Recuento del foro con sindicalistas y ONG´s realizado el pasado lunes, a través de Facebook.
El pasado lunes en la tarde-noche, un grupo de sindicalistas que hacen parte del Comité de Impulso para la Reparación Colectiva al Movimiento Sindical (Conare), más el presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), realizaron un foro virtual para hablar del tema de la violencia y la persecución antisindical.
Un foro con motivo de los recientes hallazgos de la revista Semana, que reveló “chuzadas” y seguimientos ilegales de la inteligencia del ejército colombiano a 130 líderes políticos y sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, entre ellos dos miembros del movimiento sindical: Humberto Correa, secretario de DDDHH de la CGT, y Carlos Castañeda, exdirectivo de la CUT Cundinamarca. El foro que fue coordinado por la Escuela Nacional Sindical.
Las revelaciones de la revista Semana, como es lógico, generaron gran preocupación en el movimiento sindical, porque recuerda tiempos que se pensó ya habían sido superados: la sistemática violencia y persecución como políticas del gobierno para controlar la protesta social y acallar a sus opositores y reclamantes de derechos. Una política que, según datos de la ENS, entre 1973 y 2019 le ha costado al sindicalismo 15.200 violaciones a la vida, la libertad e integridad, entre ellas 3.265 homicidios y más de 6 mil amenazas.
En el foro participaron Reinaldo Villalba, presidente del Cajar; Marta Alfonso, segunda vicepresidenta y coordinadora de DDHH de Fecode; Omar Romero, director del departamento de DDHH y solidaridad de la CUT; Mirtha Rodríguez, directora de proyectos de la CTC; y Humberto Correa, secretario de DDDHH de la CGT, uno de los “encarpetados” por el ejército. Como integrantes del Conare, todos ellos en el último año han hecho trabajos con víctimas de la violencia antisindical y construido informes para la Comisión de la Verdad y el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, que hace parte de los acuerdos de paz firmados con las FARC.
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No es asunto de manzanas podridas
Para Reinaldo Villalba, presidente del Cajar, la “chuzadas” y los seguimientos contra sindicalistas y defensores de derechos humanos ha sido una práctica sistemática en Colombia, detrás de la cual hay una política predeterminada, no es solo un asunto de manzanas podridas.
En las últimas décadas ningún gobierno se salva, en todos ha habido grupos criminales que nacen y se desarrollan al interior de las fuerzas armadas para hacer seguimientos, cometer asesinatos y otros actos criminales. La persecución criminal del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- a opositores políticos, defensores de derechos y sindicalistas, fue lo más representativo del gobierno de Álvaro Uribe, e hizo parte de la llamada seguridad democrática. En el gobierno Santos se redujo y bajó la intensidad del volumen de este tipo de agresiones, pero no desaparecieron; y después en el gobierno Duque vuelven los escándalos, esta vez con la vinculación directa de la inteligencia del Ejército de Colombia en “chuzadas” y otras prácticas que claramente vulneran las libertades y los derechos humanos.
Y el gobierno no hace nada, no asume su responsabilidad, no sanciona como corresponde a los autores de estos hechos. Lo único es llamar a calificar servicios, los pensionan anticipadamente. “Ha habido connivencia con esas situaciones, y eso hace responsable al alto gobierno”.
Además, porque esas interceptaciones y chuzadas ya se conocían, la magistrada Cristina Lombana en diciembre de 2019 ordenó allanar la unidad de inteligencia del ejército donde se hacían, y encontró las “carpetas” de las personas chuzadas. Pero no lo informó y denunció como era su deber. Si no es por la investigación de la revista Semana, esas carpetas seguirían guardadas, dijo Villalba.
Y la justicia no opera. El Fiscal General es funcional al gobierno, tiene fuerte ligazón con el Presidente Duque, no investiga como lo debe hacer; la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República es un cero a la izquierda; y en la Corte Suprema de Justicia no hay garantías, porque allí sigue la magistrada Lombana, que ya no es subalterna de Álvaro Uribe, pero es como si lo fuera, interfiere en los procesos.
De ahí que sea necesaria la presión y la vigilancia de la opinión pública, del movimiento social y sindical sobre esas investigaciones, para obligarlos a ir al fondo del asunto y no se sigan tapando sus delitos, afirmó Villalba. Es necesario conocer los expedientes para que las víctimas de las chuzadas puedan entrar en el proceso para reclamar verdad, justicia y reparación.
