El paro de las Madres Comunitarias
En los últimos años las madres comunitarias (MC) que laboran para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, unas 70 mil, han logrado algunas mejoras en sus condiciones laborales, como el reconocimiento del salario mínimo legal. Sin embargo, su lucha no cesa porque consideran que aún les falta lograr el derecho a una pensión, a la formalización de sus cargos y al fortalecimiento de sus hogares.
Así que desde el 30 de septiembre diversas asociaciones de MC del país se declararon nuevamente en paro indefinido en rechazo a las evasivas del gobierno y del ICBF a las solicitudes que reiteradamente han planteado. Exigen la presencia del Presidente de la República y de los ministros de Hacienda y Trabajo, y que las decisiones queden por escrito.
“La idea es que nos definan de una vez, porque en octubre se distribuye el presupuesto del año entrante. Vamos a seguir en paro hasta que nos den una solución real, directa y pronta”, dijo a esta Agencia Luz Gladis Gutiérrez, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia en los Hogares de Bienestar (Sintracihobi), Seccional Itagüí.
Solo en Medellín hay 3 mil MC en cese de actividades. Una de ellas es Morelia Acevedo, quien ha dedicado la mitad de su vida a cuidar, alimentar y formar niños de padres que no tienen recursos para pagar un jardín infantil y depositan en ella su confianza. Su casa ha perdido privacidad para convertirse en aula de clase, comedor y patio de juegos de los 13 pequeños que tiene a su cargo, y a quienes, dice, trata como a sus propios hijos. Ha sido feliz cumpliendo esta labor, pero a sus 66 años los estragos del trabajo y la imposibilidad de pensionarse la tienen triste. “No es justo que después de 27 años aportándole tanto a la infancia del país, no tenga derecho a una pensión digna”, anota.
Otra es Andrea Cardona, mucho más joven y fuerte que Morelia. Tiene 34 años y cuenta con la ayuda de su hija de 18 años para cuidar un grupo de 17 niños y niñas. “A uno le duele dejarlos mientras dura el paro, pero es también por el bien de ellos que uno lo hace”, asegura.
“Vejez sin pensión después de trabajar toda la vida”
Morelia vive sola y Andrea con su esposo y 3 hijos. Diario ambas empiezan su jornada a las 5 de la mañana. Organizan la casa, preparan los alimentos y disponen todo para los menores, que llegan a las 8 de la mañana. Como docentes entrenadas los saludan con cantos y actividades lúdicas, les sirven la media mañana y después les preparan el almuerzo. Al mediodía los hacen lavar las manos y los sientan a la mesa.
En la tarde juegan y estudian los colores básicos, los números, algunas letras y trazos, los entrenan para que al menos aprendan a escribir su nombre, lo que hace que estos hogares comunitarios parezcan verdaderas escuelas. Y lo hacen con paciencia, porque son niños de distintas edades, con ritmos de aprendizaje y comportamientos variados; sin contar las idas al baño, las dolencias, los estados de ánimo y las condiciones económicas, familiares y sociales propias de cada uno.
A las 4:00 p.m. sus padres llegan a recoger a sus pequeños, pero el trabajo para las MC no termina ahí. Deben organizar de nuevo la casa y preparar actividades para el día siguiente. Hacia las 10 de la noche se están acostando.
Todo ese trabajo día tras día, sumado al peso de los años, causa deterioro en la salud de estas mujeres, por lo que lo justo sería que pudieran retirarse y disfrutar de su pensión. Pero la realidad es otra. Después de 20 o más años de trabajo hay muchas que ya están en la edad de retiro y otras están próximas, pero tal como están las cosas ninguna recibirá la anhelada pensión, solo reciben un bono pensional que oscila entre $220 y $280 mil, dependiendo del tiempo que lleven en servicio, según lo estipula el decreto 605 de 2013.
Sin embargo, acceder a este bono no es fácil. Deben postularse cuando cumplan 55 años, y demostrar que no poseen casa propia ni otras entradas de dinero. “El gobierno se inventó ese bono pensando en las MC que no alcanzarán a pensionarse por la edad avanzada y no han cotizado las semanas requeridas. Lo grave es que uno tiene que ser prácticamente mendiga para lograrlo”, afirma Gloria Nelsy Escudero, vicepresidenta del Sintracihobi, Seccional Bello.
Las organizaciones sindicales de MC no quieren prolongar más esa situación. Exigen que el pago de la pensión por un monto de un salario mínimo legal vigente.
