Informe 2022 sobre la situación de las mujeres en el mundo del trabajo.
Por Francis Corrales, Andrea Nathaly Cruz y Viviana Colorado
Luego de que la crisis de 2020 golpeara el mercado laboral, las mujeres volvieron a quedar en desventaja frente a los hombres, disminuyendo sus ingresos, y perdiendo derechos, con lo cual, aumenta la pobreza con rostro de mujer. El desarrollo será con mujeres o no será, porque la exclusión, y discriminación en los entornos laborales no afecta a una mujer, sino que, afecta a todo su entorno familia, comunidad y sociedad en general.
Tal vez por ello, la preocupación por el acceso a un empleo formal y remunerado es una constante en gobiernos, sociedad civil y organizaciones internacionales y, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, se constituye en un pilar de la defensa por la igualdad; la discriminación de la mujer en el entorno laboral es una deuda que no se puede postergar más.
¡La pobreza con rostro de mujer!
La pobreza en el mundo tiene rostro de mujer. “Según Naciones Unidas, el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. Además, una de cada cinco niñas en el mundo vive en condiciones de extrema pobreza”. En Colombia, el 5,3% de los hogares con jefatura femenina padecen pobreza multidimensional, mientras esta cifra es de 2,1% en los hogares con jefatura masculina, una brecha de 3,2 puntos porcentuales en contra de las mujeres.
Similar sucede con la pobreza multidimensional: mientras el 3,3% de los hogares con jefatura femenina la padecen, esta cifra es del 2,2% en hogares con jefatura masculina (cifras de la ENCV del DANE, 2018).
¿Pero estas diferencias tienen que ver con el acceso al empleo?
Sí, las cifras más altas de inactividad -sí obviamos que muchas de estas mujeres se dedican a las labores del cuidado no remunerado- y el desempleo, golpean más a las mujeres que a los hombres. Y ya en el mundo laboral, la situación es aún más compleja, si consideramos, por lo pronto, las brechas salariales. Según Amnistía Internacional, “Aunque las mujeres realizan el 66% del trabajo en el mundo y producen el 50% de los alimentos, solo reciben el 10% de los ingresos y poseen el 1% de la propiedad” (2020), lo que demuestra que en el mundo existe una brecha de género enorme, en el trabajo remunerado, entre hombres y mujeres.
Para Colombia, esta brecha, también es significativa: el promedio salarial entre las mujeres de Colombia es alrededor de 300 mil pesos menos que el promedio salarial entre hombres ($1.385.730 para ellas, $1.625.730 para ellos), mientras que el ingreso promedio de los hogares con jefatura femenina es 500 mil pesos inferior al ingreso promedio de los hogares con jefatura masculina, así que, para ellas, el promedio de ingreso es de $2.743.570, para ellos de $3.285.096 -datos al 2018- (informe del observatorio de género de la Alcaldía de Bogotá, 2020).
En la sociedad hay iniciativas que buscan aportar a la disminución de la desigualdad de género por la vía de priorizar a las mujeres en sus puestos de trabajo, o por apoyar sus iniciativas de autoempleo, incluso de las labores del cuidado remunerado. Sin embargo, esta apuesta puede ser una estrategia importante si el empleo que se ofrece es un empleo digno, que respete los derechos laborales y ofrezca remuneración suficiente, sobre todo, si se emplean mujeres en condiciones de vulnerabilidad social.
¿El crecimiento económico sin mujeres?
La economía global tuvo una precipitada caída durante el 2020 por la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 que, igual que en muchos países, en Colombia dejó lesionado el mundo del trabajo y, para el año 2021 ha significado un incipiente repunte. Sin embargo, desde la crisis económica del año 2008 los organismos internacionales han llamado la atención sobre la fragilidad del derecho al trabajo, ya que, ante una crisis, sea cual sea, los puestos de trabajo se ven altamente afectados. En las cifras de desempleo se puede observar que se amplían las brechas y se afecta a las poblaciones más vulnerables como mujeres y que, si además son jóvenes y rurales los efectos son preocupantes, a este fenómeno se le ha conocido como “la recesión femenina”, y tiende a ser de larga duración.
