En esta columna, la autora cuenta el caso Sintrainagro- Agrounión y la impunidad que hay alrededor del despido de los trabajadores por afiliarse a la organización sindical.
Por Marely Cely Silva, Directora CAL Puerto Wilches
Las luchas de Sintrainagro en el Magdalena Medio son un referente continuo de cómo la fuerza y la unidad obrera son decisivas para el logro de derechos laborales individuales y colectivos.
Sintrainagro es una de las organizaciones sindicales más sólidas y dinámicas en la región del Magdalena Medio, gracias al trabajo colectivo y los perfiles individuales de quienes dirigen sus subdirectivas, cuyo esfuerzo político en los últimos cinco años se focalizó en logar la contratación directa de quienes realizan actividades misionales permanentes. Es decir, en la lucha por la formalización de trabajadores intermediados ilegalmente.
Como consecuencia de la presión política y organizativa de los sindicatos, las empresas contrataron directamente a trabajadores intermediados, pero simultáneamente aumentaron significativamente las relaciones comerciales con proveedores externos, lo que incrementó abrumadoramente la tercerización irregular de trabajadores.
Mediante la promoción de la sindicalización de trabajadores tercerizados en sus seccionales, Sintrainagro desarrolló una estrategia para atender los problemas de trabajadores tercerizados en las fincas palmicultoras, con el objeto de promover condiciones decentes, justas y dignas del empleo en la región. Pero estos esfuerzos han terminado con el despido colectivo de hasta la totalidad de los trabajadores.
Por otra parte, los abogados al servicio de los empleadores han utilizado como estrategia jurídica la negación de la negociación bajo el amparo de supuestos vicios en la presentación de los pliegos. Fórmula que no tendría ningún efecto si operaran bien la inspección laboral del Ministerio del Trabajo y entidades del Ministerio público (Procuraduría, Personería), que lejos de garantizar los derechos de los trabajadores permiten el sesgo y la cultura de la ilegalidad de las relaciones laborales. Además por el oportunismo de dejar en el juez natural (juez laboral) la resolución de conflictos que pasan por la competencia administrativa.
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En noviembre de 2018, hace un año, 20 trabajadores tercerizados de Puerto Wilches iniciaron un proceso de afiliación a la seccional de Sintrainagro en este municipio santandereano, y presentó pliego de peticiones con alternativas para mejorar las condiciones laborales de este grupo de trabajadores. Pero trascurrido el término de ley para iniciar la negociación, la empresa convocó a los equipos negociadores para informar que se negaba a negociar argumentando vicios en la presentación del pliego.
Este 2019 la Escuela Nacional Sindical dio al servicio el Centro de Atención Laboral en Puerto Wilches, que inicialmente se ocupó del caso de 30 trabajadores despedidos y otro tanto incurso en procesos disciplinarios de terminación de la relación laboral. Entabló acciones jurídicas constitucionales para defender a estos trabajadores en su derecho a la asociación y negociación colectiva. Los acompañó en procesos disciplinarios buscando garantía del debido proceso, solicitudes de investigación ante el Min-Trabajo por negativa a negociar y actos anti-sindicales.
Asimismo hizo requerimientos al Ministerio Público (Personería y Procuraduría) para solicitar acción preventiva frente a acciones de la empresa, y ante la Defensoría del Pueblo, informando sobre la violación de derechos humanos y laborales.
Sin embargo, ninguna de estas actuaciones fue considerada. La inoperancia y poca efectividad de las autoridades del trabajo y órganos de control generan un escenario de impunidad jurídica y laboral.
Hoy todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa Agrounión sindicalizados que presentaron pliego de peticiones, se encuentran desempleados. Todo esto genera la percepción colectiva en el Municipio –promovida por la empresa y auspiciada por las autoridades e instituciones administrativas y judiciales– de que la sindicalización no la protege el orden legal y constitucional, por lo tanto sindicalizarse implica el riesgo de la terminación de su fuente de ingresos.
La impunidad genera colectivamente conciencia antisindical e impone miedos y frustraciones que difícilmente se superan con la acción política y organizativa de un sindicato. Si las autoridades del Estado no ofrecen protección a la sindicalización, no es posible cumplir con los objetivos materiales y funcionales asignados históricamente al sindicalismo.
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