115 días duro el cese de actividades de cerca de 100 trabajadores de las minas de sal del municipio de Manaure, en la Alta Guajira, quienes a principios de esta semana volvieron a su frente de labor luego de que los sindicatos, y la comunidad wayuu que los apoya, pactaron con la empresa iniciar una nueva negociación, pero con la mina en operación.
Estos trabajadores, y en general toda la población de Manaure, ligada histórica y económicamente a la producción de sal, afrontan una difícil situación, al decir José Ducand, presidente de Sintrasales, uno de los dos sindicatos de la empresa Big Group, operadora de la mina, con la cual tienen diferencias por su incumplimiento en las inversiones que requiere la empresa, y por las malas condiciones laborales.
La huelga se inició el 1° de marzo tras agotarse el plazo legal de la negociación del pliego presentado por Sintrasales y SintraBGsalinas, el otro sindicato de la empresa. No hubo acuerdo, pese a que estos sindicatos redujeron su pliego, y a los esfuerzos de la subcomisión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, la CUT, empresarios de Acopi y varios entes oficiales.
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Cuando se cumplieron 60 días de huelga, los sindicatos debieron levantarla para iniciar el trámite del tribunal de arbitramento, como ordena la ley. Sin embargo, el bloqueo de la producción continuó y los trabajadores no pudieron ingresar a la mina porque la comunidad indígena local bloqueó los accesos, en protesta porque la empresa Big Group le ha incumplido algunos compromisos, como el suministro del servicio de agua potable a los barrios más necesitados, entre otros.
Solo esta semana se llegó a un acuerdo, se desbloquearon los accesos a la mina y los trabajadores reanudaron su labor. El acuerdo fue propiciado por los sindicatos, que aceptaron retirar el pliego petitorio que está aún sin solución y en trámite de tribunal de arbitramento, y presentar un nuevo pliego en la mesa de negociación. Así que el conflicto laboral continúa, pero ya sin la presión del cese de actividades.
En su lucha por mejores condiciones laborales y sociales para la población de Manaure, los sindicatos han tenido el apoyo del Centro de Solidaridad de la AFL-CIO en Colombia, y del Centro de Atención Laboral (CAL).
Las principales diferencias entre las partes tienen que ver con la prórroga de la estabilidad laboral acordada hasta diciembre de 2017, y con el pago de cerca de $4.500 millones que el anterior operador de la mina quedó debiendo a los trabajadores. Ese operador fue SAMA S.A, la empresa que hace 15 años constituyó el Gobierno para emplear a la población indígena wayuu, dueña de la concesión minera. Los trabajadores también exigen baterías sanitarias, puntos de hidratación, pues laboran a temperaturas mayores de 400C, entre otras demandas.
Por otro lado, este conflicto laboral no ha estado exento de amenazas y ataques contra los dirigentes sindicales. De hecho, todos los miembros de la comisión negociadora de los sindicatos SintraBGSalinas y Sintrasales recibieron panfletos amenazantes en sus residencias el pasado 21 de abril.
Asimismo, se registró un atentado contra Carlos Gómez, presidente de Sintrabgsalinas. Sujetos desconocidos lanzaron un artefacto explosivo a su residencia, que por fortuna solo causó daños en ventanas y puertas.
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Un poco de historia
Al parecer, la empresa SAMA S.A. en manos de la comunidad Wayuu venía siendo mal administrada, atravesaba dificultades financieras y debía pagos a los trabajadores. Por lo que en 2014 se acogió a la ley de reestructuración empresarial. Y es ahí cuando aparece Big Group Salinas Colombia (BGS), empresa venezolana que había operado las salinas de Araya, en el vecino país, y que ofertó para quedarse con la operación, con la promesa de hacer inversiones para salvar la empresa.
Por su parte, los trabajadores debieron hacer algunos sacrificios, como aceptar terminar sus contratos de trabajo, o sea renunciar a la estabilidad laboral, y a la deuda que la empresa tenía con ellos. Todo con el objetivo de que ésta no se acabara y no se generara un gran problema laboral en la región.
Pero la empresa, según José Ducand, de Sintrasales, no solo incumplió con las inversiones que anunció para modernizar y activar la empresa, sino con lo de la estabilidad laboral, no contrató a los trabajadores con problemas de salud, por ejemplo. Tampoco rinde cuentas económicas a SAMA S.A, ni, como ya se dijo, ha cumplido sus compromisos sociales con la comunidad de Manaure.
“Hoy estamos padeciendo más necesidad que cuando estábamos con SAMA. Big Group no ha hecho las inversiones que necesita el Centro de Producción para levantarse, trabaja con las mismas herramientas y maquinaria con las que trabajábamos con el IFI-Concesión Salinas, que son desde los años 70”, señaló Carlos Andrés Gómez, presidente de SintraBGSalinas.
En concepto de este dirigente sindical, lo que quiere el operador Big Group es llevarse las riquezas de los indígenas wayuu, por lo que una de las aspiraciones es terminar el contrato de operación con Big Group y que la mina regrese a los dueños de la concesión minera: la comunidad Wayuu.
“Aquí no hay sólo un problema laboral. Ahora se convirtió en un problema social, de toda la comunidad. Y toda la comunidad está dando el respaldo al sindicato para que levante este proyecto”, agregó.
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