Plan Nacional de Desarrollo y Trabajo Decente: sí… pero no

Por Carlos Julio Díaz Lotero. Analista ENS

Un rasgo en el estilo de gobierno del Presidente Duque es que dice SI…pero a renglón seguido se hace lo contrario. Veamos:

Dice SI a la lucha contra la corrupción, pero después no da apoyo a las iniciativas legislativas que se desprendieron de la consulta anticorrupción. Dice SI a la Paz, pero no le hace fuerza a los proyectos de ley que tienen que ver con la implementación de los Acuerdos, ni compromete recursos para la reforma rural, ni mucho menos habla de la restitución de tierras. Dice que la solución a la crisis venezolana debe ser por la vía diplomática y no por la militar, pero su embajador en EE.UU[1] y su política exterior colocan a Colombia como punta de lanza de una probable intervención militar en el hermano país por parte de EE.UU.

Igual suerte corre el Trabajo Decente en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, titulado “Pacto por Colombia. Pacto por la equidad”.

La primera pregunta que uno debe hacerse es qué entiende el Gobierno por “Pacto”. La OIT lo considera una modalidad de diálogo social a nivel país, o entre sindicatos, agremiaciones de empleadores y gobierno. El Pacto es un instrumento típico del Estado Social en temas que van más allá de los asuntos laborales, como la política social y económica. De los pactos pueden hacer parte incluso actores sociales y organizaciones más allá del tripatismo clásico.

En la introducción del proyecto, las Bases del Plan, se intenta responder a la pregunta: ¿por qué este pacto por Colombia? Se dice: “El PND 2018-2022 implica ponerse de acuerdo en un gran pacto en donde concurren las inversiones públicas y privadas y los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno para que, como Estado, definamos el conjunto de prioridades, que generarán la verdadera transformación”.

Parece que el PND entiende por “Pacto” el acuerdo entre el Gobierno en sus diferentes niveles y los inversionistas privados, es decir el sector empresarial. El sindicalismo no parece hacer parte de los invitados a este esfuerzo de concertación. Es un Pacto sobre temas estructurales, transversales y regionales, supuestamente articulados.

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Los estructurales son tres: equidad, legalidad y emprendimiento. Los transversales son once: sostenibilidad, ciencia tecnología e innovación, transporte y logística, transformación digital, calidad y eficiencia de servicios públicos, recursos minero–energéticos, economía naranja, construcción de paz, equidad para grupo étnicos, inclusión de los discapacitados, igualdad de la mujer, y la descentralización.

Los pactos regionales son nueve: Pacifico, Caribe, Central, Amazonia, Eje cafetero y Antioquia, Llanos-Orinoquia, Santanderes, Krioul & Seaflower, y Océanos.

El Trabajo Decente aparece en el proyecto de bases del PND en el pacto por la equidad, por su aparente compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, de manera particular con el ODS 8, planteado en los siguientes términos:

“Finalmente cabe destacar que las líneas de este pacto están relacionadas y aportarán en el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS). En particular, este pacto está alineado con los ODS 1: Fin de la pobreza. ODS 2: hambre cero. ODS 3: salud y bienestar. ODS 4: educación de calidad. ODS 5: igualdad de género. ODS 8: Trabajo Decente y desarrollo económico (subrayado nuestro). ODS 9: industria, innovación e infraestructura. ODS 10: reducción de las desigualdades. ODS 11: ciudades y comunidades sostenibles. ODS 16: paz, justicia e instituciones sólidas. ODS 17: alianza para lograr los objetivos”[2].

El literal F del pacto por la equidad se titula precisamente: Trabajo Decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva. Cada pacto tiene una parte diagnostica que identifica problemas y otra plantea las acciones estratégicas que apuntan a resolverlos.

Algunos de los problemas identificados, que señalan el gran déficit de Trabajo Decente en nuestro país y con los cuales estamos de acuerdo, son los siguientes: bajos ingresos, alto desempleo, alta informalidad, baja protección social, ilegalidad laboral, poca articulación de la formación profesional y la “poca efectividad en espacios de diálogo social, como la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y sus subcomisiones territoriales y temáticas”[3], etc.

El problema de la parte diagnostica no está tanto en lo que dice, sino en lo que no dice, como la baja tasa de sindicalización (4,6%) de nuestro país y la baja cobertura de la negociación colectiva (6%), causadas, en parte, por la violencia sistemática contra las organizaciones sindicales, que las ha debilitado, entorpeciendo de manera generalizada el ejercicio de la libertad sindical y la defensa de derechos laborales.

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¿No debería hacer parte del Trabajo Decente una política pública de reparación colectiva al sindicalismo colombiano?, habida cuenta que ha sufrido la persecución y la violencia que ningún otro movimiento sindical ha sufrido en el mundo. Según la ENS, desde enero de 1973 hasta el julio de 2018 se registraron al menos 14.702 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas. Entre éstas, 3.163 homicidios, 402 atentados, 239 desapariciones, 7.208 amenazas de muerte y 1.898 desplazamientos forzados.

La noción «Trabajo Decente», dada a conocer por vez primera en la Memoria del Director General a la 87ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 1999, hace referencia a la convergencia de cuatro líneas estratégicas: el empleo, la protección social, los derechos de los trabajadores[4] y el diálogo social.