Asimismo, se requiere una reforma profunda y depuración de la fuerza pública, que sea para la paz y no para la guerra. Hay que empezar por cambiar el pensum, la doctrina militar, porque es la que les enseña que el sindicalista y el líder social son el enemigo, “cuando en realidad somos es defensores de la constitución y los derechos humanos. Los enemigos son ellos, que cometen chuzadas y otros delitos”, anota el presidente del Cajar.
El Cajar es una ONG que brinda asistencia jurídica a las víctimas, y en sus 40 años de existencia no ha habido uno solo en que no haya sido objeto de acoso y señalamiento por parte del Gobierno de turno, especialmente durante los 8 años del gobierno Uribe, quien en pleno congreso europeo atacó públicamente esta organización.
Recordó a la abogada Soraya Gutiérrez, a quien desde el DAS, para amedrentarla, le enviaron una muñeca descuartizada y los ojos quemados, e incluso intentaron un atentado contra ella.
“Todo eso con gran perjuicio emocional para nuestro personal y sus familias. Varios abogados renunciaron aterrados por esas amenazas. A Alirio Uribe le tenían gente siguiéndole los movimientos, incluso en Europa”, señaló. Y mencionó el caso del abogado Sebastián Escobar, del Cajar, quien aparece en las carpetas de la inteligencia del ejército y adelanta actualmente un trabajo sobre víctimas en un informe que prepara para la JEP.
Vea el foro completo en el siguiente video:
“Me siento muy vulnerable”, Humberto Correa
Humberto Correa es secretario de Derechos Humanos de la CGT, y en tal condición aparece perfilado en las carpetas del ejército reveladas por la revista Semana. El seguimiento incluye a sus esposa e hijos.
Al igual que el anterior panelista, considera que la conspiración, los seguimientos y chuzadas a los sindicalistas es una política de Estado, que no es nueva, viene desde el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala. Desde ahí viene la persecución sistemática contra el movimiento sindical.
Recordó como los sindicatos de la CGT en el sector estatal perdieron muchos trabajadores por las reestructuraciones y privatización de los entes públicos, que en muchos casos fueron de la mano de la violencia. Recordó los acosos contra sindicatos del Meta, Magdalena Medio y Arauca, donde obligaban a los trabajadores a retirarse de los sindicatos. Así acabaron con organizaciones enteras, como en Tuluá (Valle del Cauca), donde desaparecieron a su presidente.
Dice Humberto que nunca ha solicitado protección para su vida, ha manejado el asunto con tranquilidad. Pero ahora ya no siente la misma tranquilidad. Al saber que era vigilado prefirió cambiarse del apartamento donde vivía. Ahora, tras las revelaciones de la revista Semana que incluyen su nombre, no ha recibido ninguna protección por parte del Estado. “Solo me hicieron una llamada de la Unidad de Protección, pero nada más, no volvieron a llamar. Estoy muy vulnerable, y mi grupo familiar también, y lo mismo el sindicato”, dijo.
Opina que es urgente una reforma de las fuerzas militares y de policía. Deben ser fuerzas que respondan a la paz y a la democracia del país. Asimismo, que se castigue a los responsables de las “chuzadas” y demás delitos.
Como son urgentes cambios y reformas para aumentar la taza del sindicalismo, porque apenas el 5% de afiliación es una vergüenza para un país que dice ser democrático. Y acabar con la estigmatización de la actividad sindical.
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“Que se acabe el terrorismo de Estado”, Fecode
Para Marta Alfonso, segunda vicepresidenta de Fecode, y coordinadora de derechos humanos de esta organización, el gobierno Duque retoma con fuerza lo que se dio durante los 8 años del gobierno Uribe en el marco de lo que llamó la seguridad democrática.
Señaló que hay una campaña orquestada de señalamientos y desprestigio para justificar las agresiones contra Fecode y su desaparición. De esa campaña hacen parte los intentos de acabar con la libertad de cátedra, expresados por el partido de gobierno, Centro Democrático.
Recordó que Fecode viene recibiendo amenazas reiteradas, agudizadas en el último año por parte de las llamadas Águilas Negras, pero lo curioso es que con la pandemia del coronavirus de pronto cesaron las amenazas, y se pregunta si eso tiene que ver con la revelación de la revista Semana sobre las carpetas y seguimientos del ejército. ¿Los panfletos y los ataque orquestados en redes sociales contra el magisterio hacen parte del mismo paquete?
