Vargas Lleras, el maleducado

Esta es la respuesta a la más reciente columna publicada por Vargas Lleras en el Diario El Tiempo.

Por Nelson Alarcón

El retorno a la presencialidad en los colegios públicos ha generado una movilización ciudadana sin precedentes. Padres, madres y cuidadores, así como los maestros y maestras de todo el país, se convirtieron en los primeros veedores de las condiciones básicas para un retorno seguro a las aulas. Este no es un debate superfluo o secundario como dicen algunos, ya que el 22% de las sedes educativas no tiene acceso al servicio de agua. En departamentos como Magdalena, Córdoba, Chocó o San Andrés, la falta de acceso a agua potable puede llegar al 30%. Además, se suma la necesidad de adecuación a la infraestructura para garantizar la ventilación, el aforo, la compra o adaptación de lavamanos a la entrada de cada sede, el acceso a jabón de manera permanente y la entrega de tapabocas certificados.

A todo lo anterior, se suma la necesidad de planear y mejorar el Programa de Alimentación Escolar, uno de los temas más álgidos, por cuanto el derecho a la educación viene de la mano con una alimentación nutritiva. En todo este proceso, el gobierno nacional representado por el Ministerio de Educación actuó siempre tarde. Durante el 2020 no quiso declarar la emergencia educativa ni avanzar en el cierre de la brecha digital. De los 400.000 millones girados por el Ministerio a las entidades territoriales entre julio y noviembre del 2020, para febrero solo se había ejecutado el 16% y para junio el porcentaje de ejecución no llegaba al 45%.

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Algunos hablan de lentitud en las adecuaciones, pero lo cierto es que asistimos a la evidencia estructural de la desigualdad. La pandemia hizo visibles los estragos de casi veinte años de neoliberalismo, que en el sistema educativo se traducen en los recortes al Sistema General de Participación (SGP), y que hasta hoy le han arrebatado a la educación pública más de 192 billones de pesos. Como si esto fuera poco, desde el 2017 se han disminuido mucho más los recursos para inversión e infraestructura en las instituciones educativas y en el borrador del presupuesto general de la nación que el gobierno presentará para el 2022, prácticamente desaparecen los recursos para infraestructura en las instituciones públicas (preescolar, básica y media). ¡Que hablen los rectores, quienes deben mantener sus colegios cada vez con menos recursos!. 

Las reformas regresivas que auspiciaron el saqueo se dieron en los años 2001 y 2007, y su aprobación fue posible gracias a un poder legislativo cooptado por las fuerzas más retardatarias de la clase política nacional. Es relevante el caso de Germán Vargas Lleras, un político que fue senador desde 1994 hasta el 2008, periodo en el que una y otra vez aplaudió sin sonrojo alguno las reformas que hoy tienen al pueblo en la precariedad. Vargas Lleras ha hecho política con la guerra, el hambre y la necesidad de la población.

La desmemoria y el oportunismo de Vargas Lleras se muestran en sus columnas de El Tiempo, un espacio que ha convertido en una trinchera llena de infantilismos y quejas sin fundamento contra el magisterio y la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (FECODE). El delfín Lleras; el concejal, senador, ministro y vicepresidente, el que, según Invamer, tiene una imagen desfavorable que supera el 60%. El que no sabe hacer otra cosa que vivir de los recursos públicos, cree que se beneficia políticamente atacando a las y los profesores de Colombia. 

Día a día las comunidades educativas de cada una de las instituciones observan, verifican, evalúan y deciden si es o no conveniente dar inicio a la preapertura. Es por esto que, en las últimas semanas, escuchamos todos los días denuncias de acudientes, profesores y estudiantes sobre lavamanos recién comprados que están inservibles, salones que no tienen ventanas, tapabocas de dudosa calidad, o las presiones para no cumplir el aforo permitido.

Y muchas de esas denuncias han sido redactadas en forma de acciones de tutela, el mecanismo democrático que ha logrado darle poder al ciudadano para enfrentar las injusticias, como lo recordara Jaime Garzón. Felicito a las comunidades educativas que le hacen ver al gobierno que el tema no es entrar por entrar, sino de entrar seguros y en condiciones dignas. Que un padre o madre oficie como veedor ciudadano en el colegio de su hijo/a, que un profesor se arremangue la camisa para medir su salón y determinar el aforo, o que un estudiante verifique la calidad de los alimentos que le dan a consumir, son muestras verdaderas de un pueblo digno que no traga entero.

Pero hay quienes asustados por el poder soberano de la ciudadanía persisten en el engaño y la perfidia, como lo deja claro la última columna del señor Germán Vargas Lleras titulada “Recuperar la educación pública”. Vargas Lleras es un cacique político que ha vivido en su burbuja de oligarca, alejado de la gente y del pueblo y, como dirían los jóvenes, un tipo al que le falta calle, mojarse de montaña, caminar por las trochas rurales y recorrer las calles sin pavimentar de las periferias urbanas que recorren día a día niños, niñas y jóvenes colombianos. ¿A cuántos colegios públicos en la Guajira o Chocó habrá ido el nieto de Carlos Lleras Restrepo? 

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Tal vez sea necesario recordarle a Vargas Lleras que los profesores son los funcionarios públicos peor remunerados, que FECODE está compuesto por maestros y maestras de Colombia, que cada día de su propio pecunio aportan los recursos económicos necesarios para ayudar a sus estudiantes; ya que el abandono del estado es evidente.

He sostenido incansablemente que los maestros y maestras queremos regresar a la presencialidad, pero el retorno se hará donde sea posible, seguro, digno, salvaguardando la vida y la salud de todos los integrantes de la comunidad educativa. Insto al gobierno nacional a cumplir con la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para lograr su incremento real y progresivo. También hago un llamado a las secretarías de educación a agilizar las adecuaciones garantizando de una vez y sin dilación alguna, el derecho a la educación.

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