“El Gobierno de Iván Duque está conduciendo a Colombia por una vía que pone en grave e inminente riesgo la paz”, afirmó Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI), al presentar el informe titulado: “La paz en riesgo”, que revela el fracaso del Gobierno colombiano en el cumplimiento de los compromisos contraídos en el Acuerdo de Paz con las FARC.
Menos de la cuarta parte de las medidas acordadas han sido debidamente implementadas por el Gobierno, señala el informe, pese a diversos compromisos contraídos con la Unión Europea y EEUU, así como con la OCDE y la OIT.
La CSI pone de relieve la violencia que continúa y viene en aumento contra sindicalistas y defensores de los derechos humanos. Entre el 1° de enero de 2016 (11 meses antes de la firma del acuerdo) y el 8 de septiembre de 2019, en total 777 personas, líderes sociales y defensores de derechos humanos, fueron asesinados en Colombia. “Y el presidente Duque y sus aliados conservadores deben asumir su responsabilidad”, dice la CSI.
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Agrega que en 2018 se asesinó a más sindicalistas que en cualquiera de los cuatro años anteriores (incluso antes de la firma del acuerdo de paz). En total, 34 sindicalistas fueron asesinados el año pasado, principalmente en los sectores de la educación, agricultura y minería. En total hubo 234 violaciones graves de los derechos humanos de sindicalistas.
Pero tan grave como eso, afirma la CSI, es que los perpetradores de tales ataques gozan de total impunidad. El 95% de los delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos de sindicalistas quedaron sin resolver, y ni siquiera se identifica a los perpetradores en el 60% de los casos, debido a la inoperancia del sistema de justicia.
“Un acuerdo de semejante importancia como el Acuerdo de Paz, no puede dejarse de lado por el capricho de un gobierno particular, al que parece importarle muy poco el pueblo o el futuro del país”, afirma la Secretaria General de la CSI.
Recuerda que la firma del Acuerdo de Paz en Colombia fue recibida con grandes esperanzas. Representaba un firme compromiso del Gobierno Santos y de las FARC para lograr la paz y trabajar en la superación de las causas subyacentes del conflicto. Compromete al Gobierno a emprender una reforma rural integral, garantizar los derechos de las víctimas y su participación política.
Subraya que muchos de los acuerdos económicos que actualmente mantienen a flote la economía del país, fueron firmados como resultado del Acuerdo de Paz. En virtud de este acuerdo, Colombia se comprometió a implementar una serie de estándares relativos a los derechos humanos, laborales, sindicales, además de normas ambientales.
“Se tenía la esperanza de que los esfuerzos del Gobierno dejasen de alimentar la violencia y se orientasen más bien a combatir la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, hoy en día Colombia sigue siendo el país con mayores desigualdades de América Latina en cuanto al acceso a la tierra; los trabajadores permanecen en la miseria por culpa de una legislación laboral que favorece a las familias más ricas y a los inversores extranjeros en detrimento del pueblo”, dice la CSI.
Afirma que los socios internacionales de Colombia no pueden permanecer impasibles mientras defensores de los derechos humanos son asesinados y persistan las injusticias que alimentan el conflicto.
En su declaración, Sharan Burrow también se refiere al Paro Nacional y las movilizaciones contra las políticas gubernamentales que se iniciaron el 21 de noviembre y han sido reprimidas violentamente por las autoridades. Considera que el inicio de un ‘diálogo nacional’ anunciado por el presidente Duque no puede considerarse fiable mientras persista la represión.
“Los sindicatos están decididos a construir la justicia social necesaria para una paz duradera. El movimiento sindical internacional continuará presionando al Gobierno de Duque para que asuma sus responsabilidades, y a los socios internacionales de Colombia para que cumplan también con las suyas”, concluyó Burrow.
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