—Respuestas a preguntas claves para promover la deliberación—
¿Qué elementos se destacan en la presente sobre coyuntura laboral y sindical del país?
Cada año en la última semana de abril la ENS presenta un informe con los cambios y las posibilidades de actuación en el campo laboral y sindical, de este informe es importante resaltar cinco conclusiones que nos sirven para analizar las posibilidades y el contenido de la agenda laboral en el momento actual. (Ver el informe de coyuntura en: www.ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/04_29_2010_INF_COY.pdf).
Destacamos cinco fenómenos que nos sirven para analizar las posibilidades y el contenido de la agenda laboral en el momento actual. Uno, hay continuidad de la precarización laboral y una profundización del déficit del trabajo decente en Colombia. Dos, hay un una relación muy directa, un nexo causal, entre ese déficit y la desigualdad social existente en el país. Somos el segundo país de más desigual en el continente. Tres, hay un gran incremento de la movilización y la protesta laboral, presentándose en el año 2010 y lo que va corrido de 2011 la cifra de movilización más alta de los últimos 20 años, generada precisamente en respuesta a la profundización de las condiciones precarias de trabajo. Cuatro, hay un deteriorado mercado laboral, caracterizado por desempleo estructural, altísima y creciente informalidad, desprotección social, bajos ingresos, preocupante aumento del trabajo infantil y alarmantes cifras de muerte y accidentalidad en el trabajo. El hecho de que en Colombia cada minuto ocurra un accidente de trabajo y que tres personas mueran en el trabajo cada día, tiene que llamar la atención. Y quinto, se mantiene la tendencia al debilitamiento de las organizaciones sindicales en su afiliación y funcionamiento, la baja cobertura de la negociación colectiva y persiste el fenómeno de la violencia y la impunidad.
¿Por qué la ENS dice que existen posibilidades importantes para que esta situación empiece a cambiar?
Se está dando una afortunada confluencia de varios factores, que contribuyen a que en Colombia se pueda a empezar a dar un cambio importante en materia laboral. Estos son los factores que confluyen:
1- La situación laboral y sindical colombiana se volvió un problema internacional. Esta realidad se discute en los parlamentos de EE.UU, de Canadá, de la Unión Europea, y de manera permanente en la OIT, para sólo mencionar algunos escenarios. Este año ha tenido tres momentos claves:
– La Misión de Alto Nivel de la OIT que visitó al país en febrero. Ver las conclusiones de esta Misión en: www.ens.org.co/apc-aa-files/3a8983fd104d6672011fe348084d2e16/Conclusiones_Misi_n_Tripartita_Alto_Nivel_OIT_2011.pdf
– El memorando que seis congresistas de Estados Unidos le enviaron el pasado 17 de marzo al Presidente Obama en relación con la situación de derechos humanos, laborales y sindicales en Colombia y el TLC con Estados Unidos. Ver texto del memorando en: www.ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/carta_02.pdf
– Y el acuerdo del 7 abril entre los Presidentes Obama y Santos, llamado plan de acción en derechos laborales. Ver texto en: www.ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/04_15_2011_santos_obama.pdf
Pero esta realidad no se ha construido sola, se debe a la acción del sindicalismo colombiano y a sus aliados del sindicalismo internacional. Es un triunfo del movimiento sindical. El hecho de que los problemas laborales y sindicales de Colombia se discutan en el ámbito internacional, es el primer hecho que ayuda a que tengamos una agenda laboral, porque produce presión sobre el gobierno colombiano.
2- La cifra histórica de mayor movilización en los últimos 20 años, ocurrida el año pasado, nos dice que se están moviendo los sindicatos; movilización que todavía es fragmentaria, local si se quiere, pero hay una acción sindical importante. Eso se expresó de manera clara con las grandes movilizaciones del 7 de abril, ellas ayudan a que se construya en este país una agenda laboral.
