Algunos elementos para entender la Renta Básica Permanente

El próximo 11 y 12 de marzo se realizará, de manera virtual, la Cumbre Social y Política por la Renta Básica Permanente. El espacio es convocado por cientos de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sindicales y representantes de 9 partidos políticos. Cómo preámbulo del evento, el día miércoles se realizó una rueda de prensa que contó con la participación de Luis Jorge Garay, reconocido economista quien ha investigado sobre el tema de la Renta Básica.

En esta ocasión presentamos su intervención en la cual hace claridad frente a la propuesta de renta Básica Permanente. Aquí nos cuenta cual es la relación de este mecanismo con los derechos humanos y la grave crisis que vive el país acentuada por la pandemia del Covid-19.

La propuesta de Garay está contenida en la carta que fue enviada al presidente Iván Duque en días pasados. Dicha comunicación también sirvió de base para el proyecto de ley que se discutirá en la Cumbre del 11 y 12 de marzo y que será presentada en el Congreso el día 16, cuando inicia el periodo legislativo.

La cumbre será un espacio abierto y todo aquel que quiera participar debe inscribirse diligenciando este formulario

La intervención de Luis Jorge Garay

La renta básica está íntimamente ligada al goce efectivo de los derechos humanos. Su justificación está a la luz de la jurisprudencia internacional a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la constitución y el bloque de Constitucionalidad colombiano.

Hay tres elementos claves sobre los derechos humanos:

1. El fin de los derechos humanos es liberar a los ciudadanos del temor y de la miseria y poder tener una garantía a unas condiciones de vida digna. 
2. La constitución política de Colombia en el marco de la Carta de 1991 enfatiza en la necesidad de observar el derecho a existir y a la promoción de una igualdad real y efectiva entre todas y todos los miembros de la sociedad colombiana.
3. Se trata, esta renta básica, de un derecho de ciudadanía, como garantía de libertad y de una existencia diga.

Estos tres elementos básicos de la jurisprudencia internacional y nacional llevan a soportar una renta básica de ciudadanía. Esta se define como un ingreso distribuido por el Estado a cada miembro de la sociedad, con un pleno ejercicio del derecho de ser ciudadano, incluso si no quiere trabajar de manera remunerada, o, dicho de otra forma, independiente de cuales sean sus otras posibles fuentes de renta y sin importar con quien conviva.

En este marco se ha discutido en el mundo y en Colombia, la necesidad de tener una renta básica universal ciudadana. Con este marco de referencia y teniendo en cuenta las condiciones económicas, sociales y de desequilibrio institucional que viene padeciendo desde hace décadas y que se ha agravado, de las finanzas públicas de Colombia, en esta ocasión, como una medida de transición, se propone una renta básica ciudadana, ampliamente focalizada y permanente de tal manera que cubra al menos al 60% de la población colombiana que en la actualidad está en situación de pobreza y extrema vulnerabilidad. El carácter es transicional buscando asentar una renta básica universal, siempre, consecuente con la evolución económica, social, el comportamiento de la inflación, la situación de las finanzas públicas entre otros factores.

En estas circunstancias realistas, para la condición colombiana, se propone una renta básica permanente ya con las características que más adelante voy a mencionar.

La crisis que padece el país

Quiero solo hacer énfasis en la necesidad de observar la grave crisis sociales y económica que padece el país. Hoy se puede decir que, a raíz de la pandemia, no solo se han develado fracturas sociales, muy serias en materia de pobreza y desigualdad, sino que la misma pandemia ha agravado muchas de estas fracturas sociales, a tal punto que hoy podríamos decir que en Colombia se ha retrocedido más de década y casi década y media en términos de avances en la lucha contra la pobreza y una reducción lenta pero relativa de la desigualdad. 

