Mario Alejandro Valencia es director de Cedetrabajo, una ONG que, como su nombre lo indica, se ocupa de asuntos del mundo del trabajo y su entorno económico y político; un profesional que constantemente analiza estos temas en sus informes y columnas de opinión.
Con él la Agencia de Información Laboral quiso conversar sobre la crisis del coronavirus y las medidas que desde el Gobierno y las empresas se están tomando, como el decreto 558, que transfiere a Colpensiones la obligación de pagarles a los pensionados de los fondos privados;habla de la autorización para retirar el ahorro de cesantías a fin de completar los bajos ingresos de la gente; del funcionamiento del FOME y las fuentes de recursos del Gobierno para enfrentar la pandemia, de la renta básica para la población, que algunos han propuesto, entre otros temas.
Valencia enfatiza que las medidas de orden económico que ha tomado el Gobierno, favorecen y salvaguardan, antes que todo, los intereses del sector financiero, el único que, según él, está pescando en el río revuelto de la crisis:
En columna reciente usted dice que el decreto presidencial que transfiere a Colpensiones la obligación de pagarles a los pensionados de los fondos privados, en lugar de proteger los sectores productivos favorece al sector financiero y clava a Colpensiones. ¿Cómo es eso?
El Gobierno Nacional, en lugar de actuar con mayor celeridad para proteger a las empresas que ocupan a 6 millones de personas en la agricultura y la industria, decidió beneficiar al sector financiero, que en 2019 ganó $21 billones con recursos propios y $72 billones con recursos de terceros. Así lo establece el Decreto 558, que en apariencia protege las pensiones de 20 mil afiliados a los fondos privados, permitiendo que se trasladen $5 billones desde éstos a Colpensiones. Esto lo que prueba es inviabilidad del régimen pensional privado y la intención del Gobierno de favorecer a los banqueros. El traslado de ese dinero no corresponde a un cálculo actuarial del costo de los pensionados en retiro programado, de modo que cuando éstos lleguen a Colpensiones entran a una bolsa común. Y, en segundo lugar, los $5 billones serán en títulos valores de deuda pública y privada. Como las mayores pérdidas del mercado de valores colombiano han sido de estos títulos de renta fija, lo que las AFP le entregarán a Colpensiones son papeles desvalorizados, cuya tasa cayó 22% entre enero y marzo. Ahí está la trampa: las AFP desencartándose de pensionados y de unos “bonos basura”, para recuperar con recursos públicos algo de las pérdidas acumuladas en los últimos meses. En un país ya bastante endeudado, pareciera que el Gobierno solo trabaja para los banqueros. Son éstos quienes mandan.
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Otra medida es que los trabajadores puedan retirar parte de sus cesantías para completar el ingreso de salario disminuido. ¿Cómo ve esa?
La gente necesita liquidez, y es bueno que disponga de ese ahorro. Lo preocupante es que se va a gastar ese ahorro en una emergencia en la que el actor principal debe ser el Gobierno, llamado a dar subsidios ¿Quién les va a devolver ese ahorro gastado a los trabajadores? El gobierno simplemente se lava las manos diciendo que pueden disponer de los recursos de las cesantías, en vez de brindar subsidios a la gente, como lo están haciendo los gobiernos en países desarrollados.
¿Al Fondo de Mitigación de Emergencias, Fome, qué músculo le ve?
El Fome va en la dirección correcta, pero es insuficiente. Y no solo eso: el Gobierno está muy lento para implementarlo. Pareciera más preocupado por hacer anuncios que en concretar sus políticas. Habla de estar tramitando recursos con el Banco Mundial y otras entidades financieras, pero si esos recursos no le llegan de manera pronta a los hospitales, centros médicos, a personas y empresas que necesitan el apoyo, todo se queda en el discurso.
En cuanto al apoyo a las empresas para salvar empleos, ¿qué debería hacer el gobierno en ese frente?
