En el mes de mayo la Agencia publicó 18 informes, de los cuales en este resumen reseñamos los 5 más relevantes:
- La nueva Ministra de Trabajo, Clara López, reiteró que el suyo será un Ministerio para la paz.
- Balance del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y del Plan de Acción Laboral: 5 años esperando cambios reales. Vea también 5 videos sobre los incumplimientos en los 5 sectores priorizados por el PAL (caña, flores, palmicultura, puertos, minas y energía)
- El sector financiero es corresponsable del conflicto, debe serlo también de la paz, sostuvo el sindicato bancario UNEB en el 1ª Foro Nacional Financiero por la Paz.
- Bajos precios del crudo y despilfarro estatal oscurecen panorama laboral en el sector petrolero
- Resultados de la 3ª Encuesta de Opinión Sindical. Cómo los sindicalistas ven la situación social, laboral y sindical del país, y el proceso de paz.
Publicado 13 de mayo:
“Este será el ministerio de la paz”, reiteró nueva Ministra de Trabajo, Clara López
Durante su visita a la ENS, la nueva Ministra de Trabajo, Clara López, afirmó que su propósito es hacer del suyo un Ministerio de la paz. “Por eso nuestra primera hoja de ruta es generar un plan de acción del sector trabajo con la participación de todos los actores interesados en la ruta de consecución de la paz y la reconciliación”, dijo.
López fue candidata presidencial por el partido de izquierda Polo Democrático, hoy en la oposición, no obstante ello el presidente Santos la invitó a hacer parte de su gabinete, cargo que ella aceptó en aras de su compromiso con el proceso de paz.
“A los trabajadores del país quiero darles un mensaje alentador. El solo cumplimiento de la ley laboral es revolucionario en Colombia, por lo que yo me comprometo a hacer el mejor esfuerzo para que se cumpla puntualmente el objetivo y el contenido de toda manifestación legal y el marco general del bloque de constitucionalidad contenido en los convenios de la OIT”, afirmó la nueva Ministra de Trabajo.
A su vez envió un mensaje a los empresarios, a quienes les recordó que la paz laboral depende del diálogo social ya institucionalizado por normas constitucionales, pero que tiene que ensancharse y profundizarse a otros temas distintos a la negociación del salario mínimo. Porque una sociedad que está en tránsito hacia la paz requiere de otros temas, explicó.
“Lo que no quiere decir que se acabe el conflicto –aclaró–, sino que se va a resolver de una manera distinta. Y esa nueva cultura de negociación para generar convivencia y soluciones negociadas, va a ser uno de los signos de los nuevos tiempos. Tenemos que construir todos juntos este nuevo proceso de paz de Colombia”, puntualizó.
También se reunió con los Presidentes de la CUT, CGT y CTC, y del sindicato petrolero USO, para analizar diversos temas, como las garantías a la libertad sindical, la participación de Colombia en la Conferencia de la OIT, así como la necesidad de una agenda de discusión de los temas laborales más apremiantes.
Publicado 17 de mayo:
TLC y Plan de Acción Laboral: 5 años esperando cambios reales
El Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos cumplió 4 años, por tal motivo la ENS presentó un informe-balance sobre las implicaciones laborales de este TLC, y una lista de incumplimientos del Gobierno colombiano del Plan de Acción Laboral (PAL) firmado entre los presidentes Obama y Santos hace 5 años con el objeto de agilizar la firma del TLC y proteger los derechos de los trabajadores.
El documento condensa el balance de la ENS sobre el cumplimiento de los 5 propósitos del PAL: el fortalecimiento de la institucionalidad pública para ampliar la protección de los derechos laborales y sindicales; la reducción de la informalidad y de la tercerización laboral ilegal; la ampliación de la protección de la libertad sindical; la mejora en la protección de la vida e integridad de los sindicalistas; y la superación de la impunidad de los crímenes cometidos contra ellos.
Y la conclusión general es que no ha sido significativo el impacto de la aplicación del PAL, en especial en los sectores que fueron priorizados: caña de azúcar, flores, palma de aceite, puertos y sector minero-energético, en los cuales las condiciones laborales no han mejorado.
El Gobierno colombiano no ha tenido voluntad política para aplicar el PAL a cabalidad, afirman los voceros de las centrales sindicales, cuya opinión fue tenida en cuenta para la elaboración del informe. Tanto que después de 5 años hay en Colombia 14´090.880 trabajadores informales, 877.680 más de los que había en 2011. Hay 3´813.880 trabajadores con relaciones laborales ilegales, 351.680 más que en 2011.
