(Resumen ejecutivo)
En los últimos treinta años se han producido importantes modificaciones al régimen laboral colombiano, pero la realidad del mercado de trabajo, en vez de mostrar mejoría, registra aumento de la precarización laboral y el menoscabo de algunos indicadores, los cuales parecen cambiar sólo a partir de maromas metodológicas.
Como se podrá ver en este informe, el 2010, año analizado, no fue la excepción. En la generación de trabajo decente, tema fundamental en Colombia, y sobre el que se concentran las diversas campañas electorales, sigue existiendo un abismo entre las promesas, los planes anunciados, y los resultados reales.
1. Desigualdad y precariedad laboral
El nivel de pobreza de Colombia es de 45.5%, el de indigencia 16.4%, que lo ubica entre los países más desiguales de América Latina. En junio de 2010 el 27.78% de la población colombiana tuvo Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI-, siendo los departamentos del Chocó, Vichada, La Guajira y Guainía, los de índice más alto.
Pese a que en el 2010 la economía creció un 4.3%, cifra que fue celebrada por el gobierno, esto no parece haber influido mucho en el mercado de trabajo, el cual muestra cifras bastante desalentadoras que podrían revelar un estancamiento. La tasa del desempleo, por ejemplo, se mantiene en un 11.8%. Esto puede explicarse a través de casos concretos según sectores económicos. En 2009 y 2010 el sector de la minería fue el que más creció, según el comportamiento de PIB, pero éste no genera empleos en la misma proporción.
El desempleo es más preocupante en las zonas rurales. Mientras que en el 2009 eran 361.000 los desocupados, en el 2010 la cifra alcanzó 403.000. Por ciudades, Pereira sigue encabezando la lista de desocupados con el 20.5%. Para mitigar estas cifras el gobierno, en su estrategia semántica, habla de una recuperación laboral a nivel nacional, pero lo que no explica es que está basada en la creación de empleo informal y el no asalariado, un incremento que se viene dando desde el 2008, lo que ha aumentado los empleos inestables y los ingresos precarios.
La formación académica es una de las principales barreras para acceder a empleos formales. Sólo el 21.5% de la población ocupada tiene un nivel superior de educación. El 42.5% sólo tiene la secundaria, lo que afecta directamente el nivel de ingresos. De la cifra de personas ocupadas a nivel nacional, el 46.4% recibe menos de un salario mínimo mensual, seguido del 31.9% que recibe ingresos de entre uno y menos de 2 salarios mínimos legales vigentes.
Los y las trabajadoras promedio se ven obligados a buscar métodos de subsistencia a través del rebusque y el empleo informal, que se ha convertido en el gran empleador del país. Este sector terciario de la economía abunda en el comercio, hoteles y restaurantes, servicios comunales, sociales y personales; industria manufacturera, transporte, almacenamientos y comunicaciones. Esta precariedad disminuye la productividad global de la economía. Cuando se mira la informalidad por ciudades, en 2010 la ciudad con mayor tasa de informalidad fue Cúcuta, con el 67%.
Los ingresos bajos que recibe la inmensa mayoría de colombianos, y que además son insuficientes para la subsistencia, demuestran el nivel que alcanza la desigualdad en el país y subraya las condiciones de pobreza.
2. Protección social insuficiente, ineficaz y costosa
El 50.4% de los ocupados están afiliados al régimen contributivo de salud, y el 46.7% hace parte del régimen subsidiado. El 2.9% faltante corresponde a los afiliados a regímenes especiales.
Pero es más limitado aun el acceso al Sistema General de Seguridad Social en Riesgos Profesionales, que parece un tema olvidado de las políticas públicas y de los objetivos de la protección social en Colombia. Las dos terceras partes de la población ocupada están excluidas del sistema de riesgos profesionales.
La cobertura en pensiones es marginal en razón de la informalidad y la precariedad. La inestabilidad laboral obliga a que los trabajadores cesantes suspendan su cotización al sistema pensional cada vez que pierden su trabajo, pues no cuentan con ningún ingreso que les permita seguir cotizando. Abundan casos de patronos que evaden las obligaciones que se derivan del contrato de trabajo, como son la afiliación a la seguridad social en salud, pensiones y en riesgos profesionales. Esto se evidencia en los contratos temporales, los contratos a través de cooperativas y los de prestación de servicios, que implican que, o no se cotiza al sistema pensional, o se cotiza esporádicamente. Esto precipita una pobre calidad de vida en las personas cuando llegan a la tercera edad.
Las tres cuartas partes de la población adulta mayor del país, son personas que si no cuentan con una renta o con la solidaridad de su familia, su condición no será otra que la indigencia; situación que se va a agravar hacia el futuro a medida que la población colombiana envejezca. La política del Estado para los adultos mayores apenas beneficia al 12.29% de esta población que no tiene pensión, y se limita a entregarle a cada beneficiario un subsidio en dinero equivalente a $46.073 mensuales.