Según se puede observar de los casi 1,5 millones de personas que perdieron su trabajo en el año 2020 en Colombia, se recuperaron 403.000 puestos de trabajo en el año 2021, y de esta cifra solo 157.000 fueron mujeres. En el 2021 no se pudo recuperar la totalidad de los puestos de trabajo que se habían perdido en tiempos de confinamiento; pese a que diciembre marcaba un porcentaje de recuperación, el año cierra con una tasa de desempleo del 13,7% es decir que solo se logró recuperar cerca de 2 puntos porcentuales, con respecto a 2020.
De acuerdo con datos del DANE, el año 2020 cerró con una tasa general de desempleo de 15,8%; en diciembre del año 2021 hay una recuperación significativa, ya que el desempleo se redujo hasta ubicarse en 11%.
La volatilidad del empleo de las mujeres es muy alta, durante la crisis de 2020 las mujeres registraron un 20,4% de desempleo con una diferencia de 7 puntos porcentuales con respecto al año 2019. En el año 2021, se observa una reducción del desempleo hasta ubicarse en 18,1%, sin embargo, para los hombres la tasa cayó hasta ubicarse en el 10,6%; en este caso se puede observar que la persistente brecha entre hombres y mujeres es de 7,5 puntos porcentuales.
Incluso, entre las mujeres urbanas y las mujeres rurales hay una diferencia de 20 puntos porcentuales; lo que permite observar que hay más mujeres urbanas trabajando que mujeres rurales (Rimisp 2020).
Las crisis económicas, como la provocada por el confinamiento en 2020, muestra una caída en el mercado laboral, significa que, además de perder varios puestos de trabajo, aumenta la población inactiva, esto es, que la población en edad de trabajar deja de buscar empleo.
La tasa general de participación en el año 2021 fue de 60,6%, mientras en el año 2020 fue de 59,2%. En estos casos hay una incipiente recuperación en 2021, y la tasa queda en deuda con cerca de 3 puntos porcentuales ya que la cifra que se registró en 2019 se ubicó en 63,3%.
De acuerdo con el Dane para enero de 2022, la tasa de participación para las mujeres es de 50,7%; esto es, que de cada 100 mujeres que están en edad de trabajar, 50 están trabajando o están buscando trabajo. Mientras que, de cada 100 hombres, 75 están trabajando o están buscando trabajo.
Para el año 2020, el 40,8% de la población en edad de trabajar se encontraban inactivos, para el 2021 esta cifra tuvo una reducción de 2,7 puntos porcentuales. A este grupo pertenece más del 60% de las mujeres; esto es, que de 100 personas inactivas y en edad de trabajar, 60 son mujeres que no trabajan y no están buscando trabajo.
En general, en la población inactiva hay dos casos que preocupan en términos de la activación económica; por un lado, un grupo de personas que reportan otra actividad que no es trabajo en el hogar ni pensionado, y que han dejado de buscar trabajo. A este grupo se le considera “en desaliento’‘; es un grupo poblacional que ha dejado de buscar trabajo porque consideran que el mercado laboral no les brinda oportunidades. En estos casos, este grupo altera la tasa de desempleo, así que cuando se considera que está bajando el desempleo se requiere contrastar con la tasa de inactividad.
La segunda, tiene que ver con las mujeres; este grupo poblacional que, en su mayoría, se dedican al trabajo de cuidado no remunerado tanto del hogar como de la comunidad. En el año 2019 estaba en 9.429.160, y pasó a 10.561.469 para el año 2020 lo que reporta una variación en más de un millón de mujeres que se dedicaron a las labores del cuidado no remunerado. De acuerdo con las cifras del DANE, se han incrementado las mujeres económicamente inactivas desde 2018, pero es luego de que se declara la pandemia que tuvo un drástico aumento. En 2021, solo 120.000 mujeres retornaron al mercado laboral, generando una reducción muy baja en la cifra de inactividad.
Según cifras de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, ENUT del Dane, en el año 2021 el 90,8% de las mujeres de 10 años de edad o más del país, participó en actividades laborales no remuneradas, mientras que en hombres fue del 63,8%. En comparación con los hombres, las mujeres siguen siendo las que garantizan el cuidado como una labor histórica que no ha parado de crecer, según las cifras del Dane, el 52,6% de los hombres del mismo rango de edad participó en actividades remuneradas, y en mujeres fue el 28,9%. En este orden de ideas, es evidente la brecha existente entre hombres y mujeres, pues estas últimas dedican mayor parte de su tiempo a actividades que no le generan un ingreso, acrecentando las desigualdades que han vivido históricamente las mujeres en el mundo laboral colombiano.