Según el informe de la ENS, que también fue presentado al Departamento del Trabajo de Estados Unidos y en la sede la AFL-CIO, primera confederación sindical de este país, los principales fracasos del PAL son:
- Tercerización laboral ilegal solo cambio de rostro. Las cooperativas de trabajo fueron reemplazadas por los contratos sindicales, las SAS, y todo siguió igual.
- No mejoró la actuación de los inspectores del Ministerio de Trabajo. La mayor parte de ellos no hace propiamente labores de inspección. Y disminuyó el número de sanciones de este Ministerio por violaciones laborales; son muy pocas las investigaciones por tercerización ilegal y se ha expandido el uso de los pactos colectivos que sustituyen las convenciones colectivas.
- La mayoría de conflictos laborales terminan en tribunales de arbitramento.
- El derecho a la huelga cada vez tiene más impedimentos. En los últimos 5 años la cantidad de huelgas decreció, en cambio aumentaron las protestas por motivos laborales: 1.626 se registraron en ese lapso.
- La violencia persiste. En los 5 años del PAL hubo 126 asesinatos de sindicalistas. Y la impunidad por los homicidios roza el 87%.
Al final, el documento concluye que los propósitos y medidas del PAL siguen siendo pertinentes y necesarios, mucho más en momentos en que el principal reto de los actores del mundo del trabajo es la construcción de una paz duradera.
Publicado 25 de mayo:
Sector financiero es corresponsable del conflicto, debe serlo también de la paz, dice el sindicato bancario UNEB
La Unión Sindical de Empleados Bancarios, uno de los principales sindicatos del sector financiero colombiano, en asocio con otras organizaciones sindicales realizó el Primer Foro Nacional Financiero por la Paz”, con el fin de escuchar planteamientos en torno al papel del sector financiero en la construcción de la paz en Colombia una vez se firmen los acuerdos con las FARC, como también tratar de constituir una mesa multipartita para construir una política financiera que oriente el ahorro público de manera “virtuosa” hacia el logro de una paz integral y duradera.
En el foro llevaron la palabra voceros representativos del empresariado bancario, del Congreso de la República, la academia, el sindicalismo y el Gobierno Nacional, que estuvo representado por los ministros de Hacienda y de Trabajo.
La presidenta de la UNEB, Sofía Espinosa, presentó una ponencia en la que insistió en la necesidad de construir una política financiera democrática e incluyente, fundamentada en principios de justicia, igualdad y solidaridad. Señaló que en el conflicto colombiano, el cual en los últimos 30 años suma 8 millones de víctimas y exige para su reparación 16.667 millones de dólares, los únicos responsables no son los actores armados. También son corresponsables grupos económicos locales y transnacionales, los latifundistas agropecuarios y los propietarios del capital financiero.
Opinó que el proceso de “financiarización” ha contribuido a encumbrar la violencia, a debilitar la tasa de inversión productiva y promover instituciones económicas extractivas, a aumentar la inflación, el desempleo, la precarización del mercado de trabajo y la flexibilidad laboral; y que el ascenso del capital financiero, como poder económico y político, es paralelo a la pérdida de soberanía de los Estados nacionales.
Lo ejemplificó con lo sucedido en Colombia con la crisis de la deuda externa de los años 80, finales de los 90 y en el 2008. El costo que implicó la salida de estas crisis lo pagaron los trabajadores y la ciudadanía en general a través de la precarización del empleo, la caída en los salarios, regresivas reformas tributarias, ajustes fiscales y el desvío de impuestos para solventar al sistema financiero.
La “financiarización” ha conducido a que los ingresos del trabajo progresen menos que las utilidades del capital, ha obstaculizado la reducción de la pobreza (el sector financiero concentra el 22,3% de la riqueza de Colombia y apenas emplea el 1,4% del total de trabajadores), y ha despojado de sus viviendas a las clases populares y medias (se estima que 3 millones de hogares perdieron o vieron amenazada su vivienda), animado la corrupción, la especulación, la cultura mafiosa y el lavado de activos, exacerbando los conflictos sociales, políticos, económicos y ambientales.
