Los “colombianos de bien” y los “logros” de la política de seguridad democrática

Imagen de referencia tomada de Wikipedia

Aquí se presentan algunas cifras de la llamada seguridad democrática del Gobierno de Álvaro Uribe.

Por Héctor Vásquez

Entre 1980 y 2010 hubo en el país un total de 1.892 masacres que dejaron 11.751 víctimas, el 15.6% de las masacres y el 14.4% de las victimas ocurrieron durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe. El cuadro que sigue ilustra los principales autores materiales identificados y las épocas a las que corresponden estas masacres.

Muchos “colombianos de bien”, principalmente personas con fincas, ganado y negocios en las zonas rurales, y a los cuales las guerrillas los tenían extorsionados y a muchos de ellos desplazados de sus tierras, se sienten hoy muy agradecidos por el “gobierno de la seguridad democrática” que les recuperó su tranquilidad, permitiéndoles al fin el disfrute de sus bienes.

Pero tal parece, que a estos colombianos no les importa para nada la forma como se logró el supuesto éxito de la política de la “seguridad democrática”: ni las 310 masacres que los paramilitares perpetraron durante los dos gobiernos de Uribe, ni las 1.688 víctimas que dejaron estas acciones, ni tampoco los millones de desplazados que se produjeron, 2.400.000 personas, según Codhes y la Iglesia, ni los 32.000 desaparecidos, ni tampoco el monumental despojo de tierras que se produjo en este período, que ha significado toda una contrarreforma agraria, que oscila entre los 10 millones de hectáreas que establece el Movimiento Nacional de Víctimas y las 6,5 millones de hectáreasconsignadas por Acción Social, y que según el informe que hizo público el CNMH, “estuvo muy relacionado con el accionar paramilitary se produjo, con especial intensidad durante los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002) y de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) –cuando estuvo vigente la denominada política de Seguridad Democrática”, ni las más de 3.000 víctimas de los falsos positivos que se cometieron entre el 2004 y el 2008, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

Muy seguramente, la mayoría de estos “colombianos de bien” son católicos devotos, que nunca se han preguntado cómo fue que Álvaro Uribe expulsó de sus territorios a las guerrillas que los tenían asolados, y de paso, recuperar el poder político que en muchas de esas regiones ostentaban las elites económicas y políticas tradicionales, conformadas por terratenientes, ganaderos, comerciantes y transportadores. (Claro está, que a muchas de estas personas la respuesta a esta pregunta no les interesa, la saben, y, es más, fueron cómplices y contribuyeron a financiar el paramilitarismo).

En este resultado jugaron un papel destacado los grupos paramilitares que surgieron inicialmente de los denominados grupos de “autodefensas”, financiados por estas elites, y que en un principio contaron con el apoyo del gobierno, como se recordará en el caso de Antioquia durante la gobernación de Uribe, donde no sólo prosperaron y se multiplicaron, sino que se transformaron luego en la Autodefensas Unidas de Colombia.

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En todas partes el modus operandi fue muy parecido. Primero se producían asesinatos selectivos de líderes sociales, o de personas que tenían alguna vinculación con grupo de izquierda

En todas partes el modus operandi fue muy parecido. Primero se producían asesinatos selectivos de líderes sociales, o de personas que tenían alguna vinculación con grupo de izquierda. La mayoría de las veces, la información que los paramilitares tenían de estos líderes y activistas las suministraban las propias fuerzas militares, o la policía, como ha quedado demostrado en el papel que en estos asesinatos jugaron personajes como el general Rito Alejo del Río, o el director del DAS Jorge Noguera, ambos condenados por la justicia a 25 años de cárcel por homicidio y concierto para delinquir. Del primero Uribe dijo, en el homenaje de desagravio que le hicieron en el hotel Tequendama en 1999, y del cual fue el orador principal, que constituía “un buen ejemplo para los soldados y policías de Colombia”, y del otro, a quien antes que lo condenaran lo había nombrado cónsul en Milán, Italia: «Pongo las manos en el fuego por él».

Estos asesinatos sembraban el temor y la incertidumbre entre las poblaciones, debilitaban las organizaciones sociales, provocaban el éxodo de los dirigentes y activistas sociales, que debían huir para proteger sus vidas. Después entraban los paramilitares sembrando el terror entre las comunidades, asesinando los líderes que quedaban y a todas aquellas personas que sospechaban de tener vínculos con las guerrillas y obligando a las poblaciones al desplazamiento.

La masacre del Aro en el municipio de Ituango en Antioquia, es un claro ejemplo de la manera como actuaban los paramilitares. Esta masacre fue cometida el 22 de octubre de 1998 cuando Uribe era gobernador de Antioquia. En ella fueron asesinados 15 campesinos, violadas algunas mujeres, el caserío fue incendiado y la población obligada a salir de la región. En noviembre de 2008, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso,  en versión libre desde Estados Unidos a donde fue extraditado, confesó que el fallecido Pedro Juan Moreno, quien para la época de la masacre era el secretario de gobierno de Uribe, se había enterado por boca de Carlos Castaño Gil, jefe de las AUC, que la masacre sería perpetrada y afirmó que sí hubo presencia de un helicóptero de la gobernación a la vez que mencionó la complicidad de varios miembros del ejército.

Después de estas masacres, el ejército entraba triunfante en las regiones despejadas por los paramilitares, aunque el poder real en estas regiones quedaba luego en manos de los paramilitares. Sin embargo, muchas veces estas operaciones se hacían de manera coordinada entre paramilitares y ejército, como ocurrió en la Comuna 13 de Medellín, en la denominada “operación Orión”, realizada entre el 16 y el 17 de octubre de 2002, cuando ya Uribe era presidente y Marta Lucía Ramírez fungía como Ministra de Defensa. “De acuerdo con las declaraciones de alias “Don Berna”, en esta operación hubo participación de paramilitares que habían realizado un trabajo previo de inteligencia y acompañaban a la Fuerza Pública en sus labores de allanamiento y captura de supuestos colaboradores de la guerrilla. Al respecto declaró: “El Cacique Nutibara hizo inteligencia, logró la ubicación de guerrilleros, se infiltró dentro de la población civil y todos estos datos se le adjuntaron a las Fuerzas Militares”. Además, fue pieza clave para proferir señalamientos contra supuestos colaboradores, “varios de nuestros hombres fueron allá, muchos de ellos iban encapuchados, se identificó varias personas, algunas fueron dadas de baja, otros fueron capturados y después desaparecidos”.

De esta manera fue que se consolidó el “gran logro” de la política de la “seguridad democrática”, que le permitió a los “colombianos de bien” volver a sus tierras, fincas y negocios, y pasearse en sus coches con más tranquilidad por las carreteras del país, pues la guerrilla se vio obligada a trasladarse a zonas apartadas con escaza población y sin presencia del Estado, y a cambiar su estrategia de guerra. Pero en ningún sentido la guerrilla fue vencida, como se demostró durante el gobierno de Santos, en el que las FARC negociaron la desmovilización de más de 6.000 combatientes y entregaron 8.112 armas, según la ONU.

Héctor Vásquez Fernández

Héctor Vásquez Fernández es Socio y fundador de la ENS. Exmiembro del Comité Ejecutivo de la Cut Antioquia. Docente, investigador y asesor de la ENS. Experto en temas sindicales y laborales

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