Del Negocio al Derecho: La reforma a la salud como camino de retorno

Por estos días se habla de la reforma a la salud. Aquí un análisis de la reforma.

Por Hiller Alberto Hernández Muñoz

La Ley 100 de 1993 sentó las bases para el funcionamiento del sistema de seguridad social integral en Colombia. Este sistema abarca tanto las pensiones como la salud. Actualmente, se encuentran en marcha procesos de reforma impulsados por el gobierno del cambio, con el objetivo de mejorar aún más dicho sistema.

En lo relacionado al sistema general de seguridad social en salud, se crearon las EPS (Entidades Promotoras en Salud) con unas funciones específicas, la afiliación de los usuarios, la administración de la prestación de los servicios de las instituciones prestadoras y suministrar, a cualquier persona afiliada, el entonces Plan Obligatorio de Salud, que desde 2017 ha sido reemplazado por un sistema general de beneficios en salud, derivado de la ley 1751 de 2015.

En ese sentido, el servicio se divide entonces entre las EPS y las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) éstas últimas, podrían ser oficiales, privadas, mixtas o comunitarias y estarían encargadas del sistema de atención y prevención y las primeras, las EPS, dedicadas a la administración de los recursos derivados de las afiliaciones de los colombianos al sistema y de los recursos, que por UPC (Unidad de Pago por Capitación) el Estado les deriva.

Este sistema se genera con el propósito de aumentar la cobertura en salud que para 1993 era tan sólo del 24% de la población. Hoy, como fruto de la ley 100 del 93 está alrededor del 98,81%. Sin embargo, esta cifra debe verse con sumo cuidado, pues nos dice cuántas personas están afiliadas al sistema, pero no efectivamente cuántos reciben de manera adecuada los servicios en salud que han solicitado. En esa línea, es necesario analizar que desde 2012 hasta 2022 se han presentado 1.587.226 acciones de tutela que buscaban la defensa al derecho a la salud; es decir que, en promedio, en los últimos 10 años, se presentaron 144.293 tutelas a la salud, es decir un promedio de 12.024 por mes.  Ahí podemos hacer un análisis y es que no podemos equiparar cobertura a afiliación, sino que debemos verlo en términos de acceso efectivo al sistema y resolución efectiva de las necesidades que alrededor de la prevención, la atención y preservación en salud se presentan.

Partiendo de este análisis, podríamos decir que el sistema ha cumplido con la afiliación, pero se ha rajado vehemente con la atención y especialmente con la prevención, sin contar que en múltiples ocasiones se ha demostrado que los recursos girados a las EPS para la atención  a la salud en el país, han sido utilizados para otros fines y se han buscado estrategias más dirigidas a garantizar la utilidad financiera que a garantizar el acceso al derecho por parte de los usuarios;  por lo que hoy día es necesario replantearse la posibilidad de una reforma estructural al sistema de salud; ello teniendo en cuenta que el modelo de desarrollo propuesto por el gobierno de Gustavo Petro, pone en el centro del mismo a la vida como elemento articulador de todas las acciones en el país.

Así es la reforma a la salud

El gobierno nacional presentó el 13 de febrero del presente año, el proyecto de reforma a la salud, el cual no ha dejado de ser polémico, pero tampoco, necesario.

El texto de la reforma, plantea, en principio, un sistema de atención en salud que se integra con las demás instituciones del estado a fin de intervenir de manera efectiva los diferentes condicionantes para la salud en el país, lo que se haría desde la Comisión Intersectorial Nacional de Determinantes de Salud con el apoyo de los datos consolidados aportados por el Instituto Nacional de Salud; ello de plano permitirá una visión integral y territorial de los procesos de prevención, atención y preservación de la salud y por qué no, de la vida en el país. Esta figura derivará en las respectivas Comisiones Departamentales, Municipales y Distritales en Determinantes en Salud lo que daría una articulación nacional en escala para la alimentación de un Sistema Público Único Integrado de Información en Salud (SPUIIS) y permitiría, si todo se coordina de manera efectiva, la planeación de políticas públicas orientadas a una atención en salud con enfoques territoriales y garantes de derecho.