Como corresponsable del conflicto el sistema financiero no puede ser ajeno a las preocupaciones y retos orientados a lograr que las víctimas conozcan la verdad de lo sucedido, reciban una reparación integral y la garantía de no repetición. Para la UNEB, la consolidación de la paz necesitará grandes recursos económicos y humanos, y generar capacidad de financiamiento de procesos productivos en los territorios afectados por el conflicto. Por tal razón hay que promover cambios en el sistema financiero acorde con el nuevo país que se avizora, y en particular fortalecer la economía solidaria y la implementación de líneas de crédito para la paz.
Publicado 10 mayo:
Bajos precios del crudo y despilfarro estatal oscurecen panorama laboral en sector petrolero
Ante los bajos precios internacionales del petróleo, el panorama laboral en este sector luce hoy bastante sombrío, tanto con Colombia como en los países que basan la mayor parte de sus ingresos en la explotación de hidrocarburos. Las compañías petroleras buscan mantener a flote sus finanzas descargando los costes de la crisis en los hombros de los trabajadores.
En 2015 los negocios y contratos de servicios petroleros se desplomaron en un 47%, situación que tuvo efectos devastadores sobre el empleo, por la disminución de labores en exploración, investigación y otros frentes. Según la Revista Semana, unos 20 mil empleos se han perdido en los últimos meses.
Y según Campetrol, en 2016 están en riesgo el 90% de los empleos del sector, lo que podría elevar la cifra a 70.000 empleos perdidos de manera acumulada. Por ejemplo, en Casanare, departamento cuya economía depende en un 78% del petróleo, están en riesgo 8.300 empleos, no solo por la menor actividad exploratoria y de producción sino por el impacto en el comercio, restaurantes, hotelería y transporte.
Por otra parte, la situación de bajos precios y la necesidad de liquidez para adelantar inversiones, está llevando a las directivas de Ecopetrol a una política muy lesiva para los trabajadores y el país: la privatización de lo que llama los “activos no estratégicos”, lo que tendría peores consecuencias para el país y los trabajadores.
El grueso de los despidos y terminaciones de contratos se concentra en los proveedores de las operadoras (Ecopetrol, Pacific y otros), no tanto en las productoras mismas. Esto porque el 69% de los empleos del sector son temporales, atados a contratos con productoras que se mueven al vaivén de los precios internacionales y de las coyunturas del mercado de hidrocarburos.
De acuerdo con el diario La República, Al cierre de 2014 el número de contratistas era de 48.536, hoy son 33.600, o sea casi 15.000 empleos menos. Pero no sólo los contratistas están perdiendo sus empleos, también trabajadores misionales permanentes y empleados directos. Éstos en Ecopetrol pasó de 9.150 en 2014, a 8.731 un año después, es decir 419 empleados menos. En total, 15.355 trabajadores despedidos por Ecopetrol en menos de un año y medio: una masacre laboral.
Todo esto en un panorama en el que la presión contra el movimiento sindical no cesa. Al examinar la nacionalidad de las primeras 25 empresas del sector petrolero, el 17% son colombianas, todas del Grupo Empresarial Ecopetrol. El resto son extranjeras, lo que tiene sus efectos en materia sindical, pues solo 42% de éstas tiene presencia sindical, mientras que en las colombianas hay sindicatos en el 66.6%. O sea que es más fácil sindicalizar a los trabajadores en empresas de origen colombiano.
Es pues una coyuntura que pone a la USO, el principal sindicato petrolero, ante dificultades y retos que debe afrontar con gran habilidad táctica y conocimiento, no solo para defender los puestos de trabajo sino también para preservar a Ecopetrol como patrimonio público.
Publicado 19 de mayo:
Resultados de la 3ª Encuesta de Opinión Sindical
Cómo la dirigencia sindical ve la situación del país y el proceso de paz
La ENS presentó los resultados de la 3ª Encuesta de Opinión Sindical, que recoge las percepciones que los dirigentes sindicales colombianos tienen sobre diversos temas y aspectos políticos, laborales y sindicales, y en esta ocasión también sobre el proceso de paz.
El universo de esta encuesta fueron sindicatos más representativos del país, con más de 350 afiliados, en al menos 12 sectores económicos, incluyendo al Estado, tanto agremiados a las tres confederaciones sindicales como los no confederados.
