Empleo e informalidad en la propuesta de Iván Duque

Una primera crítica que habría que plantear es que sus propuestas no parten de un análisis riguroso del mercado laboral colombiano. A juzgar por lo dicho en el documento dichas propuestas son producto de un marco de discusión nacional, donde tal vez han quedado por fuera los análisis técnicos que corroboren y confronten dichas discusiones. Esto parece evidente porque por ningún lado el candidato plantea el cuentapropismo como un problema, lo cual induce a pensar que al no estar en su radar bajo esta consideración pues no será objeto de intervención y peor aún, tal vez comulgue con esta modalidad de contratación sobre la cual la Organización Internacional del Trabajo –OIT– y la misma OCDE –a donde Colombia aspira a ingresar– ha manifestado el peligro que representa.

Otra debilidad de sus propuestas es que no diferencia el empleo urbano y rural, es decir, deja la sensación de que sus intervenciones están pensadas bajo el supuesto de que estos tipos de empleos soportan y requiere las mismas políticas, lo cual no es cierto y resulta impreciso. Tampoco hace mención al empleo agrícola, que es donde existen también posibilidades para ampliar el nivel de ocupación dada la potencialidad del sector, aunque a esta iniciativa también habría que incorporarle aspectos educativos, pero no se evidencia ni lo uno, ni lo otro.

Tal vez el candidato sólo ve como problema del mercado de trabajo el desempleo, por ello que piense en crear puestos de trabajo. Pero en esta idea se equivoca al recurrir a los impuestos como un estímulo, es decir, que supone el candidato que al otorgar beneficios tributarios pues los empresarios se sentirán estimulados a realizar más inversión y por esa vía tendrán que crear nuevos empleos. Esta idea es seductora, y tal vez la gente la considere cierta y válida, pero tiene serios problemas, por ejemplo: supone que los beneficios tributarios actuarán como un estabilizador automático capaz de lograr impactos en la inversión, de manera que ésta última parece que sólo dependiera del valor del impuesto a pagar más no de la tasa de interés, la demanda de productos, la capacidad de financiamiento de los empresarios, entre muchas otras; luego el candidato pasa por alto estas consideración que son determinantes de la inversión y podrían luego explicar por qué una reducción de impuesto no condujo a más empleo, como ya ha pasado en el país. Otro de los problemas es el costo de oportunidad que genera el beneficio tributario ya que serían ingresos que no se van a percibir, entonces, habrá un gasto que tendrá que sacrificarse. Esto puede ser considerado un acto irresponsable desde el punto de vista técnico y no es más que una forma de capturar votos por la vía más fácil y que tal vez más le guste a la gente.

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En las propuestas no habla de los empleos temporales, de la precariedad laboral derivada de allí, ni plantea idea alguna sobre el subempleo, luego parece que el tema laboral lo consigue desde una generalidad (ramas) que no le permite atacar el fondo del asunto (raíces).

En el tema de la formalización no deja entrever cómo la logrará, pero en cambio sí deje ver varios contrasentidos, pues no será posible formalizar cuando no se hacen ajustes a la contratación o se proponen medidas más severas de control y vigilancia; luego esta propuesta es estéril y al contrario puede ser perjudicial e ineficiente por los esfuerzos que se realicen.

En síntesis, cualquier propuesta de empleo que no tome en consideración la precariedad laboral, la tendencia al cuentapropismo y la informalidad como asuntos núcleo para una política laboral, sencillamente esta desenfocada. Además, parece que confía mucho en los impactos derivados por el emprendimiento cuando el país y las ciudades que relativamente han recorrido este camino no es que tengan las mejores experiencias en materia de empleo y sostenibilidad de los mismos emprendimientos. También considera que la productividad será la garantía para ingresos más justos, lo cual es muy discutible pues se podría probar que las mejoras salariales distan mucho de los reconocimientos por productividad.

A manera de conclusión, las propuestas del candidato en materia laboral se distancian sustancialmente de los verdaderos problemas que aquejan al mundo del trabajo y son tal vez un conjunto de ideas que al leerlas podrían resultar políticamente correctas; pero no menciona la importancia que tendría incluir los indicadores del trabajo decente dentro de la política laboral, la necesidad de mejorar la contratación de personal desde el sector público y la urgencia de fortalecer la organización de los trabajadores como un aporte a la democracia y al fortalecimiento de las organizaciones sociales. Estos temas brillan por su ausencia.