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¿Puede relacionarse la crisis de 2020 con el incremento de los indicadores de inactividad de las mujeres?
Sí, es posible, si se tiene en cuenta que, de acuerdo con las cifras del Dane, para los primeros meses de 2021, el 4,6% de los hogares colombianos cuentan con trabajadora o empleada doméstica, significativamente inferior a lo registrado en 2017 (5,7%). Esto puede ser producto de los efectos económicos que trajo consigo la pandemia en el país, que limitó los ingresos y, con ello, la posibilidad de contar con recursos para el pago de las labores del cuidado remunero. En ese caso, al contrastar las cifras con el aumento de las labores del cuidado no remunerado por parte de las mujeres, es posible afirmar que es un factor para considerar en el aumento en las cifras de inactividad de estas.
Un indicador relativamente nuevo, pero que se viene realizando y consultando con mayor importancia desde este siglo y, es la tasa de personas que ni estudian ni trabajan, más conocido como tasa de NINI´s, la cual se calcula usualmente considerando la población joven, algunas veces de 14 a 28 años de edad y en otros casos, de 18 a 28 años. Esta población debería estar matriculada en la educación regular en los niveles de básica secundaria o media. El comportamiento de las cifras no es deseable, según los datos de lo que se tiene acceso, para 2018 registraba una tasa de NINI´s del 21,7%; y un año después subió al 22,6%. Es decir, 22 de cada 100 jóvenes de 14 a 28 años de edad, que en principio están en edad productiva, no se encuentran ni estudiando ni trabajando, una cifra que parece ir en aumento.
En cuanto a diferencias entre los jóvenes hombres y las jóvenes mujeres, se encuentra nuevamente una brecha en contra de estas últimas, ya que para los hombres esto representa un 13,6%, para las mujeres esta cifra se ubica en 31,6%.
En tiempos de crisis, el impacto se siente más en la población femenina. Según se estima, los puestos de trabajo de las mujeres se tardan más en recuperarse; además, por las condiciones propias de la crisis actual, la demanda de cuidado se ha elevado y, ha sido la población de mujeres la que ha tenido que asumir más tiempo a satisfacer esta necesidad, sobre todo, como trabajo no remunerado.
Si bien en el año 2020 la economía colombiana dejó de crecer porque se registró un -6,8% del ingreso general por actividades productivas, en el año 2021 se logró un crecimiento de cerca el 10%; según los organismos internacionales el crecimiento económico mejora la estabilidad la economía y se constituye en oportunidad para mejorar el mercado laboral (OCDE 2021). No obstante, la separación entre crecimiento económico y empleabilidad, en Colombia, es evidente, con los datos proporcionados por el DANE las cifras de desempleo siguen siendo motivo de preocupación, pues los indicadores de crecimiento mejoran y no se ve reflejado en más puestos de trabajo.
La recuperación no ha significado más empleo, como se puede observar en las cifras proporcionadas por el DANE, en diciembre del año 2021 el desempleo cierra con 3,4 puntos porcentuales más alto que en prepandemia, mientras que, para el año 2019, en prepandemia, con un crecimiento del 3,3%, el desempleo fue de 10% según la misma entidad estatal.
Un crecimiento económico que no coincide con reducir las tasas de desempleo, inactividad y desocupación de las mujeres, no puede garantizar el desarrollo.
Las mujeres en el mundo laboral
La crisis de 2020 dejó en evidencia que, en Colombia, el mundo de trabajo de las mujeres es frágil, además de exponer que no logra absorber la fuerza laboral disponible, también permite observar que, aún en relaciones laborales formales, las mujeres se exponen a condiciones poco favorables para sus vidas. En este caso podemos observar que, entre más vulnerables son las mujeres más indignidad y acceso desigual en el mundo laboral.
Para ilustrar estas condiciones desfavorables, expondremos dos grandes problemáticas: la precarización laboral y la exclusión del sistema de protección social y, tomaremos dos casos:
Las floriculturas que, por su condición formal, no son exentas de la precarización laboral asociadas a las garantías de los ambientes laborales seguros e ingresos dignos, y las trabajadoras domésticas que permanecen en los márgenes de los sistemas de protección social, para las cuales, la garantía de derechos sigue siendo una deuda difícil de cumplir.