3- La generación de opinión. Hay diversos actores que generan opinión y señalan problemas desde la política, el Congreso y los medios de comunicación. Y eso es un cambio muy importante en Colombia, donde los temas laborales y sindicales, por regla general, han estado históricamente relegados del debate público. Si se miran los periódicos en los últimos seis meses, se encuentra que permanentemente aparece lo laboral como un tema de debate; y si se miran las encuestas de opinión sobre los principales problemas del país, los colombianos dicen que el primer problema es el empleo y los ingresos. Hay pues un ambiente de opinión que se está consolidando en torno al tema laboral y sindical.
4- Un conjunto de decisiones judiciales, particularmente de la Corte Constitucional, que marcan un límite a la precarización, a la carrera hacia el abismo en que estamos metidos en materia laboral. Y ahí hay varios hitos: las sentencias sobre libertad sindical, sobre cooperativas de trabajo asociado, o sobre los contratos de prestación de servicios y otras formas precarias en el Estado (sentencia C-614 del 2009). Es decir, se ha configurado, de manera tímida todavía pero importante, una noción de trabajo decente en la jurisprudencia constitucional colombiana, que empieza a pesar sobre el gobierno y lo obliga a tomar medidas y a hacer modificaciones normativas de importancia.
5- Y finalmente, confluye también el enfoque que el gobierno le está dando al tema laboral. Hay que reconocer que este gobierno —neoliberal en lo económico y en lo político partidario de la seguridad democrática—, está proponiendo una visión distinta en materia de relaciones laborales, si nos atenemos a sus expresiones y discursos. El gobierno ha tomado algunas medidas que empiezan a abrir la agenda laboral, por ejemplo en formalización del empleo, para lo cual impulsó la Ley 1429 de 2010; ha aceptado iniciar un proceso para cumplir las recomendaciones de la OIT, en particular las conclusiones de la Misión de Alto Nivel que visitó al país en febrero de este año. Y en varios discursos y escenarios ha reconocido que el sindicalismo ha sufrido una gran tragedia humanitaria, y ha manifestado su disposición a construir una agenda que permita superar ese fenómeno en el país.
Estos cinco factores están confluyendo en este momento de manera afortunada, y nos están dando la posibilidad de cambios importantes en materia laboral y sindical.
¿En qué temas se darían esos cambios laborales y sindicales y qué medidas específicas habría para desarrollar?
Creemos que es posible una agenda laboral en temas como: formalización del empleo, derecho de asociación, negociación colectiva, superación de la violencia antisindical y la impunidad, y desarrollo de la institucionalidad del Estado en materia laboral.
En el eje de formalización laboral, ¿qué medidas son posibles?
1. Prohibición absoluta e inmediata de la intermediación laboral a través de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA). Que esto se aplique es bastante importante. Llevamos varios años denunciando el modelo de las CTA, por su impacto en los derechos laborales y la libertad sindical. En el Plan de Desarrollo quedó incluida la norma que prescribe que a partir de junio de este año ninguna CTA podrá hacer intermediación laboral, y todos sus trabajadores en cualquier evento tendrán derechos laborales. Con ello se adelantó la aplicación de la norma que en tal sentido contenía la Ley 1429 de 2010 en su artículo 63.
Cuando las CTA querían mostrarse como modelo exitoso, daban cuenta de más de un millón de trabajadores asociados a ellas; pero ahora que se les vino la discusión encima y políticamente se derrotó su modelo, dicen que tienen quinientos mil apenas. Nosotros creemos que son cerca del millón de trabajadores, y la gran mayoría tercerizados de manera ilegal. El gran vacío de esta medida es que no necesariamente conduce a que haya una vinculación directa de los trabajadores a las empresas, y es ahí donde vamos a ver la verdadera responsabilidad social de los empresarios. ¿Qué va a pasar con los empacadores de los grandes almacenes cuando se acaben las CTA? ¿Los van a vincular directamente con contratos de trabajo, o los van a echar? La pregunta es valida para todos los casos donde las empresas vinculan trabajadores para el desarrollo de actividades propias de su misión a través de CTA. A muchos de ellos los van a tener que vincular por que no tienen la posibilidad de sustituirlos, pero habrá problemas en algunos sectores, y ahí hay que hacer propuestas de diálogo social y de construcción concertada de la vinculación directa.
