2018, peor año para defensores de Derechos Humanos, informe del Programa Somos Defensores

Foto tomada de: www.elheraldo.co

El programa “ Somos Defensores ”, de la Asociación MINGA, Benposta Nación de Muchachos y la Comisión Colombiana de Juristas – CCJ , publicó su informe anual sobre el estado de la seguridad y la vida de los defensores de derechos humanos en Colombia, entre ellos sindicalistas y dirigentes de organizaciones sindicales. ‘La naranja mecánica’, se titula el informe, y da cuenta de los sucedido en este tema en el 2018.

El informe, realizado y procesado por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH), afirma de entrada que en la última década el 2018 fue el peor año para las personas defensoras de Derechos Humanos y líderes sociales en Colombia.

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En 2018 se presentaron 805 agresiones contra activistas de derechos humanos, 2,2 en promedio por día, lo que significa un incremento en las agresiones del 43.75% en relación con 2017. La cifra más alta desde 2009, año en que el programa Somos Defensores comenzó a estudiar este flagelo. En el 29% de los casos las víctimas fueron mujeres y en el 71%  hombres.

Estas 805 agresiones comprenden homicidios, amenazas, atentados, desapariciones, detenciones, judicializaciones y robos de información. El mayor número fueron amenazas, con 583 casos, el 72,4 % del total.  Pero lo que más preocupa es que los asesinatos se incrementaron de manera alarmante. En el 2017 se registramos 106, y en el 2018 la lista subió a 155, un incremento del 46%. En esta lista figuran 10 líderes sindicales (ver abajo).

Y en lo que va de 2019, el panorama no pinta mejor. De acuerdo con SIADDHH, entre enero y marzo se presentaron 245 agresiones, un incremento del 66% en comparación con el mismo periodo del 2018.

Los hechos criminales se presentaron en casi todos los departamentos del país. El mayor número de asesinatos se registró en Cauca, seguido de Antioquia, con 18 y 14 casos respectivamente. Norte de Santander, Putumayo, Valle y Caquetá fueron los otros territorios más afectados. En Cauca los asesinatos se incrementaron en 55,5% con relación al 2017, pasando de 18 a 28. Peor fue en Antioquia, donde de un año a otro se pasó de 14 a 26 asesinatos, incremento del 85,7%.

Los meses con mayor incidencia fueron julio (119 casos), mayo (112), agosto (109) y junio (77). El alto número de agresiones en mayo y junio da a pensar que está relacionado con la primera y segunda vuelta de la elección presidencial. Por eso inquietan estos altos niveles de violencia frente a unas políticas de Gobierno poco efectivas para garantizar la vida de los defensores de cara a las próximas elecciones.

Escalamiento del conflicto

El informe recalca que “la ausencia de medidas integrales que intervengan los círculos de violencias” en todo el territorio nacional, desencadenaron un escalamiento del conflicto armado. El Acuerdo de Paz, que fue un punto de giro en Colombia, podía haber conducido a resultados diferentes, pero las malas decisiones generaron las condiciones para alimentar la guerra y permitir su escalamiento, señala el informe.

Así que las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales han quedado en medio del escalamiento del conflicto, del fortalecimiento del narcotráfico y la creación de nuevos grupos armados, que han trenzado disputas para ganar o consolidar territorios. Todo esto propiciado, en parte, por la baja capacidad del Estado para ocupar las zonas que dejaron las FARC después de su desmovilización.

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Y en medio de esta situación, en lugar de dar prioridad a la protección de la vida de los defensores, el Gobierno pone en el centro de sus políticas la economía naranja. Cuando lo más importante es atender el contexto de crisis de derechos humanos en que nos encontramos. Propone estrategias poco efectivas como el Plan de Acción Oportuna, para supuestamente proteger la vida de los y las defensoras, pero le resta importancia a instrumentos e instancias iniciadas en el anterior Gobierno para intervenir la violencia de manera estructural.

Como una de las principales causas de la violencia contra los defensores, se identificó el reordenamiento de los grupos armados en los territorios que dejaron las Farc después de la firma del Acuerdo de Paz y su desmovilización.

