La reforma pensional: un debate trascendental

La reforma pensional será otra que se presente este año. Sobre ella ya se ha venido trabajando.

Por Carlos Julio Díaz Lotero

Una de las reformas estratégicas del gobierno es la del sistema de pensiones; no solo por las implicaciones que tiene en el rediseño del sistema actual, sino porque tiene relaciones de fondo, de una parte, con la noción de sociedad que queremos construir, y, por la otra, con el funcionamiento de la economía, del empleo y del sistema de relaciones laborales.

Dos conceptos de sociedad

El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y el Régimen de Prima Media con Prestación Definida o de Solidaridad Intergeneracional, los dos regímenes pensionales vigentes en nuestro país establecidos en la ley 100 de1993, representan dos visiones sobre el concepto de sociedad que debe prevalecer.

Las reformas neoliberales empezaron a privatizar la seguridad social, que había estado en manos del Estado por razones de protección social, para convertirla en un nuevo nicho de negocio del capital financiero personificado, en nuestro país, en las Administradoras de Fondos de Pensiones –AFP-. La ley 100 de 1993 introdujo el lucro en la seguridad social y prometió cobertura universal bajo el supuesto de que las reformas económicas y laborales iban a garantizar no solo un bajo desempleo, sino una alta formalidad laboral. Después de un poco más de treinta años de liberalismo económico, tenemos elevadas y estructurales tasas de desempleo e informalidad laboral que explican los altos niveles de exclusión que hoy tiene el sistema pensional en nuestro país, pues solo tres de cada 10 trabajadores se pensionan.

Los impulsores del Régimen de Ahorro Individual, administrado por los Fondos Privados de Pensiones, han promovido una cultura anti Estado o en el mejor de los casos de Estado mínimo. Nos dijeron que todo lo iba a resolver el mercado, pues el Estado era un problema que se necesitaba minimizar, y por tanto era necesario darle a la gente un sentido de responsabilidad individual. La campaña propagandística glorificó al individualismo, y restableció el paradigma de seguridad social – o mejor de inseguridad social – dominante en el Estado Liberal, que se basaba en la teoría del laissez faire o de un estado no intervencionista bajo control del mercado y la iniciativa privada. En el Estado Liberal, de responsabilidades mínimas, la noción del riesgo se basaba en la culpabilidad individual. Con el desarrollo del Estado de Bienestar y de los Estados sociales, se pasa del riesgo como un reto del individuo a la noción de socialización del riesgo.  Los riesgos de la enfermedad, del accidente, de la enfermedad de origen laboral, y de la ausencia de ingresos en la vejez, ya no los enfrentaba el individuo de manera solitaria, los enfrentaba la sociedad en su conjunto por medio de una institucionalidad dentro del Estado.

El principio de solidaridad se ha ido debilitando dentro del sistema de seguridad social del nuevo estado liberal, y hoy nos parece normal que cada individuo sea responsable de su futuro bajo el lema de “sálvese quien pueda”, donde no existe el bien común, el interés general, sino la satisfacción del interés personal. Esto ha configurado un Estado no al servicio del interés público, sino del interés privado. Ese interés privado lo representan, en el debate pensional, los Fondos Privados de Pensiones, el interés público lo representa el enfoque de prima media o de solidaridad intergeneracional que administra el Fondo Publico.

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Economía, empleo y seguridad social

La cobertura en la seguridad social depende, en parte, de la calidad de los empleos que genere la dinámica económica. Para lograr bajas tasas de desempleo y altas tasas de formalización laboral se debe impulsar un modelo de desarrollo que promueva la economía productiva, rompa con el extractivismo y frene las actividades especulativas según lo ha planteado el presidente Petro. De esta manera se podrán garantizar empleos estables, bien remunerados y una mayor cobertura de los vinculados al régimen contributivo de la seguridad social.

