Reforma pensional del Gobierno no garantiza cobertura, equidad y sostenibilidad, dice Observatorio Laboral de la U. del Rosario

Imagen de referencia tomada de El Tiempo

Es una reforma que contradice los postulados institucionales de la solidaridad y la eficiencia como principios de la seguridad social, es la opinión de Iván Daniel Jaramillo, coordinador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, sobre la reforma pensional que proyecta el Gobierno Duque, que aspira a que se debata y se apruebe en el Congreso los últimos meses de este año y entre en vigencia en 2020.

Además esta reforma, de la que ya se han conocido avances, va en contravía de los estudios técnicos de la OIT, que abogan por regímenes públicos de pensiones y aconsejan reversar las medidas privatizadoras, dice Jaramillo, para quien la anunciada reforma implicará el desmantelamiento del Estado Social de Derecho, que tiene como uno de sus pilares la seguridad en la vejez y ante riesgos de invalidez. Instaura un régimen privado de ahorro puramente, que no consulta el principio de la solidaridad social, agrega el experto.

“Sin el principio de solidaridad no hay seguridad social, y la realidad ha demostrado que los fondos privados no son lo suficientemente confiables”, agregó.

En efecto, según lo adelantó esta semana el diario Portafolio, caracterizado vocero de los grupos financieros, el proyecto de ley de reforma pensional que el Gobierno se apresta a radicar después de las elecciones del 27 de octubre con carácter de urgencia, no tocará la edad de pensión: 57 años para mujeres y 62 para hombres; ni el número de semanas de cotización, pero elevaría 4 puntos la cuota mensual y eliminaría el régimen de prima media que opera Colpensiones, dos medidas bastante controversiales. Cabe aclarar que el gobierno salió a desmentir la información presentada por el periódico.

El gremio de los fondos privados de pensiones (Asofondos), que está detrás de esta reforma como principal interesado, pretende un único sistema pensional basado en el ahorro y la capitalización, y borrar los subsidios a los más adinerados. En ese escenario, Colpensiones no desaparecería, pero pasaría a operar en el régimen de ahorro individual con solidaridad, igual que las Administradoras de Fondos de Pensiones, con lo que el Estado se descargaría de buena parte del pago de subsidios que destina: unos $40 billones al año para financiar el rubro pensional.

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La reforma, según las fuentes consultadas por Portafolio,  también aumentaría la cuota mensual que paga el trabajador, tanto asalariado como independiente, que pasaría del 16% al 20% de forma gradual. No se dice cómo se repartirían las cargas entre las personas naturales y los empleadores.

Según el Gobierno, la reforma busca aumentar la cobertura con equidad y garantizar la sostenibilidad del sistema, y así superar las condiciones que hacen que en Colombia solo una de cada 5 personas mayores de 65 años se pensione. Pero para el Observatorio de la Universidad del Rosario estos tres propósitos: cobertura, equidad y sostenibilidad, no los garantiza la reforma que, según Portafolio, propondría el gobierno.

Asimismo, llama la atención sobre el hecho de que los mayores afectados serían los trabajadores independientes y cuenta propia, a quienes les aumentaría dramáticamente la carga contributiva, que para pensión será del 20% totalmente a su cargo, más su aporte al sistema de salud.  Por ejemplo, si un independiente gana $1 millón, debe aportar para pensión $200.000, cuando hoy aporta $160.000. “Esas contribuciones tan gravosas lo que hacen es estimular la informalidad”, anota Jaramillo.

Para este investigador no tiene mucho sentido penalizar a los 8 millones de trabajadores que cotizan al sistema pensional, cuando lo que se necesitan son fórmulas de inclusión para los 14 millones que están por fuera del sistema. Pero a éstos se les lleva a sistemas asistencialistas no contributivos, como los BEPS y el programa Colombia Mayor.

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Opina también el abogado Iván Daniel Jaramillo, que la reforma planteada no sigue las recomendaciones técnicas de organismos como la OIT, que marca tendencia hacia la universalización de los regímenes públicos de pensiones y la reversión de los sistemas privatizados. Mencionó el caso de Chile, el modelo que se ha seguido en América Latina, hoy en revisión porque ha resultado poco confiable.

Por el contrario, la reforma pensional que necesita el país –afirma el coordinador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario– es una que elimine la competencia entre los regímenes público y privado, que aumente la cobertura progresivamente, pues hoy ésta es apenas del 35%.

Pero la reforma que se propone está lejos de eso, y no creo que sea fácil implementarla por su costo político alto. Con seguridad va tener una oposición social fuerte”, señaló.

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