Elementos de una agenda laboral y sindical para la democratización de las relaciones laborales

Una agenda laboral y sindical en Colombia debería incluir estos elementos que menciona el director encargado de la Escuela Nacional Sindical

Por: Carlos Julio Díaz Lotero

De acuerdo con voceros del partido de gobierno la prioridad a partir del 7 de agosto del presente año es la reforma tributaria y la revisión del Presupuesto General de la Nación del 2023 para poder financiar las reformas por las que votaron los colombianos el pasado 19 de junio. Siguen en su orden la reforma rural integral y la Reforma Política de los puntos uno y dos de los acuerdos de Paz. La cuarta prioridad es la creación del Ministerio de la Igualdad que lidera la Vicepresidente Francia Márquez y por último la reforma a la Policía que implica la creación de un Ministerio de Paz.

Las demás reformas: salud, laboral, pensional, y la reforma a la Justicia que involucra cambios o desaparición de la Procuraduría probablemente empezaran sus trámites en el primer semestre del próximo año.

Si bien haremos parte de estos debates con propuestas y sugerencias de nuestro interés, la mayor fuerza la haremos en los temas laborales y de seguridad social con énfasis en salud laboral y los cambios en el sistema de pensiones.

Los elementos de la agenda laboral y sindical que promoveremos se desprenden de los problemas a resolver que afectan al mundo del trabajo y al movimiento sindical. Estos los resumimos de la siguiente manera:

Alto desempleo debido al sesgo anti laboral del modelo de desarrollo.
Alta informalidad y precariedad laboral por el predominio del “cuenta propia” de baja productividad y agregación de valor en la ocupación laboral.
Intermediación laboral ilegal y prácticas de contratación laboral ilegal como los contratos de prestación de servicios en el empleo público.
Alta exclusión de los sistemas de seguridad social contributivos.
Baja densidad sindical y cobertura de la negociación colectiva.
Ineficacia y marginalidad del dialogo social.
Limitaciones a los derechos de libertad sindical y de la huelga.
Debilidad institucional en las funciones de inspección y vigilancia y de acceso a la justicia.
Ausencia de garantías para el ejercicio de la protesta social.
Violencia antisindical y alta impunidad.

En consecuencia, los elementos de las reformas en los temas de empleo, derechos laborales, de seguridad social y de libertad sindical que se proponen como solución a los graves problemas estructurales que hemos señalado los presentamos de manera sucinta en los siguientes términos:

Creación de empleo en clave de transición productiva y revisión del modelo de desarrollo

El empleo estable y bien remunerado solo será posible si el Estado implementa políticas que fomenten el desarrollo total de las fuerzas productivas del país con énfasis en el progreso científico y tecnológico, y su infraestructura de transporte. El Estado debe recuperar su papel protagónico en la regulación de la moneda, del comercio y los mercados, y de la política cambiaria para el fomento de la economía productiva, y garantizar una política social excluida del mercado y con un enfoque de derechos. Por tanto, el Estado debe garantizar la disponibilidad de crédito adecuado para la inversión productiva en la agricultura, la industria, la minería responsable, energía, comunicaciones, transporte, y la orientación de recursos para el desarrollo de una infraestructura económica y social moderna, en lugar de seguir basando nuestra economía en actividades de extracción minero – energética, exportadora de bienes primarios, y lógicas financiero – especulativas.

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Formalización laboral

Se debe dar cumplimiento a la ley y a las sentencias de la Corte Constitucional para prohibir todas las formas de intermediación laboral ilegal existentes que se realizan por medio de Cooperativas de Trabajo Asociado, fundaciones, y otras organizaciones, así como poner límite al abuso en la intermediación laboral que hacen las Empresas de Servicio Temporal. Por su parte el Estado debe dar ejemplo de respeto de las normas laborales evitando el uso de contratos de prestación de servicios para regular el trabajo dependiente en actividades misionales y con vocación de permanencia. La formalización laboral de los “cuenta propia” en la llamada economía del “rebusque” será consecuencia de la generación de empleo productivo.

Seguridad y protección social

Se debe derogar el enfoque de negocio que hoy tiene la legislación que regula la seguridad social y rediseñar el sistema para que sea público, universal, solidario y con enfoque preventivo. Las medidas que se deben desarrollar, son entre otras:

Derogar los desarrollos legales del gobierno del presidente Duque que establecieron un falso Piso de Protección Social con el propósito de acabar con el régimen contributivo y precarizar, aun mas, las condiciones laborales de los trabajadores del país.
Establecer un régimen de salud público, universal, solidario con un enfoque preventivo y no reactivo.
El régimen en pensiones debe ser predominantemente público y de prima media (solidaridad intergeneracional), para garantizar pensiones reales en la vejez.
El sistema de riesgos laborales debe rescatar la verdadera dimensión de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y la muerte en el trabajo
Se debe estudiar la posibilidad de establecer una Renta Básica, por lo menos de Emergencia, para atender rápidamente el drama del hambre que golpea a cerca de 20 millones de colombianos, y con mayor fuerza a los adultos mayores.

