Las remuneraciones de los trabajadores tienen poca incidencia en la producción y en la economía del país.
Por Héctor Vásquez Fernández. Analista ENS.
Por estos días propone Germán Vargas Lleras “racionalizar transitoriamente los costos del empleo en el país”, mediante “la reducción de los salarios y la revisión de los contratos de trabajo y las convenciones colectivas, las cuales pueden suspenderse”. Pide, además, “eliminar transitoriamente las primas de junio y diciembre, y también de forma transitoria suspender las cesantías y los intereses de cesantías”.
Empecemos diciendo que en Colombia hay muy pocas convenciones colectivas de trabajo. La mayoría de los empleadores mantienen una oposición sistemática y feroz contra los sindicatos, lo que hace que, efectivamente, apenas el 7% de los trabajadores se beneficie de algún acuerdo colectivo, llámese convención o pacto, o acuerdo colectivo en el sector público. La mayor cobertura de estos acuerdos se da el sector público y entre algunas de las grandes empresas del país, principalmente en sectores minero, financiero, electricidad, gas y agua. Suspender su aplicación tendrá efecto marginal en la economía.
Que haya tan pocos trabajadores cubiertos por convenios colectivos es la razón que explica la cercanía entre el salario mínimo y el salario medio, que en Colombia es del 77.5%, si incluimos a los trabajadores del Estado; o del 99.3% del ingreso mensual promedio de los trabajadores del sector privado.[1] Esto porque en ausencia de sindicatos, los trabajadores tienen capacidad real de incidir en sus condiciones de trabajo y empleo, por lo que éstas, incluyendo las remuneraciones, las definen de manera unilateral los empleadores.
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En relación con el peso de las remuneraciones en la economía, estas sólo representan el 34% del PIB, en tanto que la renta del capital: ingreso mixto más excedente de explotación, representa el 54%. En los países de la OCDE esta participación es en promedio la inversa: 54% las remuneraciones, 34% las rentas del capital. Es de anotar que en Colombia la renta del capital se concentra en muy pocas personas y empresas, por lo que, antes que afectar los ingresos de los trabajadores (ya de por sí bastante precarios), lo que se debería implementar para financiar los problemas generados por la pandemia, es la imposición a los más ricos de un impuesto como el 4 x mil.
El siguiente cuadro ilustra qué tanto pesan las remuneraciones y la renta del capital en el valor de la producción y en el valor agregado. Así entenderemos porque es un disparate proponer reducir los ingresos del trabajo:
Infogram
Para toda la economía, la remuneración total de los trabajadores (salarios más prestaciones sociales y seguridad social) representa apenas el 19.4% del valor de la producción, en tanto que la renta del capital representa el 30.8%. Está claro que no tiene el mismo efecto en la recuperación de la economía disminuir la incidencia de un factor que tiene un menor peso en el valor de la producción (pero sí una enorme incidencia en el consumo de los hogares), que disminuir otro, como la renta del capital, que tiene mayor incidencia y se concentra en pocas personas.
Más ilustrativa en este sentido es la incidencia que uno y otro factor tiene en la distribución del valor agregado. éste representa la nueva riqueza generada por el trabajo, y resulta de restarle al valor de la producción el consumo intermedio. Como se observa en el cuadro, de cada 100% de valor agregado, a los trabajadores les corresponde el 37.5%, en tanto que a los patronos les corresponde el 59.5%. Entonces, ¿es coherente con la desigual distribución de la riqueza proponer disminuir ingresos del trabajo?
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Es claro que en la coyuntura de la pandemia muchas empresas van a sufrir pérdidas, pero será una situación extraordinaria y pasajera, en la que al Estado le corresponde intervenir para asegurar que los impactos sobre la actividad empresarial puedan ser asimilados, y éstas tengan las condiciones para recuperar su situación competitiva.
Pero esta intervención no puede hacerse sacrificando el ingreso de los trabajadores, que, como hemos visto, tendría un impacto completamente marginal en la economía. Si excluimos aquellas actividades en las que la mano de obra, o el factor trabajo, son preponderantes (educación, administración pública, actividades de servicios administrativos y de apoyo), la incidencia de las remuneraciones en el valor de la producción baja del 19.4% al 13.1%, y la participación del trabajo en el valor agregado baja del 36.1% al 31.3%.
La propuesta resulta todavía más perversa respecto a la recuperación de la economía, pues las empresas que no exportan sus productos no contarían con la demanda suficiente para volver a los mismos niveles de producción y de empleo anteriores a la pandemia. Porque, desde el punto de vista de la demanda, el factor que más incide en el crecimiento de la economía es el consumo de los hogares, la mitad del cual la constituye los ingresos de los trabajadores.
En efecto, según las Cuentas Nacionales del DANE, en 2019 este factor representó el 69.8% del PIB, por lo que, si se reducen los ingresos de los trabajadores, la caída del PIB será estrepitosa, peor que la de la crisis de 1999, en la que el PIB se contrajo -4.4%). Una situación que afectaría principalmente la demanda de aquellos sectores que producen bienes y servicios que están por fuera de la canasta básica de los hogares. Para estos sectores la recuperación sería más lenta y dolorosa.
En esta coyuntura la peor intervención del Estado sería atender las demandas de corto plazo de los patronos.
Así que en esta coyuntura la peor intervención del Estado sería atender las demandas de corto plazo de los patronos, representadas en la propuesta de Germán Vargas Lleras en el sentido de reducir los ingresos de los trabajadores.
Como lo señaló la experiencia internacional frente a la grave crisis de 1929, lo que debe hacer el Estado es inyectarle recursos a la economía. Primero, asegurándole ingresos a los trabajadores y las familias que por causa del confinamiento se quedaron sin ingresos, y por esta vía mantener un nivel de demanda agregada que permita una menor caída de la economía.
Segundo, atendiendo las demandas de liquidez y de capital de trabajo de las empresas, con líneas de crédito subsidiadas, otorgadas directamente por las entidades del propio Estado, y no a través de la banca privada, que aprovecha la ocasión para hacerse a rentas significativas a costa de debilitar la respuesta de las empresas.
Tercero, atendiendo de manera directa las peticiones de ayuda que las mipymes le han hecho al gobierno para financiar sus nóminas. La mayoría de estas mipymes han tenido que parar sus actividades, en tanto han continuado pagando arriendos, impuestos y servicios públicos. Con este sector de empresas, responsable de cerca del 80% del empleo y por lo tanto claves en la recuperación de la economía.
El gobierno y el Congreso de la República tienen la obligación de aprobar la iniciativa legislativa, a fin de que las deudas y compromisos que las grandes empresas contraen con ellas, sean pagadas por lo menos dentro del mes siguiente a la fecha en que fueron contraídos. Esto porque la mayor dificultad que tienen este tipo de empresas para ser competitivas, es el control absoluto que las grandes empresas tienen sobre el mercado interno, sometiéndolas a una condición tan precaria que a duras penas les da para sobrevivir.
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[1] Estos datos se construyen con base en la información del valor de las cesantías depositadas en febrero de este año, dividiéndolas por el número de afiliados a los fondos de cesantías privados y al FNA , según datos de la Superfinanciera y del FNA.
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Manuel Sanchez Arias:
18/05/2020,La propuesta de Vargas lleras es una retaliación a los trabajadores empobrecidos de x si con la pandemia,que no encontró un apoyo a su candidatura en las pasadas elecciones.