La encuesta fue contratada por la ENS a la firma Invamer-Gallup, que la realizó 104 entrevistas de manera personal y telefónica, mediante un muestreo aleatorio y estratificado, 78% a hombres y 22% a mujeres líderes sindicales de 12 departamentos del país. El 46.2% de ellos mayores de 55 años, lo que revela que los cargos directivos de los sindicatos siguen ocupados por personas muy mayores.
En general, la percepción de los dirigentes sindicales sobre la situación del país, en casi todos los aspectos, no es muy alentadora, sobre todo en la parte laboral y sindical, donde el pesimismo marca la pauta. Las políticas y los asuntos de manejo del país, las figuras públicas y casi todas las instituciones cayeron en favorabilidad. Aumentó dramáticamente la desconfianza en las Altas Cortes de la justicia, la Procuraduría y la Contraloría. Otros datos relevantes son:
- El 59% de los encuestados opina que Colombia va por mal camino.
- La gestión del Presidente Santos tiene una opinión negativa en 5 temas consultados: seguridad (79.3%), economía (79.5%), campo social (86.3%), medio ambiente (90.4%), y gobernabilidad (76.9%).
- En cuanto al poder adquisitivo de los salarios, el 94,2% dijo que el incremento salarial es insuficiente para compensar el aumento del costo de vida.
- El 60,6% dijo tener opinión favorable sobre el proceso de paz.
- Sin embargo, es desfavorable la opinión sobre los temas acordados entre Gobierno y FARC: política de desarrollo agrario (56,7%), participación en política (49%), solución al problema de drogas (52,9). Tal vez se deba a que la mayoría de los sindicalistas consultados no ha leído el texto completo de lo acordado.
- El 52,9% cree que de firmarse la paz con las FARC el sindicalismo tendrá mejores condiciones para cumplir su papel; y el mismo porcentaje está de acuerdo con que los miembros de las FARC y el ELN participen en política una vez dejen las armas, sin tener que pagar cárcel.
- El 83,7% considera que la culminación exitosa del proceso de paz le dará relevancia al diálogo social en el país.
- El 90,4% cree que el sindicalismo será actor protagónico en la construcción de la paz.
- El 91,3% considera que un eventual Plan Integral de Reparación Colectiva al sindicalismo debe considerar la restitución de los bienes perdidos por las organizaciones víctimas, el 97,1% considera que se deben rehabilitar los sindicatos acabados por la violencia, el 98,1% que se deben reestablecer los derechos de los trabajadores y las garantías democráticas de los sindicatos, y el 100% que se fortalezca la capacidad de negociación de los sindicatos.
- A la pregunta ¿qué tanta confianza le generan las siguientes instituciones del mundo sindical y del trabajo? Las respuestas fueron: OIT (60,6%) Ministerio de Trabajo (22,1%), Federaciones Sindicales Internacionales (63,5%), Central Sindical CUT (74%), CGT (38,5%), CTC (46,2%), Escuela Nacional Sindical (73,1%).
- Los medios masivos de comunicación solo generan el 21,2% de confianza, y los medios alternativos el 52,9%.
- El 83,7% no está de acuerdo con el contrato sindical.
- El 93,3% considera que se ha incumplido el Plan de Acción Laboral “Obama-Santos”, el 87,5% considera que no operan las políticas de libertad sindical.
- El 85,6% considera que la práctica sindical en Colombia es insegura. Y con relación a la violencia antisindical, el 42,3% considera que el principal autor son los paramilitares, el 26% que son los organismos del Estado, y el 3,8% los grupos guerrilleros.
86,5% considera que hay unidad en el sindicalismo colombiano, e igual porcentaje cree que éste se sintoniza con otros movimientos sociales. - El 44,2% estima que el sindicalismo no tiene una incidencia en las políticas laborales.
- El 97% considera que la movilización social es una estrategia importante para la defensa de los derechos laborales.
- Los sindicatos que gozan de mejor opinión son Fecode (86,5%) USO (82,7%), Sintrainagro (74%) Sintracarbón (71,2%).
- El 46,2% piensa que en lo laboral y sindical en el primer gobierno de Santos la situación mejoró en comparación con el gobierno de Álvaro Uribe. Igual porcentaje dice que permanece igual, y el 7,7% que empeoró.
- En cuanto a las redes sociales, el 61% dijo estar en Facebook y el 33,7% en Twiter.
Sobre el uso de estas redes para envío de información a los afiliados al sindicato, el 94,2% prefiere el correo electrónico, el 81,7% Whatsapp, y el 44,2% Facebook.