Así, se piensa que el 45% de la población hoy, probablemente está en condición de pobreza monetaria. La última encuesta del Dane de desempleo para diciembre de 2020, muestra que la percepción subjetiva de los jefes de hogar encuestados señalaría que cerca de un 43% se consideran bajo la lineal de pobreza. Sin embargo, debo destacar que, en encuestas anteriores, la percepción subjetiva de pobreza es muchas veces inferior a la situación objetiva de pobreza, de tal manera que podríamos pensar que más del 62 % de la población colombiana, en promedio nacional, estaría hoy en situación de pobreza y vulnerabilidad, con un agravante muy serio, en el caso de las zonas rurales esta cifra alcanzaría más del 75% de la población.

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La propuesta de renta básica permanente

Ante estas circunstancias pensamos que es fundamental desarrollar una política social activa, consistente en una renta básica universal focalizada al 60% de la población colombiana, es decir, que tenga como objetivo llegar hasta 7.5 millones de hogares. Esta renta básica, (como fruto de un proceso de aprendizaje político social y también de conocimiento experto en las discusiones que se han llevado a cabo en el último año  a raíz de la presentación del primero proyecto de ley de renta básica de emergencia en el senado de la república  en abril del 2020), llegamos a la conclusión que es fundamental que tenga una propiedad: que sea escalonada según el número de miembros del hogar para así reducir, en lo posible, asimetrías e inequidades horizontales entre hogares. Se arrancaría con una transferencia monetaria incondicional de 320 mil a un hogar de un miembro hasta llegar a 470 mil para hogares de 5 o más miembros, de esta manera se logra tener una transferencia que garantice unas condiciones mínimas de vida digna, obviamente se busca y se desearía tener una renta básica de mayores montos, pero para que la propuesta sea realista, practicable en el inmediato plazo, hemos de consultar, seriamente las restricciones financieras y fiscales del país.

Hemos considerado que la propuesta puede tener un costo fiscal de 3,7% en el año 2021 que implicaría 2.5 %, por encima de lo que actualmente el gobierno nacional dedica a los 4 programas de transferencias monetarias en el país: Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto mayor e Ingreso Solidario. Con esta propuesta estamos subsumiendo todos los 4 programas sociales recién mencionados en un único programa de renta básica permanente con la focalización que hemos hablado del 60% de la población colombiana.

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Esta es la fecha de la Cumbre Nacional por la Renta Básica Permanente Ya

Las fuentes de financiación

Por último,  debo destacar  que las fuentes de financiación disponibles que podemos prever de una manera transparente y que no atenta contra la estabilidad económica y financiera del país, consistiría  en tres puntos fundamentales:  uno,  la utilización de buena parte de los recursos disponibles del FOME  hoy en día,  podemos pensar que podrían ser de 10 a 12 billones de pesos para este fin, que corresponde clara y enfáticamente a uno de los objetivos previstos  para la utilización de recursos del FOME,  en cuanto que la renta básica permanente ya, sería también, a parte de una política pública que favorezca paliar las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de una amplio grupo de hogares, una fuente de apalancamiento de la demanda interna para contribuir a la reactivación de la economía colombiana y en eso corresponde a uno de los objetivos del FOME En segundo lugar, proponemos que se emitan  títulos valores de deuda por parte del Gobierno Nacional central al mercado secundario, parte de ellos a través  de operaciones del mercado podrían ser adquiridos por el Banco de la República, lo que no constituiría emisión primaria y tampoco atentaría contra el nivel de deuda pública del país dado que estaríamos previendo que fuera de menos del 0,5% del PIB y el tercer componente es poder reducir el costo de la deuda pública externa e interna actualmente contratada por el Gobierno Nacional, a tal punto que con una refinanciación de esa deuda, a través de contratación de créditos y operaciones frescas del mercado, en condiciones más favorables, se pueden, dado el stock de deuda pública, lograr financiar del orden del 06 al 07 % del PIB sin atentar, de nuevo contra la estabilidad macroeconómica del país.

Con estos elementos es claro que es una política pública social, que no la única que se requiere, dada la crisis económica y política del país. Tiene que ser complementada, de manera importante por otras políticas de apoyo y generación de empleo, de inversión pública prioritaria, de inversiones en transición ecológica y de otras acciones que el país reclama para su transición a una sociedad ecológicamente, económica y socialmente sostenible en el mediano y largo plazo.

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