2. Reforzamiento del control de las CTA y otras formas de contratación precaria. Dentro del Plan Obama–Santos está el compromiso del gobierno a nombrar cien nuevos inspectores de trabajo dedicados exclusivamente al control de las CTA. Si se produce ese control es posible que haya sanciones, y si las hay es posible negociar la vinculación directa de los trabajadores.
3. Prevenir el uso indebido de las agencias de empleo temporal. En 2008 se reportaron más de 800 mil trabajadores en empresas de servicios temporales. O sea que en éstas tenemos una realidad igual que en las CTA. Hay un uso abusivo de esta figura, y esos abusos son los que se quieren controlar con la implementación de un régimen pensado para tal fin.
4. Aplicación en la práctica de la Sentencia C-614 de 2009. Esta sentencia señala que en las entidades del Estado no se puede hacer, para funciones misionales y permanentes, uso de contratos de prestación de servicios, de cooperativas de trabajo asociado y otras formas precarias. Esa no es cualquier medida, estamos hablando de unos 600 mil trabajadores en nómina paralela. Se requiere, además del decreto que implemente la sentencia de la Corte, de un plan y de acuerdos en cada entidad pública que permitan la vinculación de los trabajadores que actualmente se encuentran contratados bajo formas precarias. El presidente de la República, en reunión con las centrales sindicales el pasado 31 de marzo, se mostró dispuesto a sacar un decreto reglamentario que le dé aplicación a esta sentencia de la Corte Constitucional.
5. Proteger la estabilidad de los empleos en el sector público. Tiene dos vertientes: una, que la reestructuración del Estado no implique despidos; dos, el compromiso de buscarle una salida legal y constitucional al problema de los 120 mil provisionales. Este fue otro compromiso que hizo el Presidente Santos con las centrales sindicales.
¿Qué medidas deberían aplicarse para proteger el derecho de asociación?
1. La consagración legal, sin ninguna limitación, del derecho de asociación para todos los trabajadores, y cualquiera sea la modalidad de contratación. En Colombia ha primado la interpretación de que sólo se pueden afiliar a un sindicato quienes tengan contrato de trabajo, según lo cual sólo 5 o 6 millones de personas tendrían derecho de asociación. La aplicación de medidas que terminen con este exabrupto ha sido solicitada de manera expresa por la Misión de Alto Nivel de la OIT, y por sus órganos de control.
2. La penalización de la violación a la libertad sindical. Está en trámite legislativo una norma sobre el tema, que va en tercer debate, y establece sanciones supremamente fuertes para quienes violen la libertad de asociación sindical. Por ejemplo, quien impida la creación de un sindicato, quien despida personas por haberse sindicalizado, quien use de manera indebida pactos colectivos o haga ofrecimientos superiores a los que hay en la convención colectiva, etc., va tener pena de prisión. Esta reforma al artículo 200 del Código Penal es un mensaje político muy claro, la libertad sindical es importante, tan importante es, que quien la viole será sancionado con cárcel.
3. Establecer la obligación del respeto a la libertad sindical en las obligaciones especiales de los empleadores, consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo. Cuando no hay obligación, no se puede exigir.
4. Una política pública y planes de reparación colectiva para las organizaciones sindicales afectadas por la violencia. Este es un tema que el sindicalismo ha reivindicado. En la Ley de Víctimas que actualmente se tramita en el Congreso hay dos normas dedicadas al tema de la reparación colectiva, que abren esta posibilidad.
5. El desarrollo de un programa de fortalecimiento del sindicalismo. Así como el Estado fortalece a las empresas y dedica muchísimos recursos a la cultura empresarial, a capitales semillas, a subsidios para que las empresas puedan subsistir, así debiera promover el fortalecimiento del sindicalismo. Si se quiere construir Cultura “E” (empresarial), debería también construirse Cultura “S” (sindical). Hay que promover la presencia del sindicalismo en la sociedad.
¿Qué cambios se esperan en negociación colectiva?
En el tema de negociación colectiva hay varias medidas que se pueden tomar.
