Por Adrián Vásquez. Del Área de Investigación de la ENS
Como cada año, los Fondos Privados de Pensiones y los gremios que los representan sacan a relucir el serio problema pensional del país, al tiempo que presentan las cifras y encubren las causas que las explican, para terminar abogando, bien por la reforma del sistema en su beneficio propio, o bien por la liquidación de Colpensiones, el fondo público que provee las pensiones de la inmensa mayoría de la, a su vez, inmensa minoría de población que se beneficia de este seguro contra la vejez.
Los hechos son cristalinos: en el régimen público de prima media hay 2.8 millones de aportantes y 1.24 millones de jubilados, quienes ya están recibiendo su pensión de vejez por parte de Colpensiones. Por contra, hay 4.63 millones de aportantes a los fondos privados (14 millones de afiliados) y menos de 100.000 jubilados. Además, el año pasado el gobierno pagó $25 billones en mesadas, mientras que apenas recibió $14 billones por aportes de afiliados y traslados de trabajadores provenientes de los fondos privados. En contraste, los 14 millones de afiliados al régimen privado tienen ahorrado $190 billones, que no benefician a casi nadie fuera de los propios fondos privados (El País, 26 de febrero de 2017).
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Existe pues un problema pensional en el país, pero su origen se encuentra en la participación poco o nada generosa y solidaria de los fondos privados, no en el régimen público. Y un primer paso en la solución de la cuestión pasa por ponerle coto al régimen privado de pensiones.
El sistema pensional colombiano sólo cubre a una de cada 4 personas en edad de jubilación, y a futuro cubrirá apenas una de cada 10. Pero además es profundamente asimétrico: de los $30 billones que se destinan anualmente para pensiones, el 20% más rico se queda con el 63%, mientras el 20% más pobre percibe apenas el 0.3% (El Tiempo, 29 de abril de 2017).
Aparte de eso, la cuestión es más compleja y estructural. Cualquier modelo de pensiones, sea el actual de corte neoliberal o uno clásico de bienestar, se fundamenta en la estabilidad del mercado laboral, del que se nutren. Pero el mercado laboral colombiano es bastante frágil y precario: la tasa de desempleo para mayo de 2017 fue 9.4%, y el promedio anual 9.2%. En cuanto a la informalidad, para el trimestre móvil febrero-abril fue 47%, y el promedio anual 47.4%. En cuanto a los jóvenes (14-28 años), la tasa de desempleo fue 16.6%, que coincide con el promedio anual.
No es de extrañar entonces que apenas 7.5 millones de trabajadores, de los casi 22 millones que hay en el país, coticen al sistema pensional, y que sólo uno de cada 10 cotizantes logre recibir el seguro contra la vejez al final de su vida laboral.
Vale entones la pena preguntar qué sería más apropiado para conjurar el problema pensional, laboral y de desigualdad en el país: ¿Un sistema pensional universal? ¿O es ya hora de plantear abiertamente la necesidad de una Renta Básica Universal (RUB) como derecho de ciudadanía y medida de política económica para hacer frente a los problemas sociales del país?
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La Renta Básica Universal y sus ventajas
Es una asignación monetaria regular e incondicional que se asigna a todos los ciudadanos del país, y a quienes acrediten estadía por un periodo de tiempo mínimo, digamos que mayor a 4 años. Su carácter de universalidad quiere decir que se otorga a todas las personas, sin importar si son ricos, pobres, desempleados o adscritos a cualquier tipo de identidad, e incluso si quieren trabajar o no (Nadal, 26 de octubre de 2016).
Es incondicional porque, a diferencia de los subsidios vigentes en el país (rentas garantizadas, subsidios de desempleo, familias en acción etc.), se entrega sin que la persona deba acreditar requisitos, lo que, entre otras cosas, permite superar dos lastres propios de los subsidios condicionados. Estos fomentan la inactividad y meten a la gente en la trampa de la pobreza: hace que quieran seguir siendo pobres para acceder a los subsidios condicionados. Estos por otra parte también promueven la burocracia.
Asimismo, con la RBU deberían desaparecer los subsidios inferiores al monto de la RBU, que es de un salario mínimo para personas mayores de 18 años, y el 20% del mismo para los menores.
Los beneficios de una RBU en un país como el nuestro saltan a la vista. El primero y más importante es la superación de la pobreza y la reducción de la desigualdad, pues en cuanto derecho de ciudadanía en el marco de una concepción republicana de la igualdad y la libertad, la RBU asegura condiciones materiales de existencia mínimas para toda la población y, por lo mismo, su inserción plena en la vida social en calidad de ciudadanos.
Su impacto también se dejaría sentir en el ámbito de la violencia, gran parte de la cual se nutre de las condiciones de extrema pobreza y marginalidad. Por otra parte, restaría presión sobre el aparato judicial y penitenciario, y se esperaría que conllevara a una reducción de las fuerzas armadas.
