Por Fredy Jiménez Arango
Área Investigaciones ENS
Este texto hace referencia al papel que el Movimiento Sindical en su conjunto ha de jugar en el llamado posconflicto, partiendo de la base de que el sindicalismo es uno de los colectivos más victimizados por los actores de la guerra, bajo el sofisma de ser auxiliador o estar al servicio de la insurgencia. En otras palabras: por no alinearse a intereses ajenos a su propia razón de ser.
Es un sofisma mezquino, que ha ocultado los horrores de la imposición de la que Johan Galtung, reconocido teórico de la paz y sus procesos, ha llamado “paz negativa”, que consiste en la ausencia de guerra o de conflictos armados internos, pero en un contexto que sirve a las clases en el poder para perpetuar el statu quo económico, político y cultural.
En contraste con la que el mismo autor llama “paz positiva”, la cual se relaciona con el reconocimiento efectivo de los derechos humanos, y se caracteriza por un estado de armonía social, justicia e igualdad, además de ausencia de violencias; una paz en la que las protestas y conflictos sociales están lejos de ser criminalizados y son reconocidos como relevantes para profundizar la democracia. Una paz, en fin, entendida como un proceso y no un fin en sí misma.
La paz negativa en esencia se reduce unas guerras silenciosas, guerra jurídica, y guerra económica, política e ideológica, en las que participan tanto el Estado como actores privados (empresarios o particulares). En otras palabras: mediante el establecimiento sistemático de tres tipos de violencia, que según Galtung son: violencia visible y directa como el fortalecimiento del ESMAD para el control de la protesta social; violencia invisible, que es de índole cultural, mediante la imposición de valores, concepciones de vida, pautas culturales; y la violencia estructural, que proviene de estructuras sociales, políticas y económicas opresivas.
Lo paradójico en nuestro caso es que las guerras se adelantan no para confrontar y repeler a un enemigo externo que amenaza la seguridad nacional, sino para negar el ejercicio o la demanda de derechos laborales y sindicales de las y los trabajadores. Las élites del país, obsesionadas en su paz romana, desatan la guerra para que todo continúe igual.
Claro ejemplo de ello es el nuevo código de policía, que como arma jurídica normativa para el posconflicto apunta hacia el control, contención y domesticación de las protestas sociales, de tal manera que el derecho a la protesta queda preavisado y criminalizado bajo la premisa de aceptación del des-orden social vigente.
Otro ejemplo es el decreto 583 de abril de 2016, por el cual el Gobierno a través del Ministerio de Trabajo “legaliza definitivamente la tercerización laboral y permite que las empresas subcontraten a sus trabajadores sobre cualquier figura de subcontratación para las labores misionales y permanentes de la empresa”, según concepto de Mary Laura Perdomo, asesora jurídica de la CUT. Y un tercer ejemplo es la agresión mediante las privatizaciones de bienes públicos, como Isagen, y la llamada Ley Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social), que favorecen intereses de grandes multinacionales.
La paz negativa anula de entrada los derechos laborales y sindicales de las y los trabajadores. El incumplimiento por parte de Colombia del Plan de Acción Laboral es claro en sus intenciones y su mensaje: se requiere un sindicalismo inocuo a los intereses del capital nacional y trasnacional; un sindicalismo débil en su capacidad de lucha, movilización y organización a través del ejercicio de derechos laborales y sindicales, que no sea un obstáculo relevante a las inversiones que se vienen en el posconflicto.
La violencia anti-sindical adquiere tintes de horror mediante hechos, que en Colombia han servido a la implementación de la política económica neoliberal. Según la ENS, entre 1977 y 2016 (30 años) hubo en Colombia 14.067 violaciones contra la vida y la integridad de sindicalistas, siendo las de mayor registro las amenazas (6.795 casos), homicidios (3.097), desplazamiento forzado (1.893), atentados con o sin lesiones (362). Se resalta que en los 8 años de la seguridad democrática del Gobiernos de Álvaro Uribe se registraron 2.513 amenazas, 528 homicidios, 53 desplazamientos forzados y 83 atentados.
Así las cosas, el movimiento sindical es objetivo fundamental de la paz negativa, en un escenario social de baja resistencia a la implementación de los cambios estructurales de la economía, enmarcada ésta en un modelo neoliberal caracterizado por la internacionalización de la economía, las privatizaciones, la hegemonía del capital financiero, la tercerización laboral y la sobreexplotación de los recursos naturales. La bandera de la “paz negativa” del Gobierno responde a la vieja política del gatopardismo: realizar ciertos cambios para que todo siga igual.
Sin embargo, el proceso de paz y el plebiscito como refrendación de los acuerdos de La Habana son la oportunidad para que el movimiento sindical transite el camino de esa paz negativa hacia una paz positiva, y se apropie y levante así esta bandera de la paz positiva, es decir, que se aboque a la construcción de la paz con justicia social, con reconocimiento y disfrute de derechos laborales y sindicales, con el diálogo social como herramienta para el tratamiento de los conflictos laborales; una paz que no niega el conflicto social, sino que lo concibe como una oportunidad para profundizar la democracia e ingresar a la modernidad en el siglo XXI.