se requiere reorganizar el sistema de ayudas y subsidios existente en Colombia para transformarlo en un único subsidio de carácter universal, la renta básica universal ó ingreso ciudadano, que consiste en una asignación familiar, proporcional al tamaño, equivalente al cubrimiento de las necesidades vitales. La pandemia demostró que las ayudas no llegan a todos quienes las necesitan, a pesar de que están diseñadas e impregnadas de buena voluntad para atender a la población desprotegida. Es el momento de establecer la relación entre los ciudadanos y el Estado, todo colombiano, por el hecho de serlo recibirá esa ayuda lo que no lo exime de sus obligaciones tributarias y de otro orden.
El gasto en salud, que no es pequeño, debe reestructurarse, hoy en día, el régimen subsidiado es financiado integralmente por el Estado, mientras en el régimen contributivo, la Ley 1607/12, artículo 20, eliminó la contribución patronal en salud para aportantes sujetos al CREE, norma que sigue vigente a pesar de haber desaparecido el CREE, por tanto, los particulares solamente financian el aporte de trabajadores y el patronal en quienes no califican en régimen ordinario. Con esta excepción, el financiamiento es prácticamente estatal y se traslada a las EPS, dejando postrada la salud pública. La pandemia demostró la necesidad de recuperar el estatus de la salud pública y el giro directo, sin intermediación, de recursos a las Instituciones Prestadoras de Salud IPS. Esa reforma queda en la agenda próxima.
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