La agenda laboral y sindical que debe abordar el nuevo Congreso de la República

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Estos son los temas en materia laboral y sindical que deben abordar los congresistas que resulten elegidos el próximo 13 de marzo.

Por Carlos Julio Díaz Lotero

El próximo 13 de marzo se elige nuevo Congreso de la República que debe comprometerse en desarrollar algunas iniciativas legislativas por mandato constitucional que se han incumplido por más de 30 años, y por otra parte dar cumplimiento a recomendaciones y compromisos internacionales que el Estado colombiano ha adquirido de manera voluntaria.

Los temas son los siguientes:

1. Formalización laboral

Se debe dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Constitucional (Sentencia 614 de 2009 y 171 de 2012) para vincular de manera directa, tanto en el sector privado como en el público, a las y los trabajadores que desarrollan labores misionales y con vocación de permanencia. Hay que recuperar el contrato de trabajo en las relaciones laborales en el sector privado y lograr la carrera administrativa en el empleo público.

Se deben prohibir todas las formas de intermediación laboral ilegal existentes por medio de Cooperativas de Trabajo Asociado, fundaciones, SAS, los contratos sindicales, y el abuso en la intermediación laboral que hacen las Empresas de Servicio Temporal. En el Estado debe prohibirse el uso de contratos de prestación de servicios para regular el trabajo subordinado y misional.

2. Seguridad y protección social

Se debe rediseñar el sistema de seguridad y de protección social según el enfoque y los lineamientos de la OIT. Este debe ser público, universal y solidario. Las medidas que debe abordar el Congreso son entre otras

  • Derogar el Decreto 1174 para redefinir el concepto de Piso de Protección Social con un sentido ascendente hacia los sistemas contributivos como lo concibe la OIT.
  • Establecer un régimen de salud público, universal, solidario y con un enfoque preventivo.
  • El régimen en pensiones debe ser público y de prima media (solidaridad intergeneracional), que podría complementarse de manera voluntaria con los sistemas de ahorro individual.
  • El sistema de riesgos laborales debe ser público, que promueva la salud en el trabajo y por otra parte tenga un enfoque preventivo en los riesgos asociados al trabajo.
  • Se debe estudiar la posibilidad de establecer una Renta Básica, por lo menos de Emergencia, para atender con urgencia el drama del hambre que golpea a más de 21 millones de colombianos.

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 3. Libertad sindical

En materia de libertad sindical se deben adoptar las recomendaciones de los organismos internacionales, los desarrollos de la Corte Suprema y otros problemas estructurales que se tienen en la negociación colectiva.

  • Desarrollo de la negociación por rama (sectorial) y multinivel, según lo recomienda la OCDE, tomando como referente el modelo de negociación del sector público.
  • Prohibir los pactos colectivos en empresas donde existan sindicatos según las recomendaciones de la OIT
  • Ajuste del Decreto 160 del 2014 para resolver los conflictos por medio de la figura del arbitramento, en caso de que no se logre un acuerdo colectivo directo.
  • Se debe abordar una solución a los incumplimientos de los acuerdos colectivos en el sector público por parte del gobierno y las entidades públicas y territoriales.
  • Es necesario resolver legalmente el pago de cuotas por beneficio de los acuerdos colectivos para el personal no sindicalizado de las entidades públicas.
  • En el derecho de huelga se debe reglamentar que se entiende por servicio público esencial según el mandato del artículo 56 de la Constitución Política. Por otra parte, se deben incorporar en la legislación los desarrollos de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL 1680 de 2020. (MP: Clara Cecilia Dueñas), y SL 1680 de 2020. (MP: Clara Cecilia Dueñas). Estas sentencias precisan las garantías para la huelga imputable al patrono y otras modalidades, incluyendo la huelga en los servicios públicos esenciales, que según la Corte Suprema y en concordancia con la OIT, debe limitarse, pero no prohibirse.

4. Acceso a la justicia

Para garantizar mayor eficacia en las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio de Trabajo se debe fortalecer con más inspectores según los parámetros internacionales, con un enfoque no solo preventivo sino de protección de derechos, y, por otra parte, crear mecanismos de acceso a la justicia laboral judicial que sean agiles y expeditas para la defensa y restablecimiento de los derechos laborales y de la libertad sindical

5. Estatuto del Trabajo

Se debe dar cumplimiento al mandato del artículo 53 de la Constitución Política que ordena al Congreso expedir el estatuto del trabajo de acuerdo con los siguientes principios: ”Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.

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6. Concurso de méritos en el Estado

El Congreso debe regular que las pruebas de los cargos públicos que se provean por medio de concurso de méritos sean transparentes y que consulten sus características. Se debe garantizar que el conocimiento del cargo se reconozca, así como darle algún valor a la antigüedad.

7. Nuevo modelo de desarrollo

El Congreso de la República debe hacer los ajustes institucionales, legales y constitucionales para reorientar el modelo de desarrollo que nos ha gobernado por más de 30 años con resultado bastante deprimentes.

El empleo de calidad, estable y bien remunerado solo será posible si el Estado implementa políticas que fomenten el desarrollo integral de las fuerzas productivas de la nación – de su población, la agricultura y la industria – con énfasis en el progreso científico y tecnológico y mejoras importantes de la infraestructura económica y social.

El nuevo modelo de desarrollo debe tener un rol primordial en su apoyo a la libertad de empresa en combinación con el papel económico del Estado, por ejemplo, en la regulación de la moneda, en el comercio y los mercados, en el fomento de la industria nacional, en la promoción del desarrollo de infraestructura, además de garantizar la disponibilidad de crédito adecuado para la inversión productiva. El objetivo es desarrollar todas las ramas esenciales de la agricultura, la minería y la industria en lugar de seguir basando nuestra economía en actividades extractivistas, primario exportadoras y especulativas.

Sólo un Estado nación soberano puede suministrar y garantizar el marco necesario para una actividad productiva sostenida que genere trabajo decente. Los estados nacionales más exitosos en la historia han desarrollado, dentro de ciertos parámetros, las siguientes funciones:

  • Monopolio de las armas y seguridad interna y externa en manos del Estado
  • Un sistema jurídico equitativo funcionando, que proporcione una base estable para los acuerdos entre las personas y entre las instituciones.
  • Una moneda única con un valor estable en relación con materias primas y una canasta básica de bienes y servicios.
  • Un sistema financiero y de crédito regulado por el Estado con un banco nacional de desarrollo que oriente la creación primaria y secundaria de dinero hacia la economía real. Se debe revisar el modelo de banca central independiente del gobierno que tenemos, pues ésta solo ha favorecido la especulación y la mal llamada economía criminal.
  • Un sistema de salud que garantice normas elementales de atención, un sistema de pensiones público y de prima media, y un sistema de riesgos laborales que promueva la salud y prevenga la muerte, el accidente y la enfermedad de origen laboral.
  • Un sistema de educación pública universal.
  • Infraestructura física básica (transporte, energía, agua, comunicaciones).
  • Una base productiva nacional que abarca los sectores más esenciales de la agricultura, la minería y la industria, y consta de una combinación de empresas privadas y otras controladas por el Estado.
  • Unas instituciones de investigación e innovación científica que funcionen.
  • El gobierno debe tener una estrategia económica a largo plazo y los instrumentos esenciales para implementar decisiones económicas.

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Carlos Julio Díaz Lotero

Carlos Julio Díaz Lotero es Contador Público de la Universidad de Medellín. Especialista en Planeación urbano regional de la Universidad Nacional. Ex – presidente de la CUT Antioquia. Actualmente es Director Encargado de la Escuela Nacional Sindical

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