Este año los ataques contra Fecode se han recrudecido a través de las redes sociales
Por Eugenio Castaño González
Resulta verdaderamente alarmante constatar el amplio caudal noticioso en contra de Fecode mediante señalamientos, persecuciones, prejuicios y estrategias de difamación por parte de diferentes sectores en Colombia, muchos de ellos cercanos al actual gobierno de Iván Duque. Basta echar un vistazo, por poner un solo ejemplo, al pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe en contra de Fecode en el mes de junio del presente año, en donde acusaba a esta federación de promover el adoctrinamiento ideológico, deformar la historia y recurrir a las infamias, perjudicando con ello a los estudiantes en su proceso formativo. Este tipo de afirmaciones requieren ser interrogadas y matizadas con mucho cuidado, más aun cuando la coyuntura actual reclama un amplio ejercicio de comprensión en torno al rol de las y los maestros y, sobre todo, los maestros sindicalizados en Colombia.
Si bien el propósito de esta columna no consiste en realizar un análisis pormenorizado de la agenda político-social de Fecode, ni elaborar una mitología romántica en torno a su historia, es importante señalar, aunque sea de manera incipiente, que detrás de aquellos señalamientos también existe todo un periplo de luchas orientadas a cuestionar y re-problematizar el rol del docente y de la educación pública en la sociedad colombiana, promover profundas transformaciones sociales, políticas y económicas, además de contribuir a la formación de ciudadanías críticas en las aulas de clase. En ese sentido, ¿por qué deberían las y los maestros eludir el debate político? ¿Por qué se asimila la apuesta pedagógica por la formación de ciudadanías críticas en niñas, niños y jóvenes, como un acto generalizado de adoctrinamiento o de connivencia con los grupos insurgentes? ¿De qué manera el análisis histórico puede ser una adecuada herramienta para comprender los intereses existentes detrás de la actual hostilidad y estigmatización en contra Fecode?
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La construcción de una otredad negativa
Lo anterior amerita una reflexión orientada a desentrañar los impactos y alcances de este tipo de prácticas que, para la Escuela Nacional Sindical, constituyen una especie de sustrato ideológico que ha legitimado y naturalizado las diferentes formas de violencia padecida por dicha federación y por el sindicalismo en su conjunto. En otras palabras, estas prácticas se han articulado con las demás formas de violencia de una manera compleja, estrecha y a veces sutil. Con ello se trata de develar cómo la estigmatización y la persecución se han constituido en estrategias políticas que han pretendido instaurar una otredad negativa, una especie de alteridad amenazante para un sector de la sociedad colombiana. Dicho sector ha visto en este tipo de organizaciones, como Fecode, creada en 1959, una fuente potencial de desestabilización, incompatible y no asimilable a sus propios proyectos políticos y socio laborales que pretenden normalizarse a sangre y fuego.
Por supuesto, aquello no es un fenómeno nuevo, ni debe comprenderse como parte de una problemática que responde de manera exclusiva a la actual coyuntura política. Es posible identificar ciertos imaginarios históricos en torno al rol presuntamente “pérfido” del sindicalismo en general, dispuesto a atentar contra los “verdaderos intereses nacionales”. Si bien a comienzos del siglo XX los primeros obreros fueron representados como peligrosos y “pobres” por parte de las elites,[1] o bien los docentes solían estar clasificados como parte de un sector poblacional bastante propenso a ser “neurasténico”, lo sucedido a finales de la década del veinte puso en evidencia un estigma mucho más articulado con la lucha anticomunista. La aprobación de la famosa Ley heroica en 1928 (poco antes de la masacre de las bananeras) durante la presidencia del conservador Miguel Abadía Méndez, hizo que las movilizaciones y huelgas comenzaran a ser personificadas como parte de un peligroso complot del “bolchevismo” a través del Partido Socialista Revolucionario y de la Tercera Internacional.
