Con el lema: “Larga vida a los hombres y mujeres líderes sociales, y defensores de derechos humanos”, y con la participación de más de 100 testigos y doce personas invitadas, el pasado 11 de junio la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) realizó en Bogotá el primer diálogo para la no repetición.
El evento se efectuó con la idea de encarar preguntas que abran un diálogo público que permita entender lo que nos ha pasado, para que no se repitan las situaciones de violencia y conflicto armado.
Por parte de la Comisión participaron en el diálogo su presidente, padre Francisco de Roux; la comisionada Patricia Tobón Yagarí, y Martha Lucía Martínez, jefe de prensa.
Entre las 12 personas que participaron en la conversación, que se extendió por tres horas, se destaca la presencia de Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación; Fabio Espitia Garzón, Fiscal General Encargado; Alberto Brunori, en representación de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos; Camilo Romero, Gobernador de Nariño; Alcibíades Escué, Alcalde de Toribió; Ricardo Arias, viceministro encargado para la participación e igualdad de derechos; Jorge Eduardo Camargo, defensor delegado para asuntos agrarios; Claudia Jiménez, representante de los empresarios; Marylen Serna, líder social del PCN de la Cumbre Agraria; María Doris Rivera, lideresa Social del Meta; Leyner Palacios, defensor de derechos humanos del Chocó; y Andrés Chica, defensor de Derechos humanos de Córdoba.
El padre Francisco De Roux dijo que la Comisión escogió el tema de los líderes sociales porque está en las entrañas del dolor del país. ¿Cómo es posible que haya muerto un grupo tan grande de líderes sociales?, se preguntó de Roux. ¿Por qué los están matando? ¿Qué vamos a hacer para que esto no continué?, fueron preguntas que De Roux dejó planteadas al inicio del conversatorio.
Según las cifras de la Comisión, en los últimos 30 años en Colombia han sido asesinados 4.750 líderes y lideresas sociales.
Así fue el conversatorio
Como se indicó, una pregunta directa que el padre De Roux y la comisionada Tobón Yagarí les plantearon a los asistentes, fue: ¿por qué están asesinando a los líderes en sus territorios?
Marylen Serna, de la Cumbre Agraria, respondió que en los territorios hay una disputa por la tierra y la biodiversidad. Aseguró que las políticas implementadas por el gobierno no favorecen la permanencia de los líderes en las regiones. “Reclamar los derechos de las personas y de la naturaleza nos ha puesto en una alta vulnerabilidad”, afirmó.
Leyner Palacios, defensor de derechos humanos en el Chocó, indicó que en la región pacífica es donde más se matan y amenazan líderes, debido a la desprotección por parte del Estado. “En el pacífico colombiano, cuando se asesina a un líder no hay justicia, en nuestros territorios ésta no opera”, enfatizó. Lamentó la estigmatización de los líderes sociales, a quienes por reclamar sus derechos los ven como enemigos, en muchos casos por parte de funcionarios públicos. Criticó también el modelo de desarrollo en las regiones, donde se levantan obras de infraestructura sin tener en cuenta la opinión de los habitantes.
Andrés Chica Durango, defensor de derechos humanos del sur de Córdoba, dijo que la corrupción política y el paramilitarismo ponen en peligro la vida de los líderes de sus territorios. A quienes no están de acuerdo con los corruptos, los asesinan o los obligan a desplazarse.
María Doris Rivera, lideresa social del Meta, señaló que pensar diferente es sinónimo de pena de muerte porque siempre han gobernado las mismas ideas. Dijo que las mujeres en los territorios son las más victimizadas por que tienen los hijos para la guerra. Reclamó más presencia del Estado para dar soluciones a los campesinos.
Camilo Romero, Gobernador de Nariño, dijo por su parte que se asesina a los líderes sociales por exclusión, porque en Colombia hay una pugna de intereses económicos y políticos, y el poder corrupto no ha permitido las transformaciones que necesita el país. Con las cifras de los asesinatos de líderes sociales y muertes en combate, Romero señaló que en Colombia es casi tan peligroso ser líder social como pertenecer a un grupo al margen de la ley.
Por su parte, Alberto Brunori, de la Oficina de la Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, coincidió con Romero en que se asesina a los líderes para perpetuar el establecimiento, porque hay sectores que viven de mantener la discriminación y de imponer un modelo de desarrollo desigual.