Para ella todo eso tiene hilos conductores, no es un asunto de unos militares de media graduación que de pronto no tienen nada más qué hacer sino espiar la vida de los sindicalistas y líderes sociales. “Es una acción en la que hay muchos recursos invertidos, y por lo mismo el Presidente Duque y el Ministro de Defensa deben responder frente a esos hechos. Tienen una responsabilidad política, pero también penal a la luz del Estatuto de Roma”, puntualizó Alfonso.
“Todo el que se opone y se expresa contra el gobierno –agregó– lo vuelven terrorista, y eso genera un ambiente para justificar los asesinatos. En Fecode los ejecutivos estamos amenazados, toda la junta nacional, los delegados. Pero nosotros no estamos dispuestos a quedarnos callados, porque aquí el terrorista es el Estado. Tenemos que impedir que el miedo nos paralice”.
Por eso es importante el estudio de contexto de los casos, lo que permite conocer quiénes son las víctimas, y quiénes los interesados, beneficiarios y responsables de los acosos y las “chuzadas”, toda la cadena de mando. Para que la opinión pública conozca la verdad por lo menos, ya que no hay investigaciones ni procesos. Las pruebas que se tienen sobre estos delitos sirven para acudir a los escenarios internacionales. “Estamos estudiando la posibilidad de acudir a la Corte Penal Internacional”, anotó.
Estamos en resistencia contra el modelo neoliberal, que hay que cambiar porque no funciona, es lo que está demostrando la crisis social y económica que se ha desatado con la pandemia.
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Práctica arraigada que hay que seguir denunciando
Por su parte Omar Romero, director del Departamento de DDHH y solidaridad de la CUT, se remontó a la década de los 80 del siglo pasado, cuando se creó esta central y se recrudeció la persecución al sindicalismo. “Es una práctica arraigada en el país, que aún hoy se sigue dando, como lo demuestra el reciente incidente de la inteligencia del ejército amenazando la seguridad de líderes sociales y sindicalistas, sin que ninguna investigación de un resultado”, dijo.
Han vuelto las chuzadas y los señalamientos y hay que encontrar los responsables. La Corte Suprema compulsó copias a la Cámara para que hiciera investigaciones, y no pasó nada. Asimismo, tampoco pasó nada con la comprobada persecución a los directivos del sindicato de Emcali por parte de militares.
Y recordó la larga lista de sindicatos que han sido azotados y diezmados por la política y la violencia antisindical, como, entre muchos otros, Fecode, la USO, Sutimac, Fensuagro, Sintraemsdes, Sintracarbón, Sinaltrainal, Sintraelecol, Sintramienergetica, Asonal, Anthoc, Sitraunicol, especialmente por la masacre de profesores y estudiantes en la Universidad de Montería.
“Es necesario señalar a los responsables, no nos podemos callar, seguiremos denunciado y señalando a los responsables, tanto en lo nacional como en lo internacional”, puntualizó el titular del departamento de derechos humanos de la CUT.
“Los sindicalistas no somos terroristas”, CTC
Mirtha Rodríguez es desde hace varios años directora de proyectos de la CTC y participa en espacios de derechos humanos en representación de esta organización. Según lo expresó en el foro virtual, el acoso a sindicalistas no se queda solo en las “chuzadas”, sin que Estados Unidos está destinando para la lucha contra el terrorismo. “Entonces quiere decir que a los sindicalistas nos meten en la categoría de terroristas”, señaló.
Dijo que el Centro de Memoria Histórica está bajo la dirección de Rubén Darío Acevedo, quien niega el conflicto armado, por lo que internacionalmente le han retirado el respaldo a este Centro y varias organizaciones de víctimas han retirado sus archivos. Recientemente la JEP ha otorgado medidas cautelares a archivos que reposan en el Centro de Memoria a fin de proteger la memoria colectiva y los derechos de las víctimas.
“Es necesario que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde, no nos pude salir con que todo ha sido a sus espaldas. Hay que pedir acceso a esos informes de inteligencia militar y conocer quién dio las órdenes para realizar las chuzadas, y como se utilizaron los recursos. A nosotros no nos basta con que se separen de los cargos unos oficiales que apenas estaban obedeciendo órdenes”, anotó la dirigente Rodríguez.
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