Cortar flores, marchita las condiciones de vida digna de las mujeres
El sector de las flores genera alrededor de 194 mil empleos entre directos e indirectos (EVA, 2018), de los que se estima 105 mil son directos. Entre el 65% y el 75% de las personas que se emplean en este sector son mujeres, con una gran presencia de mujeres “cabeza de hogar”. Este tema de la prevalencia de mujeres en el trabajo de la floricultura, particularmente en la fase de cultivo, recolección y empaquetado de las flores, se ha convertido en una propaganda para el sector que lo muestra como inclusivo, como que aporta a la equidad de la mujer.
El trabajo en la floricultura es de los que mayor incidencia tienen del trabajo formal y regulado, al menos, en el mundo agroindustrial, que desde la perspectiva laboral y de la protección social, es una condición que, al menos, en el sector de la floricultura para la exportación es mayoritaria; no así para la producción de flores para el mercado interno, en la que su producción descansa principalmente sobre empresas informales, la mayoría de las cuales vincula el trabajo de las familias campesinas.
De estas condiciones formales se puede observar una tendencia favorable para la garantía de los derechos asociados al Sistema de Protección Social, los datos de Fasecolda (2021) nos indican que, en el caso de las flores, estaban afiliadas al sistema 3.708 empresas y 87.283 trabajadores, entre ellos 265 trabajadores independientes. Lo que sugiere que alrededor del 97% de las personas que trabajan en esta actividad están, al menos, cubiertas por el sistema de protección social.
En relación con la organización sindical, testimonios de algunos líderes sindicales dan cuenta que su tasa de sindicalización no llega al 5%. Así, las pocas organizaciones sindicales que hacen presencia en el sector son minoritarias y por lo tanto no tienen capacidad de incidir.
Las condiciones de contratación, en un contexto de condiciones de vulnerabilidad social de estas mujeres y de sus hogares, profundizan los círculos de la pobreza y hacen más difícil cerrar las brechas de género, especialmente en el trabajo agrario. En este caso, el empleo de mujeres que condensan diferentes casos de vulnerabilidad social sirve a las empresas para exigir jornadas laborales extensas, no respetar las recomendaciones médicas ni garantizar la salud laboral, limitar la libertad sindical, y el derecho a la asociación, incluso cargando sobre los hombros de las mujeres empleadas la responsabilidad de estas vulneraciones de derechos.
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Es difícil determinar las características generales de las mujeres que trabajan en el sector de las flores, pues no hay una cuenta nacional específica para el sector, ni un informe de los gremios de la floricultura que describan el trabajo. Sin embargo, podemos tomar a las personas atendidas en los CAL durante marzo del 2020 y diciembre del 2021 como una muestra de las condiciones de las mujeres en la floricultura.
Se han atendido 270 personas que trabajan en la floricultura, de las cuales el 195 son mujeres. 40% tienen como máximo nivel de formación la secundaria completa, 52% tienen grados de formación inferiores a éste (ya sea que culminaron la primaria y no siguieron sus estudios, o no culminaron la primaria, o terminaron la primaria, pero no la secundaria). El 4% tienen formación técnica o tecnológica y apenas dos personas de las atendidas alcanzan un nivel de formación profesional. El 70% de quienes asisten a los CAL del sector de las flores viven en el estrato dos y el 23% en estrato uno. El 53% viven en casa alquilada y solo el 39% tiene casa propia. El 56% son cabezas de hogar y, el 63% tienen personas a cargo
El salario promedio del sector de las flores es de un salario mínimo ($908.526 en 2021 y un millón de pesos en el 2022). En el 2021, un estudio de Litter Mendelson (una consultoría en temas laborales de Estados Unidos) estimó que el 88% de los gastos de la nómina de los colombianos se destina a cubrir gastos básicos, mientras el salario mínimo no alcanza para cubrir todos los gastos de la canasta básica familiar de una familia de dos adultos y dos niños.
De acuerdo con la experiencia de los CAL, entre 2021 y 2022, las problemáticas asociada a la floricultura son:
La tercerización laboral como método recurrente de la contratación laboral
- En una finca de 700 trabajadoras 400 pueden estar en la modalidad de tercerización; incluso, existe evidencia de que hay fincas en las que, la totalidad de la vinculación laboral es bajo esta figura.