Hay que tener en cuenta que en Colombia el 99.4% de las empresas son pequeñas y medianas. Solo el 0.6% son grandes, con músculo financiero para sostener una crisis. Pero de resto son empresas que viven al mes, podrán aguantar dos o máximo 3 meses, necesitan recursos urgentes. Liquidez, es la mayor necesidad en este momento. El Gobierno la está dando a través del sistema financiero mediante créditos, pero sin garantías de que vayan a favorecer a quienes realmente los necesitan; y sin garantías de que los bancos comerciales los vayan a inyectar a costo cero a las empresas. Resulta absurdo que un empresario que no está produciendo y teme la quiebra, solicite un crédito para pagar salarios. Lo que necesita son subsidios directos no reembolsables, y el Estado es el que debe ofrecerlos. Dice Acopi que muchas de las empresas, no sabemos cuántas, no volverán a abrir, veremos avisos de quiebra porque no tienen recursos para volver a operar. Y las que podrán abrir no van a producir porque no tienen órdenes de pedido, la gente no está comprando nada. En Francia, Alemania, el Reino Unido han establecido una especie de demanda ficticia. Esto es, el Estado les compra a las empresas sus inventarios para que no se quiebren. El cliente es el Estado.
¿Cuáles cree son las fuentes de recursos que el Gobierno tiene a la mano en este momento para enfrentar la pandemia?
El Gobierno tiene que hacer una restructuración del presupuesto general de la nación, primero que todo. También puede hacer una renegociación del servicio de la deuda externa, como lo está haciendo Argentina. Se sigue abonando al capital de la deuda, pero se libera el pago de intereses, lo que daría recursos por 20 billones de pesos. Otra medida es que el Banco de la República inyecte recursos a la economía mediante la compra de títulos de deuda al gobierno. Sería una forma de que esos títulos no queden en manos de especuladores financieros. Y eso no se está haciendo.
¿De qué está viviendo la gente en este momento de confinamiento general, usted que cree?
Muchos están viviendo de sus ahorros; parte de la población más vulnerable ha recibido ayudas en dinero, mercados y algunos servicios. Y hay actividades que no han parado, siguen produciendo en el sector agrícola y de industrias, ocupando gente. Las universidades y colegios, aunque virtualmente, siguen también activos. Las más afectadas son las empresas del sector comercio. No podrán reintegrarse a la actividad normal en meses, según anunció el gobierno. Estamos hablando de bares, restaurantes, discotecas, cines, espectáculos artísticos, conciertos.
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Con ocasión de esta pandemia se habla y escribe mucho de la llamada Renta Única Universal, y la renta mínima para los menos favorecidos. ¿Qué piensa de esas propuestas?
Es lo que hay que hacer sin demoras: proveer un mínimo de recursos para poder aguantar el encierro en las casas. Porque la cuarentena funciona si la gente se puede quedar en las casas, como funcionó en China, Corea, Singapur, donde el Estado con una presencia muy fuerte a través de sus instituciones públicas, le dio a la población la confianza de que si se quedaba en casa el Estado respondería por la sobrevivencia, no solo con suministro de dinero y mercado, sino de bienes y servicios esenciales. El gobierno de Estados Unidos giró 70 millones de cheques de 1.200 dólares en promedio. Si eso no se hace la cuarentena es ineficaz, porque la gente debe salir a buscar su sustento. Es una disyuntiva absurda: morirse de coronavirus, o de hambre. Si no tengo con qué quedarme en la casa porque mi trabajo está afuera, pues da lo mismo que muera de coronavirus o de inanición.
El virus y la crisis golpean sin discriminación, nos afecta a todos, pero, así y todo, ¿hay alguien sacando beneficios de esta crisis?
Sí, el sector bancario, que parece inmune al coronavirus. Hay formas de poner en cintura al sector bancario, pero en Colombia no porque tenemos un gobierno que expide las medidas a su favor, como, entre otros, en el caso del traslado a Colpensiones el pago a los pensionados de los fondos privados.
Hasta el frenazo del coronavirus el gobierno hablaba de presentar las reformas pensional y laboral. ¿Si hay hoy un espacio para esas reformas?
No creo. Ya el Presidente Duque incluso las descartó. Además, serían absurdas, porque la reforma que quiere o quería Carrasquilla era para recoger dinero con qué pagar la deuda externa a los bancos acreedores.
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