Los autores mencionan los grandes retos que tienen los mandatarios locales en materia de Trabajo Decente y de solución a los problemas de todos los habitantes de sus territorios.
Por: Alberto Orgulloso (Director ENS) y Carlos Julio Díaz (Analista laboral ENS)
Los nuevos gobiernos distritales, municipales y departamentales en Colombia, posesionados el 1° de enero, ponen de manifiesto un mayor pluralismo político y programático que enriquece la democracia local con colores variopintos. Esto gracias al Acuerdo de Paz y al despertar de la ciudadanía que busca cambios y soluciones a sus problemas.
Varios hechos: creció la participación electoral de la ciudadanía: 60,32%, cerca de 2 millones de votos nuevos; y creció el voto de opinión, además del voto castigo a los clanes político y redes clientelares, aunque en algunos territorios se mantiene esta matriz electoral. Ganaron las ciudadanías libres, con vocación democrática, que creen en la construcción de la paz, en la democracia local y busca mejores condiciones de vida; en políticas que superen la grave situación de violencia y violaciones de derechos humanos en territorios como Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño.
La galería de los nuevos gobiernos locales muestra alcaldes y gobernadores más independientes de los partidos tradicionales, de distinta estirpe: de izquierda, de centro y de centro-izquierda. Gobiernos que marcan una nueva tendencia de la reconfiguración del poder político local y la disputa con los poderes nacionales tradicionales, inclusive entre los sectores pro-paz y los pro-guerra.
El mapa lo conforman Claudia López en Bogotá (primera mujer diversa electa en la capital), Daniel Quintero en Medellín, Jorge Iván Ospina en Cali, Virna Johnson en Santa Marta, Carlos Caicedo en Magdalena, William Dau en Cartagena, Juan Carlos Cárdenas en Bucaramanga, Carlos Mario Marín en Manizales, Jairo Yáñez en Cúcuta, Felipe Harman en Villavicencio, entre otros. Y la gran revelación: Guillermo Torres “El Cantante”, excombatiente de las Farc, nuevo alcalde del municipio de Turbaco, a 30 minutos de Cartagena.
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Los retos de los nuevos mandatarios locales
El primer gran reto es recoger y responder satisfactoriamente las demandas y aspiraciones de la población, especialmente de los más excluidos, los jóvenes, las mujeres, los desempleados, los jornaleros digitales, los desplazados, los pobres y marginados de ciudades y habitantes rurales.
Todas y todos estos ciudadanos esperan un mayor desarrollo económico y social, acceder a la riqueza que se genera en las regiones y en la nación esperan soluciones a los problemas de desempleo, informalidad, bajo ingreso, salud, educación, vivienda, inseguridad.
La Constitución y la ley les otorgan poderes a los alcaldes y gobernadores para que orienten una visión de desarrollo sostenible, contribuyan al cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, a fin de garantizar el Estado Social de Derecho.
La tarea de los mandatarios territoriales se apalanca en el apoyo del gobierno nacional como mandato constitucional. El presidente Duque debe dedicar sus mayores esfuerzos a gobernar para los colombianos en las regiones. Debe mirar hacia los territorios afectados por la violencia y capturados por la corrupción, y hacia todos los entes territoriales que aspiran a salir del atraso.
La agenda del desarrollo territorial estará representada en los nuevos Planes Territoriales, marcados por nuevos temas y viejos problemas, pero con nuevas visiones para solucionarlos. Y más participación de la ciudadanía.
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El Trabajo Decente y los ODS en los Planes de Desarrollo
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de la agenda 2030 de Naciones Unidas, especialmente el Trabajo Decente (Objetivo #8), son un compromiso que deben materializar alcaldes y gobernadores. Algunos cuando eran candidatos, como Claudia López en Bogotá y Daniel Quintero en Medellín firmaron acuerdos con sectores del movimiento sindical, e incorporaron a sus agendas temas relativos al empleo, educación, apoyo a pequeñas y medianas empresas, y políticas sectoriales para promover mayor bienestar y ampliación de derechos.
En sus Planes de Desarrollo tendrán que incorporar programas, políticas, proyectos y metas referidas a la formalización laboral, a la generación de nuevo empleo decente con prestaciones sociales, a la ampliación de las plantas de personal en los entes territoriales para así cumplir los Acuerdos Estatales, lo mismo que la cobertura y calidad de la educación y la salud; a la adopción del sistema del cuidado, de programas de primer empleo para jóvenes y mujeres, y de capacitación para la reconversión de competencias laborales; a promover ante el gobierno nacional la regulación de las plataformas digitales en cuanto a contratación de trabajadores.
Lograr las metas del Trabajo Decente implica varios propósitos y componentes:
- Creación de empleo e ingresos para la población desempleada.
