A través de un comunicado, el Comando Nacional Unitario le exigió al gobierno derogar este decreto que entra en vigor desde el 1 de febrero y que ha recibido múltiples críticas de las organizaciones sociales y sindicales, por precarizar el derecho a la salud y pensión de los colombianos. A continuación compartimos el comunicado:
EL Comando Nacional Unitario- CNU conformado por las Centrales Obreras CUT, CGT y CTC y las Confederaciones de Pensionados CPC y CDP, así como la Federación de Trabajadores de la Educación, Fecode, ante la eventualidad de entrada en vigencia del Decreto 1174 de 2020 este próximo 1 de febrero, ratifica su rechazo al mismo, su exigencia de derogatoria y, por tanto, la suspensión de cualquier proceso de reglamentación.
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Este decreto fue unilateralmente expedido por el gobierno el 27 de agosto de 2020 en medio de la pandemia, desconociendo totalmente los escenarios de diálogo social como la Comisión Nacional de Concertación y las recomendaciones de las distintas estructuras de la OIT, todas exigiendo la práctica del trabajo decente en Colombia, eliminando, entre otras, la flexibilización y la precarización existente. Esta decisión arbitraria tuvo como consecuencia inmediata la decisión de las Centrales Obreras y de pensionados de no participar de la recién creada Misión de Empleo, la cual ha continuado sesionando ilegítimamente sin la presencia de los trabajadores. El artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo en el cual se sustenta este decreto ha sido demandado ante la Corte Constitucional, demanda que ha sido aceptada. Cursa igualmente en el Consejo de Estado la demanda contra el decreto 1174, fallos que aún no han sido emitidos.
La esencia del daño de este decreto a los trabajadores radica en:
- Todos los trabajadores que devenguen menos de un salario mínimo, independientes o dependientes, es decir, con contrato de trabajo o bajo la modalidad de prestación de servicios se deberán afiliar obligatoriamente al mal llamado piso de protección social conformado por salud subsidiada, los BEPs (Beneficios Económicos Periódicos) esto en reemplazo de su afiliación al sistema de seguridad social que les garantiza a los trabajadores dependientes, el derecho a estar cubiertos por la salud contributiva y los sistemas de pensiones y riesgos laborales. Ha sido clara la OIT en su pronunciamiento que este piso de protección social está por debajo de sus definiciones. Este decreto constituye una regresiva reforma laboral y pensional puesto que al introducir el contrato por horas con salarios inferiores a un salario mínimo mensual, desconoce el sistema de seguridad y prestaciones sociales vigente en el código sustantivo del trabajo-CST quedando el trabajador en otro régimen: el del piso de protección social, que en salud no reconoce ninguna incapacidad común o por accidente de trabajo, ni licencia de maternidad pues estará en el SISBEN y, además, no cotizará, como bien se deduce, en el sistema de pensiones, sino en los precarios BEPs, que nunca le permitirán pensionarse, le generarán pingües ingresos en su vejez inferiores a un salario mínimo, violando los mandatos legales, que sí engordan el negocio de los fondos privados de pensiones y contribuyen a acabar con Colpensiones como sistema de régimen de prima media.
- Bajo este Decreto existirá la tentación por parte de los empleadores como ya ocurrió con otras reformas, a cambiar contratos laborales de tiempo completo por contratos de tiempo parcial o por horas con lo cual solo pagarían el 15% sobre el salario de los trabajadores para su afiliación al nuevo piso de protección social, librándolos de la cotización obligatoria al sistema de riesgos laborales.
- No se le permitirá tampoco al trabajador su afiliación a las Cajas de Compensación Familiar, en las mismas condiciones establecidas en el actual régimen del subsidio familiar.
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– Para estos trabajadores todo el sistema de prestaciones sociales, vacaciones, primas, remuneración del trabajo suplementario, etc., reconocidos en el CST no le serán reconocidos si es un contrato de prestación de servicios. Peor si es un contrato laboral pues hoy no hay autoridad que garantice su cumplimiento.
– La estabilidad laboral desaparece totalmente dejando abierta la posibilidad de despido sin ninguna clase de indemnización.
– Toda esta relación laboral nada garantista y de extrema precarización rompe con toda posibilidad de ejercer el derecho de asociación y de negociación colectiva reconocido para todos los trabajadores del mundo, violentado gravemente en nuestro país, lo que constantemente le ha valido serios cuestionamientos a Colombia por la comunidad internacional y la OIT.
- Es claro que este lesivo decreto, codiciado por el gobierno y el Consejo Gremial de los grandes empresarios, incentivará a los empleadores para contratar trabajadores, pero sobre la mezquina fórmula de un salario menor al mínimo establecido, fórmula que le conviene al gobierno para fungir como creador de nuevos empleos, lo cual es falso puesto que estaría es dividiendo los contratos laborales ya existentes. Engañarán al país cambiando a los trabajadores actuales del régimen del CST, al nuevo y perverso decreto, mostrarán así falsas cifras de crecimiento de empleo generadas por la fórmula maligna “con el costo de uno contrate dos y además ahórrese cerca de un 37% en costos labores” porque esa es la realidad: Todo lo anterior equivale a que el empleador pagará al trabajador un 37% menos de lo que costaría una hora de trabajo en un contrato laboral regido por el CST. Serán destruidas las actuales convenciones colectivas, desaparecidos los sindicatos existentes, llevado al extremo el trabajo precarizado, profundizando la desigualdad y el empobrecimiento de la población. La fórmula mágica para formalizar el empleo la han encontrado el gobierno y el Consejo Gremial destruyendo las pocas garantías laborales existentes para no enfrentar el debate sobre las causas del desempleo generadas por un modelo de desarrollo profundamente neoliberal impuesto por ellos mismos al país, desde hace más de tres décadas, que destruyó las fuentes de empleo a través de la destrucción de nuestra agricultura y nuestra industria desaparecidas por las políticas de apertura de la economía y por el efecto de los Tratados de Libre Comercio firmados por los anteriores gobiernos y en plena ejecución por el presidente Iván Duque.
- Los colombianos deben saber que este decreto 1174 es la mayor estafa y el peor golpe a los trabajadores formales, a los informales y a los desempleados y un regalo más del gobierno a los grandes empresarios que de seguro no crearán como ha sido histórico en todas las reformas laborales ejecutadas en los últimos 30 años ni un solo empleo.
- El sindicalismo y los trabajadores bajo la dirección del Comando Nacional Unitario continuaremos haciendo resistencia a esta y cualquier otra reforma lesiva a los trabajadores y al país, respondiendo en la calle con movilizaciones, en los estrados judiciales, en las redes sociales y medios de comunicación, explicando a los trabajadores y al país sus nefastos efectos y en la denuncia internacional, especialmente ante la OIT hasta lograr su no aplicación. Haremos con los congresistas que han defendido a los trabajadores la denuncia y el debate en el Congreso de la República y le hablaremos al país en los debates nacionales que rodearán los procesos del 2022.
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