Otra es la impunidad, que sigue siendo factor preocupante. Las indagaciones muchas veces se concentran en identificar el autor material, cuando detrás de cada agresión o asesinato hay responsabilidades a niveles más profundos.

Señalan que el papel del Fiscal Néstor Humberto Martínez ha perjudicado el proceso. El anterior fiscal, Eduardo Montealegre, decidió “meterle pedal” a las investigaciones de los asesinatos de defensores de derechos humanos, y creó un grupo de tareas especiales para priorizar investigaciones de violaciones graves, con resultados positivos, pero Martínez le ha restado prioridad a esta iniciativa.

Según el SIADDHH, de las 805 agresiones de 2018 se presume que 55,5% fueron cometidas por grupos o estructuras paramilitares, 33,5% por desconocidos, 5%  por grupos disidentes de las Farc, 4,2% por la Fuerza Pública, y 1,8% por la guerrilla del ELN.

La misma Fiscalía en sus resultados recientes dice que este grupo es responsable de un número bajo de casos: el 7%. Pero en todas sus alocuciones el Fiscal Martínez se refiere al ELN y el Clan del Golfo como los principales responsables de los asesinatos. Su actitud negativa hacia el proceso de paz y sus afirmaciones mediáticas contrastan con las del Procurador Fernando Carrillo, quien dice: “aquí ha habido casos de cooptación de los agentes del Estado por organizaciones criminales que están eliminando a los líderes sociales”.

En cuanto al asesinato de los líderes de asociaciones campesinas de sustitución de cultivos ilícitos, el informe llama la atención sobre la contradicción de la política del Estado, que en el marco del Acuerdo de Paz convoca al campesinado a programas de sustitución de cultivos ilícitos, pero no ofrece estrategia de protección y garantías para estas personas. De los 155 casos de asesinatos registrados por el SIADDHH, 19 estaban relacionados con dicha política, el 12.2%.

Sobre el trabajo y resultados de la Unidad Nacional de Protección, afirma que esta es una entidad privatizada, que prácticamente contrata toda su operación con terceros. Tiene 6.600 funcionarios, y de ellos apenas 260 son de planta. Actualmente protege 7.400 personas, de las cuales 4.700 son líderes y lideresas sociales, 1.200 son ex integrantes de las Farc entre ellos. De 2018 a 2019 su presupuesto general creció 20%, pero el número de líderes amenazados creció mucho más que eso.

Líderes sindicales asesinados

En la larga lista de 115 líderes asesinados en 2018 que revela el informe del Programa Somos Defensores, figuran 10 líderes sindicales.

La lista la encabezan Cristian Andrés Lozano, Gilberto Espinosa Victoria y Luís Eduardo Domínguez Blandón, los tres trabajadores y dirigentes del sindicato Sinaltrainal en el Valle del Cauca, asesinados el mismo día: 23 de mayo, por autores que en el informe aparecen como desconocidos.

También figura Edilberto Cristancho Niño, líder del proceso de formalización laboral y crecimiento sindical de Sintraimagra Seccional Meta, asesinado por desconocidos el 4 de noviembre en Villavicencio.

Robert Emiro Jaraba Arroyo, líder de restitución de tierras en Caucasia, Antioquia, pero que dedicó 15 años de su vida a Sintramineros. Asesinado el 16 de julio presuntamente por paramilitares, “Los Caparrapos”.

José Uriel Rodríguez, de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío (ATCC), organización filial de Fensuagro, asesinado el 7 de agosto.

Y figuran 4 educadores afiliados a distintos sindicatos de Fecode. Ellos son:

– Delmayro Reyes Gonzalez, de la institución educativa El Palmar, municipio de Dagua, asesinado por hombres no identificados el 30 de mayo.

– Luis Gabriel Gómez, director de la escuela de la vereda Bajo Lorenzo, Puerto Asís, el 25 de agosto.

– Javier Ancízar Fernández Muñoz, líder de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca (ASOINCA) y docente de la Institución Educativa Francisco Antonio Rada, asesinado por desconocidos el 1º de octubre en el municipio de Suárez, Cauca.

– Henry Arturo González, docente de la Institución Educativa Rural Alfredo Gómez, corregimiento El Tigre, Vegachí, Antioquia, el 16 de diciembre. Autores desconocidos.

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