- Garantías al derecho de libertad sindical y un programa contra el trabajo infantil, la discriminación laboral y el trabajo forzoso.
- Ampliación de la afiliación a la seguridad social integral a los trabajadores, y protección a los adultos mayores-
- Promoción del diálogo social como mecanismo de participación democrática para tramitar conflictos y resolver los conflictos socio-laborales mediante la activación de las instancias de participación, como la Comisión Departamental de Concertación Laboral.
Las ciudades capitales, tienen mayor margen fiscal e instrumentos para apoyar el desarrollo de la empresa local, especialmente de la pequeña y mediana que genera empleos. Esto por medio de una política de compras públicas de bienes y servicios que dé prioridad a estas empresas, con apoyo financiero y tributario diferencial a la inversión productiva en el territorio. También puede promover acuerdos con las empresas para lograr mayor formalización y cumplimiento de la ley laboral en la contratación pública de infraestructura, que incluya los programas de mano de obra local.
Finalmente, los entes territoriales deben ajustarse a las reiteradas sentencias de la Corte Constitucional, en el sentido de vincular a la planta de personal los empleados que desarrollan actividades misionales y tienen vocación de permanencia en el servicio público, mediante las convocatorias de la Comisión del Servicio Civil.
En materia de libertades sindicales, deben empezar por casa: respetar el derecho de asociación y negociación colectiva de los sindicatos de la administración pública.
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Pactos por el Trabajo Decente y la Paz territorial
Los alcaldes de Medellín, Bogotá y Santa Marta adquirieron compromisos por el Trabajo Decente, y en varios casos suscribieron acuerdos con sectores del sindicalismo. A vía de ejemplo los siguientes puntos hacen parte del acuerdo con el Alcalde de Medellín cuando aún era candidato:
- Cumplir los acuerdos laborales firmados con organizaciones de trabajadores, incluyendo la ampliación de las plantas de personal en el ente territorial mediante concursos de mérito.
- Promover los derechos laborales y de libertad sindical de los trabajadores del municipio y el departamento.
- Promover la política pública de trabajo decente, que en el caso de Medellín está consignada en el Acuerdo 064 del Concejo Municipal.
- Avanzar en la formalización laboral y vinculación directa en los entes y empresas estatales territoriales.
- Fortalecer el funcionamiento de la Subcomisión de Concertación Laboral.
- Fortalecer las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio del Trabajo a nivel territorial.
- Apoyar la solicitud al Gobierno Nacional de mayores recursos del Sistema General de Participación para salud, educación y saneamiento básico.
- Concertar el uso productivo del espacio público con las organizaciones de trabajadores informales.
- Defender y fortalecer el patrimonio público: recursos y empresas.
- Promover y ejecutar políticas de inclusión con perspectiva de género.
- Promover el sistema de Economía del Cuidado en el municipio, y programas de control y superación del trabajo infantil y la trata de personas.
- Apoyar y fomentar a la pequeña y mediana empresa generadora de empleo decente, y al sector cooperativo y programas como los círculos solidarios para el emprendimiento y la inclusión económica.
- Promover programas para la reducción de la pobreza.
- Una política que promueva el respeto a los derechos humanos y la atención a las víctimas, incluyendo garantías a la protesta social.
- Promover programas de atención integral a los migrantes, con garantías de trabajo decente.
- Implementar programas para la construcción de la paz en el territorio.
Por otra parte, ciudades como Bogotá y Medellín deben adoptar un enfoque de desarrollo sostenible e incluyente de ciudad-región, para así favorecer la articulación con otros polos de desarrollo territorial, lo que permitirá modular la presión de los problemas que padece la población.
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La equidad social y territorial van de la mano. Las ciudades deben apoyarse para cerrar las brechas mediante sus sinergias, promoviendo el desarrollo integral de las subregiones y áreas metropolitanas para lograr una distribución equitativa de la riqueza y acceso a bienes comunes, como servicios públicos, educación y salud de calidad.
Las organizaciones sindicales y sociales con presencia en las regiones afectadas por la violencia, deben concurrir a los procesos de consulta y participación ciudadana, en los cuales se diseñan políticas públicas de derechos humanos y de solución eficaz al problema de la violencia contra los líderes y organizaciones sociales; como también el control de la elevada impunidad y el acceso al sistema transicional de justicia para el derecho de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Los gobiernos locales pueden abrir caminos para las grandes transformaciones que requiere la democracia, el mercado y la sociedad, con el fin de establecer un nuevo contrato social basado en la paz y la reconciliación, que dignifique a la persona, legitime el Estado social de derecho, desarrolle la agenda de la sostenibilidad y la igualdad, y restablezca la confianza del ciudadano en los poderes públicos.
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