“Exigimos igualdad para nuestros niños”
Cada mes Morelia y Andrea reciben $25 mil para comprar implementos de aseo (escoba, trapeador, hipoclorito, sacudidores, jabones, entre otros elementos), y reciben un mercado para 8 o 10 días. Reconocen que esta dotación ha mejorado en comparación con años anteriores, pero sigue habiendo déficit en cuanto a herramientas de apoyo: juguetes, implementos didácticos, papelería, colores, lápices, tijeras, etc.; dotación que reciben en febrero y mitad de año, pero que, según Morelia y Andrea, es insuficiente, o no es adecuada para sus necesidades.
Ese precisamente es otro reclamo de las MC: el fortalecimiento de sus hogares, pues consideran que no les están brindando las herramientas suficientes y notan desigualdad entre sus grupos de niños y los que pertenecen a los Centros de Desarrollo para la Atención a la Primera Infancia. Un pequeño de un hogar comunitario cuesta $880.000 año, mientras que por cada niño de un Centro de Desarrollo pagan $2´840.000 año.
“La diferencia es grande, a uno le duele esa desigualdad, y eso no es justo para nuestros niños. No queremos que se siga vulnerando el derecho a la igualdad, y pedimos que la cifra que se da para la estrategia “De Cero a Siempre” sea equiparable con la que le dan a nuestros hogares”, anota Luz Gladis Gutiérrez.
“Nos sentimos laboralmente discriminadas”
Morelia y Andrea viven en barrios diferentes, pero tienen gastos similares. En alquiler de la casa y servicios de agua, energía y gas pagan entre $500 mil y $700 mil, sin contar otros gastos. Ambas cuentan con la experiencia y la capacitación suficientes para ser MC., pues tienen una Técnica en Atención a la Primera Infancia y dedican casi 12 horas diarias a poner en práctica sus conocimientos.
Cada mes Andrea cotiza a salud y pensión, y espera disfrutar esta última en su vejez. Morelia solo paga salud, pues salió del sistema Prosperar porque cuando cumplió 65 años solo tenía 751 semanas cotizadas. Espera acceder al bono pensional, pues sabe que, por su edad, en cualquier momento el ICBF le ordena el cierre de su hogar comunitario. “El día que deje mi labor voy a quedar en peores condiciones: ni pensión, ni salario, ni nada. Y mal de salud porque el trabajo que he realizado como madre comunitaria me ha desgastado”, dice.
Sólo recientemente, gracias a un fallo de la Corte Constitucional, lograron que el bono o beca mensual que reciben por su trabajo equivalga a un salario mínimo. Pero no cuentan con prestaciones sociales, ni vacaciones, ni primas, ni liquidación. Y esa precisamente es su tercera exigencia: la formalización de su trabajo. Quieren ser reconocidas como trabajadoras y no simples voluntarias, pues aunque hacen su labor con amor y vocación, tienen necesidades que suplir. Aparte del salario mínimo exigen prestaciones y las demás garantías laborales, y estabilidad laboral.
“No queremos que las madres comunitarias se vayan a trabajar en los Centros de Desarrollo porque allá no hay estabilidad laboral. Las vinculan por orden de prestación de servicios con contratos que oscilan entre 3 y 12 meses, que se pueden perder en cualquier momento”, explica Luz Gladis Gutiérrez.
Además expresan inconformidad por el clientelismo que hay en los Centros de Desarrollo, donde los jefes de turno se dan el lujo de contratar a quienes deseen, muchas veces teniendo en cuenta afectos por determinadas corrientes políticas.
Tampoco entienden por qué a las MC les han vendido la idea de que tienen la formación para desempeñarse como docentes o auxiliares, pero cuando las contratan en los Centros de Desarrollo las ponen en otras actividades, como oficios varios, por lo que ganan menos de lo que ganarían como docentes, dejando de lado su formación técnica y su experiencia de años trabajando con niños.
De momento las MC se sienten apoyados por varios sectores de la sociedad, y algunos concejales, diputados y congresistas están de acuerdo con su causa. La CUT las acompaña en sus marchas, plantones y manifestaciones. Los padres y madres de los niños que atienden también les han brindado comprensión, pues saben que si se acaba el programa hogares comunitarios, vigente desde hace 28 años, sus pequeños no tendrían un lugar donde estimular y vivir su primera infancia.