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Del docente alborotador al ideólogo de la guerrilla
La creciente asociación entre sindicalismo y “comunismo” contribuyó a reforzar la idea de que el movimiento sindical hacía parte de una oligarquía sin escrúpulos, “abusiva”, “perezosa”, “acomplejada”,[2] “insolente”, “consentida”, “sediciosa”, “demagógica”. El establecimiento de una frontera ideológica entre un “nosotros” y “ellos” fue promoviendo un estatus de diferencia, incertidumbre, temor, aislamiento, descredito e inferioridad, que fue suscitando un conjunto de estigmas sobre aquel que presuntamente debía corregirse y someterse al cauce de la normalidad sociolaboral. Para el caso particular de los docentes sindicalizados, y durante la década del cincuenta, fue frecuente identificar al maestro sindicalista, especialmente el antioqueño, con el “liberal”, “alborotador”, “masón” y “comunista”. Aquello se vio reflejado en continuos traslados a zonas catalogadas como “municipios castigo” o “escuelas castigo”.[3]
El activismo y la movilización política de Fecode, especialmente desde comienzos de la década del ochenta en adelante y a través de lo que se conoció en su momento como el “Proyecto Pedagógico”, desencadenó una serie de expresiones violentas y restrictivas contra su accionar. La promulgación de Estado de Sitio, la militarización de las ciudades, los procesos disciplinarios y las detenciones masivas, fueron algunas de las estrategias utilizadas por los gobiernos de turno, especialmente a partir del establecimiento del Estatuto de Seguridad, durante la presidencia de Julio Cesar Turbay (10 casos de detenciones contra Fecode).[4] Posteriormente, el gobierno de Belisario Betancur, al amparo del Estado de Sitio el 1º de mayo de 1984, expidió los decretos 1040 y 1041, reglamentarios del Estado de Excepción, por medio de los cuales se prohibieron las manifestaciones públicas, las reuniones políticas y las concentraciones de carácter estudiantil y laboral. Fue precisamente durante este periodo cuando las administraciones municipales ahondaron en los hostigamientos y los procesos disciplinarios contra los profesores. [5]
Los hostigamientos contra los docentes sindicalizados se llevaron a cabo mediante el aislamiento de los dirigentes de sus bases profesorales. Con ello se pretendió promover una serie de controles más agresivos por parte de los alcaldes, rectores y Secretarías de Educación, con el consiguiente desprestigio que ello acarreaba. El establecimiento de normatividades restrictivas orientadas a regular el orden público y la movilización social, a partir de finales de la década del setenta y comienzos del ochenta, se estableció en uno de los pretextos propicios para limitar la actividad sindical de los docentes, además de sentar las bases de un modelo económico más flexible en términos laborales. Esta estrategia se fue cristalizando a través de la creciente militarización de la huelga, los procesos disciplinarios, informes de inteligencia, suspensiones, detenciones y posteriores asesinatos.[6]
Por otro lado, la red de señalamientos experimentó una modulación discursiva a partir de este periodo. Si anteriormente al docente se lo tildaba de ser masón, liberal, alborotador, bolchevique y comunista, en esta nueva red, la “lucha anticomunista” se volvió el punto de entrada que desencadenó nuevos apelativos en contra el docente sindicalizado, como el de ser “revolucionario”, “ideólogo de la guerrilla”, y, en los últimos años, “castrochavista”.[7] Por consiguiente, la desconfianza frente a la educación pública y la actividad sindical del docente se ha materializado a través de una sistemática deslegitimación de sus reivindicaciones sociopolíticas, además de pregonarse la eficiencia de la educación privada, presuntamente desprovista de cualquier vestigio de “ideología de izquierda” o “simpatía por la insurgencia”.
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La estrategia de la verdad rápida
Finalmente, detrás de todo lo examinado anteriormente es posible advertir una relación asimétrica de poder en torno a la producción de la verdad como escenario de disputa, una manera de elaborar algunas narrativas poco rigurosas y cuyo objetivo se ha centrado en instaurar sus versiones en la opinión pública y en el lenguaje colectivo. Se trata de ciertos sectores de poder arrastrados por una deriva irracionalista, una máquina sofisticada, extendida y eficaz que envía mensajes contundentes, rápidos, frecuentemente burdos, capaces de sofocar cualquier pretensión reflexiva. En suma, se trata de versiones que circulan y buscan generar el mayor arraigo posible, aunque carezcan de veracidad y de matices, afirmaciones destinadas a suscitar golpes de opinión desde el temor infundado y a través de la creación de chivos expiatorios. Estas formas de violencia simbólica no solo han preexistido a las demás modalidades de violencia, sino que, a su vez, se han articulado entre sí dentro de una configuración compleja y cada vez más letal desde mediados de la década del ochenta hasta la actualidad. Frente a este tipo de hechos, ¿qué medidas va a implementar el gobierno nacional para frenar esta embestida contra los maestros en Colombia? ¿Es posible que el gobierno nacional haga algo al respecto y evite los eufemismos en contra de Fecode, tal como también ha sucedido con las recientes masacres en Colombia?
[1] Archila Neira, Mauricio, Cultura e identidad obrera. Colombia 1910-1945, Santa fé de Bogotá, Cinep, 1991, p. 390.
[2] Castaño González, Eugenio Cuerpo y alma en las políticas de bienestar. Medellín, 1945-1975, Salamanca, Levar Anclas Ediciones, 2018.
[3] Taller grupal con integrantes de Adida para la Comisión de la Verdad, Medellín, julio del 2019.
[4] Majbub Avemdaño, Salomón, El impacto del Estatuto de Seguridad en el movimiento sindical en Colombia, 1978-1982, Trabajo de grado para optar por el título de historiador, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2015, p. 72.
[5] Taller grupal con integrantes de Adida para la Comisión de la Verdad, Medellín, julio del 2019.
[6] Ibíd.
[7] Ibíd.
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Mario armando Jiménez:
08/09/2020,El estado de sitio de Betancur y Turbay, convertido en seguridad democrática seguirá colocando las víctimas de la lucha por encontrar oportunidad, justicia y seguridad social, sólo revertible mediante la unión compacta de los trabajadores y el pueblo en una sola voz , tan fuerte que pueda ser escuchada en la cúpula del poder, para lograr alguna reivindicacion.