Es una política que no cumple con el mandato constitucional, que en el artículo 42 indica que es deber del Estado la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad, para promover su integración a la vida activa y comunitaria. Mientras que países como Chile, Argentina y Uruguay establecieron recientemente el derecho a una renta básica, o un salario de ciudadanía para toda la población adulta mayor en situación de riesgo.
3. Mujeres y jóvenes: trabajadores discriminados
Existe una gran brecha entre las oportunidades de encontrar empleo que tienen hombres y mujeres. A pesar de que las mujeres que ingresan al mercado laboral están hoy mejor preparadas en cuanto a nivel educativo, tienen más problemas que los hombres a la hora de encontrar en empleo, y su remuneración es más baja. En 2010, de cada 100 hombres trabajadores, 68 estaban empleados; mientras que de cada 100 mujeres, sólo lo estaban 44. El 60,3% de las mujeres ocupadas ganan menos de un salario mínimo mensual, contra un 50,5% de hombres que están en esta misma situación.
Igualmente inequitativo es el mercado laboral de los jóvenes, que se supone tienen ventaja por tener mejor preparación, pero que no mejoró sus cifras de empleo en relación con años anteriores. Según el DANE, la tasa de desempleo juvenil en Colombia entre enero y diciembre de 2010 fue en promedio 21,3%. Lo más preocupante es que las políticas del actual gobierno para generar empleo impactan muy poco en los jóvenes.
Como ejemplo está el sector de la construcción, que sólo genera el 5,4% de empleos en la población joven. Uno de los casos más aberrantes que afectan a una gran cantidad de jóvenes, son los contratos de aprendizaje, porque no implican ninguna relación laboral. La remuneración oscila entre el 50% y el 75% de un salario mínimo ($257.500 a $386.250), no tienen derecho a cesantías, carecen de seguridad social integral, y no son beneficiarios de ningún tipo de prima legal o extralegal.
3. El crecimiento del trabajo infantil
Un contexto de precariedad y bajos ingresos ha producido el crecimiento de la niñez trabajadora. El déficit de trabajo decente hace que las familias y sus integrantes busquen medidas desesperadas para la subsistencia, lo que tiene como consecuencia que cada día más niños y niñas salgan a las calles a trabajar.
A pesar de que han pasado dos años de haberse puesto en marcha la Estrategia Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, los resultados son preocupantes. En 2009 el DANE registró una tasa de trabajo infantil de 9.2%, que significa un aumento en 2.3 puntos porcentuales con respecto al 2007. Esto representa 1.050.147 de personas entre 5 y 17 años de edad que trabajaban, además de los 799.916 niños y niñas que se dedicaban a oficios del hogar por más de 15 horas a la semana. El 14,7% de esta población no estaba afiliado a seguridad social en salud, y el 78% estaba afiliado al régimen subsidiado. Esto pone en duda la eficacia del Programa de Transferencias Condicionadas Familias en Acción, cuyo objeto es precisamente la población de niños y niñas.
4. Los sindicatos siguen acorralados
Al profundizar en el aspecto de las libertades sindicales, el panorama es color de hormiga. Las negociaciones colectivas no avanzan y son reemplazadas por pactos colectivos como estrategia antisindical por parte de las empresas. Además, a los trabajadores públicos se las ha negado el derecho real a la negociación colectiva. Durante el gobierno de Álvaro Uribe aumentaron los contratos sindicales en un contexto de abierta política antisindical, se incrementaron la subcontratación y la tercerización laboral, y se propició la figura del contrato sindical para remplazar las cuestionadas cooperativas de trabajo asociado.
Durante el 2010 se presentaron hechos graves de políticas antisindicales, en los que los empleadores vulneraron el derecho a la organización sindical de los trabajadores y a la negociación colectiva, despidiendo trabajadores, intimidándolos y promoviendo su desvinculación de los sindicatos.
Pero lo que causa más estupor y ha escandalizado a organizaciones internacionales, es la violencia contra el sindicalismo. Este año se registraron 51 homicidios de sindicalistas, que engrosaron la ya larga lista de casos similares: 2.886 asesinados en los últimos 25 años, lo que convierte a nuestro país en el más peligroso del mundo para ejercer la actividad sindical. El 63% de los 1.717 casos de asesinatos de trabajadoras y trabajadores sindicalizados ocurridos en el mundo en la última década, se presentaron en Colombia.
Son grandes y muchos los retos que tiene el país para superar la desigualdad y la pobreza. Pero es necesario dejar de mirar el problema internamente, la mirada debe expandirse a los países de América Latina que viven situaciones sociales y económicas similares. La CEPAL considera que para que América Latina tenga éxito social y económico es necesaria una mayor coordinación a nivel internacional, con el fin de cerrar los desequilibrios globales.
Para mejorar las condiciones laborales, los países de la región deben fortalecer sus políticas macroeconómicas; deben procurar, mediante la coordinación de políticas a nivel regional y global, identificar y eliminar cuellos de botella en el mercado laboral y reforzar los instrumentos que promuevan una mayor igualdad.