Del mismo modo, busca un sistema más participativo, al integrar a representantes de diferentes sectores sociales al Consejo Nacional de Salud y también a los diferentes organismos que se encargan de la dirección y administración de las políticas públicas en salud en los diferentes territorios.

En cuanto a la administración de los recursos, se estable el Fondo Único en Salud el cual recogerá todos los aportes que se hacen para el sistema y estará a cargo del ADRES quien realizará los respectivos giros a las entidades territoriales para la administración de los recursos del sistema de salud y que, a su vez, realizarán los pagos a los prestadores del servicio.  Esto representa un avance en cuanto a los mecanismos actuales, en tanto que será el Estado el que administrará el recurso, evitando la intermediación que hoy día hacen las EPS, lo que no significa que éstas desaparezcan, sino que se transformarán en auditoras del sistema, en prestadoras del servicio a través de su infraestructura hospitalaria o en CAPRIS (Centros de Atención Primaria en Salud).

El proyecto de reforma tiene a su vez un enfoque territorial, que permita al sistema llegar a los lugares apartados del territorio nacional, la creación de más de 2500 Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud (CAPIRS) los cuales atenderán un máximo de 25.000 personas,  permitirá territorializar la atención y brindar, con un perfil epidemiológico determinado, un servicio preventivo, de atención y mantenimiento más acorde a las necesidades y particularidades de los diversos contextos en el país.

Así mismo, la creación de las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud-RIISS permitirá que los servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación sean administrados acorde con la sectorización realizada por los CAPRIS y a través de una integración general que permita, en caso que un paciente no cuente con el servicio requerido en su territorialidad, ser trasladado, remitido con eficiencia a un por fuera de su territorio cercano. Ello entonces generará un proceso de articulación entre las redes que potenciará ya no solo la cobertura, sino la atención efectiva de los pacientes en el sistema.

La reforma enfatiza en la necesidad de un modelo de atención que considere las condiciones determinantes de la salud en los diferentes territorios y que parta no de un enfoque paliativo – atencional, sino de uno preventivo – atencional – paliativo, es decir que se dirijan los mayores esfuerzos a la prevención de la enfermedad  – a través de la incidencia integral en los condicionantes de salud, la atención preventiva y la promoción efectiva de la salud – a la atención efectiva, a través de los CAPRIS y las Redes Integrales e Integradas de atención en salud – y en los casos que así se requiera, la atención paliativa, brindando calidad de vida a quienes por diversos motivos no pudieron reestablecer sus condiciones óptimas de salud.

Otro elemento presente en la reforma, son, la dignificación del trabajo del personal de la salud, el cual deberá tener un contrato laboral formal (no tercerizado) lo que le brindará mayor estabilidad y tranquilidad, máxime teniendo en cuenta que de los 2490 pactos sindicales a la fecha, 2322 son en el sector salud, lo que impide el adecuado ejercicio, por parte de este personal, de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva y por lo tanto inhibe la defensa general de sus derechos laborales.

Tres reformas… Tres mosqueteras

Estas son algunas conclusiones

Si bien, la reforma a la salud tiene elementos polémicos, éstos son a la vez necesarios, en un país con una tradición de venta del derecho y no de garantía del mismo, donde no existen pacientes, sino clientes, usuarios o beneficiarios y donde el acceso a la salud está mediado por criterios de rentabilidad financiera y no de mantenimiento de las condiciones de la vida bajo criterios de bienestar, desarrollo integral y dignidad del ser humano.

Es posible que, en su tránsito por la cámara y el senado, el texto sufra modificaciones, sin embargo, es necesario mantener el espíritu de la misma, permitiendo a todos los colombianos y colombianas el acceso a un sistema de salud participativo, humano, preventivo, digno y efectivo.

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