El COVID-19 nos está mostrando que puede ser más peligroso el sistema capitalista que la misma pandemia.
Por Carlos Julio Díaz Lotero-Analista laboral ENS
La acción combinada de la peste financiera, que se expresa en el derrumbe inevitable de una burbuja especulativa que bordea los 2 mil billones de dólares, y la pandemia de el COVID-19, que nos tiene ya en una recesión peor que la vivida en la Gran Depresión de 1929, han desatado ya una tercera pandemia: la hambruna.
Las políticas de saqueo y especulación del capital financiero de los últimos 40 años, crearon las condiciones sociales y sanitarias para el surgimiento de pandemias recurrentes, como la que hoy tiene en jaque la existencia de la vida humana en el planeta. En el periodo de la postguerra se adoptó un sistema económico y financiero que con sus políticas de austeridad y “condicionalidades”, al estilo del FMI, han bajado paulatinamente el nivel de consumo básico necesario de grandes partes de la población y de reproducción de la economía física y de la infraestructura social.
Estamos hablando del descenso del nivel nutricional de la gente, de la falta de vivienda, del no acceso a servicios públicos domiciliarios, del desempleo, de la precariedad laboral, de los bajos ingresos y de los altos niveles de pobreza; del deterioro de los sistemas de salud por el lucro y la avaricia del capital parasitario, que han llevado en general al desplome de las condiciones sanitarias de la sociedad.
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Si se reduce el nivel de consumo mínimo los productos que requiere la población para sobrevivir, y de la producción económica y de inversión en la infraestructura económica y social por debajo del mínimo de lo que se requiere para mantener a la población, tarde que temprano vienen las pandemias. La precarización laboral y la destrucción de los sistemas de salud pública, son ejemplos de la reducción de la canasta mínima vital de derechos que nos han llevado a esta crisis global de salud pública.
Una encuesta de impacto del COVID-19 realizada en Estados Unidos por Proyecto Hamilton, con la iniciativa del Futuro de la Clase Media, encontró que a finales de abril uno de cada cinco hogares en los Estados Unidos, y dos de cada cinco hogares con madres con hijos de 12 años o menos, no tenían seguridad alimentaria. Los 36.5 millones de desempleados que tiene Estados Unidos hoy, han llevado a la precariedad a sectores medios de la sociedad, y ha empobrecido mucho más a las familias que ya calificaban para recibir asistencia alimenticia. En este país el desempleo crece aceleradamente pasando del 3,5% al 14,5%. Es tan grande el empobrecimiento, que el cheque de 1.200 dólares que recibieron las familias del programa de ayuda del gobierno federal no alcanza en un hogar donde ya nadie trabaja.
Desde el año pasado África padece el arrasamiento de las cosechas en algunas regiones por una plaga de langostas, que ha sido calificada por el Programa Mundial de Alimentos como “la plaga migratoria más peligrosa del mundo”, que tiene bajo amenaza la seguridad alimentaria del continente.
En América Latina, incluida Colombia, el impacto del confinamiento para detener la curva de crecimiento del COVID-19 ha tenido un efecto devastador en el empleo y un aumento alarmante de la pobreza. Hoy se calcula que en nuestro país más de 30 millones de personas están por debajo del umbral de pobreza monetaria.
Los trapos rojos en los barrios pobres de Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, entre otras capitales, ondean por el desespero de la inseguridad alimentaria, y deja al descubierto la baja cobertura y miserableza de los programas sociales del gobierno, tales como Familias en Acción, que solo cubre a 2,6 millones de familias, que reciben en promedio $70 mil mensuales; o el programa Adulto Mayor, que tiene 1,5 millones de beneficiarios que reciben cada mes $60 mil. O el publicitado programa de compensación del IVA, que impacta 600 mil familias que reciben $37 mil en promedio mensual. Los $2,4 billones que cuestan estos programas sociales contrastan con los regalos que el Gobierno les dio a las grandes empresas del país en la pasada reforma tributaria, por $9 billones; o con las exenciones tributarias al gran capital, que bordean los $16 billones anuales.
No habrá ninguna derrota a la epidemia de COVID-19, ni ningún “reinicio” mágico de la actividad económica en la escala necesaria, como alegan algunos. Sin un nuevo paradigma de colaboración entre todas las naciones que conforman la especie humana, a fin de establecer un sistema de salud pública en cada estado nacional soberano, articulado a un sistema global de cooperación e investigación en ciencias de la vida, no será posible “derrotar la epidemia”
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Por otra parte, se necesita un nuevo sistema económico y financiero internacional que extirpe el cáncer de la especulación financiera, y se tomen medidas en cada país para fomentar de manera dirigida, y no al capricho del mercado, la producción manufacturera y agropecuaria, y la inversión en infraestructura económica y social. Todo esto para proporcionar lo necesario en todos los aspectos de la vida y del trabajo, desde alimentos hasta vivienda, agua, energía, transporte, educación, y salud. Es decir, la canasta básica de derechos.
La renta básica de emergencia, que se viene proponiendo desde la ENS y sectores alternativos y democráticos, debe ser el punto de partida para derrotar el hambre y empezar a reconstruir el tejido social y empresarial arruinado por las políticas financieras de saqueo y austeridad.
Bajo el enfoque neoliberal la crisis no tiene salida, y siempre nos enfrentaremos a una contradicción entre la política sanitaria y la política económica. El aparente dilema ético entre morir de hambre en el confinamiento o infectado por el virus en el trabajo, solo se puede resolver con un enfoque superior según la idea del principio de la coincidencia de los opuestos desarrollado por Nicolás de Cusa, que es un método del pensamiento para superar las contradicciones de la vida cuando en el statu quo no se encuentra una solución.
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