Los retos laborales y sindicales del Ministerio del Trabajo

El Ministerio del Trabajo encabezado por Gloria Inéz Ramírez tiene grandes retos, aquí algunos de ellos.

Por Héctor Vásquez*

Aunque en el pasado se han nombrado algunos ministros del trabajo que tenían un origen sindical,[1] su actuación estaba profundamente restringida por hacer parte de gobiernos liberales o conservadores, que le imponían a éstos limitaciones de todo tipo, derivadas de un enfoque neoliberal en relación con el papel del Estado y con la política económica y social, enfoque que, entre otros asuntos, imponía una contención de los salarios, para lo cual no resultaba en ningún sentido funcional el fortalecimiento de los sindicatos y de la negociación colectiva, lo que en la realidad se tradujo en una actuación del Ministerio del Trabajo completamente subordinada a los intereses de los gremios patronales, principalmente de la ANDI, que son los que más incidencia han tenido en el nombramiento de los ministros y en el contenido de las políticas impulsadas desde este ministerio.

Esta situación lo que ha producido es que se posterguen de manera indefinida, o se apliquen precariamente, temas que son cruciales para los trabajadores y para el país, los mismos que hoy, en esta oportunidad que se abre con la asunción de un gobierno progresista y con la elección de una ministra, Gloria Inés Ramírez, con origen sindical y de izquierda, se constituyen en parte de la agenda para la modernización de las relaciones laborales y el fortalecimiento del sindicalismo y del Diálogo Social.

Colombia presenta una tasa de sindicalización y de cobertura de la negociación colectiva que son de las más bajas del planeta, 4,6% de la población ocupada y el 10,1% de la población asalariada, respectivamente. Esta baja tasa de sindicalización y de cobertura de los convenios colectivos de trabajo, han sido el resultado de una fuerte cultura antisindical por parte de las élites políticas y económicas, lo que no ha permitido que los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones, tengan una incidencia real en el diseño de las políticas públicas, y en la determinación de sus condiciones de trabajo y empleo en las empresas.

Esta falta de incidencia del sindicalismo en la sociedad, en la economía y en las empresas, explica por qué somos una de las sociedades más desiguales del planeta; explica también los altos niveles de pobreza monetaria y de pobreza extrema, los bajos niveles de competitividad de nuestra economía, y que el Estado Social que acordamos en la Constitución de 1991 no sea más que un proyecto indefinidamente postergado. Como lo indica la experiencia de la mayoría de los países de la OCDE, el sindicalismo y la negociación colectiva han sido claves en la construcción de verdaderos Estados Sociales que aseguran mayor inclusión y protección social, una más amplia democracia económica y una distribución del ingreso más justa, además de que son los países más competitivos y con mayores niveles de felicidad.

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Una agenda para la promoción del sindicalismo y del Diálogo Social.

Uno de los contenidos estratégicos de la nueva política del ministerio del trabajo debe ser la promoción del sindicalismo y del Diálogo social, pues constituyen elementos clave para la verdadera modernización de nuestra sociedad y de las relaciones laborales. Como lo ha indicado la OIT, “el objetivo principal del diálogo social es promover el consenso y la participación en los procesos de toma de decisiones a nivel de empresa, sector de actividad o país. Diversas experiencias indican que el dialogo y el tripartismo son muy importantes pues contribuyen decididamente a profundizar los procesos democráticos, estimular el progreso económico y garantizar la estabilidad social”.

En este sentido, la oportunidad que se abre con un gobierno progresista como el de Gustavo Petro, obliga a que desde el Ministerio de Trabajo se implementen políticas y planes que ya han sido acordados desde gobiernos anteriores, pero sobre los cuales no ha habido una voluntad real para implementarlos y concretarlos; o son recomendaciones vinculantes por parte de organismos de los que hace parte Colombia, como la OIT y la OCDE, frente a los cuales tampoco ha habido voluntad para desarrollarlas; o son mandatos constitucionales, o desarrollos de la jurisprudencia de las Cortes que se han dejado de lado de manera sistemática. Entre estos temas están los siguientes:

El mandato constitucional que ordena la expedición de un Estatuto del Trabajo (artículo 53): el trabajo y los derechos del trabajo en Colombia, todavía están regulados por un código que se expidió bajo el gobierno de ultraderecha de Laureano Gómez, bajo estado de sitio y sin la participación de los trabajadores.
La aplicación de los criterios de la OIT sobre el derecho de huelga; la adopción y reglamentación de más de la mitad de los Convenios de la OIT, entre ellos convenios clave como el 102, norma mínima, sobre seguridad social; o el 135 sobre los representantes de los trabajadores; o el establecimiento de un Piso de Protección Social, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Recomendación 202 de 2012, que derogue el falso piso de protección social que impuso el gobierno de Duque en su plan de desarrollo.
La incorporación en la legislación de los desarrollos de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL 1680 de 2020. (MP: Clara Cecilia Dueñas), y SL 1680 de 2020. (MP: Clara Cecilia Dueñas). Estas sentencias precisan las garantías para la huelga imputable al patrono y otras modalidades, incluyendo la huelga en los servicios públicos esenciales, que según la Corte Suprema y en concordancia con la OIT, debe limitarse, pero no prohibirse.
Las reiteradas recomendaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT sobre los pactos colectivos.
La implementación integral del “Plan de Acción en Derechos Laborales” acordado entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, (incluye 37 medidas concretas que el gobierno debería adoptar sobre temas como el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado en el campo laboral, la formalización laboral, la protección del derecho de asociación sindical, la protección del derecho de negociación colectiva, y la superación de la violencia antisindical y de la impunidad).
El cumplimiento de los compromisos adquiridos con la misión de alto nivel de la OIT, que visitó al país entre el 14 al 18 de febrero de 2011, que incluían entre otras, medidas legislativas y acciones de control para acabar con la intermediación laboral, (cooperativas de trabajo asociado, contratos sindicales, SAS, fundaciones, contratos de prestación de servicios y otras); medidas legislativas y acciones prácticas adicionales eficaces para asegurar que los pactos colectivos firmados por empleadores con los trabajadores no sindicalizados no sean utilizados contra el ejercicio de la libertad sindical y de la negociación colectiva; mayores esfuerzos para fortalecer la inspección de trabajo, los mecanismos de control y las sanciones para asegurar que los actos de discriminación antisindical, incluidos los despidos y las intimidaciones, sean objeto de prevención y, en caso de que se hayan producido, den lugar a procedimientos ágiles, accesibles que conduzcan a sanciones eficaces.”
Las recomendaciones de la OCDE para eliminar las restricciones a la negociación colectiva en el sector privado, “como la falta de extensiones dentro de la empresa y de un marco para la negociación sectorial, los pactos colectivos y la fragmentación de las organizaciones sindicales” [2].
Las obligaciones de Colombia derivadas del TLC con la Unión Europea: “Colombia se comprometió a otorgar especial protección en aspectos laborales relacionados con libertad sindical y de negociación colectiva, fortalecimiento de las facultades de los inspectores de trabajo, protección del sector informal y abolición de simulaciones, despidos colectivos y amenazas contra sindicalistas, diálogo constructivo y social en las empresas, mecanismos reales de investigación y sanción a los que vulneren derechos laborales, así como a la presentación de avances e informes”.
El fortalecimiento de las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio de Trabajo: Colombia apenas tiene la mitad de los inspectores que debería tener según los parámetros de la OIT, la mitad de estos con contratos precarios de prestación de servicios que no les permiten ninguna autonomía en sus funciones, con muy poca presencia en las zonas rurales, y con un grave problema de cooptación por parte de las empresas y de los poderes gamonales locales. Esta función de inspección del trabajo debería ser coordinada con los sindicatos de industria, las federaciones y confederaciones y centrales sindicales para lograr una mayor eficacia; se debe, además, crear mecanismos de acceso a la justicia laboral judicial que sean agiles y expeditas para la defensa y restablecimiento de los derechos laborales y de la libertad sindical.
El fortalecimiento de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y laborales, por donde deben pasar todas las iniciativas de política pública con contenidos en este sentido, según lo establecido por la ley 278 de 1996, en particular el literal “e” cuyo contenido es el siguiente: “e) Fijar de manera concertada la política laboral mediante planes estratégicos sobre estos asuntos: bienestar de los trabajadores; adopción de nuevas formas de capacitación laboral; creación de empleo; mejoramiento de la producción y la productividad; remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo; redistribución equitativa del ingreso; reconversión industrial y recalificación laboral; participación de los trabajadores en la gestión de las empresas; universalización de la seguridad social; garantía de los derechos de la mujer, del menor trabajador y de otros trabajadores vulnerables y garantía de los derechos sindicales”.

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En su discurso de posesión el presidente Petro formuló algunos propósitos y estrategias que entroncan con los contenidos de la agenda y de los retos que le proponemos al Ministerio del Trabajo: “No importa los conflictos que allí haya, se trata precisamente de evidenciarlos a través de la palabra, de intentar sus soluciones a través de la razón. Es más democracia, más participación lo que propongo para terminar con la violencia”; “No hemos avanzado como humanidad compitiendo, lo hemos hecho ayudándonos”; “Vamos a construir un Gran Acuerdo Nacional para fijar la hoja de ruta de la Colombia de los próximos años. El diálogo será mi método, los acuerdos mi objetivo”. Para que estos propósitos sean viables y efectivamente se puedan concretar, se necesita que los diversos sectores de la sociedad civil cuenten con fuertes organizaciones sociales, con capacidad de liderazgo y de incidencia dentro de sus ámbitos de actuación y a nivel del diseño e implementación de las políticas públicas. Uno de esos actores son las trabajadoras y sus organizaciones sindicales, sin las cuales el Diálogo Social es mera simulación, pues como lo ha indicado la OIT, el Diálogo Socialsólo existe en el contexto de sociedades que reconozcan y respeten el derecho de la libertad sindical y la negociación colectiva, en el que existan organizaciones de trabajadores y empleadores fuertes e independientes, con la capacidad técnica y los conocimientos necesarios para participar en el diálogo social, la voluntad política y el compromiso de todos los participantes en el diálogo social, y un respaldo institucional adecuado.

*Esta columna se publicó originalmente en la Revista Sur. Aquí la puede encontrar

[1] Jorge Carrillo, Orlando Obregón, Angelino Garzón y Luis Eduardo Garzón, los cuatro fueron en su momento presidentes o secretarios generales de la CUT.

[2] OCDE, Estudios de la OCDE sobre el mercado laboral y las políticas sociales, Colombia 2016, pág., 21.

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