1. La prohibición de los pactos colectivos cuando exista organización sindical. La Misión de Alto Nivel de la OIT señaló que hay que reformar el artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual permite la existencia de pactos colectivos cuando el sindicato no es mayoritario. Lo que debe ocurrir entonces es la prohibición de pactos cuando exista organización sindical. Éste es un tema relevante, pues hay cerca de 300 pactos colectivos vigentes, pactos que han sido usados para acabar con las organizaciones sindicales.
2. Consagración de la negociación colectiva por rama de actividad económica. Es una vieja aspiración del movimiento sindical, y la Misión de Alto Nivel de la OIT le ha recomendado a Colombia que modifique varios aspectos del Código Sustantivo del Trabajo relativos a la negociación colectiva. Y sobre todo es necesario que abra la posibilidad de la negociación por rama.
3. Reforma concertada del Decreto 535 del 2008, sobre concertación entre el Estado y los sindicatos de empleados públicos. El gobierno presentó internacionalmente este decreto como el que abría la posibilidad de negociación colectiva para los empleados públicos, pero esto no fue cierto. Hoy las federaciones sindicales del sector público y las tres centrales sindicales están discutiendo con el gobierno una reforma a este decreto. Si se logra avanzar en este tema, unos 600 sindicatos del sector público podrían negociar las condiciones de trabajo de sus afiliados, lo que nos llevaría a duplicar la negociación colectiva en el país.
4. Definición legal de servicios públicos esenciales y la prestación de servicios mínimos para el caso de la huelga. En este tema la aspiración del movimiento sindical es que se acepten las recomendaciones de los órganos de control de la OIT, esto es, que se modifique la legislación colombiana, definiendo en sentido estricto los servicios públicos esenciales y los servicios mínimos.
¿Cuáles serían las medidas en materia de superación de la violencia antisindical y de la impunidad de los crímenes cometidos contra sindicalistas?
En este tema el acuerdo Obama – Santos presenta un avance: amplía el programa de protección y refuerza la capacidad de la Fiscalía para investigar. Sin embargo, son más importantes y profundas las conclusiones que se están construyendo en el “Proyecto sobre violencia contra sindicalistas” impulsado por ocho embajadas y coordinado por el PNUD, en la medida que se refieren a temas de construcción de la verdad histórica, de reparación individual y colectiva, etc. Podríamos identificar al menos 7 medidas claves que se pueden tomar:
1. El reforzamiento del programa de protección contra sindicalistas. En este aspecto ya se tomaron dos medidas. Una es la ampliación del presupuesto en $12 mil millones, y la otra es la ampliación de la cobertura del programa, con la expedición (6 de abril de 2011) de la resolución 716 del Ministerio del Interior y Justicia, la cual permite que al programa puedan acceder los activistas y no sólo los dirigentes, y que accedan las personas que son perseguidas por participar de la fundación de un sindicato, aún cuando todavía no tengan el rol jurídico de directivos sindicales. Riesgo que antes no cubría el programa de protección.
2. Actuación más eficiente del Estado en el caso de amenazas contra sindicalistas. En los últimos 25 años en la ENS hemos registrado 11mil hechos de violación a derechos humanos de sindicalistas, de los cuales más de 5 mil son amenazas. Lo grave es que basta una amenaza para que un sindicato pierda la posibilidad de actuar, o por lo menos sea lesionada su posibilidad de actuar.
3. Depuración de los archivos de inteligencia. Esta es una medida que desde hace años vienen pidiendo el movimiento sindical y el de derechos humanos. Es importante porque buena parte de la violencia que se ha ejercido contra el sindicalismo ha provenido de los archivos ilegales que tiene la inteligencia, sobre todo el DAS.
4. Fortalecimiento de la capacidad de la Fiscalía y los jueces para investigar y sancionar los responsables de la violencia antisindical. El acuerdo Obama-Santos plantea nombrar 95 nuevos investigadores. Creemos que hay que plantear adicionalmente la ampliación del número de fiscales y jueces en esta materia.