- Les excluye de beneficios extra laborales, como los negociados en las convenciones colectivas y se les no garantiza estabilidad laboral.
- Evitan la vinculación sindical, por miedo a ser despedidas y/o excluidas, en temporadas venideras, lo que coarta la libertad sindical.
Si bien es difícil identificar la cantidad de personas que trabajan en el sector de las flores de acuerdo a sus modalidades contractuales, la información que reporta Fasecolda sobre el promedio de afiliación mes a mes entre el 2011 y el 2020 de las personas que cotizan bajo la actividad económica de “Empresas dedicadas a la producción especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire libre incluye solamente los invernaderos, cultivo floricultura”, nos pone en evidencia que hay alrededor de 4.500 personas que fluctúan a lo largo del año entre la vinculación y no vinculación laboral en este sector. Este dato, si bien es incompleto porque faltaría analizar cuál es la actividad económica con las que afilian todas las empresas de servicio temporal a quienes trabajan en este sector, sirve para dar una idea del panorama.
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- Padecen de enfermedades que, incluso, aparecen a muy temprana edad.
- El uso de insecticidas o productos para combatir enfermedades de las plantas, las actividades repetitivas de cortar, las posiciones de permanecer agachado muchas horas, o empinado y los cambios de temperatura, afectan la salud.
- Carece de perspectiva de género, ya que, no se atiende la incidencia de las labores repetitivas en el hogar, que impacta las labores propias de las flores, y que, en consecuencia, afecta el manguito rotador.
- Se percibe acoso y humillación con respecto a las condiciones de enfermedad, que en muchos casos derivan en afectaciones psicosociales
De acuerdo con los datos proporcionados, el riesgo de enfermedades labores en la floricultora son altos, ya que, “para el año 2019, por ejemplo, mientras que la tasa nacional fue de 83,15 enfermedades por 100.000 trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgo Laborales (SGRL), en el sector de la agricultura se presentó una tasa de morbilidad de 326,48, siendo la mayor tasa con respecto a los demás sectores económicos, y, por su parte, en la actividad de las flores la tasa fue de 1.420,51, la más alta de los últimos 10 años” (Delgado, 2021).
La imposición de extensas jornadas de trabajo y los diversos mecanismos para obligar a estas personas a trabajar más de las horas reglamentarias para que ante la ley parezcan jornadas concertadas
- Lo más común es no cumplir con la jornada laboral de 8 horas diarias.
- Las únicas personas que trabajan las horas reglamentarias son las que tienen recomendaciones (restricciones) médicas
- Citan a las trabajadoras a trabajar en jornadas extras, pero esta citación no necesariamente es voluntaria pues, quien no acepta de manera recurrente estos llamados a jornadas extensas, puede ser despedidos.
- Se hace uso de la excusa de la temporada alta, en la que se los contrata durante pocos meses, con extensas jornadas, bajo la ilusión de mejores salarios.
- Existen los “bancos de horas”, que consistente en que, durante la temporada baja, se obliga a los trabajadores y las trabajadoras a trabajar menos horas, pero se les paga el salario completo, sin embargo, esas horas luego son cobradas durante la temporada alta, so pena de que su incumplimiento genere descuentos en los salarios o el despido.
- El uso de los rendimientos de los trabajadores que más tareas realizan como el promedio general de todos los de esa labor, de tal manera que, como muchos no alcanzan a realizar el mismo estándar durante la jornada laboral, deben quedarse horas adicionales, muchas veces no pagas, hasta completar las labores.
Para las cuidadoras remuneradas del hogar, no hay cuidado con los derechos asociados a la protección social
En el caso particular de las cuidadoras remuneradas del hogar, trabajadoras domésticas, en el año 2020 se perdieron 100.000 puestos de trabajo que, aun en el año 2021 no se lograron recuperar. De acuerdo con las cifras de la ENUT-Dane 2021, para los primeros meses del año, el 4,6% de los hogares colombianos contaban con un trabajador o empleado doméstico, significativamente inferior a lo registrado en 2017 (5,7%). Esto puede ser producto de los efectos económicos que trajo consigo la pandemia en el país, que limitó los ingresos y empleos de los trabajadores.