El alto desempleo se pretende resolver con los emprendimientos individuales, estrategia desgastada y con pobres resultados en la generación de empleo en el país. También con la llamada “Economía naranja”, que se apoya en las plataformas digitales con tecnologías del siglo XXI y condiciones laborales del siglo XIX, como lo han denunciado los trabajadores de Rappi y Uber. Tan poco cree el gobierno en estas estrategias, que la meta en la tasa de desempleo del PND pasaría del 9,4 en 2018, a 7,9 en 2022, una reducción de solo 1,5%.

En protección social el Plan se limita a ampliar la política asistencial de Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, y Colombia Mayor, entre otros, a tal punto que la meta en porcentaje de población ocupada afiliada a pensiones pasaría de 36,8% a solo el 41,2%, un aumento de 4,4%, para lo cual “El sector Trabajo impulsará acciones de educación financiera que fortalezcan la cultura de ahorro para la vejez y el conocimiento de las personas sobre los mecanismos disponibles según su situación de empleo y nivel de ingresos “ [5] en un claro favorecimiento a los Fondos Privados de Pensiones. La formalidad laboral, medida por afiliación a pensiones,  se aumentaría en el cuatrienio en un porcentaje similar al pasar de 36,8% al 41,2%.

La seguridad social se entiende, y de manera concreta la posibilidad de una pensión, como un tema asociado al riesgo financiero y no como un mecanismo  de la sociedad para enfrentar precisamente los riesgos que se derivan de la vida y el trabajo. ¿La universalidad?  ¿La solidaridad? No. Solo los valores financieros.

Pero el PND tiene además incoherencias entre el diagnóstico y las estrategias: reconoce como problema los bajos ingresos de los trabajadores, pero insiste en la fracasada tesis de que el desempleo y la informalidad son causados por los altos costos laborales no salariales y del salario mínimo. En las bases del PND se plantea “Los costos laborales no salariales en Colombia son mayores que en los demás países de la región de la OCDE” [6] y a renglón seguido señala “La metodología de aumento anual del salario mínimo tiende a aumentarlo más que la productividad laboral promedio, por lo que el número de personas cuya productividad está por debajo del costo de contratarlos formalmente viene creciendo”.[7] , para finalmente proponer como estrategia de solución “Incentivar la formalidad laboral mejorando el costo de la contratación formal de trabajadores. Esta estrategia debe abarcar tres pilares: elementos técnicos para una metodología de ajuste gradual del salario mínimo, propuesta para la flexibilización de los costos laborales no salariales…”[8].

¿No es una incoherencia que en el diagnóstico sobre el déficit deTrabajo Decente se hable de la “poca efectividad en espacios de diálogo social, como la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales”  y el PND defina la metodología de incremento del salario mínimo, que es la única de las 9 funciones que medio cumple?

Pero la gota que rebasa el vaso se presenta en el marco de las estrategias que adelantará el Ministerio de Trabajo para promover el dialogo social cuando plantea “adoptará las medidas pertinentes para  regular la multiafiliación y la fragmentación sindical”[9].

Las medidas pertinentes con seguridad ya fueron concertadas con el sector empresarial, que no ha querido abordar esta problemática con las centrales sindicales, pues tienen ideas propias de cómo resolver una dificultad que preocupa al sindicalismo, pero a su manera, sin tener en cuenta el pensamiento de los trabajadores. ¿Es esto dialogo social?

Para el sector rural  las posibilidades de Trabajo Decente son más alejadas, pues no solo tiene una meta mediocre en el tema de ingresos pues el porcentaje de los trabajadores rurales cuyo ingreso mensual es inferior al salario mínimo  pasa del 71,25% al 63,25% durante el cuatrienio. Por otra parte  se pretende insistir en implantar en el sector rural el “modelo peruano” donde las condiciones laborales, sociales y salariales son inferiores a las del sector urbano. ¿Es así como se pretende reducir la brecha entre el campo y la ciudad?

Al mejor estilo de Duque y Carrasquilla el PND 2018 – 2022 dice SI al Trabajo Decente, pero en las estrategias impiden su desarrollo.

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[1] “Se han oído voces sobre operaciones militares unilaterales. Creemos que debe darse una respuesta colectiva a la crisis (en Venezuela), pero también creemos, déjenme ser muy claro, que todas las opciones deben considerarse. Y que el régimen de Maduro deber ser presionado política, económica y estratégicamente en todos los niveles”. Francisco Santos, embajador de Colombia en los Estados Unidos

[2] PND 2018 – 2022, página 17

[3] PND 2018 – 2022, página 109.

[4] Los derechos de los trabajadores incluye el derecho de libertad sindical (sindicalización, negociación colectiva y huelga), y la erradicación del trabajo infantil, el trabajo forzoso y la discriminación.

[5] PND 2018 – 2022, página 114.

[6] Bases del PND 2018 – 2022, página 175

[7] Bases del PND 2018 – 2022, página 176

[8] Bases del PND 2018 – 2022, página 182

[9] Bases del PND 2018 – 2022, página 117