5. Diálogo directo y permanente de la Fiscalía y la judicatura con el movimiento sindical. Este diálogo ayudaría a avanzar las investigaciones, podría ampliar el universo de los casos que actualmente no se investigan y que están llamados a quedar en la impunidad, así como a cambiar el enfoque y metodología de las investigaciones.
6. Acompañamiento a las víctimas de violencia antisindical. Esta medida está incluida en el acuerdo Obama–Santos, pero desde hace muchos años los sindicatos reivindican que debe existir financiamiento por parte del Estado de un programa especial de defensoría pública de las víctimas del sindicalismo y un programa de acompañamiento integral a las víctimas, que les dé apoyo psicosocial y jurídico a través de un sistema integrado entre las entidades del Estado responsables: Ministerio de la Protección Social, red hospitalaria de todo el país, la Fiscalía, y las organizaciones representantes de las víctimas. Es muy grave que en apenas el 10% de casos de asesinatos a sindicalistas, las familias de las víctimas estén actuando en procesos judiciales.
7. Construcción de la verdad y la memoria histórica de la violencia antisindical. Es una aspiración del movimiento sindical, que se espera quede plasmada en las conclusiones del proyecto coordinado por el PNUD. Igualmente, que el Estado colombiano reconozca su responsabilidad, por acción u omisión, en la violación de derechos humanos de las personas sindicalizadas.
¿Cómo es posible fortalecer la institucionalidad del Estado en materia laboral?
Para avanzar en la creación de condiciones de trabajo decente en el país, es vital la creación del Ministerio del Trabajo. El sindicalismo se ha manifestado de acuerdo con su creación, pero dice que se necesita discutir qué tipo de ministerio van a diseñar. Éste debería incluir la ampliación de la inspección laboral, un observatorio del trabajo decente, una política nacional en este tema. Otro tema vital para el desarrollo institucional es el reforzamiento de la presencia de la OIT en Colombia, tema solicitado por las centrales sindicales, incluido en el acuerdo Obama-Santos y en las conclusiones de la Misión de Alto Nivel de la OIT, en particular con el nombramiento de un representante del Director General de la OIT en Colombia y la asesoría técnica para la implementación de las recomendaciones de los órganos de control de OIT.
¿Qué otras medidas hacen falta?
Es claro que hay problemas laborales que no se abordan en la agenda descrita atrás, y por lo mismo es importante considerar y buscar espacios para construir propuestas. Es el caso, por ejemplo, del preocupante incremento del trabajo infantil en el país; generar respuestas al altísimo desempleo juvenil existente; la superación de las graves inequidades de género que se presentan en el mundo laboral del país; y, por supuesto, el tema de la generación de empleo y el subsidio al desempleo, que dé respuesta a los más de dos millones y medio de colombianos que se encuentran desempleados.
¿Cómo lograr que estas medidas no se queden en el papel y sí se produzcan cambios?
En un país como Colombia existen razones y experiencias históricas que generan desconfianzas. En muchos casos los acuerdos, las leyes y las instituciones no pasan de la retórica. Sin embargo, los esfuerzos tendrían que ponerse en el sentido contrario, esto es, no quedarnos esperando que no sucedan los cambios sino actuar para que sucedan. Para ello sería importante que esta agenda se lleve a un acuerdo laboral entre el gobierno y los sindicatos.
En la ENS creemos que un acuerdo laboral permitiría el diálogo, el seguimiento, y le daría sostenibilidad a las medidas que se lleguen a tomar, tanto porque éstas serían discutidas y construidas con las centrales sindicales, como por la participación de las organizaciones sindicales en su implementación y seguimiento. Permitir que las medidas se adopten sin mediar un acuerdo, puede llegar a producir cambios en la legislación y en las instituciones, pero no impacto en la realidad laboral.
Por eso creemos que el acuerdo hay que hacerlo con los sindicatos, que son quienes pueden exigir que se cumpla; y también hay que hacerlo de cara al país, permitiendo que la opinión pública conozca y discuta los problemas y las medidas. Y por supuesto el acuerdo debe también involucrar a la comunidad internacional, para que esté pendiente y cooperando para que en Colombia se produzcan cambios.
