A propósito del cartel de los pañales y el papel higiénico
Por: Pedro Luis González
Investigador de la ENS
Una de las características fundantes del Estado de Derecho, y su posterior evolución al Estado Social de Derecho, es la institucionalización del principio de control sobre el poder. Parte de la premisa de que allí donde hay poder, siempre habrá alguien con la intensión de abusar y sacar provecho del mismo.
Así las cosas, se desarrollan instrumentos como la separación de poderes e instituciones especializadas para el ejercicio de control. Igualmente se permite el control de la ciudadanía por medio de organizaciones ciudadanas y otras instancias dispuestas en los sistemas políticos para ejercerlo, todo bajo la lógica de que entre más ojos estén puestos sobre el poder, más difícil será abusar.
Ahora bien, parece un asunto que sólo es aplicable a los procesos públicos, a temas de la administración del Estado, pero no. Existen acciones en el campo de lo privado que afectan intereses públicos y por tanto se hace necesario establecer control sobre ese campo. Un caso que en Colombia ejemplariza la afirmación anterior, es el llamado cartel del papel higiénico y los pañales, mediante el cual empresas importantes del país se pusieron de acuerdo para fijar los precios de los pañales y papeles higiénicos, productos básicos para los colombianos.
Gracias a investigaciones realizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, hemos conocido que empresas como Kimberly Clark y Productos Familia-SCA tenían un pacto para fijar los precios del papel higiénico y los pañales. En uno de los tantos correos que está en manos de la Superintendencia, María del Pilar Correa, directiva de una de las empresas implicadas en el escándalo, escribe:
“De acuerdo a nuestro último acuerdo, el 1° de julio nuestros precios deberán subir 5%. Este incremento es obviamente sobre el objetivo que ya deberíamos haber alcanzado, por tanto les estoy enviando nuevamente los precios objetivos (supermercados y tradicionales) a los que debemos estar apuntando a partir de dicha fecha”.
Esta actitud reprochable tiene sus raíces en la falta de control sobre el sector privado en Colombia. El Estado cuenta con instituciones débiles, incapaces de ejercer de forma eficiente las funciones de control, por eso la actitud de la SIC debe ser aplaudida, y el superintendente Pablo Emilio Robledo recibir mención especial. Pero son investigaciones excepcionales, son necesarios otros mecanismos de control sobre el sector privado. Y es en este punto donde los sindicatos son absolutamente útiles.
Los sindicatos en las empresas, aparte de construir acciones para la defensa de los derechos laborales y la progresividad de los mismos, pueden también ser actores de control, no olvidando que las relaciones laborales y distribución de riquezas son asuntos de poder. De hecho algunos empresarios lo ven así, a tal punto que su rechazo de la presencia de sindicatos en sus empresas parten de la posibilidad de que los sindicatos “destapen” hechos de corrupción, sobre todo en multinacionales donde las matrices tienen poco control sobre sus filiales.
Entendemos que dentro de las aspiraciones del sindicalismo está la de profundizar la democracia, y ello en gran medida depende de la posibilidad de ejercer control sobre los abusos de poder. Por eso en ese campo, quienes nos beneficiamos del control que ejercen los sindicatos, tenemos el deber de apoyarlos.
El Estado y la sociedad, e incluso los empresarios, deberían ver en los sindicatos un aliado en construcción de sociedades más democráticas y justas. En primera medida porque no es un secreto que muchas empresas evaden impuestos, defraudando las arcas del Estado. Por otro lado, como lo demuestran los carteles del pañal y el papel higiénico, los consumidores han sido víctimas de los abusos de las empresas, lo que afecta sobre todo a los más pobres. Igualmente, no es menos cierto que existe corrupción en las empresas, por lo que los modelos corporativos, sobre todo en multinacionales, deberían tener una compresión distinta de los sindicatos.
Ahora bien, para el ejercicio de control es importante que los sindicatos sean fuertes y autónomos, que existan modelos de diálogo social que propicien la participación de los sindicatos, y así éstos no tengan miedo de hablar y denunciar. La autonomía implica que efectivamente haya un ejercicio libre de la labor sindical.
Por último, el diálogo social genera un modelo de relacionamiento donde los actores se legitiman sin que se oculten los conflictos, y en tal caso los sindicatos se sienten poderosos para proponer, negociar y participar en los procesos dentro de las empresas. Por ello es importante que todos los actores directamente relacionados con el mundo sindical concurramos en el fortalecimiento de los sindicatos. Ello no garantiza trasparencia absoluta, pero de seguro hace más difícil las desviaciones del poder.
Algo tendrá que ver el sindicalismo con el hecho de que en los países con mayor sindicalización existen mayores niveles de trasparencia.