La Ley 1778 de 2016 mejoró las condiciones en las que se venía contratando a las empleadas domésticas en el país. En este sentido, de acuerdo con los datos declarados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, GEIH, todos los empleados domésticos del país tienen contrato. No obstante, cerca de 85 de cada 100 empleados domésticos en el país tienen contrato verbal lo que los pone en una zona oscura, donde quienes contratan no consideran los derechos de seguridad y protección social, consagrados en las políticas de trabajo decente. En este caso, de acuerdo con las cifras del Dane, en 2020:
- Cerca de 3-4 de cada 10 trabajadoras domésticas en el país es jefe de hogar.
- En promedio, 8 de cada 10 de las trabajadoras no cuentan con afiliación a ARL.
- Cerca del 90% de las trabajadoras domésticas están afiliada a salud.
La afiliación a salud en materia laboral debe estar correspondida con el régimen contributivo. Según la evidencia, la mayor parte de los empleados si están afiliados a salud, pero al régimen subsidiado. A nivel país, cerca del 60% de los empleados domésticos están afiliados al subsidiado. En la zona rural este porcentaje es ligeramente superior.
- Cerca del 80% de las trabajadoras domésticas no cuentan con afiliación a pensión, situación alarmante porque es población que, potencialmente, estarían desprotegidas cuando alcancen la etapa de adulto mayor.
- Mientras que en el 2018 el 73% de los empleados domésticos del país declararon no recibir vacaciones remuneradas, para el 2020 ese porcentaje subió al 75,6%.
- A nivel país, el 75% de las trabajadoras domésticas declararon que no recibieron cesantías.
- Menos del 2% de los empleados domésticos del país reciben prima de navidad.
- En cuanto a los ingresos se identifica una involución: en general, se pagaba mejor en 2018 y en 2019 que en 2020, situación que podría ser atribuida a los efectos económicos que trajo consigo el covid-19 y que incidió de forma negativa en el flujo de caja de empresas y hogares, especialmente de los más pobres y vulnerables.
- Cerca de 7 de cada 10 trabajadoras domésticas reciben alimentos como parte de pago.
- La afiliación a gremios o sindicatos por parte de los empleados domésticos es marginal. En términos generales, la afiliación está por menos del 0,7%. Y durante el 2020 cayó más dicha participación.
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¿Qué conocemos de las mujeres trabajadoras domésticas sindicalizadas?
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En Colombia, cerca del 95% de las personas que se ocupan en el trabajo doméstico son mujeres, sin embargo, la tasa de sindicalización es baja, menos del 1% de las trabajadoras pertenecen a un sindicato y suman cerca de 1750 mujeres. De ellas, cerca de 850 están afiliadas al Sindicato Unión de Trabajadoras Afrodescendientes del servicio domésticos. Con este grupo, en el año 2021 se realizó una encuesta para su caracterización, en la que participaron 138 mujeres y, se destaca que:
- El 70% se encuentran en el nivel socioeconómico 1.
- La mayor parte de las mujeres han desarrollado estudios entre primaria y secundaria, este es el grupo poblacional que predomina en el proceso formativo. La diferencia con respecto a técnica y tecnológica es muy alta, pues entre estos dos solo suman el 17%.
- De este grupo, el 46% respondió que se encuentra trabajando, frente a un 54% que manifestó no estar trabajando.
- De las mujeres que se encuentra trabajando, el 56% de las mujeres que indican estar trabajando en el momento, trabajan tiempo completo, el 39% de las mujeres dicen trabajar por días.
- De las mujeres que indican trabajar por días, el 65% percibe un ingreso por su trabajo, de $50.000 día y más. El 26% señala que percibe menos de $40.000
- El 78% de las mujeres participantes declaran ser madres cabeza de familia. Entre los familiares que las mujeres dicen tener a cargo, hay adultos mayores, mujeres y hombres jóvenes, y niños y niñas.
Este grupo de mujeres, que están sindicalizadas y hacen un ejercicio de defensa de los derechos, encontramos que solo el 46% tienen un trabajo, y de ellas, se puede destacar que, tienen un amplio reconocimiento en al menos tres de los pilares de la seguridad social. El 51% cuenta con prima; el 67% cuenta con ARL y el 50% con EPS. Sin embargo, el porcentaje de mujeres que se encuentra trabajando es bajo, lo que evidencia la inestabilidad del sector.