¿Han señalado algunos analistas políticos que los cambios laborales que se han anunciado son el resultado de una imposición del gobierno de Estados Unidos, y por eso no habría que aceptarlos?
En la ENS entendemos que tanto el acuerdo Obama–Santos, como las conclusiones y recomendaciones de la OIT y los compromisos que Santos ha asumido en materia laboral y sindical, son el resultado de la acción del sindicalismo en Colombia y el mundo, (AFL-CIO en Estados Unidos, CLC en Canadá, centrales sindicales de Europa, CSI y CSA, entre otros). Es también el resultado de la denuncia que por años se ha hecho ante OIT sobre la gravedad de la situación laboral y de derechos humanos en el país. Es un error pensar que esto es el resultado de una imposición, eso implicaría negar el papel que ha cumplido el sindicalismo.
¿Hay quienes afirman que promover un acuerdo laboral implicaría un apoyo al gobierno actual?
En la ENS creemos que el papel de las organizaciones sindicales es el de buscar mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y si existe una oportunidad como la que estamos describiendo, las organizaciones sindicales no la pueden dejar pasar. Creemos que existe una posibilidad cierta de que se construya en este país la agenda laboral más importante, en el sentido progresista, que hemos tenido en los últimos veinte años. Enfatizamos en la palabra posibilidad, porque también existe el riesgo de que esta conjunción afortunada de factores no se aproveche y la agenda no se concrete, o se concreten apenas algunos aspectos puntuales de ella.
Buscar un acuerdo laboral con el actual gobierno no puede implicar que las organizaciones sindicales pierdan su autonomía e independencia. No se trata de entrar a la coalición de gobierno, se trata de buscar coincidencias en temas específicos, y avanzar. Lo otro sería decirle a los millones de trabajadores que se encuentran sin protección laboral, sin posibilidad de organizarse en sindicatos, que esperen hasta que el sistema político y económico cambie.
¿Algunos señalan que avanzar hacia un acuerdo laboral con el gobierno implica apoyar el TLC con Estados Unidos?
La ENS en los últimos años le ha realizado seguimiento a las negociaciones y contenidos de los diferentes TLC que el gobierno colombiano ha promovido. Y hemos manifestado un conjunto de preocupaciones, que siguen vigentes, porque en nada ha cambiado el contenido de estos TLC. De igual modo las tres centrales sindicales colombianas han expresado sus objeciones a estos tratados. Estas preocupaciones se han centrado en los siguientes puntos: El punto de partida es que no estamos en contra del comercio, sin embargo, nos oponemos a los TLC que consagran de manera amplia derechos y garantías para las empresas, pero no lo hacen para las personas, los trabajadores y los sindicatos. Hasta ahora los TLC se han acordado sin considerar las profundas asimetrías entre los países, lo que sin duda generará mayores inequidades y afectaciones graves a varios sectores, en especial la agricultura, la industria manufacturera, la producción de medicamentos, etc. Los TLC, según varios estudios, tendrán pocos impactos en la generación de nuevas actividades productivas y de servicios en Colombia y, por el contrario, colocarán en riesgo de destrucción a un número considerable de empresas. Además en términos de empleo, los TLC no generarán en cifras netas nuevos empleos, pues los pocos que se generen en unos sectores, se perderán en otros.
Ahora bien, la aprobación de los TLC con Estados Unidos y con Europa depende de la voluntad política de los gobiernos y parlamentos, que desafortunadamente se encuentran mayoritariamente a favor de los TLC. Avanzar en un acuerdo laboral en Colombia, puede resolver algunas de las objeciones que estos gobiernos y parlamentos han planteado, sin embargo, subsisten otros problemas sin resolver y seguramente continuarán en el debate. Pero además, en nada cambia un acuerdo laboral las objeciones de fondo que se han hecho a los TLC. Es más, avanzar en un acuerdo laboral con el gobierno no nos cambia la postura sobre los TLC, que en el caso de la ENS ha sido de rechazo.