También el sistema de salud se favorecería. Diversos estudios de epidemiología social demuestran que las desigualdades en salud no sólo tienen que ver con cobertura y acceso a instituciones de calidad, sino con mejorar las condiciones materiales de la población. De hecho, en el siglo XX el acceso universal a la atención sanitaria explica apenas el 20% de los años ganados en esperanza de vida, mientras el 80% restante se explica por las mejoras en las condiciones de vida (Puyol, 2012, 179).
Y ni se diga el beneficio de la RBU en la remuneración de los trabajos de cuidados y voluntarios, el incentivo a la educación y la investigación, la lucha contra la corrupción, que en buena medida es un problema de ingresos bajos, más que de coimas por arriba. Y así un largo etcétera.
Y una última consideración: ¿no es mejor asegurar la existencia material de la ciudadanía más pobre, que es donde se concentra el problema pensional, que mantener un sistema que, entre otras cosas, genera subsidios a los más ricos? Por supuesto que la RBU no riñe con la necesaria reforma del sistema pensional, pero apunta en una dirección que lo trasciende, entre otras cosas porque asegura condiciones de vida aún antes de la vejez.
Asimismo, ténganse en cuenta que el mercado laboral colombiano no sólo está profundamente degradado, sino seriamente amenazado por una revolución tecnológica sin precedentes, descrita en el Foro de Davos del presente año como la cuarta revolución industrial, la que posiblemente barrerá de un plumazo millones de empleos. Se habla de una pérdida del 47% de los empleos actuales en Estados Unidos y en Europa de más del 50%. Ya se habla, y con razón, de un futuro “poslaboral”. Y en Colombia los trabajadores en unas 702 profesiones se verán en la calle más temprano que tarde: teleoperadores, taxistas, bibliotecarios, agentes de seguro, de transporte y carga, y un larguísimo etc.
La Renta Básica será, por tanto, un seguro y derecho de existencia frente a una situación que pronto se conjugará en tiempo presente. Puede ser esa medida de política expansiva que, en opinión de Keynes, saque a la economía colombiana de su estancamiento productivo y excesiva dependencia de los commodities minero-energéticos.
Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) de la ANDI, en el trimestre enero-abril de 2017 el uso de la capacidad instalada industrial fue del 74.2%, ligeramente al promedio histórico de 76.2% (ANDI, abril de 2017, 4). Incluso tomando el último dato como referencia, es claro que hay posibilidades de ampliación de la producción industrial como efecto de un aumento de la demanda agregada inducido por una política como la RBU, sin afectar mayormente el nivel de precios, y sí ampliando el capital y el trabajo formal.
Cómo se financia la RBU
Es evidente que una RBU requiere financiación, y a este respecto no caben dudas: es preciso una reforma tributaria de carácter progresivo, que grave por fin y de manera real la riqueza de quienes más tienen en el país, y que suprima las mil y una exenciones tributarias obsequiadas indebidamente a las grandes empresas nacionales y multinacionales.
Sin embargo, el importe de la tributación para la financiación de una RBU puede no ser tan alto como parece. Téngase en cuenta, de un lado, que esta medida suprime todos los subsidios condicionados inferiores a su monto (un salario mínimo mensual legal), así como la enorme burocracia que se ha montado alrededor de estos esquemas de subsidios condicionados, que sólo ha servido para el despilfarro, el clientelismo y la corrupción. Eso significa un monto considerable para la financiación de la RBU. De otro lado, habría que estimar la reducción de gastos asociada a los beneficios que supondría la implantación de la RBU: reducción del aparato judicial y de defensa, alivio del sistema de salud, etc.
Resulta pues necesario y perentorio realizar un estudio financiero sobre la implantación de una propuesta que, si bien apenas comienza a conocerse en el país, esperamos que pronto sea el centro de neurálgicas discusiones políticas y sindicales.
La Renta Básica Universal es pues una propuesta coherente, que se está discutiendo apasionadamente en todo el mundo y comienza a implementarse parcialmente en algunos países. Puede servir a la aspiración de transformar de raíz la injusta y arbitraria estructura productiva y laboral colombiana.
Conviene al sindicalismo tomar nota y agendar este tema entre sus políticas estratégicas, entre otras cosas porque el panorama laboral pinta mal para los próximos años, especialmente en la medida en que las transformaciones tecnológicas de la cuarta revolución industrial lleguen al país, cosa que acontecerá en la próxima década.
Referencias:
Espinosa, A (2015). Política nacional de promoción de exportaciones agropecuarias. Bogotá, DNP
Keynes, J. (1997a). Las posibilidades económicas de nuestros nietos. En: Ensayos de persuasión. Barcelona, Folio, Tomo II, pp. 321-333
(1997b). Los medios para la prosperidad. En: Ensayos de persuasión. Barcelona, Folio, Tomo II, pp. 337-366
Navarro, N. (12 de marzo de 2017). Trabajadores, una especie amenazada.
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/trabajadores-una-especie-amenazada-5889245
Puyol, Á. (2012). Ética, equidad y determinantes sociales de la salud. Gaceta Sanitaria, 26(2), pp. 178-181
REN21 (2016). Energías renovables 2016. Reporte de la situación mundial. http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/06/GSR_2016_KeyFindings_SPANISH.pdf