Que la crisis la paguen banqueros, especuladores, latifundistas y grandes corporaciones, no los trabajadores

Imagen de referencia tomada de elindependiente.com

“Qué la crisis no la paguen los trabajadores” es una campaña comunicativa de la Escuela Nacional Sindical que pretende visibilizar las diversas situaciones que vive el mundo del trabajo en Colombia.

Por: Carlos Julio Díaz Lotero

Voceros empresariales han salido a vender la idea que, para evitar una crisis laboral y social sin precedentes a causa de las políticas sanitarias para enfrentar la pandemia que nos azota, gobierno, empresarios y trabajadores deben asumir la crisis a costos por igual, en lo que han llamado la estrategia del “todos ponen”.

En países con rentas altas y bajos niveles de desigualdad es discutible y viable la propuesta, pero en un país como Colombia, que según el Banco Mundial es el cuarto país más desigual del mundo, es como pedirle al harapiento que entregue lo que no tiene al que todo lo tiene.

Dentro de las causas de los altos niveles de pobreza y desigualdad que caracteriza a nuestra nación se destaca la baja remuneración del trabajo, que lo hace participe solo de la tercera parte de la renta nacional, cuando en los países OCDE los salarios representan casi el 70%.

Otra causa de la desigualdad es la baja capacidad redistributiva del sistema tributario y la concentración del gasto público en las familias más ricas del país y en las grandes corporaciones agropecuarias, mineras y financieras. A lo anterior, súmele la corrupción y la baja densidad sindical por fenómenos como la violencia y la cultura anti-sindical del Estado y los empresarios.

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Trabajo infectado: malas prácticas que afectan derechos laborales

Uno de los casos de malas prácticas que afectan derechos laborales de los trabajadores del país, es lo que viene sucediendo con el personal de la salud, que según el gobierno son los héroes de primera línea en la lucha contra el Covid-19. Pero a estos héroes no les pagan sus salarios, sus condiciones laborales son precarias y las políticas y programas de protección laboral prácticamente son inexistentes.

Un caso emblemático es el de los 700 trabajadores de la IPS Génesis que presta servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a los usuarios de la EPS MEDIMÁS. La IPS cerró definitivamente a finales de abril. A estos trabajadores les adeudaban más de cuatro meses de salarios, no les pagaban parafiscales y aun hoy, no se sabe que va a pasar con ellos.

Las negociaciones colectivas en el sector público se habían suspendido hasta el 31 de mayo del presente año a causa de la política sanitaria de confinamiento. A partir del 1 de junio la Función Pública autorizó el inicio de labores de manera virtual, pero las 400 negociaciones no se pudieron iniciar por las razones señaladas.

Dada las circunstancias fiscales que se prevén para las entidades territoriales, se presentan casos, como la decisión del alcalde de Popayán de no aumentar los salarios del personal administrativo de la educación. Y la suspensión de los contratos al personal de servicios generales en muchos colegios del país.

Por las dificultades señaladas, estas negociaciones colectivas se darán en un contexto de grandes presiones hacia los trabajadores del Estado y sus organizaciones, forzándolos para que renuncien a derechos intocables de acuerdo con el mandato constitucional.

La CUT ha orientado, en lo posible, negociaciones rápidas que resuelvan el asunto salarial y algunos temas adicionales sensibles, para no desgastarse en negociaciones virtuales que dificultan el proceso argumentativo. Desde la ENS consideramos que estas negociaciones no se pueden dejar apabullar en el radar de la agenda pública por las campañas publicitarias del gobierno, y la avalancha de decretos pro empresariales, que de fondo nada resuelven la grave crisis de salud pública y de la economía.

También hay prácticas sanas

En medio de la pandemia también han brillado prácticas que se vuelven alternativas en medio de la crisis, especialmente en el campo del diálogo social y la libertad sindical.

Se mencionan algunas empresas que no solo no despidieron a sus trabajadores, sino que les garantizaron el 100% de sus pagos salariales, como la cadena de comidas Crepes & Waffles, Tecnoglass de Barranquilla y Panamericana, entre otras.

En el campo de la negociación colectiva en el sector público, se destaca el acuerdo laboral en el municipio de Facatativá, donde el personal tuvo incremento salarial del 8,5%; el Distrito de Cartagena, que negoció un incremento del 7,5%, igual que en el municipio de Fusagasugá. En Dosquebradas fue del 6,5% el incremento.

Esto demuestra que donde hay voluntad política se pueden hacer acuerdos dignos de la condición laboral del personal de las entidades territoriales, sin afectar mayormente las finanzas públicas. ¿No es hora de fortalecer al Estado en sus funciones de provisión de bienes públicos para superar la crisis de la pandemia? ¿Si no es el Estado quien responde ante la debacle?

Algo de sensatez todavía queda en el país.

Carlos Julio Díaz Lotero

Carlos Julio Díaz Lotero es Contador Público de la Universidad de Medellín. Especialista en Planeación urbano regional de la Universidad Nacional. Ex – presidente de la CUT Antioquia. Actualmente es Director Encargado de la Escuela Nacional Sindical

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