Libertad sindical

En materia de libertad sindical, se deben adoptar los compromisos internacionales adquiridos por el gobierno (Plan de Acción Laboral Obama-Santos, Hoja de ruta con la Unión Europea, compromisos con la OCDE), las recomendaciones de los organismos internacionales, los desarrollos de la Corte Suprema y los mandatos constitucionales en materia laboral y de libertad sindical.

Desarrollo de la negociación por sectores económicos, según lo recomienda la OCDE, tomando como referente el modelo de negociación del sector público del país.
Prohibir los pactos colectivos en empresas donde existan sindicatos, según las recomendaciones de la OIT.
Se debe reglamentar el artículo 56 de la Constitución Política para definir qué se entiende por servicio público esencial y evitar que se sigan declarando ilegales las pocas huelgas que se realizan en el país.

Acceso a la justicia

Los recursos que el Estado dedica a la fiscalización de las obligaciones de las empresas, y para impartir justicia laboral, están muy por debajo de los estándares de organizaciones internacionales a las que pertenece Colombia. Por ejemplo, el número de inspectores laborales es de 55 % inferior al que señala la Organización Internacional del Trabajo y la relación de jueces en materia laboral respecto a la población es 83 % inferior a la media de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico; de hecho, entre 1993 y 2019, el número de procesos aumentó en 177 %, pero el de jueces laborales no cambió.

Para garantizar mayor eficacia en las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio de Trabajo, esta se debe fortalecer con más inspectores según los parámetros internacionales, con un enfoque preventivo y también de protección de derechos. Se deben crear mecanismos de acceso a la justicia laboral judicial que sean ágiles y expeditos para la defensa y restablecimiento de los derechos laborales y de libertad sindical que se vulneran.

Estatuto del Trabajo

Se debe dar cumplimiento al mandato del artículo 53 de la Constitución Política que ordena al Congreso expedir el estatuto del trabajo de acuerdo con los principios de igualdad, progresividad y no regresividad, y por otra parte garantizar el cumplimiento de los convenios internacionales del trabajo que se encuentran ratificados.

Equidad de género y generacional

Hoy se hace necesaria una política de empleo con enfoque diferencial, orientada a promover y proteger el empleo de las mujeres. La pandemia del COVID 19 tuvo mayores impactos negativos sobre el empleo femenino.

La emergencia de salud pública, que aún no superamos, tuvo su mayor peso en el aumento de las actividades del cuidado a cargo de las mujeres. Ante esto, es urgente que se cree una política nacional de economía del cuidado, para que esta función se democratice, y las mujeres no sigan siendo las que lleven la mayor responsabilidad con trabajos no remunerados.
Es importante incluir dentro de un enfoque diferencial, la inspección y vigilancia sobre el empleo que se ofrece en actividades referidas al cuidado, pues esas son las que más emplean a mujeres. Por ejemplo, la posición ocupacional de trabajo doméstico está copada en su gran mayoría por mujeres (94%), pero es un renglón ocupacional con muchos desafíos aún por resolver en materia de protección del trabajo digno.
En la creación de nuevos puestos de trabajo formal en el país se debe incluir el enfoque diferencial en la oferta que se genere, pues no solo las mujeres tienen mayor participación en el autoempleo, sino también en la inactividad laboral.
Finalmente se deben desarrollar políticas públicas que favorezcan la inclusión de los jóvenes en el desarrollo laboral y social del país.

Agenda para superar la violencia antisindical

La violencia antisindical, en medio de un contexto de violencia contra líderes sociales, se focaliza contra activistas y líderes sindicales. Por ello se requieren acciones articuladas para transformar esta realidad, las cuales deberían apuntar a:

El desmonte de la cultura antisindical que legitima la violencia.
El reconocimiento de la violencia antisindical como una condición necesaria para la no repetición.
La superación de los altos índices de impunidad que limitan el acceso a la verdad y a la justicia por parte de las víctimas.
La reparación colectiva e integral del sindicalismo.
La promoción de reflexiones en torno a la necesidad, la legitimidad y la importancia del libre ejercicio de la actividad sindical como una condición fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de la paz.

Los retos de la tecnología y los trabajos en plataformas

El trabajo en plataformas virtuales (digitales) se desarrolla en el marco de una alta precarización y flexibilización laboral. Estas modalidades digitales/ virtuales del trabajo presentan grandes retos para los marcos jurídicos. El trabajo digital es una tendencia inevitable, pero se necesita que la regulación laboral sea la única que aplique a estas nuevas formas organizativas del trabajo. Las relaciones laborales no solo deben regularse por el derecho laboral, sino que deben también involucrar la protección social de todos los trabajadores.

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