Piso de Protección Social de Duque: el combo de la precarización

Imagen de referencia tomada de washingtonpost.com

El proyecto de decreto sobre Piso de Protección Social no satisface los intereses de los colombianos. Este artículo es un resumen de los comentarios que la ENS presentó al proyecto de decreto.

Por Luisa Fernanda Parra y Ana María Amado

En el 2012 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió la Recomendación 202 para que los Estados apliquen los Pisos de Protección Social (PPS) los cuales tienen como propósito ampliar la cobertura de los sistemas de seguridad social a las personas más desfavorecidas con un enfoque de progresividad y atendiendo a las necesidades particulares de cada país.

Justificándose en el cumplimiento de la Recomendación 202, el Presidente de la República, incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 el artículo 193 que establece las bases para la creación y el desarrollo del PPS en Colombia. El sistema que plantea está integrado por un combo precario de tres componentes. Por un lado, los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), por otro lado, el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad en Salud y, finalmente, por un Seguro Inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por BEPS.

El movimiento sindical y organizaciones de la sociedad civil evidenciaron que el Plan Nacional de Desarrollo implementaba un Piso de Protección Social que precarizaba el acceso al derecho a la seguridad social por parte de la población más vulnerable del país, críticas frente a las cuales el gobierno hizo oídos sordos, quedando el tema eclipsado como consecuencia de la pandemia del COVID-19 que ha asolado a la población colombiana en 2020. Sin embargo,  a finales de julio el Ministerio del Trabajo publicó el Proyecto de Decreto que reglamenta esta figura, brindando dos semanas para intervenciones ciudadanas.

Resulta fundamental que desde el movimiento sindical y las organizaciones de la sociedad civil se vuelva a poner el foco en esta peligrosa iniciativa del Gobierno, por tanto, en esta entrega presentaremos un análisis del Proyecto de Decreto que Duque está montando para precarizar el empleo y el sistema en los próximos años.

El Piso de Protección Social de Duque: Ampliar la cobertura a costa de la precarización

Lo primero que debe resaltarse del Proyecto de Decreto es que el Gobierno pretende emitir la reglamentación del Piso de Protección Social a través de un proceso poco democrático, sin la publicidad y participación suficiente, casi por agache. Por otro lado, si bien es necesario ampliar la cobertura, el Gobierno pretende hacerlo reduciendo los niveles de protección, incumpliendo la Recomendación 202 que establece que dicha reducción sólo debe considerarse como último recurso a utilizar y no debe ir más allá de lo que resulta estrictamente necesario para preservar la sostenibilidad financiera y fiscal del sistema, ni debe redundar en una falta de solidaridad con los segmentos de la población que necesitan más protección.

Así, según la Recomendación 202 de la OIT, el Piso de Protección Socia hace parte de una estrategia propuesta a los Estados para la extensión del derecho a la seguridad social y que busca que se aseguren progresivamente niveles más elevados para el mayor número de personas posible.  Desde esta perspectiva se busca que se garanticen como mínimo:

  • Acceso a atención de salud esencial, incluida la atención de la maternidad, que cumpla los criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
  • Seguridad básica del ingreso para los niños, que asegure el acceso a la alimentación, la educación, los cuidados y cualesquiera otros bienes y servicios necesarios.
  • Seguridad básica del ingreso para las personas en edad activa que no puedan obtener ingresos suficientes, en particular en caso de enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez.
  • Seguridad básica del ingreso para las personas de edad, por lo menos equivalente a un nivel mínimo definido en el plano nacional.

El Proyecto de Decreto de Duque sobre el Piso de Protección Social hace todo lo contrario: además de adolecer de seguridad básica para los niños y para las personas en edad activa, amplía la cobertura a costa de los derechos que ya hemos ganado los colombianos pues reduce a la baja las garantías del sistema y abre la puerta para que los BEPS, un servicio complementario y no progresivo, cubra no solo a los más vulnerables, sino también a la población económicamente activa que puede cotizar a un sistema más garante y no asistencial, ¿cómo lo hace? Modifica uno de los requisitos inscritos en la Constitución y la Ley para acceder a los BEPS, el cual es que los beneficiaros no cumplan con las condiciones para acceder a la pensión, vulnerando así el principio de progresividad y no regresividad. Este principio prohíbe al Estado restringir cualquier medida que disminuya un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.

Así, a pesar de que el artículo 48 de la Constitución establece que se pueden conceder BEPS inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión, el Proyecto de Decreto amplía la cobertura estableciendo que  las personas que tengan uno o varios vínculos laborales por tiempo parcial y que en virtud de ello reciban un ingreso total mensual inferior a un (1) salario mínimo se encuentran obligados a acceder a los BEPS, sin que tenga importancia que cumplan o no con las condiciones para acceder a una pensión.

Bajo el argumento de estar ayudando a los más desfavorecidos condenan al país a un servicio social complementario, anclado en una perspectiva contributiva y no solidaria que no garantiza el derecho a la igualdad material y que amplía la desigualdad. ¿Por qué en lugar de proponer una reforma pensional progresiva que revierta la alta regresividad del gasto público del sistema de pensiones y su distribución nos condenan a un sistema de subsidios y protección mínima?

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Ausencia de una perspectiva diferencial

La Recomendación 202 de la OIT establece que deberán asegurarse estrategias de extensión de la seguridad social que aseguren el apoyo a los grupos desfavorecidos y a las personas con necesidades especiales, teniendo en cuenta, también, características como el género, la discapacidad, el origen, la etnia y la situación de empleo vulnerable. Este enfoque no se encuentra inscrito en el Proyecto de Decreto sobre Piso de Protección Social, por lo cual se considera necesario que lo incluya para acatar a cabalidad con lo establecido por las Recomendaciones de la OIT.

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¿Una antesala al trabajo por horas?

Además, pareciera como si el Proyecto de Decreto fuera la antesala de los trabajos por horas ya que permite múltiples cotizaciones, a favor de una misma persona que gane menos de un (1) salario mínimo, por parte de varios empleadores. Esto resulta problemático pues no se evidencia una integración y coordinación del sistema que evite confusiones, las cuales podrían traducirse en negar el derecho no solo de la pensión, también del servicio complementario de BEPS.

Al permitir cotizaciones por debajo del salario mínimo se habilita la flexibilización laboral que conlleva la reducción a la baja de las demandas de las y los trabajadores y sume al país en modelos de protección mínimos. A través de esta normativa Duque comienza a estructurar los cimientos del futuro sistema de seguridad social, pues entre líneas, pretende reemplazar el actual sistema por uno más precario y mediocre que no garantiza una seguridad social digna, que reduce a la baja las garantías del sistema y que contradice el principio de progresividad de la Recomendación de la OIT.

El Piso de Protección Social debería plantearse de manera que cubra a los más desfavorecidos sin bajar la vara de los derechos de los demás colombianos, garantizando tiempos que permitan apostarle a que el sistema progrese y no que se devuelva a aquellos tiempos de desprotección, del ‘sálvese quien pueda’.

Ana María Amado

Ana María Amado es Abogada de la Universidad Nacional de Colombia,  Especialista en Derecho del Trabajo y con estudios en Maestría en Derecho Constitucional en esa misma universidad.  Trabaja en la ENS desde hace 5 años. En la actualidad es la Directora Operativa Encargada de los Centros de Atención Laboral

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