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Otras opiniones
El Viceministro del Interior encargado, Ricardo Arias, consideró que la violencia contra los líderes es gravísima para la democracia, porque éstos son quienes representan a sus comunidades y quienes pueden ayudar a tomar decisiones.
A su vez, Jorge Eduardo Camargo, defensor delegado para asuntos Agrarios y Tierras, dijo que a los líderes se les hostiga y asesina porque visibilizan, denuncian y exigen sus derechos. Agregó que esos asesinatos rompen el tejido social, crean desconfianza y miedo, y desincentiva la participación de los líderes sociales. “Se están perdiendo los valores y por eso la sociedad se distrae en cuestiones efímeras. Ya parece normal que se asesine o se desplace a una persona”, indicó Camargo.
Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación dijo que la protesta social ha tenido siempre connotaciones peyorativas y negativas. “El humo de la guerra no nos dejó ver la corrupción ni una cantidad de cosas, como la reforma social, la cual fue desechada o ideologizada porque era patrimonio de la izquierda, de la guerrilla o de quienes estaban por fuera del sistema de liberales o conservadores. Eso marcó una pauta histórica”, dijo Carrillo, al tiempo que reconoció que en Colombia hay sistematicidad en el asesinato de los líderes sociales.
Alcibíades Iscué, alcalde de Toribío, dijo por su parte que la diversidad fue el proyecto de la Constitución de 1991, la cual aún no se ha implementado. Aseguró que los indígenas ven el territorio como una madre, en cambio los no indígenas lo ven como una fuente de riqueza. “El riesgo del país es que no nos estamos encontrando para dialogar”, dijo el alcalde de Toribío.
Fabio Espitia Garzón, Fiscal General Encargado, señaló que llegar a las regiones más apartadas del país es muy difícil, y eso hace que asesinar sea muy fácil y la impunidad sigue muy alta, ya que no se pueden investigar y juzgar los homicidios.
Claudia Jiménez, representante de los empresarios, señaló que al sector privado también le preocupa el asesinato de los líderes sociales, pues es un fracaso para el país entero. Añadió que debe haber un dialogo permanente en los territorios para encontrar soluciones a los problemas de seguridad de los líderes y lideresas.
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Una última pregunta
La pregunta sobre la que giró la última parte del conversatorio, fue: ¿qué hacer para que no se sigan matando a los líderes en Colombia?
Andrés Chica, líder del Sur de Córdoba, aseguró que hay que fortalecer las guardias indígena, campesina y cimarrona, como mecanismos de la propia comunidad para brindar garantías. Insistió en que debe haber una reingeniería de la Unidad Nacional de Protección.
Leyner Palacios, defensor de Derechos Humanos del Chocó, dijo que hay que pensar en la institucionalidad étnica para que los consejos comunitarios puedan administrar y gestionar los territorios. Reclamó por la no aprobación de las circunscripciones especiales para las víctimas.
A su turno, María Doris Rivera, lideresa del Meta, al respecto dijo que hay que cumplir todo lo pactado con las FARC. “Con el cumplimiento de esos acuerdos disminuirá la guerra en los territorios”, aseguró.
Alberto Brunorí, de la ONU, a la pregunta respondió que la aceleración de la implementación de los acuerdos es útil para el país. Dijo que los mecanismos de protección en Colombia son buenos y que hay que poner a dialogar esos sistemas de protección. “En el país hay puntos de partida para una verdadera protección a los líderes y que falta ponerlos a funcionar mejor”, puntualizó.
En respuesta a la pregunta, el procurador Fernando Carillo dijo que las instituciones del Estado se deben articular mejor para enfrentar el homicidio de los líderes sociales. Aseguró que los mandatarios locales deben tener la contención de este flagelo entre sus prioridades.
Finalmente, Marylen Serna, de Cumbre Agraria, insistió en que el Gobierno debe tener voluntad política para reconstruir los territorios, para que quienes allí habitan vivan con dignidad. “Los campesinos quieren ser reconocidos como agentes políticos”, señaló, al tiempo que reclamó la continuación de los diálogos con el ELN.
Como culminación del diálogo, el padre Francisco de Roux, presidente de la CEV, agradeció la presencia de los invitados y los testigos. Dijo que el paso a seguir es llevar a los territorios estas preguntas, y otras más. E instó a los presentes a salir con la decisión de no permitir el asesinato de líderes sociales, en la medida en que puedan hacerlo.
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