Por las condiciones del sector floricultor y del cuidado remunerado. La defensa de los derechos no puede parar
En estos sectores prevalecen altas cifras de pobreza, derivadas de la prevalencia de bajos salarios. En ellos, los ingresos rara vez superan el salario mínimo, y como en el caso del sector flores se presentan jornadas extensas, además de numerosos problemas de salud laboral, teniendo tasas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales mucho más altas que las tasas nacionales, e incluso más altas que el agregado del sector agroindustrial.
En el caso del sector de trabajadoras domésticas, la desprotección en los casos de seguridad social las hace más vulnerables a las condiciones de precarización que afectan la salud, los ingresos y la participación en condiciones dignas en el mundo del trabajo.
En ambos casos, las modalidades de contratación sumado a los bajos salarios dificultan las posibilidades de ascenso social de las mujeres que trabajan en estos renglones de la economía nacional. En estos casos hay que considerar que, con salarios que no genera capacidad de ahorro, con una inestabilidad en los puestos de trabajo, y la apertura a periodos de tiempo de no recibir remuneración es poner en riesgo incluso, como mínimo, a la seguridad alimentaria.
Las razones por las cuales miles de mujeres continúan trabajando bajo estos contextos tienen relación directa con sus propias condiciones de vulnerabilidad social, que se caracterizan por ser madres cabeza de familia que tienen personas que dependen de ellas y, bajos niveles de escolaridad. Así, el hecho de contratar mujeres, la mayoría madres cabeza de familia, no es un hecho que pueda interpretarse como un acto altruista o incluyente, sino como una estrategia para tener mano de obra dócil, temerosa de la organización sindical, y la negociación colectiva, y dispuesta a aceptar condiciones precarias de trabajo para sostener la exigua economía familiar.
En ultimas ¿cómo se puede hablar de crecimiento económico y desarrollo sí las mujeres no participan en condiciones dignas del mundo del trabajo?
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La violencia antisindical contra las mujeres
Las mujeres sindicalistas han sido víctimas de distintas formas de discriminación, exclusión y violencias, incluso de la violencia antisindical. Por eso, este 8 de marzo también es una fecha para conmemorar las luchas lideradas por las mujeres sindicalistas y las víctimas, mujeres directivas, activistas y afiliadas de base, quienes han sufrido de manera directa el rigor de los hechos victimizantes, como también las víctimas indirectas y las mujeres familiares de las víctimas. Según el registro del Sistema de Información de Derechos Humanos, Sinderh, de la ENS, entre 1983 y 2022 se registraron al menos 3.426 violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra mujeres sindicalistas, de las cuales 339 perdieron su vida, además fueron registrados 9 casos de tortura, 17 desapariciones forzadas, 48 atentados, 880 desplazamientos forzados, 1920 amenazas, 112 hostigamientos, 61 detenciones arbitrarias, 24 secuestros, 15 allanamientos ilegales y un homicidio de familiar. Los 25 casos de violencia antisindical contra mujeres documentados durante el último año evidencian la persistencia y la gravedad de este fenómeno.
Más allá de las cifras, este fenómeno con características y afectaciones diferenciales, representa una tragedia humana, social, política y organizativa para las mujeres sindicalistas, el movimiento sindical y la sociedad en general. Vidas arrebatadas, liderazgos menguados y/o exterminados, familias afectadas, agendas y proyectos colectivos truncados, son algunos de los daños e impactos generados por causa de la violencia antisindical cometida contra las mujeres.
En el horizonte más amplio de las violaciones a los derechos de las mujeres, la categoría de violencia antisindical termina siendo fusionada, amalgamada, se le hace invisible y se interpreta como una violación que se inflige por la condición de mujer y no por la de mujer sindicalizada. Hay que entender que la mujer sindicalista asesinada termina siendo víctima de dos discriminaciones históricas: de un lado, a causa de su realidad de mujer, y de otro, por su condición de sindicalista (Correa G; Malagón L, 2012).
Asimismo, según el informe entregado por mujeres sindicalistas a la Comisión de la Verdad, algunas de las lógicas que explican la violencia contra las mujeres sindicalistas en el marco del conflicto armado son: i) como forma de violencia antisindical; ii) como forma de atacar directamente a las reproductoras de la vida, a quienes cuestionan el modelo económico, y a las constructoras de paz territorial; iii) como forma de mantener el sistema social que sostiene las desigualdades, la explotación y la discriminación contra las mujeres, o continuum de violencias (Trujillo, 2020).
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