El 18 de abril de 2016 el Gobierno Santos, mediante el Decreto 624, creó la Mesa Permanente de Concertación con las Centrales Sindicales para la Reparación al Movimiento Sindical, enmarcado en la Ley 1448 de 2011 sobre restitución de tierras y reparación de víctimas. Mesa que hasta ahora se ha quedado en la promesa, poco se ha avanzado.
Por eso se recibe como buena noticia – para el sindicalismo lo es– el anuncio de la instalación de esta Mesa Permanente de Concertación el próximo 23 de octubre, a las 2 de la tarde en la Casa de Nariño, según lo dijo Humberto Correa, encargado de Derechos Humanos de la CGT e integrante de la Mesa en representación de esta central sindical.
Señaló que el Gobierno ha accedido a instalar formalmente la Mesa ante la insistencia del movimiento sindical, toda vez que es un compromiso que el Estado adquirió y que ya tiene más de dos años de retraso.
“Que la Mesa se instale es una ganancia para el movimiento sindical, porque ese tema no estaba en la agenda de derechos humanos del Gobierno Duque. Accedió sin mucho convencimiento, debido a la presión del sindicalismo. Lo que ahora nos interesa es que el Gobierno la instale y después ya veremos cómo seguimos avanzando”, anotó Humberto Correa.
Según el decreto 624, la Mesa la integran 2 representes por cada central sindical (CUT, CTC y CGT) y de Fecode. Por el Gobierno los ministros del Interior, Hacienda, Justicia, Trabajo y Educación, o sus delegados. También el Defensor del Pueblo y los directores de Planeación Nacional, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la cual coordinará la Mesa. En caso de que estos funcionarios no puedan asistir, los reemplazan sus segundos, con capacidad para tomar decisiones.
Se espera que la instalación de la Mesa sirva para avanzar en un proceso de reparación colectiva sólido y sostenible, que contribuya a frenar la estigmatización y la violencia antisindical, y conduzca a una política pública que reconozca el movimiento sindical como una institución valiosa para la democracia. Debe garantizar, entre otros derechos, la libertad sindical, la negociación y huelga, lo mismo que la reconstrucción de sindicatos exterminadas o debilitadas por efecto de la violencia.
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La importancia para el sindicalismo de la Mesa de Concertación
Ley 1448 de 2011, base jurídica del decreto 624, considera víctimas del conflicto armado, y por tanto objeto de medidas de atención, asistencia y reparación integral, a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por causa del conflicto desde el 1º de enero de 1985.
En la construcción del texto de ese decreto participaron activamente las organizaciones sindicales, con la asesoría de ONG del campo jurídico y de derechos humanos, como el Colectivo José Alvear Restrepo.
Como se sabe, el sindicalismo es de los grupos sociales más victimizados por el conflicto armado colombiano Según la base de datos de la ENS, 3.191 sindicalistas perdieron la vida entre el 1º de enero de 1973 y el 31 de marzo de 2019. Otras de las afectaciones son: amenazas (7.314 casos) y desplazamiento (1.900 casos). También se han presentado casos de detenciones arbitrarias, hostigamientos, atentados, desapariciones forzadas, secuestros, torturas, entre otras violaciones. La CUT aparece como la central más afectada, concentra el 90% de las víctimas del sindicalismo.
“Las centrales sindicales y Fecode estamos muy unidos y de acuerdo en este tema. En asunto de derechos humanos y de reparación de las víctimas de la violencia, no puede haber divergencias”, explicó Humberto Correa.
Si la mesa funciona bien –agregó– el sindicalismo puede esperar una política pública de derechos humanos, reparación de sus víctimas y de no repetición. Una política que reivindiquen al sindicalismo por los daños sufridos con acciones simbólicas, como erección de monumentos, placas recordatorias, conmemoraciones históricas. Pero también reparación monetaria a las familias de las víctimas, que hoy viven en condiciones precarias. Y la reparación al sindicalismo en su conjunto, pues la violencia no solo cobró vidas individuales sino que acabó y debilitó a sindicatos enteros.
“Que sean políticas de estado y no pañitos de agua tibia, como hasta ahora se ha tratado el asunto. No hay otra forma de lograr cosas importantes para el movimiento sindical, como crecer su membresía, por ejemplo, pues no podemos seguir con tasas de sindicalización de apenas el 4.5%”, anotó Correa.
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Funciones de la Mesa de Concertación
El Decreto 624 crea para la Mesa de Concertación con las Centrales Sindicales para la Reparación al Movimiento Sindical, unos instrumentos que pueden ser positivos en la medida en que haya voluntad política para dinamizarlos. Son funciones de esta Mesa:
- Contribuir a la consolidación de una cultura de respeto, reconocimiento y fortalecimiento del Movimiento Sindical como actor clave en el funcionamiento de la democracia, así como la defensa de los derechos de los trabajadores y las libertades sindicales y de la vigencia del Estado Social de Derecho.
- Acompañar la implementación del proceso de reparación colectiva al Movimiento Sindical, tendiente a la formulación y ejecución de las medidas de reparación dentro del plan integral.
- Apoyar el diseño y formulación de proyectos, planes y programas para la construcción e implementación de la política pública de reparación colectiva al Movimiento Sindical, con enfoque transformador y diferencial que contribuya a la garantía del goce efectivo de los derechos y libertades sindicales.
- Formular recomendaciones tendientes a garantizar las medidas de reparación establecidas en el Plan Integral de Reparación Colectiva.
- Propender por la participación de los miembros del Movimiento Sindical en el proceso de reparación colectiva.
- Crear las comisiones o grupos de trabajo que considere necesarios para el desarrollo de las propuestas de reparación colectiva.
- Determinar la creación de grupos de trabajo con expertos que estime convenientes para el estudio de asuntos específicos relacionados con su objeto.
- Darse su propio reglamento, lo que incluye, entre otros aspectos, lo referente a elaboración y depósito de actas, y determine las funciones de la Secretaría Técnica adicionales a las establecidas en el Decreto.
- Crear una comisión de trabajo de seguimiento y avances del proceso.
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