Si hay un desarrollo empresarial que agregue valor con una rentabilidad razonable, aumentaran no solo los ingresos por cotizaciones al sistema de pensiones, sino el número de cotizantes por cada pensionado que es fundamental para la viabilidad financiera del régimen de prima media. Al mejorar la calidad y densidad empresarial tendremos más empresas y más trabajadores aportando al régimen contributivo de seguridad social.

Si hay mejoras reales en la productividad de la economía por desarrollos tecnológicos y por una creciente inversión en infraestructura, en especial de transporte, subirán los ingresos laborales y la rentabilidad de las empresas. Esto no solo fortalecerá el financiamiento de la seguridad social y de los sistemas públicos de pensiones, sino las finanzas públicas por un mayor recaudo tributario.

Si la economía funciona bien con un empleo cada vez más formalizado, reduciendo a su vez las altas tasas de inactividad laboral de las mujeres para equilibrarla a la de los hombres, se reducirá el llamado riesgo demográfico con el que los voceros de las AFP suelen estigmatizar el régimen público de pensiones basado en la solidaridad intergeneracional.

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La propuesta de reforma pensional del gobierno

La propuesta de reforma pensional que se discutirá, inicialmente en la subcomisión de concertación creada para ello, y posteriormente en el Congreso de la Republica se basa en un sistema de tres pilares, que según lo ha planteado el propio presidente Gustavo Petro fue creado en Holanda con éxito y acogido por el Banco Mundial y Fedesarrollo. Estos son los pilares:

Pilar solidario: con una renta básica correspondiente a medio salario mínimo legal vigente y que cobijará a los adultos mayores que no alcanzan a obtener una pensión.

Pilar contributivo: para las personas que devengan hasta cuatro salarios mínimos y harán sus aportes obligatorios al régimen de prima media administrado por Colpensiones.

Pilar complementario: para personas que tienen ingresos por encima de los cuatro salarios mínimos que hacen aportes adicionales al régimen de ahorro Individual de las administradoras de fondos de pensiones y de cesantías (AFP)

De acuerdo con información de la Superintendencia financiera, de las AFP y Colpensiones, el panorama de afiliaciones, y de ingresos y gastos del sistema de pensiones se presenta en el siguiente cuadro:

Como se observa en el cuadro anterior, los ingresos por cotizaciones y los pagos de las mesadas pensionales son de $38 billones en los dos regímenes. Los ingresos por cotizaciones de los Fondos Privados ascienden a $25 billones, mientras que los de Colpensiones son de $13 billones. Por el lado del gasto los pensionados de los Fondos privados tienen un costo anual de $4 billones, y los de Colpensiones suman $34 billones. Del presupuesto público se tienen que transferir a Colpensiones $15 billones para el pago de las mesadas del 1,520,000 pensionados

Como el déficit público en el sistema pensional es causado por el superávit de los Fondos Privados, la propuesta de reforma que viene promoviendo el gobierno buscará equilibrar los ingresos y los gastos de Colpensiones trasladando la mayor parte de los afiliados de las Administradoras de Fondos de Pensiones –AFP- al Fondo Publico –Colpensiones-; y con los $15 billones de ahorro del presupuesto público financiar la renta básica de medio salario mínimo del pilar solidario.

Finalmente hay que señalar que los Fondos Privados de Pensiones no pensionan, devuelven unos ahorros individuales que solo alcanzan a financiar, en el mejor de los casos, pensiones equivalentes al 30% de los ingresos que se tenían como trabajador, pero como están las cosas hoy lo más probable es se pierda parte o la totalidad del ahorro, pues las Administradoras de Fondos de Pensiones –AFP- tienen la plata de los trabajadores especulando en un mercado de papeles en deterioro, y más que una protección social, lo que probablemente enfrentemos sea una monumental estafa social si se colapsa el mercado de valores. Por ello es una decisión acertada recuperar, por parte del Estado, los recursos públicos que manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones ante el riesgo de despojo en que se encuentran.

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