La propuesta neoliberal del aumento del salario mínimo como expresión de la guerra de quinta generación

Por salir de boca del senador Álvaro Uribe Vélez, la propuesta del aumento del salario mínimo (cuya cifra aún no se conoce) suena a bandera falsa. Es una noticia basura, expresión de la Guerra de Quinta Generación del capital

Por Fernando Mosquera Zúñiga*, economista consejero del CTP de Barrancabermeja

Por salir de boca del senador Álvaro Uribe Vélez, la propuesta del aumento del salario mínimo (cuya cifra aún no se conoce) suena a bandera falsa. Es una noticia basura, expresión de la Guerra de Quinta Generación del capital, en la cual, en palabras de Aram Aharoniam, “no interesa ganar o perder, sino demoler la fuerza intelectual del enemigo, obligándolo a buscar un compromiso, valiéndose de cualquier medio, incluso sin el uso de las armas”.

Al parecer todavía el senador Uribe se siente ‘presidente’. Por un lado, utiliza esa propuesta como distractor de la investigación formal que efectúa la Corte Suprema de Justicia a su persona por los delitos de soborno y fraude procesal. Y por el otro, la utiliza como mampara para aislar la propuesta fiscal de la universalización del IVA a la canasta familiar, ampliar la base tributaria, disminuir impuestos a las empresas, la reforma pensional y tratar de eclipsar la consulta anticorrupción en marcha.

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A propósito del tema, como lo afirma el senador Gustavo Petro, “‘el problema no es el salario mínimo, es el salario real’. Claro que sí, es el poder adquisitivo de ese salario nominal que está determinado por el valor de la canasta familiar. Se requieren dos y medio SMMLV para alcanzar la canasta familiar, y si lo relacionamos en términos de empleo: deben trabajar padre, madre y un hijo. ¡Qué tal!

El aumento del salario real mínimo como política de fortalecimiento de la demanda, debe ir acompañado de una política de mayor oferta de bienes y servicios, para así disminuir el costo de la canasta familiar con cantidad, calidad y precios de los bienes básicos, impulsando el punto uno del Acuerdo de La Habana relativo al desarrollo rural Integral.

La universalización del IVA a la canasta familiar deprime aún más el espurio aumento del magro SMMLV. Es importante señalar que existe jurisprudencia que prohíbe la aplicación del IVA a los bienes básicos de la canasta familiar, pero el mago del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sale con el truco de que el IVA que van a pagar los ricos se devuelve a los más pobres por medio de la bancarización.

O sea que ‘tras de hinchado con paperas’, porque ni corto ni perezoso el presidente de Asobancaria sale a decir que acompaña la propuesta porque están preparados para este negocio de intermediarios financieros (la comisión), tal cual lo hacen con las EPS en salud y con los fondos de cesantías y pensiones privados. O sea, otro paso más en la concentración y centralización del negocio financiero con los recursos de los asalariados.

La tragedia Uribe-Junguito en el 2002 (Carrasquilla era su Viceministro de Hacienda), la de aplicar el IVA de 2% a los bienes básicos de la canasta familiar, que quedó sin vigencia por decisión de la Corte Constitucional, se repite hoy como comedia. Duque-Carrasquilla (sin conocer la cifra del nuevo IVA ¿19%?) pretenden desconocer de nuevo el art. 363 de la Constitución, violando el principio de equidad y progresividad en la tributación.

Ampliar la base tributaria con el aumento del salario mínimo, es la otra pretensión del gran capital que afecta a los asalariados con contrato laboral, como también aumentar su aporte en la cuota de salud, pensión y ARL, asegurando con la reforma pensional la refinanciación de los fondos de pensiones y cesantías. Y los que no tienen contrato laboral ¿qué? Los llamados independientes, informales y desempleados ¿qué garantías tienen para obtener seguridad social y disfrutar el aumento del salario mínimo con un empleo digno?

Disminuir los impuestos a las empresas no es garantía de aumento de los salarios, ni mucho menos de empleo. Experiencias amargas ya ha tenido el país en ese sentido, como el recorte de las horas nocturnas, los dominicales y festivos. El Estado debe dedicarse a controlar la evasión, la elusión, el contrabando y la colusión empresarial, a eliminar las amnistías y exenciones para el capital.

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Se debe retomar la discusión del aumento del salario mínimo por la vía institucional que existe: la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, la que permite a los asalariados participar en la decisión. Pero el senador Uribe asalta la participación de los asalariados al dejar la decisión solo en el ejecutivo, y tal vez en el legislativo. César Rodríguez Garavito afirma que “la deliberación democrática en materia de impuestos es la regla de juego más antigua de las democracias liberales”.

Lo mismo debe suceder con la deliberación democrática del salario mínimo, que no es el espíritu que alienta la propuesta neoliberal del senador Uribe y del capital transnacional que representa. Hay que retomar la discusión del valor y adquisición de la canasta familiar, la dinámica inflacionaria y cambiaria, el avance de la productividad del trabajo y el capital, la relación capital/ trabajo y su participación en el PIB. Se debe decidir en consenso el nuevo salario mínimo para el 2019 en el marco de la economía mundial, convulsionada por la declarada guerra comercial y el supuesto proteccionismo de Trump.

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*Las opiniones aquí expresadas son del autor y no comprometen en nada a la Escuela Nacional Sindical 

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